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Mexico Violento

Reforma laboral: Los señuelos de Felipe Calderón

La reforma laboral de Calderón está inmersa en propaganda para disimular el perjuicio que representa a los trabajadores de México

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Felipe Calderón convenciendo de las bondades de su iniciativa Foto: Análisis365

Arturo Alcalde Justiniani

La iniciativa de reforma laboral de Calderón exhibe una marcada incongruencia entre la exposición de motivos y el contenido desarrollado en sus artículos. Se apoya en un conjunto de declaraciones sin ningún efecto práctico, que buscan confundir, haciendo creer que la enmienda logrará más empleo y mayor competitividad. Su texto específico, muy distinto a lo que varios comunicadores afirman, es un intento por reducir el costo de mano de obra, abatir la estabilidad en el empleo, favorecer el despido barato e incrementar el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva.

El principal señuelo consiste en hablar de trabajo decente, igualdad de género, modernización procesal y de conceptos como dignidad en el trabajo y productividad, cuando sus efectos reales generarían más precariedad e incapacidad para construir relaciones laborales decentes, sustentadas en una negociación colectiva auténtica.

Los verdaderos autores de la iniciativa (cinco abogados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex) buscan lograr, entre otros, cuatro objetivos torales: El primero pretende suprimir la responsabilidad patronal a través de una subcontratación sin protección. Si bien en la iniciativa se afirma que este nuevo régimen busca evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón, la verdad es que pretende encubrir las obligaciones de los beneficiarios del servicio a través de una triangulación con los llamados subcontratistas, que sólo están obligados a cumplir con los derechos mínimos, salario mínimo y seguridad social.

En cinco artículos –13, 15A, 15B, 15C y 15D– se destruyen los principios básicos que rigen las relaciones laborales, que parten de la premisa de que quien se beneficia del trabajo de otro, es el verdadero patrón y asume responsabilidades como tal. Se propone encubrir esta obligación con un contrato mercantil, que revierte las cargas laborales al subcontratista, quien normalmente es una figura simulada para que el verdadero patrón se escabulla. En realidad, lo que se pretende es abrir la puerta legal para homologar a la baja las condiciones de trabajo. De aprobarse la iniciativa, el subcontratismo se convertirá en el régimen común porque no está debidamente regulado, el futuro será tan sólo de derechos mínimos; por otro lado se afectan el fisco y el régimen de seguridad social.

No es recomendable cancelar cualquier forma de subcontratación sino regularla adecuadamente, como han hecho en otros países; dejar claro que debe ser excepcional, y nunca aplicable a todos los trabajadores. Debe justificar el valor agregado al proceso productivo por la especialidad que aporta, ya que no sería rentable para el beneficiario cubrirlo con trabajadores propios; debe ser temporal, registrado, vigilado por la autoridad y sujeto a sanción en caso de abuso, pero estas consecuencias deben ser para el verdadero patrón y no para el subcontratista, como absurdamente propone la iniciativa. En otras palabras, se trata de un planteamiento totalmente al revés.

El segundo objetivo está bastante escondido en el último párrafo del artículo 83 que contempla el contrato por horas. Argumentan sus defensores que se trata de colocarnos al nivel de los países desarrollados y suelen utilizar como ejemplo el modelo Volkswagen en Alemania. Nada más lejano a la realidad mexicana, no sólo porque el salario es quince veces mayor, sino también porque estas formas de contratación se generan en el entorno de negociaciones colectivas con sindicatos auténticos y en esquemas por rama de industria y cadena productiva.

Conforme a nuestra ley vigente, existe la posibilidad del pago por horas, e incluso de jornadas reducidas, lo que desmiente la propaganda plagada de falsedades que se ha echado a volar junto con la presentación de la iniciativa. La intención responde a un viejo sueño de la Coparmex, que consiste en suprimir en una nueva forma de contratación, los derechos de estabilidad, antigüedad y prestaciones. Al pagar la hora se agota toda la obligación, como si fuera una simple mercancía.

El tercero, está contenido en el artículo 48 y busca cargar en los hombros de los trabajadores la creciente tardanza de los juicios laborales cuyo promedio fluctúa en alrededor de cinco años. Propone Calderón que el límite máximo de pago de salarios caídos, sea de un año, siempre sobre el supuesto de que el despido sea injustificado y que el trabajador aguante hasta el final, una medida absurda que busca soslayar que la solución es garantizar juicios rápidos, obligación que corresponde al Estado como administrador de justicia. Admitir la propuesta incrementaría aún más la lentitud de los juicios, invitaría al despido injustificado, sobre todo de trabajadores con mayor antigüedad o mejores salarios, y también de aquéllos que ejerzan la representación y defensa laboral.

La cuarta finalidad es suprimir el de por sí reducido espacio de la contratación colectiva y blindar los contratos colectivos de protección patronal, contrario a lo que señala la exposición de motivos. El mecanismo consiste en obstaculizar a través de requisitos insalvables el derecho de los trabajadores a cambiar la representación sindical impuesta por el patrón.

Basta leer el artículo 899 A, fracciones III y IV, para observar los llamados requisitos de procedibilidad, sin los cuales no se dará siquiera trámite a una demanda, se exige que los trabajadores inconformes entreguen a la Junta una lista con sus firmas y datos personales, que desahoguen previamente un procedimiento de afiliación supervisado por la autoridad y obtengan una certificación favorable por parte de ésta, requisito francamente grotesco si consideramos que cuando se habla de autoridad, estamos refiriéndonos, en el caso de las Juntas, al representante del propio patrón, del gobierno y del sindicato hegemónico en la zona, que normalmente es el demandado, ni más ni menos, el que suelen escoger los patrones para firmar un contrato colectivo inicial de protección patronal.

Por un lado, proponen voto secreto, transparencia y rendición de cuentas para los sindicatos, pero por el otro, ahorcan la contratación colectiva, obligando a que el patrón decida siempre cuál sindicato debe representar a los trabajadores.

Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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Justicia pendiente

Romero Deschamps, el sindicalista que se mantuvo en la impunidad

Ignacio García

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, se jubiló completamente del servicio público, aunque no existe ninguna indagatoria mayor en su contra, pese a los diversos escándalos de corrupción en los que estuvo relacionado.

Después de haber formado parte de la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps renunció oficialmente a la empresa al servicio del Estado, cuestionado por la concentración de la riqueza que acumuló durante su gestión al frente del sindicato petrolero más grandes de América Latina.

Aunque desde joven formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue ocupando diferentes posiciones en el interior del sindicato petrolero y en el interior del priismo, por lo que en 1979 se desempeñó por primera vez como diputado federal por la vía de representación proporcional.

Su lealtad con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero que estuvo a cargo entre 1973 y 1989, le permitió seguir escalando posiciones en la estructura sindical, y tras la detención del dirigente sindical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hizo cargo del organismo sindical.

Carlos Romero Deschamps fue un cercano colaborador a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, por lo que incluso destinó recursos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Francisco Labastida, en 2000, conocido como el “Pemexgate” en el que se gastaron más de mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, en el gobierno de Vicente Fox no fue procesado y la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) fue cerrada en el 2005, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón apoyó abiertamente las reformas estructurales que pretendía desarrollar y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue senador.

Aunque en 2017 fue reelecto para mantenerse en el cargo hasta 2024, con el inicio del gobierno de López Obrador fue obligado a renunciar de su cargo en 2019 y en los últimos dos años gozó de “vacaciones” para finalmente retirarse sin ninguna averiguación en su contra.

La familia de Carlos Romero Deschamps fue señalada de enriquecimiento ilícito, debido a sus hijos fueron retratados con vehículos de lujo, que serían incosteables para cualquier trabajador de Pemex.

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