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Mexico Violento

Puebla, entidad con mayor migración a EEUU en 2021, por autoritarismo y pobreza

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Por Guadalupe Lizárraga /agencias

De acuerdo con un estudio elaborado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Segob (Secretaría de Gobernación), de enero a noviembre de 2021, 16.410 ciudadanos con residencia en Puebla fueron repatriados a México en su intento por inmigrar a los Estados Unidos. Entre las principales causas que aluden familias migrantes de Puebla en California, así como periodistas y legisladores federales se encuentran el autoritarismo y la pobreza. 

El gobierno del estado encabezado por Luis Miguel Gerónimo Barbosa ha destacado por la represión a las comunidades indígenas, como el caso de Coyomeapan, de la Sierra negra de Puebla. La represión y el encarcelamiento injusto contra indígenas que protestaron por el fraude electoral de la familia de caciques Celestino Rosas puso en la mira internacional de los derechos humanos al gobierno emanado de las filas de MORENA. Incluso actos de terrorismo fueron ignorados por el gobernador, pese a que el pueblo de Coyomeapan investigó, detuvo y reveló el origen de explosivos detonados en la comunidad.  

Así también, los periodistas poblanos han denunciado reiteradamente el hostigamiento sistemático para silenciarlos sobre complicidades del gobierno con los grupos de narcotráfico, lo que ha impactado un fuerte deterioro en la percepción de seguridad pública. Periodistas explicaron a Los Ángeles Press que a partir de la llegada de Barbosa al gobierno, en 2019, les pusieron demandas por daño moral y se inició una persecución judicial sobre ellos.

Incluso, miembros del Poder Legislativo como la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha exhortado al gobierno de Barbosa a que respete los derechos humanos y las libertades constitucionales de la ciudadanía. La diputada federal ha promovido puntos de acuerdo en el congreso de la Unión por la libertad de presos políticos indígenas que el gobierno de Barbosa mantiene en prisión por denunciar arbitrariedades de su gestión.  

El número de poblanos repatriados representa un incremento de 22,74 por ciento, respecto al mismo periodo pero del año anterior, cuando se ordenó el regreso de 13.369 poblanos. Según el informe de Gobernación, 15.190 de las personas que retornaron a México eran mayores de edad, 13.268 eran hombres, 1.922 mujeres y 1.220 eran menores de edad.

Históricamente, el estado de Puebla ha sido una de las entidades con mayor migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, la lista la siguen liderando otras entidades con problemas similares de pobreza y violencia de grupos delictivos. Según el reporte de Estadísticas Migratorias de la Segob, cuentan con mayor número de repatriaciones este año. Tal es el caso de Guerrero, con 22.396; Oaxaca, con 22.087; Chiapas, con 19.275; Michoacán, con 17.368; Veracruz, con 15.461.

El mismo informe destaca que, las autoridades canadienses, también realizaron repatriaciones de ciudadanos poblanos a México. Se trató de al menos siete de ellos, cuatro hombres y tres mujeres en el mismo periodo de enero a noviembre de 2021. La reseña destaca que, hasta ahora, la política migratoria de Canadá ha sido más flexible que la de Estados Unidos.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

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Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

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