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Latinoamérica

Pueblo Nasa libera tierra ancestral de monocultivos empresariales

El pueblo nasa, del Cauca de Colombia, destruye monocultivos de empresarios y siembra alimentos para fortalecer su tierra ancestral

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Foto: Patxi Beltzaiz/SubVersiones.org

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Por Patxi Beltzaiz

NORTE DEL CAUCA, Colombia.- En diciembre 2014, el pueblo nasa entró, nuevamente, en el proceso de liberación de la Madre Tierra. Las tierras que tienen que liberar son sus tierras ancestrales del plano.

Cansados de que faltan tierras en las montañas para sostener a sus familias.

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Cansados de esperar a que el gobierno colombiano cumpla con su deber de restituir 15,600 hectáreas y se haga responsable por la masacre del Nilo en 1991, cuando 21 indígenas fueron asesinados.

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Cansados de ver la tierra que se muere por producir agro-combustible.

Cansados de que un solo dueño, Carlos Ardila Lülle, se apodere de las tierras ancestrales.

Foto: Patxi Beltzaiz/SubVersiones.org

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Así, las comunidades decidieron liberar sus tierras del monocultivo de caña. Acompañados por su Guardia Indígena, se acercaron a varias haciendas en el territorio de las comunidades nasa de Corinto y Caloto. Armaron sus cambuches y se quedaron a las orillas de los cultivos de caña. Hasta que volvió la fuerza pública en febrero 2015 para destruir los campamentos y reprimir a los nasa.

Foto: Patxi Beltzaiz/SubVersiones.org

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Pero la liberación de la Madre Tierra es un asunto mayor para las comunidades en pie de lucha.

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Sin miedo, los nasas entraron otra vez en los cultivos, pero ahora para tumbar la caña y sembrar comida. La liberación se hace en minga, las comunidades de toda la zona se juntan para avanzar en la recuperación de tierras. Y cuando llega la fuerza pública para destruir y reprimir con sus gases y sus balas, los indígenas resisten con sus piedras. En estos enfrentamientos, los nasa sufrieron más de cien heridos y un muerto, los que se suman a toda la sangre derramada desde que empezó la liberación de la Madre Tierra en 2005.

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Foto: Patxi Beltzaiz

¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Como lo dicen los propios nasa, la liberación de la Madre Tierra no tiene fecha.

Foto: Patxi Beltzaiz

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Fuente: SubVersiones.org

Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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Latinoamérica

EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

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El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.

Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala Honduras y El Salvador pero la mención de los nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

La publicación ocurre mientras el gobierno del presidente Joe Biden presta atención a la corrupción endémica en la región como uno de los factores que impulsa a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos.

El llamado del Congreso para el reporte refleja una preocupación creciente “sobre el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la reincidencia considerable que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.

Quizás tan importante que la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores actuales, fue la omisión del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado sospechas de que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.

Él ha negado haber cometido alguna falta. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.

El analista hondureño Raúl Pineda Alvarado dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que en general no incluye a los perpetradores principales, algo que lo decepcionó .

“Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina”, comentó.

En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, sostuvo.

“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción… pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, declaró.

En cuanto a El Salvador, en la lista se incluyeron exfuncionarios del gabinete, un juez y el jefe de despacho del presidente Nayib Bukele La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, ha mantenido un perfil bajo desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.

La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción considerable al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en un plan de lavado de dinero.

La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder preeminente del partido Nuevas Ideas de Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.

Araujo reacción en Twitter, diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.

“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel…. me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.

Jean Manes, una exembajadora estadounidense para El Salvador, que recientemente regresó de manera temporal como encargada de negocios, dijo en un comunicado en video que la estrategia de Estados Unidos en la región se centra en combatir la corrupción porque es el factor más grande que impide el desarrollo.

“Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos”, afirmó. “Esta es una lucha larga compleja y continua, por eso hacemos uso de diferentes herramientas como la lista Engel que nos permite tomar acción inmediata en contar de actores que están abusando su poder para beneficio personal”.

Eduardo Escobar, jefe de Acción Ciudadana, una organización de rendición de cuentas públicas de El Salvador, dijo que se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita al país.

Escobar dijo que en algunos casos, la lista dio crédito a los señalamientos de que algunos miembros del gobierno de Bukele estaban involucrados en actos de corrupción, así como miembros de otros partidos políticos. Añadió que ahora tendrían que ver si la Fiscalía General de El Salvador toma alguna medida para perseguir a las personas mencionadas en la lista.

El gobierno de Bukele no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.

En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.

El fiscal jefe contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.

“Creo que faltan varios procesados por corrupción”, añadió Sandoval. “En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”

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Fuente: AP

Sherman reportó desde Ciudad de México. Los periodistas de The Associated Press Marcos Alemán en San Salvador y Marlon González en Honduras contribuyeron a este despacho.

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La red en lucha

Presidente de Nicaragua suma 14 detenciones arbitrarias y varias desapariciones forzadas a opositores

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Por Joselaine Gutiérrez

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha desatado el terror al interior del país al desplegar detenciones arbitrarias a precandidatos presidenciales y líderes opositores a su gobierno, incluso desapariciones forzadas, con la intención de mantenerse en el poder, junto a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de su mandato.

En entrevista para Los Ángeles Press, el periodista Federico Campbell Peña relató la situación agraviante que vive el país por el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos del régimen orteguista, por lo que hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional para poner un alto a las arbitrariedades y se pronuncien por la democracia nicaragüense con elecciones libres.

En las últimas dos semanas, se ha producido la mayor oleada de arrestos contra 14 dirigentes opositores del movimiento Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), entre ellos se encuentra cuatro aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre, entre los que destaca Cristiana Chamorro y el exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, quien fue privado de su libertad arbitrariamente y acusado por incitación a la  injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar sanciones contra miembros del gobierno de Ortega.

Los líderes opositores lanzaron videos a las redes sociales, señalando que si los estaban viendo eran porque habían sido secuestrados por el régimen. Fue el caso de Suyen Barahona, presidenta de Unidad Nacional Azul y Blanco, quien en su red de Twitter denunció el secuestro de Ana María Vijil y el allanamiento a su casa, sin embargo, más tarde ella también ella fue detenida de manera arbitraria ayer mismo 13 de junio.

En las últimas horas del 13 de junio, activistas de derechos humanos denunciaron la desaparición de Tamara Dávila, integrante de Unamos Nicaragua, y Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Hugo Torres Jiménez, de 73 años, envió un mensaje a la comunidad global para denunciar las arbitrariedades, y señaló que él había arriesgado su vida en los años ochenta contra el régimen de Antonio Somoza, y ahora lo hacía de nuevo contra su excompañero guerrillero Daniel Ortega.

La acusación del régimen orteguista contra los opositores es por realizar supuestos actos que “menoscaba la independencia, soberanía y autodeterminación”, además “de organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

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