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Mexico Violento

Reforma laboral: Los señuelos de Felipe Calderón

La reforma laboral de Calderón está inmersa en propaganda para disimular el perjuicio que representa a los trabajadores de México

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Felipe Calderón convenciendo de las bondades de su iniciativa Foto: Análisis365

Arturo Alcalde Justiniani

La iniciativa de reforma laboral de Calderón exhibe una marcada incongruencia entre la exposición de motivos y el contenido desarrollado en sus artículos. Se apoya en un conjunto de declaraciones sin ningún efecto práctico, que buscan confundir, haciendo creer que la enmienda logrará más empleo y mayor competitividad. Su texto específico, muy distinto a lo que varios comunicadores afirman, es un intento por reducir el costo de mano de obra, abatir la estabilidad en el empleo, favorecer el despido barato e incrementar el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva.

El principal señuelo consiste en hablar de trabajo decente, igualdad de género, modernización procesal y de conceptos como dignidad en el trabajo y productividad, cuando sus efectos reales generarían más precariedad e incapacidad para construir relaciones laborales decentes, sustentadas en una negociación colectiva auténtica.

Los verdaderos autores de la iniciativa (cinco abogados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex) buscan lograr, entre otros, cuatro objetivos torales: El primero pretende suprimir la responsabilidad patronal a través de una subcontratación sin protección. Si bien en la iniciativa se afirma que este nuevo régimen busca evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón, la verdad es que pretende encubrir las obligaciones de los beneficiarios del servicio a través de una triangulación con los llamados subcontratistas, que sólo están obligados a cumplir con los derechos mínimos, salario mínimo y seguridad social.

En cinco artículos –13, 15A, 15B, 15C y 15D– se destruyen los principios básicos que rigen las relaciones laborales, que parten de la premisa de que quien se beneficia del trabajo de otro, es el verdadero patrón y asume responsabilidades como tal. Se propone encubrir esta obligación con un contrato mercantil, que revierte las cargas laborales al subcontratista, quien normalmente es una figura simulada para que el verdadero patrón se escabulla. En realidad, lo que se pretende es abrir la puerta legal para homologar a la baja las condiciones de trabajo. De aprobarse la iniciativa, el subcontratismo se convertirá en el régimen común porque no está debidamente regulado, el futuro será tan sólo de derechos mínimos; por otro lado se afectan el fisco y el régimen de seguridad social.

No es recomendable cancelar cualquier forma de subcontratación sino regularla adecuadamente, como han hecho en otros países; dejar claro que debe ser excepcional, y nunca aplicable a todos los trabajadores. Debe justificar el valor agregado al proceso productivo por la especialidad que aporta, ya que no sería rentable para el beneficiario cubrirlo con trabajadores propios; debe ser temporal, registrado, vigilado por la autoridad y sujeto a sanción en caso de abuso, pero estas consecuencias deben ser para el verdadero patrón y no para el subcontratista, como absurdamente propone la iniciativa. En otras palabras, se trata de un planteamiento totalmente al revés.

El segundo objetivo está bastante escondido en el último párrafo del artículo 83 que contempla el contrato por horas. Argumentan sus defensores que se trata de colocarnos al nivel de los países desarrollados y suelen utilizar como ejemplo el modelo Volkswagen en Alemania. Nada más lejano a la realidad mexicana, no sólo porque el salario es quince veces mayor, sino también porque estas formas de contratación se generan en el entorno de negociaciones colectivas con sindicatos auténticos y en esquemas por rama de industria y cadena productiva.

Conforme a nuestra ley vigente, existe la posibilidad del pago por horas, e incluso de jornadas reducidas, lo que desmiente la propaganda plagada de falsedades que se ha echado a volar junto con la presentación de la iniciativa. La intención responde a un viejo sueño de la Coparmex, que consiste en suprimir en una nueva forma de contratación, los derechos de estabilidad, antigüedad y prestaciones. Al pagar la hora se agota toda la obligación, como si fuera una simple mercancía.

El tercero, está contenido en el artículo 48 y busca cargar en los hombros de los trabajadores la creciente tardanza de los juicios laborales cuyo promedio fluctúa en alrededor de cinco años. Propone Calderón que el límite máximo de pago de salarios caídos, sea de un año, siempre sobre el supuesto de que el despido sea injustificado y que el trabajador aguante hasta el final, una medida absurda que busca soslayar que la solución es garantizar juicios rápidos, obligación que corresponde al Estado como administrador de justicia. Admitir la propuesta incrementaría aún más la lentitud de los juicios, invitaría al despido injustificado, sobre todo de trabajadores con mayor antigüedad o mejores salarios, y también de aquéllos que ejerzan la representación y defensa laboral.

La cuarta finalidad es suprimir el de por sí reducido espacio de la contratación colectiva y blindar los contratos colectivos de protección patronal, contrario a lo que señala la exposición de motivos. El mecanismo consiste en obstaculizar a través de requisitos insalvables el derecho de los trabajadores a cambiar la representación sindical impuesta por el patrón.

Basta leer el artículo 899 A, fracciones III y IV, para observar los llamados requisitos de procedibilidad, sin los cuales no se dará siquiera trámite a una demanda, se exige que los trabajadores inconformes entreguen a la Junta una lista con sus firmas y datos personales, que desahoguen previamente un procedimiento de afiliación supervisado por la autoridad y obtengan una certificación favorable por parte de ésta, requisito francamente grotesco si consideramos que cuando se habla de autoridad, estamos refiriéndonos, en el caso de las Juntas, al representante del propio patrón, del gobierno y del sindicato hegemónico en la zona, que normalmente es el demandado, ni más ni menos, el que suelen escoger los patrones para firmar un contrato colectivo inicial de protección patronal.

Por un lado, proponen voto secreto, transparencia y rendición de cuentas para los sindicatos, pero por el otro, ahorcan la contratación colectiva, obligando a que el patrón decida siempre cuál sindicato debe representar a los trabajadores.

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Justicia pendiente

CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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Mexico Violento

Programa ‘Prisionero de conciencia’ cumple 2 años ayudando a liberar falsos culpables en México

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Por Ignacio García

El programa «Prisionero de Conciencia», creado por el activista José Humbertus Pérez Espinoza que se transmite en las redes sociales, cumple dos años de existencia, después de convertirse en una alternativa de amnistía y liberación para los falsos culpables presos en las diferentes cárceles del Estado de México.

El presidente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Pérez Espinoza, tras su propia liberación como preso político ha profundizado en el estudio y legislación de la figura de la amnistía para presos en el país en que fueron acusados por delitos de alto impacto que no cometieron.

El activista comenzó este movimiento desde hace más de 13 años para denunciar las irregularidades en los procesos de vivienda en el país, que fueron beneficiados por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusado de delitos fabricados como represalia política por sus denuncias.

Asimismo, al iniciar el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna denunció que se avecinaba una crisis inmobiliaria que se ha presentado en diferentes regiones del país, debido a que los ciudadanos de escasos recursos económicos fueron obligados a dejar sus viviendas por parte de las principales constructoras.

De la misma manera, ha defendido a las personas de escasos recursos económicos para que puedan mantener sus viviendas en el país, por lo que también formó la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos para garantizar la amnistía a las personas que fueron vinculadas a un proceso penal sin haber cometido delito alguno.

A través de un video, uno de los presos favorecidos con el programa Prisionero de Conciencia agradeció el apoyo de José Humbertus Pérez por su intervención para lograr su liberación, por lo que desde su hogar, con su familia, envía los agradecimientos.

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Mexico Violento

Exalcalde de Ocotepec amenaza y manda golpear a defensores del Agua de la Cuenca Libres Oriental

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Por Claudia Martínez Sánchez

El martes 19 de octubre, por la tarde, Eduardo Romero, integrante del Comité en Defensa del Agua de Ocotepec y activista del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, fue objeto de una agresión física por cuatro guardaespaldas y otras personas que cuidan la seguridad personal de Florencio Camacho Rodríguez, expresidente municipal de Ocotepec, Puebla.

El activista, quien ya había sido amenazado por el expresidente municipal días antes de las votaciones en las elecciones pasadas, por medio de uno de los mensajeros le advirtió: «los jefes están muy encabronados mejor  bájenle de huevos, tú y tu hermano, el Renato».

Renato Romero, hermano de Eduardo y también defensor del agua de la Cuenca Libres Oriental, había sido amenazado tras denunciar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la persecución política por parte del gobierno de Puebla contra unos 50 defensores de la Tierra que se oponen a los proyectos industriales y el robo de agua de la región, que además se encuentra en emergencia ambiental, de acuerdo con los investigadores del Ecosistema Nacional Informático Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes.

Las denuncias las hicieron recientemente junto con el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, y acompañados por la Diputada Federal Inés Parra Juárez.

Estas amenazas se detonaron a partir de que el Movimiento convocó a un debate a los candidatos donde se exhibió a Florencio Camacho como «autoritario y corrupto». Camacho llegó a la presidencia municipal de Ocotepec por medio del PSI, y quiso reelegirse. Sin embargo,  perdió las elecciones, y culpó a los activistas de haber intervenido para su derrota. Los activistas denunciaron que a partir de ello han sido reiteradas sus agresiones y amenazas violentas contra los dos defensores del agua.

El activista Eduardo Romero denunció que después de salir de su trabajo, se dirigió a su casa, ubicada a una calle de la presidencia municipal, cuando se encontró al expresidente Florencio Camacho, quien salía de entregar su administración e iba acompañado de unas cincuenta personas, entre éstas, los cuatro guardaespaldas y otros civiles que también le brindan protección. Al momento de encontrarlos, el grupo de sujetos se abalanzó sobre Eduardo Romero, agrediéndolo a golpes.

Uno de estos sujetos insistió a otro en que sacara su pistola para accionarla en contra del defensor; cabe señalar que todos los elementos que trabajan para el ex alcalde  portan armas de fuego.

El activista defensor del agua hace responsable a Florencio Camacho de cualquier atentado en contra de su familia y la de él, pues teme por su seguridad ya que de acuerdo a la versión del defensor este tiene vínculos con la delincuencia organizada.

Ambos defensores hacen un llamado al Gobierno del Estado de Puebla y al Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos que intervengan con medidas preventivas para que respeten sus derechos humanos y se levante una investigación lo antes posible en relación a los hechos ocurridos.

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