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Mexico Violento

Reciclado en Inteligencia mexicana que favoreció fabricación del caso Wallace

El secretario de Seguridad pública Alfonso Durazo recicla operador de SEIDO relacionado con el falso caso Wallace

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Guadalupe Lizárraga

¿Por qué continúa la impunidad de Isabel Miranda? La pregunta es una constante en un sinnúmero de comentarios en las redes sociales. Los usuarios extrañados se preguntan qué pasa con la justicia en México, si la promesa del presidente López Obrador para este gobierno ha sido la de terminar la corrupción, la impunidad, la de no permitir más torturas, y hacer de la justicia un objetivo alcanzable a corto plazo. Sin embargo, dos de las víctimas de Isabel Miranda Torres, George Khory Layón y César Freyre Morales, que han sido de los más denigrados y torturados en los gobiernos anteriores, han vuelto a sufrir vejaciones bajo esta administración, cuando creían que ya había terminado este calvario con la llegada del nuevo régimen.

De acuerdo con la información aportada por el periodista Miguel Badillo, de Contralínea, titulado Disputa en Inteligencia Nacional, el secretario de Estado de Seguridad pública, Alfonso Durazo, decidió mantener a Gustavo Rómulo Salas Chávez, después de ser despedido del Centro Nacional de Investigación, recientemente, por no pasar los controles de confianza. El periodista da los detalles del despido y de cómo Durazo decidió mantenerlo en la estructura gubernamental de Inteligencia, bajo el mando del sonorense Francisco Acuña Méndez, incluso pese a tener antecedentes de corrupción en SEIDO, durante el gobierno de Enrique Peña.

Salas Chávez ocupó el cargo de subprocurador, en PGR, en los años 2015-2016, y colaboró en la construcción de la “verdad histórica” de Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa. Cualquiera que esté medianamente informado sobre la procuración de justicia en nuestro país, sabe que SEIDO ha sido el brazo torturador de la PGR, en los gobiernos neoliberales, y sus operadores son los que han fabricado pruebas en el falso secuestro Wallace, y en miles de casos más, para simular eficiencia policial, por corrupción, o por tráfico de influencias para venganzas personales.

Desde el gobierno de Vicente Fox, administración donde se fabricaron los primeros secuestros mediáticos por Genaro García Luna, incluyendo el caso Wallace, Salas Chávez ya pertenecía a ese grupo de burócratas de la Seguridad pública, en la supuesta atención a víctimas, dentro de la PGR. En 2009 y 2010, años clave para Isabel Miranda, Salas Chávez era director adjunto de la Coordinación General de Investigaciones, de donde salieron no pocos expedientes fabricados, entre éstos, el de George Khoury Layón, torturado en su detención, cuando el titular de la PGR era todavía Eduardo Medina Mora.

El brinco que dio Salas Chávez como fiscal especial para delitos contra la Libertad de expresión no fue fortuito. Se necesitaba quién pudiera “controlar” las denuncias de la prensa en uno de los años más sangrientos del periodo de Felipe Calderón. Los periodistas que corrimos con más suerte y llegamos a denunciar las agresiones por revelar corrupciones y crímenes de lesa humanidad, fuimos amenazados y censurados por las mismas autoridades. Además, en diciembre 2010, mientras Isabel Miranda recibía la corona a la fabricación del secuestro de su hijo, el premio nacional de derechos humanos, ya circulaba el libro Los señores del narco, de Anabel Hernández, con los expedientes fabricados de los inculpados del caso Wallace, que para esa fecha todos habían sido nuevamente torturados por SEIDO.

Durante el gobierno de Peña, Salas Chávez ascendió a subprocurador de este organismo. Él estaba a cargo, en noviembre de 2016, cuando sufrí el primer intento de secuestro, por dos agentes quienes intentaban llevarme “a declarar” a la PGR, con el argumento de que “estaba dando una versión diferente a la oficial”.

Otra de las coincidencias de Salas Chávez con Isabel Miranda, en lugar y tiempo, después de su paso por el Consejo de la Judicatura Federal, fue en Gobernación, el 9 de enero de 2019. Isabel Miranda asistió a la primera reunión del año de los consejeros ciudadanos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin que hubiera sido convocada por el nuevo gobierno. Salas dejó Gobernación el 31 de enero, para brincar a la Suprema Corte de Justicia, a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Después al Centro Nacional de Inteligencia. Y de allí fue rescatado por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo para ubicarlo en el Cenfi.

Es un acto no sólo irresponsable del secretario de Estado el favorecer a personas que sirvieron a otras administraciones relacionadas directamente con la corrupción y las violaciones de derechos humanos durante sus funciones. Sino –además– su decisión de ejercer influencia para rescatar a Salas Chávez, después de que había sido despedido, promueve la impunidad de quienes deberían de estar en el banquillo de los acusados, porque sus víctimas, las que han sobrevivido, aún padecen la prisión, las secuelas de las torturas y el burocratismo que propicia la corrupción judicial. No es la primera situación que se da con Durazo en este sentido. Pero también, todos y cada uno de los mexicanos, incluyendo a las generaciones futuras, hemos sido afectados por esa corrupción en las instancias de impartición de justicia con la que se quebró el Estado de Derecho. Seguirla solapando, no corresponde a los principios morales presentados por el presidente López Obrador para su gobierno. No corresponde tampoco a la transformación que se espera de este país.

Por las víctimas del falso caso Wallace, y por su trayectoria política, el secretario Alfonso Durazo debería de reconsiderar quién realmente ayudaría a servir con honestidad a este país.

 

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Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Mexico Violento

Padres de estudiantes de Bachillerato en Puebla denuncian al director por robo de cuotas voluntarias

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Por Claudia Martínez Sánchez

Padres de familia del Bachillerato Héroes de la Reforma en Puebla denunciaron el robo de cuotas voluntarias solicitadas para la graduación de sus hijos por parte del director de la escuela, Carlos Roberto Martínez Peláez, quien recientemente levantó un acta administrativa para el cese como docente a esta periodista tras revelar en reportajes la corrupción de familiares del gobernador Miguel Barbosa y agresiones a las comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, desde hace dos años, el director escolar les solicitó el dinero para organizar la graduación de unos 50 estudiantes, pese a la estricta orden de confinamiento por la pandemia Covid-19. No obstante, Carlos Roberto Martínez Peláez, en su calidad de director, y Ana Isabel Coriche Avilés, prefecta y asesora estudiantil, pidieron la cuota de 2 mil pesos por alumno, sin llevarse a cabo el evento y sin que hasta la fecha se les regrese el dinero a los padres de familia.

«Fuimos engañados, dice los padres de los estudiantes, con la celebración de su graduación y nos timaron a los padres de los dos grupos de sexto», señalaron entre quejas e indignación.

En medio del confinamiento por el Covid-19, los jóvenes fueron citados en la escuela para tomarles fotos de su certificado y la foto de generación; los padres abundaron que pese a los momentos de crisis por los que atravesaban en el hogar por la pandemia que se traducía en desempleo y falta de dinero, todos los padres -sin excepción- cubrieron los gastos de la graduación para la celebración de sus hijos.

La cantidad solicitada de 2 mil pesos, (105 dólares, según tipo de cambio) incluía fotos del certificado, la foto de generación, así como de la fiesta para los graduados. Sin embargo, de último momento, Martínez Peláez «canceló todo pero se quedó con el dinero», acusan.

Han pasado dos años y los padres de familia y ex alumnos siguen reclamando su dinero, pero no hay devolución de dicha cantidad. Las respuestas son variadas: «organizarán la fiesta de graduación cuando termine la pandemia», «el señor de las fotos se fue con el dinero», «regrese la próxima semana y vemos», «no se encuentra la asesora», «el director no está ahora».

Por lo anterior, los padres de familia denunciantes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que ejecute la sanción correspondiente por el abuso de confianza que el director escolar y la maestra Ana Isabel Coriche Avilés incurrieron en contra de los padres de familia.

 

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