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La red en lucha

Pueblo argentino gana a Monsanto primer fallo contra planta industrial

El pueblo de Malvinas, en la provincia de Córdova, Argentina, ganó la primera batalla contra la construcción de una planta industrial de Monsanto

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La planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, desde el campamento instalado por los vecinos para bloquear el acceso a la obra a medio construir. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Fabiana Frayssinet

CÓRDOBA, Argentina (IPS).- Vecinos de un aguerrido pueblo de Argentina ganaron un primer round contra la gigante de biotecnología Monsanto, pero siguen en pie de combate, conscientes de que queda mucho para ganar la pelea.

En Malvinas Argentinas, una localidad de la central provincia de Córdoba, llevan cuatro meses de bloqueo al terreno donde la transnacional estadounidense construye la planta de tratamiento de semillas de maíz más grande del mundo.

Y así siguen, acampando frente a la edificación que se yergue en este pueblo, antes apacible, e impidiendo el acceso a la zona de la construcción, aún después que un tribunal provincial ordenó este mes la paralización de las obras.

La campaña contra la planta, convocada por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y otras organizaciones sociales, comenzó el 18 de septiembre en este pueblo situado a unos 17 kilómetros de la capital cordobesa.

Tras situaciones de tensión, con intentos de dispersión de los manifestantes por la policía provincial y provocaciones de enviados del sindicato de la construcción, la provincial Sala Segunda de la Cámara de Trabajo les dio la razón el 8 de este mes. “El fallo muestra que los planteamientos de los vecinos son justos, porque reclaman derechos fundamentales reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional y la legislación del Estado Federal”, dijo el abogado Federico Macciocchi, que defiende la causa de los opositores a la planta.

La sentencia determinó la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que autorizaba la construcción en esta localidad de unos 15.000 habitantes, la mayoría de clase trabajadora. Asimismo ordenó paralizar las obras, imponiendo a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que se abstenga de autorizar la construcción, hasta tanto se cumpla con dos exigencias legales: la realización de la evaluación de impacto ambiental y la convocatoria a una audiencia pública.

“Es un avance grande, un gran paso en la lucha que se logró gracias al trabajo en conjunto de los reclamos institucionales, sumado al reclamo social en la calle”, declaró uno de los integrantes de la Asamblea, Matías Marizza. “La lucha ha servido para garantizar que se respete la ley”, añadió el activista.

La Asamblea y otras organizaciones decidieron continuar con la acampada que impide el acceso a la obra, hasta no lograr el abandono definitivo del proyecto. Monsanto respondió con un comunicado en el que califica la acción vecinal fruto de “extremistas”, que impiden a sus contratistas y empleados “ejercer el derecho a trabajar”.

La sentencia respondió a una acción de amparo interpuesta por los vecinos de la localidad y por el cordobés Club de Derecho, que preside Macciocchi. La sala laboral ordenó que se realicen tanto el estudio de impacto ambiental como la audiencia pública, recordó el abogado.

Lo que se exprese en la audiencia “es muy relevante”, dijo, aunque la Ley General de Ambiente prevé que las opiniones y objeciones de los participantes “no serán vinculantes”. Pero sí establece que las autoridades convocantes, si tienen una opinión contraria a los resultados alcanzados en la consulta, “deberán fundamentarla y hacerla pública”, explicó.

Ahora, el objetivo de la Asamblea es que también se realice una consulta ciudadana mediante un mecanismo de voto secreto.

Esa consulta cumplimentaría la ley ambiental y “garantizaría el ejercicio pleno del derecho ciudadano a decidir sobre su modelo de desarrollo local, el tipo de actividades sociales y económicas que desea para su vida cotidiana y sobre los riesgos socio-ambientales que está dispuesto a asumir”, dijo a IPS otro vecino, Víctor Mazzalay.

“El pueblo es quien debe contar con esa información y decidir si acepta o no acepta esos costos y riesgos”, sostuvo Mazzalay, que también es investigador social del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Córdoba.

“Un estudio de impacto ambiental debería incluir una consulta popular para que sea la ciudadanía quien brinde la licencia social necesaria para el desarrollo de cualquier actividad social, económica y productiva que pudiera afectar su medio ambiente y su salud”, añadió.

En su comunicado Monsanto dijo que la compañía no comparte el fallo, pero por ser “respetuosa de las decisiones del Poder Judicial, acatará como siempre sus medidas”. Asimismo aclaró que “ya ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia”. A juicio de Macciocchi, la sentencia es definitiva y “pone fin al conflicto judicial”.

“El fallo fue dictado en virtud de un recurso de apelación, razón por la cual ya no quedan recursos ordinarios por interponer”, explicó. A Monsanto le quedaría la posibilidad de un recurso de casación ante el provincial Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La empresa ya dijo que apelará, “dado que considera legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013”. Macciocchi consideró, sin embargo, que “ese recurso no va a paralizar lo ordenado por la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo”.

“Además, si pensamos el tiempo que demora el TSJ en resolver un recurso de casación, para cuando sea resuelto, la Municipalidad de Malvinas y la Secretaría de Ambiente ya habrán cumplido con las leyes que fueron violadas con su obrar”, sostuvo.

Según el abogado, el alto tribunal demora hasta dos años y medio en los casos de casación interpuestos por personas penadas y hasta cinco o siete años, cuando la materia es laboral o civil. “Sería un verdadero escándalo institucional si el TSJ resolviera esta causa salteando el orden de las causas que llevan años ‘durmiendo’ en su despacho”, planteó.

El fallo del día 8 no impide la instalación definitiva de la planta, que Monsanto ha planificado que entre en operación este mismo año. “Pero en la medida que los ciudadanos se expresen en contra de la instalación de la planta y que la evaluación de impacto ambiental resulte desfavorable para la empresa, entonces en este caso, Monsanto no podrá instalarse en Malvinas”, anticipó Macciocchi.

Mazzalay recordó que la razón “sustancial” de oponerse a la instalación de Monsanto obedece a “a la reivindicación del derecho del pueblo a decidir sobre el tipo de actividades productivas y sobre los riesgos ambientales a los cuales someterse”.

La empresa dio a conocer que pretende instalar más de 200 silos de maíz, y que se utilizarán productos agroquímicos para el curado de las semillas. Monsanto, uno de los mayores fabricantes de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas del mundo, tiene operaciones en Argentina desde 1956, cuando instaló una fábrica de plásticos.

“Una argumentación frecuente sugiere que existe una duda razonable sobre la supuesta inocuidad de esta actividad productiva sobre la salud humana”, subrayó el investigador.

A su juicio, “son múltiples y diversos los estudios científicos han mostrado los efectos negativos que tanto el movimiento de semillas como la manipulación y exposición a diversos productos agroquímicos tienen sobre la salud”.

“En este sentido, sobre cuestiones ambientales donde está en riesgo la salud la duda razonable debe hacer prevalecer un principio precautorio, es decir no aceptar el desarrollo de una actividad hasta que se demuestre de manera definitiva su inocuidad”, argumentó.

 

España

Líderes de otros países reaccionan ante el asalto al Capitolio en EEUU

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Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cinco personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir “con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington” y ha mostrado su confianza “en la fortaleza de la democracia de EE.UU”.

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos “superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del “modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables”. Así, ha reivindicado “democracia y antifascismo” ante “la violencia y sus mentiras allí y aquí”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en  “la fuerza de la democracia de los Estados Unidos”. Macron ha querido mostrar “su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano”, ha concluido.

 

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree “en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses” y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

El repudio a la violencia ha llegado también por parte de uno de los aliados de Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha calificado de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio y ha reclamado un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

La conmoción ha sido el sentimiento mayoritario entre los mandatarios europeos, como ha manifestado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde ha calificado el suceso de “vergüenza democrática” y ha pedido el cese de este “ataque a las libertades”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “entristecido” por la toma del Capitolio por parte de una turba de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a los líderes políticos que no insten a sus seguidores a la violencia.

Ante estos actos, Guterres ha recordado que “es importante que los líderes políticos inculquen a sus seguidores la necesidad de abstenerse de usar la violencia, así como respetar los procesos democráticos y el estado de derecho”, a través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado las escenas de Washington de “impactantes” y ha enfatizado que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Al otro lado del océano, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que sus compatriotas “están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo”.

Desde Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha expresado su preocupación por los hechos aunque ha añadido que “con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”. Venezuela “condena la polarización política y la espiral de violencia” que, a su juicio, “no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos”.

Condena también en EEUU

En Estados Unidos, expresidentes, congresistas y otros dirigentes políticos, tanto demócratas como republicanos, han repudiado el asalto al Capitolio. Incluso, crece el movimiento para destituir a Trump a través de la 25 Enmienda que lo inhabilitaría de inmediato o someterlo a un juicio político como responsable de los disturbios.

“La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, ha afirmado el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se ha declarado “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley”. “Es repugnante y desgarrador”, ha dicho Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso.

 

Información: eitb.ues

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Europa

En 12 semanas, se vacunarán contra el covid-19 dos millones de personas en España

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El Salto Diario

Ayer, domingo 27 de diciembre, dio comienzo la Estrategia de Vacunación contra el covid-19 en España. Dos mujeres de un centro residencial de Guadalajara han sido las primeras en recibir las dosis. En esta primera fase, según ha informado Sanidad, se priorizan cuatro grupos: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia que no están institucionalizadas.

La vacuna Comirnaty, del laboratorio Pfizer, será recibida a razón de 350.000 dosis semanales por el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto que, en las próximas doce semanas, se inmunicen 2.250.000 personas.

Con la vacunación en la jornada de hoy de la residente Araceli Hidalgo, de 96 años, y la auxiliar sanitaria Mónica Tapias, se inicia el camino hacia la inmunización vía vacunas de la población. Está previsto que durante el día de hoy comiencen a distribuirse las vacunas en todas las comunidades autónomas.

La semana pasada, el ministro Salvador Illa detalló que se han establecido 18 grupos poblacionales para la priorización de los grupos, en función de cuatro tipos de riesgos: El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Según el ministro, “habrá tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna. En el primer suministro, limitado. De enero a marzo. La segunda etapa, que se permitirá ir aumentando. Hasta junio, probablemente, y una última etapa para cubrir a todos los grupos prioritarios”. La vacuna será gratuita y que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. De momento, la vacunación será voluntaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) dio el visto bueno el 21 de diciembre a la comercialización de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para prevenir el covid-19 “en personas a partir de los 16 años”.

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