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Mexico Violento

Reciclado en Inteligencia mexicana que favoreció fabricación del caso Wallace

El secretario de Seguridad pública Alfonso Durazo recicla operador de SEIDO relacionado con el falso caso Wallace

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Guadalupe Lizárraga

¿Por qué continúa la impunidad de Isabel Miranda? La pregunta es una constante en un sinnúmero de comentarios en las redes sociales. Los usuarios extrañados se preguntan qué pasa con la justicia en México, si la promesa del presidente López Obrador para este gobierno ha sido la de terminar la corrupción, la impunidad, la de no permitir más torturas, y hacer de la justicia un objetivo alcanzable a corto plazo. Sin embargo, dos de las víctimas de Isabel Miranda Torres, George Khory Layón y César Freyre Morales, que han sido de los más denigrados y torturados en los gobiernos anteriores, han vuelto a sufrir vejaciones bajo esta administración, cuando creían que ya había terminado este calvario con la llegada del nuevo régimen.

De acuerdo con la información aportada por el periodista Miguel Badillo, de Contralínea, titulado Disputa en Inteligencia Nacional, el secretario de Estado de Seguridad pública, Alfonso Durazo, decidió mantener a Gustavo Rómulo Salas Chávez, después de ser despedido del Centro Nacional de Investigación, recientemente, por no pasar los controles de confianza. El periodista da los detalles del despido y de cómo Durazo decidió mantenerlo en la estructura gubernamental de Inteligencia, bajo el mando del sonorense Francisco Acuña Méndez, incluso pese a tener antecedentes de corrupción en SEIDO, durante el gobierno de Enrique Peña.

Salas Chávez ocupó el cargo de subprocurador, en PGR, en los años 2015-2016, y colaboró en la construcción de la “verdad histórica” de Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa. Cualquiera que esté medianamente informado sobre la procuración de justicia en nuestro país, sabe que SEIDO ha sido el brazo torturador de la PGR, en los gobiernos neoliberales, y sus operadores son los que han fabricado pruebas en el falso secuestro Wallace, y en miles de casos más, para simular eficiencia policial, por corrupción, o por tráfico de influencias para venganzas personales.

Desde el gobierno de Vicente Fox, administración donde se fabricaron los primeros secuestros mediáticos por Genaro García Luna, incluyendo el caso Wallace, Salas Chávez ya pertenecía a ese grupo de burócratas de la Seguridad pública, en la supuesta atención a víctimas, dentro de la PGR. En 2009 y 2010, años clave para Isabel Miranda, Salas Chávez era director adjunto de la Coordinación General de Investigaciones, de donde salieron no pocos expedientes fabricados, entre éstos, el de George Khoury Layón, torturado en su detención, cuando el titular de la PGR era todavía Eduardo Medina Mora.

El brinco que dio Salas Chávez como fiscal especial para delitos contra la Libertad de expresión no fue fortuito. Se necesitaba quién pudiera “controlar” las denuncias de la prensa en uno de los años más sangrientos del periodo de Felipe Calderón. Los periodistas que corrimos con más suerte y llegamos a denunciar las agresiones por revelar corrupciones y crímenes de lesa humanidad, fuimos amenazados y censurados por las mismas autoridades. Además, en diciembre 2010, mientras Isabel Miranda recibía la corona a la fabricación del secuestro de su hijo, el premio nacional de derechos humanos, ya circulaba el libro Los señores del narco, de Anabel Hernández, con los expedientes fabricados de los inculpados del caso Wallace, que para esa fecha todos habían sido nuevamente torturados por SEIDO.

Durante el gobierno de Peña, Salas Chávez ascendió a subprocurador de este organismo. Él estaba a cargo, en noviembre de 2016, cuando sufrí el primer intento de secuestro, por dos agentes quienes intentaban llevarme “a declarar” a la PGR, con el argumento de que “estaba dando una versión diferente a la oficial”.

Otra de las coincidencias de Salas Chávez con Isabel Miranda, en lugar y tiempo, después de su paso por el Consejo de la Judicatura Federal, fue en Gobernación, el 9 de enero de 2019. Isabel Miranda asistió a la primera reunión del año de los consejeros ciudadanos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin que hubiera sido convocada por el nuevo gobierno. Salas dejó Gobernación el 31 de enero, para brincar a la Suprema Corte de Justicia, a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Después al Centro Nacional de Inteligencia. Y de allí fue rescatado por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo para ubicarlo en el Cenfi.

Es un acto no sólo irresponsable del secretario de Estado el favorecer a personas que sirvieron a otras administraciones relacionadas directamente con la corrupción y las violaciones de derechos humanos durante sus funciones. Sino –además– su decisión de ejercer influencia para rescatar a Salas Chávez, después de que había sido despedido, promueve la impunidad de quienes deberían de estar en el banquillo de los acusados, porque sus víctimas, las que han sobrevivido, aún padecen la prisión, las secuelas de las torturas y el burocratismo que propicia la corrupción judicial. No es la primera situación que se da con Durazo en este sentido. Pero también, todos y cada uno de los mexicanos, incluyendo a las generaciones futuras, hemos sido afectados por esa corrupción en las instancias de impartición de justicia con la que se quebró el Estado de Derecho. Seguirla solapando, no corresponde a los principios morales presentados por el presidente López Obrador para su gobierno. No corresponde tampoco a la transformación que se espera de este país.

Por las víctimas del falso caso Wallace, y por su trayectoria política, el secretario Alfonso Durazo debería de reconsiderar quién realmente ayudaría a servir con honestidad a este país.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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El Caso Wallace

Sobrino de Isabel Miranda reportó amenazas y secuestro por revelar abuso sexual de parte Hugo Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La madrugada del 13 de octubre, Alfredo Miranda Cruz reportó a Los Ángeles Press que había sido retenido contra su voluntad desde el miércoles 7 de octubre por sus tíos María Isabel y Roberto Miranda Torres, después de que se enteraron de revelaciones que hizo a esta periodista sobre el abuso sexual sufrido a la edad de 9 y 15 años, por parte de su primo Hugo Alberto Wallace Miranda.

En estado de angustia, Alfredo Miranda llamó a la periodista para dejar un registro de las agresiones y declaró que su padre lo había rescatado de un departamento “que queda en Girasoles”. De allí, lo había trasladado al Hotel Montreal, ubicado en Calzada Tlalpan #2073, CDMX, desde donde envió la ubicación, varias veces y en diferentes horas, a la periodista.

Miranda Cruz señaló también que sus tíos estaban amedrentando a toda la familia y estaban indagando de donde se filtraba información sobre su primo Hugo Alberto.

En la conversación telefónica, de madrugada, dijo que su tío Roberto lo había seguido al hotel y que había golpeado a una mujer de Seguridad. También que había hablado con el dueño del hotel, y quería entrar a la habitación donde él se encontraba. Dijo que su tío lo estaba “amenazando con matarlo y cortarle la lengua”.

La primera llamada la hizo a las 3:27 horas (CDT), 1:27 hora de California, con la ubicación del hotel mencionado de la Ciudad de México. En el mensaje de audio abundó que habían detenido también a “Paulina”, madre de su hijo, a quien habían maltratado y desnudado, en la azotea, y que él alcanzaba a escuchar la voz de su tía Isabel Miranda. Especifica en el mensaje de voz que su tía Isabel iba a utilizar a Paulina para ofenderlo e “inventarle cosas” a cambio de dinero, “en lo que su tía era experta”.

Después de varios audios sobre la situación que estaba viviendo, y de las ubicaciones enviadas, Alfredo Miranda Cruz envió otro mensaje a las 4:50 horas, ya en pánico, en el que dice:

“Extremo peligro, en extremo peligro estoy, señora Guadalupe. Un señor quiere abrir nuestra puerta, estamos en extremo peligro, señora Guadalupe”.

 

Quince minutos después, reportó que el señor Roberto Miranda Torres (tío de la víctima) había lastimado a un testigo, mujer. Señaló que no tenía claro si había sido contratada por su tío, que eran las 5:05 de la mañana y que estaban muy estresados. Además de que ya había habido varios conflictos en ese hotel.

Cada diez minutos, Alfredo Miranda estuvo enviando sus ubicaciones a la periodista. Dijo haber recibido llamada de sus tíos a la habitación y que lo estaban confundiendo.

El último mensaje por la red WhatsApp fue a las 13:46 del mismo 13 de octubre, y la ubicación fue (19.3364444,-99.1273334) Ejido Xochimilco 33-43, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Coyoacán, 04470 Ciudad de México, CDMX, México.

 

Posteriormente envió cuatro mensajes de audio más, por Messenger, vía Facebook. El último mensaje de audio con su voz dice: “Señora Guadalupe, ya valió gorro”. A las 14:13, entró un mensaje de texto que dice: “Todo está bien, ¿de quién es el teléfono?”.

 

 

La acción de las autoridades

La Fiscalía General de la Ciudad de México dio seguimiento, directamente a través de la titular, Ernestina Godoy Ramos, después de que recibiera la información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, vía Alejandro Encinas Rodríguez, a quien se le reportaron los hechos.

Cuando la fiscal indagaba los detalles de lo que llamó “secuestro en curso” se le informó sobre la resistencia de la víctima para llamar al 911, por temor a que interfirieran en favor de Isabel Miranda, como ha sucedido años anteriores. Sin embargo, la fiscal enfatizó a la periodista que ya no era lo de antes, que estaban actuando conforme a derecho.

Después de que sus agentes de investigación llegaron al hotel de donde se estuvo reportando la ubicación de Alfredo Miranda Cruz, les informaron que no había ningún registro a ese nombre, y al mostrar su fotografía negaron haberlo visto entrar al hotel, por lo que solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, ya que la víctima decía estar dentro de una habitación y haber sido testigo auditivo de que su tío Roberto Miranda había lastimado a una mujer en el pasillo que daba a su habitación.

Hoy, 14 de octubre, en torno a las 3 de la tarde, la autoridad reportó que la policía ya estaba en entrevista con la víctima, y que se encontraba estable.

 

Contexto

Alfredo Miranda Cruz había reportado desde enero de 2019 el acoso que recibía por parte de su tía Isabel Miranda Torres, pero pedía que no fuese revelado por temor a su vida. Dijo que solo quería dejar un registro con la periodista Guadalupe Lizárraga que había llevado la investigación sobre el falso secuestro de su primo Hugo Alberto por si llegara a pasar algo. En las diferentes comunicaciones con la periodista, corroboró Miranda Cruz la fabricación de la prueba de ADN, a través de una gota de sangre, que Isabel Miranda Torres, junto con los agentes de la PGR, plantó en el departamento de Juana Hilda González Lomelí. Señaló que la gota de sangre, efectivamente, era de su prima Claudia, y que su tío Enrique Wallace no era padre biológico de su primo Hugo Alberto. Que todos en la familia lo sabían, pero que los tenía a todos controlados. Y ello se podía comprobar con un análisis de ADN a la hija de Hugo Alberto (Andrea Isabel) que no tenía sangre de los Wallace.

El 28 de julio de 2020, envió un nuevo mensaje de alerta vía Messenger, en el que escribió que si algo le pasaba hacía responsable a su tía Isabel Miranda, sus tíos Heriberto y Roberto Miranda, así como a su primo Luis Alberto, Andrés, y las señoras Asunción y Magdalena Miranda Torres, a Víctor Manuel Sánchez (esposo de su tía Asunción), a su prima Claudia Wallace (hermanastra de Hugo Alberto), a Abraham Pedraza (esposo de su tía Magdalena), a Jorge Ortega Miranda y a su padre.

En el mensaje se destaca:

“…por cualquier cosa que me pase de forma acusatoria o asalto donde caiga muerto, se les haga responsables.

Yo, Alfredo Miranda Cruz, abusado sexualmente a los 9 y 15 años por mi primo Hugo (Alberto Wallace Miranda)”.

En el penúltimo mensaje de texto, escrito el 13 de octubre a las 14:37 horas, señala a la periodista:

“Señora, mi tía me quiere matar, cuando pase, anéxelo. Me están torturando”.

 

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