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Latinoamérica

Pueblo Guaraní en emergencia ecológica por deterioro del subsuelo

El pueblo guaraní de Bolivia sufre el deterioro ecológico que trasnacionales han hecho del subsuelo al construir carreteras y talar zonas agrícolas

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Marcha en julio de 2012 del pueblo Guaraní en protesta por la construcción de una carretera en la reserva ecológica Foto: red

Por Pascuala Mena Trigo

CAMIRI, Bolivia, (IPS).- El guaraní, un pueblo que siente que pertenece a la tierra y no al revés, vive en Bolivia en permanente emergencia desde que en el subsuelo de su hábitat descubrieron hidrocarburos, cuya explotación perjudica a sus comunidades y de cuyos beneficios se siente marginado. Con movilizaciones, bloqueos de carreteras o de campos petroleros y participación en pequeñas o grandes marchas, los guaraníes buscan ser oídos por el gobierno del presidente Evo Morales, las autoridades de los departamentos del sur del país donde se asientan y por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Desde el 19 de octubre, comunarios (pobladores) de comunidades rurales guaraníes cercanas protagonizan un bloqueo del campo petrolero exploratorio de Caigua, en el sur del departamento de Tarija, en demanda de que sean consultados y tenidos en cuenta sobre los trazados de caminos y otras infraestructuras vinculadas a este desarrollo. Un mes antes, pobladores guaraníes bloquearon por varios días una importante carretera internacional que une a este país con Argentina, en el vecino departamento de Chuquisaca, una protesta de las 27 capitanías guaraníes por la desatención de sus demandas y el incumplimiento de promesas sobre el desarrollo del Chaco boliviano, donde viven.

“Apostamos siempre por el diálogo, pero este tipo de acciones es el único recurso que tenemos para que respondan a nuestra plataforma de demandas cuando el diálogo fracasa”, dijo el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores.

Cesar Aguilar, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, explicó que las labores exploratorias en Caigua ya contaminaron una presa que surte de agua a las comunidades aledañas, mientras los caminos que se abren invaden tierras agrícolas de 400 familias de la zona.

También en septiembre se bloqueó la construcción de una planta separadora de líquidos asociados al gas natural, en un área que es Tierra Comunitaria de Origen, una figura jurídica que otorga la propiedad colectiva a un pueblo indígena sobre un territorio e impide allí cualquier actividad sin su consentimiento.

Jorge Mendoza, capitán grande de Yacuiba, en la provincia tarijense del Gran Chaco, donde se construye esta planta, explicó que más de 17 comunidades guaraníes han resultado afectadas.

Movilizaciones como éstas en el Chaco boliviano buscan denunciar que YPFB, sus subsidiarias, concesionarias y contratistas incumplen las leyes nacionales e internacionales que obligan a la consulta y respaldo indígena en los proyectos en su hábitat.

Los líderes citan especialmente dos: la Constitución de 2009 que declara a Bolivia como un estado plurinacional, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas y fija la obligatoriedad de consulta previa sobre actividades en su territorio.

Las empresas aducen siempre que cuentan con los permisos legales y ambientales para sus desarrollos, pero los líderes guaraníes subrayan que esos avales de organismos públicos locales o nacionales no incluyen las obligaciones con los comunarios del Chaco, donde se ubica la mayor provincia petrolífera del país.

El Chaco boliviano, repartido por los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, integra la región del Gran Chaco sudamericano, que abarca partes de Argentina y Paraguay. Sus 127.775 kilómetros representan 15 por ciento de esa región, donde se ubica el mayor bosque xerofítico (de clima seco) del mundo.

En el Chaco boliviano viven apenas unos 300.000 habitantes, en 16 municipios. De ellos, unos 84.000 son indígenas, casi todos guaraníes y el resto weenhayeks y tapietes, que en 75 por ciento viven en pobreza, según indicadores oficiales. Flores explicó que los guaraníes comprendieron poco a poco que su supervivencia dependía de que supieran organizarse y fortalecerse como pueblo y de ahí nació en 1987 la APG, cuyas autoridades se eligen cada dos años. Él, de tan solo 29 años, es un ejemplo del nuevo liderazgo surgido gracias a la autoorganización.

Con la APG, los guaraníes reivindican dejar de estar marginados de la toma de decisiones que les afectan, como salud, educación, vivienda, servicios básicos, y también del tipo de desarrollo en su territorio ancestral. Flores recordó que el analfabetismo y el hecho de que los guaraníes sientan que pertenecen a la tierra donde viven y no esta a ellos, facilitó que hasta hace poco fuesen utilizados en trabajos esclavos o semiesclavos en la agricultura, con tan solo el pago de comida y ropa, por hacendados criollos (no indígenas).

Consideró que la nacionalización de hidrocarburos mediante la cual YPFB retomó el control accionario de todas las actividades petroleras, ejecutada por Morales en 2006, el año que inició su primer mandato el presidente aymara, se transformó de esperanza en decepción para su nación. “La nacionalización no trajo ningún beneficio y estoy seguro de que en varias comunidades siguen alumbrándose con velitas, mecheros (recipientes de metal con diesel y una mecha de tela) y fuego grande”, dijo.

“En el proceso de cambio, no ha cambiado nada, nomás es nombre, y mi pueblo sigue enfrentando pobreza y recibiendo atropellos”, pese a ser el originario de la gran provincia petrolera boliviana, cuya capital informal es Camiri, localidad de unos 70.000 habitantes del departamento de Santa Cruz.

Para modificar esa realidad, la APG peleó para lograr que cinco por ciento de las regalías de hidrocarburos se destinase a un Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), que nutre iniciativas como la llamada “renta dignidad”, un bono para los adultos mayores. Flores destacó que el gobierno ha escuchado sus demandas y diferentes ministros han venido a reunirse con las autoridades guaraníes, pero estas iniciativas no se traducen en soluciones reales para los problemas, lo que “nos fuerza a actos de presión para obtener respuestas”.

El líder guaraní puso como otro ejemplo de los problemas que enfrentan el hecho de que los recursos del FDI estén centralizados en La Paz, que su distribución sea muy inequitativa entre los 36 grupos etnolingüísticos bolivianos, y que buena parte, además, quede en manos de colonizadores y campesinos no indígenas. Según su cálculo, sólo 11 por ciento de los recursos del fondo llegan a los pueblos de las tierras bajas, entre las que se encuentra el Chaco, y solo uno por ciento a los guaraníes.

Otro problema es el ambiental. “Los trabajos de las empresas petroleras dañaron al ecosistema, a las aguas de los ríos, a las quebradas ahora contaminadas, a la flora y la fauna y por todo eso está sufriendo el pueblo”, detalló Flores. “El gobierno habla de consulta y es el primero en violar ese derecho, como sucede con la planta separadora. El pueblo no está en contra de la actividad, sino que exige que nos consulten como dueños del territorio”, planteó.

El gobierno también incumplió las promesas de compensar con tierras públicas las tierras comunitarias afectadas y la mejora del saneamiento. “El Estado debe garantizar el servicio del agua y así como saca hidrocarburo por cañerías, debería proveer de esa forma agua a la población”, dijo Flores. El dirigente, nacido en una pequeña comunidad, donde estudió bachillerato antes de ser becado para formarse en Ecuador en derechos indígenas, subrayó que “los guaraníes no demandamos favores, sino que se cumpla la obligación y la justicia de participar de los beneficios que da nuestra tierra”.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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