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Con voz propia

¿Qué significa la lucha de Nestora para los criminales?

La lucha de Nestora Salgado no es una lucha aislada, es la lucha de las comunidades indígenas contra la depredación de los criminales en el gobierno

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Participación ofrecida para “Mujeres en Resistencia”, evento organizado por Reyna García en Reyna´s Gallery en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, el 30 de mayo de 2015.

Guadalupe Lizárraga

Los mexicanos fuera de México vemos con profunda indignación y tristeza lo que sucede en nuestro país, y no podemos quedarnos callados.

El caso de Nestora Salgado, una mujer admirable por su integridad y su compromiso incondicional con las comunidades indígenas, ha movilizado a los mexicanos en varias ciudades de EEUU, aunque en México sólo sus familiares y activistas más cercanos a las causas de Guerrero se han volcado a la lucha por su liberación.

Como ustedes saben, Nestora Salgado, madre y abuela, que logró la ciudadanía estadounidense por violencia doméstica con su primer esposo, y que después de un accidente automovilístico fue inhabilitada por el Estado, dedicó su tiempo libre a ayudar a las comunidades indígenas de La Montaña Guerrero, específicamente en Olinalá, su pueblo natal.

Nestora creó un puente solidario entre la ciudad de Renton, Washington, y Olinalá Guerrero. Enseñó a sus hijas a amar a su pueblo, a sus orígenes, y a ser solidarias con los más vulnerables. Su inteligencia y su conciencia la llevaron más allá de la generosidad individual, y al ver que Olinalá estaba siendo desfalcada por las autoridades locales y se incrementaba la violencia con los secuestros de adolescentes por el crimen organizado, decidió organizar a la comunidad para proveerse su propio sistema de seguridad

Ésta fue la denuncia pública de Nestora Salgado y el principal estímulo para crear la Policía Comunitaria de Olinalá, el 27 de octubre de 2012.

Salió a las calles y a habló con el pueblo, les explicó la importancia de combatir la violencia desde la comunidad para salvar sus vidas y la vida de sus hijos, porque las autoridades oficiales y las policías municipales estaban vinculadas al crimen organizado.

La tarea fue ardua y muy valiente. La gente del pueblo empezó a escucharla y participar con ella en el proceso de selección. La forma de elegir a los integrantes de la Policía comunitaria fue abierta y directa. Cada interesado en participar como policía comunitario era presentado a la comunidad y la comunidad votaba para confirmar si esa persona era digna de pertenecer a esta institución facultada legalmente por el sistema normativo indígena, bajo el régimen de la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos del Estado de Guerrero.

Ésta fue la tarea voluntaria de Nestora. El pueblo se unió y concretó su organización. Y ello tuvo un impacto positivo de inmediato en la seguridad de Olinalá. El crimen disminuyó radicalmente y se revelaron las acciones delictivas de quienes hoy precisamente se presentan como candidatos a diputados por parte del PRI y de otros partidos.

Nestora, después de varios éxitos de la policía comunitaria, fue invitada por el entonces gobernador Ángel Aguirre a participar dentro de su gobierno. Ella rechazó la oferta y se mantuvo con la comunidad. Meses después de rechazar esa oferta, Nestora fue detenida arbitrariamente por el ejército sin una orden de aprehensión, el 21 de agosto de 2013. Fue subida a un helicóptero, y trasladada a Chilpancingo donde le hicieron firmar unos documentos sin permitirle su lectura. De ahí la trasladaron a Acapulco para abordar un avión rumbo al penal federal de alta seguridad El Rincón Tepic Nayarit donde fue encarcelada.

Durante los primeros siete días la mantuvieron en absoluta incomunicación, hasta que intervino la Embajada de EEUU para saber su paradero.

Durante ese tiempo, los medios de comunicación en México no se interesaban en el caso de Nestora ni en la Policía comunitaria. Más aún, los medios cubrían las noticias sobre Michoacán y confundían a las autodefensas de esta entidad con la Policía comunitaria de Guerrero. La diferencia es abismal aunque las dos tengan el fin último de proveer seguridad a la comunidad. Las autodefensas de Michoacán surgen como una medida desesperada para detener el crimen organizado, y es una decisión que se da al margen del Estado mexicano, es decir, como un acto de insurgencia, lo cual fue señalado por los representantes de Estado como un acto de terrorismo, por el desafío a la autoridad y la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. En cambio, la policía comunitaria nace con el respaldo de la comunidad indígena, bajo facultades legales, la Ley 701 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos originarios. Es decir, la policía comunitaria opera dentro de los parámetros del Estado mexicano, y actúa bajo su manto legal.

Sin embargo, los medios dieron cabida a las manipulaciones de los funcionarios corruptos como en el caso del ex procurador Iñaki Blanco, quien fue denunciado con evidencias de sus vínculos con el narcotráfico, así como el mismo presidente municipal de Olinalá, Eusebio Rodríguez, quien funge hoy como candidato a diputado federal por el PRI, y el exgobernador Ángel Aguirre, con una trayectoria delictiva similar.

Mientras los mexicanos en Estados Unidos se movilizaban por la libertad de Nestora, hacían plantones frente a los consulados, e inundaban las redes sociales con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de Nestora, en México, los funcionarios de Guerrero le fabricaron un expediente para acusarla de los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Ésta es la batalla que libra Nestora, con una huelga de hambre y de líquidos, como una forma de protesta radical contra la violación de sus garantías constitucionales, pese a que fue exonerada de cargos por el Poder Judicial federal en marzo de 2014.

Nestora debe de ser liberada de inmediato, porque el Estado mexicano ha cometido un crimen contra ella, y lo sigue perpetrando cada día que la mantiene presa, así sea en una clínica de la cárcel de Tepepan en la Ciudad de México.

El caso de Nestora no es un caso aislado. La violación a sus derechos humanos representa la política de represión y abuso contra las comunidades indígenas. Su caso revela la red de criminales que están dentro de las instituciones de gobierno y el saqueo que hacen de las comunidades.

Los criminales, desde el gobierno, prefieren mantener a México en la oscuridad, porque sólo pueden depredar a una sociedad con miedo y recluida en la televisión. Pero Nestora demostró, desde su trabajo en la comunidad de Olinalá, que el crimen puede combatirse con éxito y que la justicia es posible cuando el pueblo se organiza y pierde el miedo.

Con voz propia

Foro Público: La tragedia de Tula que pudo evitarse

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Foro Público

La semana pasada el municipio de Tula vivió la peor inundación en los últimos 40 años, debido al desbordamiento del río Tula, el cual es uno de los más contaminados del mundo y que dejó más de 3 mil viviendas afectadas en nueve municipios, sin embargo, este desastre pudo evitarse con una adecuada coordinación de las autoridades municipales, estatales y federales.

Luego de que 17 personas fallecieron por falta de atención médica ante la falta de suministro de energía eléctrica en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tula, surgen las dudas en torno a los responsables de la administración pública que no previeron los efectos de una inundación con estas dimensiones.

Si bien es cierto que la inundación fue atípica, las autoridades federales, estatales y municipales debieron pronosticar diferentes escenarios fatales sobre las consecuencias de mantener viviendas humanas en las laderas de uno de los ríos más contaminados del mundo, pues en cualquier momento representarían un riesgo para la población.

Los municipios del Valle del Mezquital fueron de los más afectados, pero no sólo por las recientes lluvias, sino también por el desbordamiento de las principales presas cercanas y los túneles emisores oriente y centro provenientes de la Ciudad de México y que provocan afectaciones para la población.

La región de Tula históricamente ha sido una de las más abandonadas por la Federación por los elevados niveles de contaminación causados por la presencia de la refinería Miguel Hidalgo, así como de la termoeléctrica, las caleras y cementeras que arrojan sus desechos en el río, así como los residuos sólidos y líquidos generados en la Ciudad de México, por lo que la población de esa zona ha estado en el abandono por años.

Las autoridades federales deben abrir una investigación correspondiente para verificar la responsabilidad de los encargados de alertar sobre la creciente del río Tula y que afectó a los trabajadores del Hospital del IMSS, en el que fallecieron 17 personas y que pudo ser evitado de contar con las medidas preventivas correspondientes.

El gobierno federal históricamente se ha olvidado de Tula, una región rica en cultura y tradiciones que recuerda el apogeo de la civilización tolteca debe resarcir los daños de miles de personas que perdieron sus pertenencias por dejar que el municipio se convierta en un basurero permanente para la Ciudad de México y el Estado de México.

Ahora, las autoridades han anunciado que investigarán los hechos ocurridos para prevenir que se presenten nuevos incidentes similares, sin embargo, dados los antecedentes de la escasa justicia existente por desastres que pudieron ser evitados y cuyos resultados son deficientes, no es de extrañar que se repita esta tendencia en lo que resta de este año.

Tula es un municipio que requiere un saneamiento profundo con el apoyo de las autoridades de todos los niveles para lograr una recuperación sostenible para revertir los efectos adversos en el medio ambiente tanto en el suelo como en el agua y el aire, que durante años han sido afectados.

Las condiciones sanitarias serán en los próximos días adversas y se requerirán del apoyo permanente de las autoridades para lograr una recuperación efectiva y transversal en beneficio de los más afectados, además de invertir recursos extraordinarios para impulsar obras que desvíen los residuos sólidos de la región y se fomente como una política obligatoria el tratamiento de las aguas residuales que siguen siendo un foco de infección permanente, principalmente para la población más vulnerable.

Nota aparte: Los municipios de Hidalgo necesitan una inversión económica necesaria para lograr la recuperación de las viviendas y comercios que se perdieron por el paso de las aguas negras en la región sur, así como en el Valle del Mezquital.

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Con voz propia

¿Cristóbal Colón o una alienígena en Paseo de la Reforma en CDMX?

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Por Alberto Farfán

Es sumamente importante destacar la petición que se está llevando a cabo en el sitio web Change.org (12/09/21) con relación a la exigencia de un número importante de mexicanos con el objetivo de que la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), restituya la estatua de Cristóbal Colón en la avenida Paseo de la Reforma en la glorieta del nombre del navegante genovés.

Al revisar el texto en mención debo confesar que me parece que los argumentos esgrimidos cumplen con cierta cohesión y coherencia, lo cual frente a estos hechos es lo que corresponde, pues al ser perpetrados por la máxima autoridad de la CDMX el nivel de la fundamentación debía ser clara e inobjetable.

Para el autor de esta petición, el problema radica cuando Sheinbaum el 10 de octubre del 2020 ordena retirar el monumento a Colón de su ubicación tradicional, debido a que con ello violó flagrantemente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Entre otros elementos encontramos que Sheinbaum simplemente urdió una supuesta acción de mantenimiento de la estatua, pero que después de casi un año no hay resultados ni explicación alguna sobre su restauración. Y debido a esta opacidad, debería aplicársele el artículo 48 de la ley en comento, que dice: “Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos”. Y sí, pues hasta la fecha la ciudadanía ignora qué ha ocurrido con la pieza histórica en cuestión.

Peor aún, escribe el autor: “Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos”.

Al final de su texto, el impulsor reitera su exigencia a Sheinbaum y a María Teresa Franco, directora del INAH, es decir, que se restablezca de inmediato la estatua de Colón, y que a la o a las culpables les apliquen las penas establecidas en la mencionada ley. Luego asevera que es inadmisible que por elementos ideológicos “populistas” y por la absurda visión “revisionista de la historia” de Sheinbaum ésta pretenda marginar a la gran multitud de mexicanos que se oponen a la abyecta prohibición del histórico Cristóbal Colón en el lugar en que siempre se situó.

Y en efecto, en tanto los mexicanos no asumamos que en cuanto tales somos el resultado genético del entreveramiento de los pueblos español e indígena, fundamentalmente, cuya resultante es el mestizaje, del cual nace y se nutre la esencia mexicana contemporánea, jamás podremos avanzar hacia ningún lado y caeremos en el negacionismo muy en boga, que no es más que rechazar un hecho histórico que se asume desagradable.

 Finalmente, debo señalar que la figura que han elegido unilateralmente desde el poder, el rostro de una presunta indígena olmeca con el nombre de “Tlali”, cuyo perpetrador es Pedro Reyes, a quien esto escribe y a muchos otros colegas esa faz nos remite más a un alienígena ─si es que existen o por lo menos así los conocemos por la cinematografía hollywoodense─ que a una genuina mujer autóctona. Pero bueno, tenía que decirlo y lo dije. Por cierto, al cierre de esta columna la petición de que hemos hablado ha llegado ya a las más de 16 mil firmas; en oposición a una que demandaba lo contrario, que sólo tiene 32 (sí, treintaidós) firmantes.

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Con voz propia

Las tres diabólicas trinidades: conexiones

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Historias para armar la Historia

Por Ramsés Ancira

Tres terremotos, dos políticos y uno de carácter sísmico, han sacudido a México en los últimos días. El telúrico, que fue marcado el 7 de septiembre de 2021, había tenido un antecedente casi exactamente cuatro años antes, el 7 de septiembre de 2019. Los políticos, cuando el 23 de agosto de 2021, los presidentes del PRI, PAN y PRD, acudieron a Washington para buscar por la fuerza lo que se ven imposibilitados a ganar en las urnas. Este acto tiene un antecedente histórico ocurrido el 26 de septiembre de 1859, cuando Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón firmó un tratado para restablecer relaciones con España, comprometiéndose a pagarles enormes cantidades, a cambio de ayudarlos a echar atrás las leyes de Reforma.

El tratado de Mon Almonte, nos informa la cada vez más imprescindible Wikipedia, ratificaba el Convenio de 1853, en el que Santa Anna se comprometió a pagar una deuda que provenía desde la época del Virreinato.

Los conservadores obtuvieron el préstamo y con el apoyo de Francia lograron imponer a Maximiliano. Sin embargo, al triunfo de los liberales, México tuvo que pagar de todas maneras la deuda a la que se comprometieron los mismos que se empeñaron en derrocar al gobierno.

Cualquier semejanza con la visita que hicieron Zambrano, Alito y Cortes al golpista presidente de la OEA, Luis Almagro (recordemos el golpe de estado fáctico en Bolivia), no es mera coincidencia. Por cierto, al Cortés que nos referimos no es Hernán, sino Marko, presidente del Partido Acción Nacional, una de cuyas facciones está fuertemente vinculada a El Yunque.

Nepomuceno Álvarez, quien quiso revertir el trabajo que con la vida pagó su padre José María Morelos y Pavón (el más brillante militar de la guerra de Independencia, el que mejor interpretó el ideal de este Movimiento en sus Sentimientos de la Nación) tiene otras semejanzas dignas de destacar con Jesús Zambrano) Ambos fueron hombres de armas, Juan Nepomuceno fue militar y participó en la batalla del Álamo; Zambrano fue integrante de la liga 23 de septiembre.

Nepomuceno se negó a firmar la “Ley de Manos Muertas” que expropiaba los bienes de la Iglesia, los cuales se mantenían con carácter meramente especulativo, subían de valor, pero no le servían a nadie. Zambrano y tampoco lo digo yo, sino que se puede encontrar textualmente en Wikipedia “fue nombrado el 3 de marzo de 2018 como coordinador de campañas locales del PRD en la campaña de Ricardo Anaya Cortés”.

Ricardo Anaya es integrante del PAN; una parte destacada del PAN, está identificada con El Yunque, que a su vez es aliado de VOX, un partido español que tiene principios parecidos a los de Juan María Almonte:  entrometerse en la política de México, principalmente a través de empresas de extrema derecha que quieren exactamente lo mismo que Cortés en 1521, usufructuar las riquezas nacionales, y exactamente con los mismos procedimientos.

Hernán se justificaba con el argumento de que a los “indios”, había que quitarles lo idólatras. Los Abascal, Santiago, el español, y Rodrigo, el mexicano, coinciden en que a los mexicanos hay que quitarnos “lo comunistas”.

En la boda de Rodrigo Abascal Olascoaga, estuvieron presentes dos destacados panistas ligados con El Yunque, Felipe Calderón, y Margarita Zavala, si esto es o no trascendente lo juzgarán ustedes como lectores, con la información que encontrarán más adelante.

Ambos Abascal, hombres de crucifijo en mano, coinciden en tres costumbres que podríamos llamar diabólicas: A los dos les gusta maltratar a sus esposas; los dos han construido sus fortunas a través del dinero que obtienen sus partidos políticos del erario público, Rodrigo en el PAN, y Santi, como se abrevia en su cuenta de Twitter, con VOX. Finalmente, ambos están relacionados por El Yunque, organización secreta, pero que gracias a Wikileaks, ahora sabemos que cuenta con rostros para dar la cara a la sociedad. En España se registró como “Organización del bien Común”, pero en México se identifica con dos nombres, uno de ellos, para acabarla de amolar, en inglés: CitizenGO y el otro también juntando las dos palabras, aunque se forme un gazapo, HazteOír

CitizenGO es una de las organizaciones (la tercera en orden de aparición) que firmó el desplegado en el que amenazan a los legisladores de Movimiento Ciudadano en Jalisco para que se conservara la criminalización de las mujeres que voluntaria o involuntariamente padecieran un aborto. Esta es una de las razones por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir directamente, ante la infiltración en el congreso de diputados como Lily Téllez que promueven leyes fascistas y discriminatorias, con  las que por cierto solo encarcelaban a mujeres pobres.

La otra diabólica trinidad:  Genaro García Luna, El PANYYUNQUE y el Caso Wallace

Para quienes son consumidores recurrentes de noticias no pasará desapercibido que el poder político y económico de Isabel Miranda de Wallace, creció durante la administración de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Esto ha quedado ampliamente documentado en la investigación periodística El Falso Caso Wallace, del que extraemos algunos datos para sinterizar la historia.

Pero antes de llegar a esto retrocedamos en el tiempo: En 1998, cuando Salvador Martínez de la Roca, ex líder estudiantil de 1968, fungía como jefe delegacional en Tlalpan fue detenida Isabel Miranda Torres, quien también se hace llamar Isabel Miranda de Wallace, por los cargos de tentativa de homicidio y resistencia de particulares.

La señora, quien fungía como propietaria del negocio de carteles espectaculares Showcase, había atentado contra un trabajador que sólo cumplía con la orden de retirar un anuncio implantado en una zona ambientalmente protegida. También participo su hijo Hugo Alberto, quien alcanzó a escapar. Ella sin embargo fue consignada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Lo paradójico es que pese a haber sido acusada por una administración del gobierno del entonces Distrito Federal, quien la liberó después de 5 días fue el abogado Ricardo Martínez Chávez​, quien también trabajaba en la Procuraduría General de Justicia y solo permaneció el cargo de “desacato a la autoridad”. El titular de la procuraduría era Miguel Ángel Mancera.

En el año 2010, el presidente Felipe Calderón entrega por primera vez el Premio Nacional de Derechos Humanos a una persona con antecedentes penales: Isabel Miranda de Wallace.  En los dos años anteriores el galardón había sido entregado a Enrique Morones Careaga, por su promoción y defensa de derechos humanos de los migrantes y a Esther Chávez Cano, quien fue una de las primeras personas en documentar y exponer a nivel internacional los feminicidios en Ciudad Juárez.

En 2012 Isabel Miranda de Wallace, quien con el aval de Felipe Calderón fue la candidata de Acción Nacional a la jefatura de gobierno del distrito federal debatió con Miguel Ángel Mancera, candidato del PRD. La venció con notable ventaja, sin embargo, nunca mencionó los antecedentes penales de quien ahora ya tenía fama de activista, más que de empresaria, como ocurrió al ser encarcelada.

Apoteosis: donde todo lo anterior encuentra una conexión sorprendente

El 25 de agosto del 2021 The New York Times, publicó una versión en español de una columna originalmente escrita en inglés por Ben Smith.  Transcribo textualmente, algunos fragmentos

“Un grupo de afganos que trabajaron para The New York Times aterrizó, junto con sus familias, de manera segura la madrugada del miércoles. No en Nueva York o Washington, sino en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”

Y más adelante: “El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez, dijo Ebrard en una entrevista esta semana”.

“Vimos esta solicitud no como política exterior entre México y Estados Unidos”, continuó. “Más bien, es una toma de posición simple entre alguien que fue reportero en Kabul hace algunos años y yo, que estaba en la posición de tomar algunas decisiones”.

Ben Smith, uno de los columnistas más destacados de The New York Times, dijo en otra parte algo que podríamos traducir a la mexicana con el refrán “Lo cortés no quita lo valiente”, pero digámoslo en sus propias palabras.

“Estamos profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México”, dijo en un correo electrónico A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times. “Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo”.

Sulzberger dijo que el apoyo no afectaría la cobertura del Times sobre México y lo describió como un asunto humanitario, observando que “todos los que nos han asistido comprenden que nuestra cobertura es total y completamente independiente”. Las negritas son responsabilidad del autor y tienen por objeto subrayar lo sigue.

Trascendió que The Washington Post prepara, para empezar un editorial donde se habla del trabajo de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, quien atacaba selectivamente a grupos de narcotraficantes, para brindarles paso franco a otros.

Genaro García Luna fue cómplice en la tortura, aprehensión y vuelta a torturar de los acusados por Isabel Miranda, en el triple presunto homicidio, de la diabólica trinidad (porque son tres personas en un solo cuerpo, eso sí, de talla extragrande)  de Hugo Alberto Miranda Torres, Hugo Alberto León Miranda y Hugo Alberto Wallace Miranda.

Hugo Alberto también había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un contrabando, no se supo bien de qué, pero en la agencia del Ministerio Público de Coyoacán a la que fue irregularmente conducido, pese a que se trataba de un delito federal, supuestamente lo acusaron de contrabando de piezas de motocicleta.

El trascendido es que The New York Times sigue las pistas de la alianza entre políticos del PAN y VOX para obtener financiamiento a través de grupos de narcotraficantes protegidos por García Luna. Por otra parte “Alto al Secuestro”, la Asociación Civil que preside Miranda de Wallace. ha recibido millones de pesos de donativos de gobiernos del PAN, sin contar con los contratos de espectaculares de Showcase, que le brindaron gobiernos, supuestamente de diversas ideologías.

Las conexiones las dejamos al arbitrio de nuestras lectoras y lectores.

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