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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Con voz propia

Autoridades y empresario son señalados por pobladores de asesinato a activista en Atitalaquia

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Un grupo de personas armadas irrumpió durante la madrugada el lugar donde acampaban los manifestantes que se oponen a un tiradero de basura en Atitalaquia, Hidalgo; dispararon y asesinaron a uno. El crimen se suma a diversas irregularidades para conservar un negocio millonario

Por Emmanuel Ameth

La madrugada del lunes, la vida del activista Jesús Bañuelos Acevedo fue tomada por oponerse a un “proyecto” de basurero a cielo abierto en el municipio de Atitalaquia, en el estado mexicano de Hidalgo, donde dos personas más resultaron heridas por la agresión de un grupo armado que estaría vinculado a la mancuerna hecha por el propio ayuntamiento así como por la empresa Esmex Hidalgo, quienes impulsan un negocio de al menos 103 mil 530 pesos diarios (5 mil USD) lleno de irregularidades y que perjudica a la población.

Sus principales promotores, Lorenzo Agustín Hernández Olguín, alcalde de Atitalaquia, así como José Manuel Reyes Gayosso, empresario, comparten también su filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución política que otrora fuera la más importante del país pero que ahora está a unos años de desaparecer precisamente por permitir el anidamiento de corruptelas y de crímenes.

La versión señala que una decena de sujetos armados con tubos descendieron de una camioneta blanca sin placas -de las que han sido usadas por los gobiernos para trasladar a sus grupos de choque-, agrediendo a los integrantes de la agrupación “No al basurero en Atitalaquia”, quienes se encontraban haciendo guardia en un campamento afuera de las instalaciones del vertedero.

“Chuy”, como conocían al activista, ni siquiera pudo defenderse, pues fue asesinado a tiros mientras aún descansaba en tanto sus otros dos compañeros fueron sometidos tras tirarse al suelo luego de escuchar las percusiones.

Las autoridades “hicieron su parte” en cuanto a promover la impunidad, toda vez que después de ir la policía investigadora, todavía pudieron encontrarse casquillos y restos de sangre como se evidencia en un video, mismo donde volvieron a señalar tanto al alcalde de Atitalaquia como al dueño de la empresa -que anteriormente fue denunciado ante DDHH-.

 

LA CORRUPCIÓN DETRÁS DEL CRIMEN

La zona conurbada donde sucedió el crimen tiene problemas para tratar con la basura que se genera en la región comprendida entre los municipios de Tula, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Mixquiahuala, Tepetitlán, Tlaxcoapan, y Tlahuelilpan.

Tan sólo en los últimos años, además de ESMEX hubo otras tres empresas que ofrecieron el servicio pero que terminaron fracasando porque no pudieron cumplir con lo prometido, siendo estas Desarrollo de Terracerías, Grupo Comercial en Hidalgo Arcángel, y Tecnosilicatos de México.

En el transcurso de esta problemática, grupos políticos de la zona idearon una forma de obtener millonarias ganancias, por al menos 20 años y con una inversión mínima. De hecho, el grupo fue captado hace unos meses durante un partido de fútbol, desatendiendo sus labores para divertirse. Los referidos son el mencionado alcalde de Atitalaquia Hernández Olguín (PRI), quien iba acompañado de Manuel Hernández Badillo (PRD) de Tula y del expresidente de Atitalaquia Paulino Jaime Reyes Galindo (PRI).

 

Las irregularidades de la empresa

Para fraguar el negocio de sus vidas, el grupo previamente se acercó al empresario José Manuel Reyes Gayosso, quien habiendo iniciado su carrera empresarial apenas hace tres años, hoy ya goza de un contrato que como mínimo le dará ingresos por 755 millones (37.5 MDD) los próximos 20 años.

Según documentos oficiales, “Funeraria Atitalaquia” recibió su placa de funcionamiento apenas el 11 de enero de 2019, tratándose de una expedición y no de una renovación, es decir, que apenas en ese momento inició sus actividades. Ese mismo mes también abrió la empresa JJKRG SA de CV como se aprecia en sus mismas redes sociales, que entre otras cosas también se dedica a la extracción minera, aparentemente.

Más tarde, el 12 de agosto de 2019 fundó Ecological Solutions Mexico, o más bien, Esmex Hidalgo como se aprecia en el mismo RFC de la empresa. En noviembre de ese mismo año se afilió al PRI en Atitalaquia, teniendo en mente el grupo que habría elecciones para mediados del 2020.

Sin embargo, no fue hasta marzo de 2021 que comenzaron a realizar sus trámites para instalar sus oficinas (como se observa en el documento de visita de Protección Civil). En el padrón de proveedores del Gobierno de Hidalgo aparecen hasta el cuarto trimestre de 2021 y en el de Tlahuelilpan hasta el primer trimestre de 2022; en el resto de ayuntamientos, ni siquiera se molestaron en realizar el trámite.

 

La premura por concretar un negocio millonario

El proyecto fue presentado a los vecinos desde 2019, indicando como lugar para la disposición de residuos un predio que anteriormente fue explotado por la empresa JJKRG. Fue rechazado por los pobladores.

A la par, Esmex Hidalgo solicitó dictámenes de viabilidad a la Semarnath, misma que en oficio SEMARNATH/DT/RSU/001/2020 expuso diversos puntos por los que el proyecto no podía realizarse.

Por intervención de las autoridades, curiosamente, un año después habrían dado luz verde sin que se haya hecho público el documento que así lo avale para poder compararlo con el primero.

Fue tal el dolo con el que procedieron que el ayuntamiento de Atitalaquia convocó a sesión extraordinaria el día 23 de diciembre de 2021 para que la misma se celebrase el día 24, festivo, y así evitar que vecinos o medios de comunicación estuvieran enterados de la millonaria concesión y estuvieran impedidos a oponerse. Por su parte los regidores, cómplices de la negociación, votaron en unanimidad.

Para ese entonces, para salir un poco de los reflectores, Reyes Gayosso ya había designado como representante legal a su gerente de operaciones, Julieta Karina Rosas Durán.

 

Las mentiras de Esmex Hidalgo

Fue a partir de noviembre de 2019 que la empresa comenzó a subir a sus redes videos sobre el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos -incluso hicieron una web, misma que ya se encuentra inactiva porque ni siquiera pagaron la anualidad-. En ese entonces no tenían claro si iban a hacer negocio con el ayuntamiento de Pachuca o el de Atitalaquia, así que subieron uno para cada zona metropolitana casi idénticos, es decir, ocupando imágenes y videos de otras plantas ya instaladas -no la suya-.

En el material multimedia, presumen de haber colaborado con Bianna Recyclyng en Querétaro, sin embargo, no existe ninguna evidencia de ello, pues esta empresa lo hizo con GTA Am- biental, “representante exclusivo” de la compañía en México.

De hecho, las fechas tampoco cuadran. En abril de 2016 Broquers Ambiental, partner de GTA, ganó apenas la licitación y no se puso en funcionamiento sino hasta marzo de 2018. Por su parte, Esmex Hidalgo inició operaciones 7 meses después de que se terminó dicho proyecto.

 

Las cifras tampoco cuadran

En un inicio, la inversión para el tratamiento de RSU Querétaro se anunció por 162.5 millones de pesos; dos años después, se elevó a 300 millones aunque fueron justificados en el sentido que en lugar de 600 toneladas, tratarían 1,200.

En el caso de la RSU Atitalaquia, en sus mismos videos publicados en 2019 anunciaron inversión privada de 141.2 millones en terreno, maquinaria e infraestructura para tratar 350 toneladas de basura diaria.

3 años después, la cifra se elevó, dicen, a 500 millones -en cuatro etapas-, aunque es para tratar las mismas 550 toneladas de basura al día.

Broquers Ambiental (ahora de Cemex) invirtió 270 mil pesos por cada tonelada procesada de manera diaria; con la ampliación, son 250 mil pesos por cada tonelada diaria de residuos procesada.

Esmex Hidalgo invertirá 909 mil pesos por cada tonelada de basura procesada de manera diaria, es decir, casi 4 veces más que su similar de Querétaro -de la que dicen que tienen experiencia- y no sólo eso, sino que prácticamente no invertirán un peso:

1. Porque sólo han invertido 25 millones hasta el momento y ya está operando (lo que coincide con la versión de los vecinos que no han visto infraestructura alguna en lo que llaman “tiradero a cielo abierto”)

2. Porque recibieron inyección estatal de casi 50 millones de pesos

3. Porque el resto de “su inversión” se paga sola. Anualmente recibirán de los ayuntamientos 37 millones 788 mil 450 pesos si procesan sólo 350 toneladas diarias; si son 550, la cifra se eleva a 59 millones 381 mil 850 pesos

En pocas palabras, su inversión de 25 millones se recupera en 8 meses de ingresos provenientes de los ayuntamientos y aún les quedan más de 19 años de ganancias, atendiendo que si bien tienen costos de operación, son superados por los ingreso de las ventas del material procesado.

Así, en el más pesimista de los escenarios recibirán 755.8 millones y tan sólo habrían invertido 450 millones (50 millones ya los puso la entidad), recibiendo además todas las facilidades para ir invirtiendo mientras los mismos gobiernos les van generando ingresos.

Por eso es que el negocio millonario no admite críticas ni señalamientos de corrupción, al grado de atreverse a asesinar a activistas.

 

LOS PUNTOS DEL COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL DE ATITALAQUIA

1. De acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 que a la letra dice:“De acuerdo al análisis de congruencia basado en el programa de ordenamiento Ecológico Territorial Región Tula-Tepeji, el predio en referencia se encuentra dentro de la unidad de Gestión ambiental UGA 41 los cedros con aptitud de suelo condicionado para el establecimiento de industria energética”.

2. De acuerdo al dictamen No. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 contraviene lo establecido en el Criterio ecológico número 26 que a la letra dice “el establecimiento de actividades industriales riesgosas, no se permitirá en la cercanía de áreas urbanas y comerciales”.

3. El predio presenta características con actividades previas de extracción pétrea, cuya remoción de cubierta vegetal genera permeabilidad y fragilidad del suelo y con ello la afectación de manto freático, de acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020.

4. Desde 2019 a la fecha el Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. realizo explotación de minería a cielo abierto sin respetar franja de amortiguamiento y sin cumplir con la reparación ecológica para iniciar otro proyecto en el mismo sitio, cabe mencionar que SEMARNATH acudió a revisión constatando estos hechos, sin que hasta la fecha haya entregado sus observaciones.

5. La norma 083 establece que una de las restricciones de la ubicación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonado, será de 100 metros adicionales a la proyección horizontal, a la mayor circunferencia del cono de abatimiento, la distancia del pozo no será menor a 500 metros; reglamentación que se violenta por la existencia de Pozo de uso doméstico de más de 50 años de servicio que se ubica a una distancia de 268 metros del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. y de un pozo de agua propiedad de la planta FUD, industria del grado alimenticio,a menos de 500 metros de distancia del centro regional de residuos y sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V.

6. El centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia viola el derecho de vía de las líneas de trasmisión de alta tensión de CFE

7. El Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. se encuentra dentro del derecho de vía de gasoducto y ductos de Pemex que corren paralelos a la vía del ferrocarril.

8. Este proyecto había sido planteado a las comunidades vecinas en el 2019, pero fue rechazado por considerarlo no adecuado por la población

9. La aprobación de la instalación del este centro regional de residuos sólidos y urbanos fue realizado a espaladas de la población, no fue socializado.

10. El inicio de operaciones del centro regional de residuos sólidos y urbanos y de manejo especial esta fundada en la mentira institucional de que no existe ningún otro lugar para depositar los residuos sólidos y urbanos de los nueve municipios involucrados.

11. A cinco meses de operación del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia, ninguna institución gubernamental (SEMARNAT, SEMARNARTH, PROFEPA, H. AYUNTAMIENTO DE ATITALAQUIA, GOBIERNO DEL ESTADO) ni la empresaha presentado los estudios que marca la norma 083 y permisos legales que se requieren para el funcionamiento para esta empresa, violando de manera sistemática y deshonrosa nuestro derecho a la información.
Por estos motivos

1. EXIGIMOS el cierre técnico del centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,

2. Exigimos el derecho a un medio ambiente saludable

3. Exigimos la implementación de un programa paraUN MUNICIPIO LIBRE DE BASURA supervisada y dirigida por institución independientes como es CONACYT.

4. ¡¡¡EXIGIMOS TAMBIEN LA CANCELACIÓN DE TODO PROYECTO QUE AGRAVE LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS INFIERNOS AMBIENTALES!!! y la moratoria de todos los procesos de inversión hasta que no demuestren científicamente ser inocuos para la población y medio ambiente, frente a comités de evaluación autónomos

5. EXIGIMOS SE DETENGAN LOS ACTOS DE INTIMIDACION Y PERSECUCIÒN EN CONTRA DE MIEMBROS DEL COLECTIVO COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL ATITALAQUIA, POR DEFENDER LA VIDA Y EL TERRITORIO.

6. LLAMAMOS A LA COMISIÒN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE GARANTICE EL GOCE PLENO DE NUESTROS DERECHOS DE MANIFESTACIÒN, SEGURIDAD Y A LA VIDA.
Nos encontramos en plantón en el camino interparcelario que da acceso al centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,no permitiendo la entrada a camiones de basura desde el 13 de mayo del 2022 por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos, defensores, defensoras del medio ambiente y derechos humanos y a los pueblos en general para que se sumen a esta digna y legítima lucha que no detendremos hasta que el gobierno del Estado de Hidalgo cierre técnicamente este basurero.

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