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Justicia pendiente

Pronunciamiento público de las Madres de Juárez a autoridades

Las Madres de Juárez hacen un pronunciamiento público severo a las autoridades del Estado y federales sobre la justicia pendiente de sus hijas

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Madres de Juárez rumbo a Chihuahua capital Foto: Comité de Madres

CIUDAD JUÁREZ, México.-Desde el martes 15 de enero, madres de desaparecidas y víctimas de feminicidios decidieron emprender una caminata por la justicia de sus hijas, desde Ciudad Juárez hasta la ciudad de Chihuahua. Iniciaron cinco personas y se llegó a integrar un grupo de 15 personas caminando en relevos y descansando por las noches en campamentos y un pequeño hotel de uno de los poblados.

Este grupo forma parte del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas que a iniciativa de la abogada de derechos humanos Francisca Galván Segura exigen una audiencia pública con el gobernador de Chihuahua César Duarte. En diversas entrevistas han sostenido que la responsabilidad y la competencia en las investigaciones no es un asunto local, sino también de las autoridades federales, como la Siedo, dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que han sido indiferentes ante estos crímenes de género.

Hoy lunes 21 de enero, entran a la ciudad de Chihuahua para exigir una audiencia pública al gobernador del estado y para hacer visibles los crímenes de lesa humanidad que han padecido durante 20 años.

Comunicado público

 

Chihuahua, Chih. a 21 de enero del 2013

 

Al Lic. César Horacio Duarte Jaquezé

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

A los diferentes niveles de gobierno

A las organizaciones de Defensa de Derechos Humanos

A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos

 

El Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas se dirige al gobernador del estado, César Duarte, con fundamentos en los artículos 1, 8 y 20 constitucionales, la sentencia emitida contra el Estado Mexicano en el caso de González y Otras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los tratados y convenciones en Derechos Humanos de las Mujeres, de las niñas y niños signados por el Estado Mexicano para:

Exigirle en Audiencia Pública

I. La entrega inmediata de los restos óseos humanos que existen en el Servicio Mexicano Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, ya que ha tenido el tiempo suficiente para cumplir con su obligación de hacerlo, pero ha omitido y guardado, sin transparentar de manera clara y precisa la causa que motiva al Estado a retener los restos óseos humanos a sus familiares, causándoles un agravio a éstos y a toda la sociedad.

II. Dé respuestas y explicaciones claras en presencia de expertos en la materia a las madres que han solicitado la opinión de un segundo dictamen de ADN, que lleve a la certeza de la identificación genética hecha por el estado de Chihuahua en los restos óseos de sus hijas, sin dilación y ajustado a estándares científicos internacionales, porque el tiempo de espera prolongado lleva implícita la tortura infringida de manera permanente del Estado a las familias.

III. La entrega parcial de restos en el año 2011 encontrados en el Valle de Juárez y que ha evidenciado la problemática pública que vive nuestra entidad desde 1993, y que origina la exigencia de los dos puntos anteriores, plantea que responda a las siguientes cuestiones.

a) ¿Quiénes secuestran y privan de la libertad a las jóvenes en nuestro estado?

b) ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales de los feminicidios?

c) ¿Quiénes lucran con el delito de trata de personas de las que son víctimas las jóvenes desaparecidas?

d) ¿Quiénes arrojan los cuerpos de forma deliberada en el Valle de Juárez?

e) ¿Quiénes son los funcionarios cómplices por comisión, omisión y corrupción de las investigaciones y aquiescencia de toda esta masacre vivida por las jóvenes en nuestro estado?

IV. A ocho años de creada la Fiscalía Especializada de Personas Extraviadas o Ausentes, qué gestiones concretas ha realizado como Poder Ejecutivo para promover modificaciones al código penal del Estado donde se tipifique la desaparición de una persona y la denuncia abra la correspondiente averiguación previa, dejando de ser simple reporte de desaparición donde se documenta como queja, donde actualmente personas que están involucradas en la desaparición de jóvenes sólo hacen comparecencia sin fincarles responsabilidad jurídica.

En referencia a este punto, se encuentra la desaparición de Brenda Berenice Castillo García con reporte 03/09 desaparecida el 6 de enero del 2009. Dicha joven fue ubicada por su familia en Los Ángeles, California el 18 de mayo del 2011 compareciendo la testigo del hecho ante ministerio público de la Fiscalía Especializada de Personas Extraviadas o Ausentes entregando la evidencia consistente en el nombre de la televisora, el nombre del programa donde ella participó y por el cual la familia la reconoció sin lugar a dudas. Explique cuál ha sido la acción de su gobierno a casi dos años de proporcionada la evidencia que hoy se tiene la certeza que efectivamente es la joven desaparecida en el centro de Ciudad Juárez.

V. ¿Qué resultados les tiene a las familias de cada una de las jóvenes que están en calidad de desaparecidas?

¿Cuáles son las líneas que se tienen para la búsqueda y localización con vida de manera positiva en todas y cada una de ellas dando estos resultados e informes a un grupo interdisciplinario de la sociedad civil, peritos en la materia que junto con las madres tengan acceso al desarrollo de los actos y acciones realizados por la autoridad competente donde se les comuniquen los avances en la localización con vida de las jóvenes.

VI. Dé también una explicación amplia y clara sobre la investigación en torno a los desaparecidos en el Estado y su contribución a este problema que aqueja a todo el país donde existen miles de desaparecidos y desaparecidas

Así mismo hacemos un llamado urgente a las instancias internacionales para que evalúen en las investigaciones los procedimientos llevados a cabo en los casos de desapariciones, y feminicidios en el Estado de Chihuahua. Apelamos a la sensibilidad de la comunidad internacional para detener el sufrimiento de tantas familias que viven día con día la tortura de la ausencia de sus hijas e hijos.

!Vivas se las llevaron, vivas las queremos!

Comité de Madres y familiares con Hijas desaparecidas

LA Press/Con información de Gero Fong

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Justicia pendiente

Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

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A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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