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Latinoamérica

Pueblo Guaraní en emergencia ecológica por deterioro del subsuelo

El pueblo guaraní de Bolivia sufre el deterioro ecológico que trasnacionales han hecho del subsuelo al construir carreteras y talar zonas agrícolas

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Marcha en julio de 2012 del pueblo Guaraní en protesta por la construcción de una carretera en la reserva ecológica Foto: red

Por Pascuala Mena Trigo

CAMIRI, Bolivia, (IPS).- El guaraní, un pueblo que siente que pertenece a la tierra y no al revés, vive en Bolivia en permanente emergencia desde que en el subsuelo de su hábitat descubrieron hidrocarburos, cuya explotación perjudica a sus comunidades y de cuyos beneficios se siente marginado. Con movilizaciones, bloqueos de carreteras o de campos petroleros y participación en pequeñas o grandes marchas, los guaraníes buscan ser oídos por el gobierno del presidente Evo Morales, las autoridades de los departamentos del sur del país donde se asientan y por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Desde el 19 de octubre, comunarios (pobladores) de comunidades rurales guaraníes cercanas protagonizan un bloqueo del campo petrolero exploratorio de Caigua, en el sur del departamento de Tarija, en demanda de que sean consultados y tenidos en cuenta sobre los trazados de caminos y otras infraestructuras vinculadas a este desarrollo. Un mes antes, pobladores guaraníes bloquearon por varios días una importante carretera internacional que une a este país con Argentina, en el vecino departamento de Chuquisaca, una protesta de las 27 capitanías guaraníes por la desatención de sus demandas y el incumplimiento de promesas sobre el desarrollo del Chaco boliviano, donde viven.

“Apostamos siempre por el diálogo, pero este tipo de acciones es el único recurso que tenemos para que respondan a nuestra plataforma de demandas cuando el diálogo fracasa”, dijo el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores.

Cesar Aguilar, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, explicó que las labores exploratorias en Caigua ya contaminaron una presa que surte de agua a las comunidades aledañas, mientras los caminos que se abren invaden tierras agrícolas de 400 familias de la zona.

También en septiembre se bloqueó la construcción de una planta separadora de líquidos asociados al gas natural, en un área que es Tierra Comunitaria de Origen, una figura jurídica que otorga la propiedad colectiva a un pueblo indígena sobre un territorio e impide allí cualquier actividad sin su consentimiento.

Jorge Mendoza, capitán grande de Yacuiba, en la provincia tarijense del Gran Chaco, donde se construye esta planta, explicó que más de 17 comunidades guaraníes han resultado afectadas.

Movilizaciones como éstas en el Chaco boliviano buscan denunciar que YPFB, sus subsidiarias, concesionarias y contratistas incumplen las leyes nacionales e internacionales que obligan a la consulta y respaldo indígena en los proyectos en su hábitat.

Los líderes citan especialmente dos: la Constitución de 2009 que declara a Bolivia como un estado plurinacional, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas y fija la obligatoriedad de consulta previa sobre actividades en su territorio.

Las empresas aducen siempre que cuentan con los permisos legales y ambientales para sus desarrollos, pero los líderes guaraníes subrayan que esos avales de organismos públicos locales o nacionales no incluyen las obligaciones con los comunarios del Chaco, donde se ubica la mayor provincia petrolífera del país.

El Chaco boliviano, repartido por los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, integra la región del Gran Chaco sudamericano, que abarca partes de Argentina y Paraguay. Sus 127.775 kilómetros representan 15 por ciento de esa región, donde se ubica el mayor bosque xerofítico (de clima seco) del mundo.

En el Chaco boliviano viven apenas unos 300.000 habitantes, en 16 municipios. De ellos, unos 84.000 son indígenas, casi todos guaraníes y el resto weenhayeks y tapietes, que en 75 por ciento viven en pobreza, según indicadores oficiales. Flores explicó que los guaraníes comprendieron poco a poco que su supervivencia dependía de que supieran organizarse y fortalecerse como pueblo y de ahí nació en 1987 la APG, cuyas autoridades se eligen cada dos años. Él, de tan solo 29 años, es un ejemplo del nuevo liderazgo surgido gracias a la autoorganización.

Con la APG, los guaraníes reivindican dejar de estar marginados de la toma de decisiones que les afectan, como salud, educación, vivienda, servicios básicos, y también del tipo de desarrollo en su territorio ancestral. Flores recordó que el analfabetismo y el hecho de que los guaraníes sientan que pertenecen a la tierra donde viven y no esta a ellos, facilitó que hasta hace poco fuesen utilizados en trabajos esclavos o semiesclavos en la agricultura, con tan solo el pago de comida y ropa, por hacendados criollos (no indígenas).

Consideró que la nacionalización de hidrocarburos mediante la cual YPFB retomó el control accionario de todas las actividades petroleras, ejecutada por Morales en 2006, el año que inició su primer mandato el presidente aymara, se transformó de esperanza en decepción para su nación. “La nacionalización no trajo ningún beneficio y estoy seguro de que en varias comunidades siguen alumbrándose con velitas, mecheros (recipientes de metal con diesel y una mecha de tela) y fuego grande”, dijo.

“En el proceso de cambio, no ha cambiado nada, nomás es nombre, y mi pueblo sigue enfrentando pobreza y recibiendo atropellos”, pese a ser el originario de la gran provincia petrolera boliviana, cuya capital informal es Camiri, localidad de unos 70.000 habitantes del departamento de Santa Cruz.

Para modificar esa realidad, la APG peleó para lograr que cinco por ciento de las regalías de hidrocarburos se destinase a un Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), que nutre iniciativas como la llamada “renta dignidad”, un bono para los adultos mayores. Flores destacó que el gobierno ha escuchado sus demandas y diferentes ministros han venido a reunirse con las autoridades guaraníes, pero estas iniciativas no se traducen en soluciones reales para los problemas, lo que “nos fuerza a actos de presión para obtener respuestas”.

El líder guaraní puso como otro ejemplo de los problemas que enfrentan el hecho de que los recursos del FDI estén centralizados en La Paz, que su distribución sea muy inequitativa entre los 36 grupos etnolingüísticos bolivianos, y que buena parte, además, quede en manos de colonizadores y campesinos no indígenas. Según su cálculo, sólo 11 por ciento de los recursos del fondo llegan a los pueblos de las tierras bajas, entre las que se encuentra el Chaco, y solo uno por ciento a los guaraníes.

Otro problema es el ambiental. “Los trabajos de las empresas petroleras dañaron al ecosistema, a las aguas de los ríos, a las quebradas ahora contaminadas, a la flora y la fauna y por todo eso está sufriendo el pueblo”, detalló Flores. “El gobierno habla de consulta y es el primero en violar ese derecho, como sucede con la planta separadora. El pueblo no está en contra de la actividad, sino que exige que nos consulten como dueños del territorio”, planteó.

El gobierno también incumplió las promesas de compensar con tierras públicas las tierras comunitarias afectadas y la mejora del saneamiento. “El Estado debe garantizar el servicio del agua y así como saca hidrocarburo por cañerías, debería proveer de esa forma agua a la población”, dijo Flores. El dirigente, nacido en una pequeña comunidad, donde estudió bachillerato antes de ser becado para formarse en Ecuador en derechos indígenas, subrayó que “los guaraníes no demandamos favores, sino que se cumpla la obligación y la justicia de participar de los beneficios que da nuestra tierra”.

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La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

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La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

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Latinoamérica

OPS alerta que contagios de Covid-19 continúan al alza en estados turísticos de México

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Por Ignacio García

La Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó que los casos de Covid-19 continúan al alza en México, principalmente en las zonas turísticas del país, donde se registraron visitas masivas durante las fiestas de fin de año.

El organismo internacional señaló que los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur son las zonas en donde se han reportado más padecimientos por las visitas turísticas a las áreas de playas durante diciembre pasado.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que México es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 en América Latina, por lo cual manifestó que deben continuar las medidas restrictivas a la movilidad para contener los padecimientos.

De acuerdo con la representante de la OPS, las autoridades mexicanas deben reforzar las medidas sanitarias para evitar que se presenten incidentes relacionados con la cepa viral, aunado a que también se detectaron los primeros casos de la nueva variante británica.

Indicó que han localizado tres variantes distintas del SARS-COV-2 en el continente americano, por lo que sostuvo que ha sido una de las regiones más afectadas por ese virus, pues también se han identificado en Estados Unidos, Brasil y México, tres de las naciones con el mayor porcentaje de padecimientos y defunciones.

Sostuvo que hasta que se aplique de forma masiva la vacunación en los países latinoamericanos se logrará una disminución gradual de los padecimientos, no obstante, existen pocas dosis y una distribución en algunas naciones específicas.

 

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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