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Mexico Violento

Redes reportan en tiempo real disparos del ejército en Michoacán

Militares dispararon contra comunitarios en Antúnez Michoacán y el pueblo enfurecido los obliga a devolver las armas a las autodefensas en varios municipios

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Redacción LA Press

MICHOACÁN, México.- A las pocas horas de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong diera la orden de desarmar a las autodefensas ciudadanas en Michoacán, el Ejército y la Marina fueron recorriendo municipios con el objetivo de cumplir la orden. Fue cuando se dieron momentos de caos entre las comunidades que lograron defenderse ahora de los militares.

La página de Facebook y la cuenta de Twitter Valor por Michoacán, así como otras cuentas particulares, estuvieron recibiendo reportes en tiempo real sobre el acoso de militares, incluso recibieron información del momento en que éstos dispararon contra comunitarios por resistirse a dejar sus armas, dejando tres muertos y un herido en el municipio de Antúnez, hasta la noche de ayer. Por lo que se pidió ayuda a reportar los hechos a medios y periodistas internacionales y romper cerco informativo.

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“El Ejército mexicano llegó a las 10:15 de la noche a la glorieta Cuatro Caminos dando la orden de que todos se tiraran al piso o abriría fuego a quien se opusiera”, cuenta el perfil de Valor por Michoacán en el desarme a las autodefensas del municipio de Apatzingán. «Estamos en cuatro caminos no tenemos armas, sólo piedras, palos y bombas molotov», dijo uno de los comunitarios, afirmando que entre ellos se encontraban mujeres y niños.

Mientras se daba esta situación, once helicópteros y 30 camionetas de las Fuerzas Armadas sobrevolaban los municipios de La Ruana, Tepalcatepec, Antúnez, Nueva Italia, entre otros. Las redes sociales reportaban en tiempo real desde el lugar de los hechos por la participación de los comunitarios, mujeres y jóvenes que resistián a militares. Y esta información salía a las redes sociales creando tendencias en Twitter con cuentas de periodistas y colectivos independientes.

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En torno a las once de la noche las tendencias sobre las cuentas que daban la información sobre lo que estaba sucediendo en Michoacán.

En Antúnez, un civil tomó el video con su celular y alcanzó a grabar cuando uno de los soldados disparó contra un comunitario, desde arriba de una camioneta. Posteriormente se oyeron más disparos, gritos y acusaciones contra los militares hasta cercarlos. En Nueva Italia, también los militares fueron cercados y obligados a regresar las armas que habían quitando a las comunidades, después de cuatro o cinco horas de tensión.

En el municipio La Ruana, los militares fueron cercados por la comunidad y les dijeron que los iban a liberar porque el pueblo no iba a desarmar al ejército, sino que iría hacia Antúnez para detener a los militares que mataron a los comunitarios. «Todo es muy confuso, los militares llegan con intención de desarmar, y al ver al pueblo unido salen con mentiras para que los dejemos ir», dice un informante.

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una de las imágenes que trascendió sobre las ejecuciones de militares a comunitarios. Foto: red/ Ene-13-14 Antúnez, Michoacán

Trascendió que los militares que dispararon fatalmente contra civiles pertenecían al Batallón 51 de Apatzingán. El informante incluso señaló que los disparos eran con la intención de distraer a la gente enfurecida para lograr que el líder de los Caballeros templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, pudiera escapar. Esta información no pudo ser corroborada, pero las muertes de civiles no sólo atrajo la atención de las comunidades, sino también de las redes sociales.

Entre los comentarios más recurrentes cuestionaban que Gobernación sólo pidiera el desarme de las autodefensas ciudadanas, y no diera instrucciones a los militares contra los narcotraficantes como La Tuta y sus seguidores.

La aparente calma volvió a Nueva Italia, donde se prolongó el enfrentamiento con militares hasta las tres de la mañana del día de hoy (hora de México centro) cuando las armas fueron devueltas por los militares y éstos se retiraron de la comunidad, con el pueblo aún en la plaza. En Parácuaro, también el reporte fue que los militares devolvieron las armas al pueblo, contrario a lo que difundieron los medios tradicionales.

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Tancítaro en alerta después del aviso del desarme a las autodefensas. Foto: red

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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Mexico Violento

Sujetos disparan contra periodista Rubén Darío en Cancún

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Sujetos armados atacaron al reportero Rubén Darío del diario Por Esto

Esta tarde sujetos armados dispararon contra el periodista Rubén Darío Cruz, reportero del periódico Por Esto, en Cancún, Quintana Roo, aunque resultó ileso, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

El reporte estatal reveló que el comunicador salió de su fuente de trabajo para dirigirse a bordo de un automóvil y sujetos en otra unidad se acercaron y dispararon en varias ocasiones en su contra para posteriormente huir del sitio.

No te pierdas: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

La fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que el comunicador cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, logró resguardarse y mantenerse a salvo.

El periodista atribuyó el ataque a un grupo de delincuentes de tarjetahabientes, pues había visto a esos sujetos en varias ocasiones cerca de un cajero automático que se encuentra cerca de las instalaciones del medio de comunicación local donde labora.

El diario digital refirió que al sitio arribaron elementos de la policía estatal a resguardar el lugar, pero ninguno de los agresores fue detenido, aunque anteriormente el periodista había recibido distintos atentados en su contra.

Lee también: Cada cuatro días es asesinado un periodista en el mundo: Informe Unesco

México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha referido que se mantiene la elevada impunidad contra los profesionales de la información en reiteradas ocasiones.

Apenas el 20 de diciembre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de México garantizar la seguridad a los periodistas y no atacarlos.

El organismo internacional refirió que los periodistas necesitan protección, por lo cual no deben ser atacados desde el poder presidencial como ha sucedido en las últimas conferencias de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

 

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