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Pronunciamiento de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos sobre incidentes en Rosarito

Cuerpos policiales desalojaron violentamente el plantón que bloqueaba la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en Playas de Rosarito

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Incidentes en Rosarito, el pasado fin de semana / Foto: internet

Raúl Ramírez Baena / Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Con relación a los graves acontecimientos sucedidos hace tres días en la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, en el que policías de los tres órdenes de gobierno desalojaron violentamente a las personas que mantenían el bloqueo a dicha Terminal, en protesta por el incremento a los precios de las gasolinas, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), manifiesta:

1. Las acciones de desobediencia civil, como el bloqueo arriba referido, es el ejercicio ciudadano del derecho de reunión y asociación pacífica y respetuosa amparado por el Artículo 9º, segundo párrafo, de la Constitución federal;

2. La desobediencia civil tiene su origen en medidas tomadas por las autoridades, como los aumentos a los precios de las gasolinas, a los que se suman los aumentos al gas, a la electricidad y, en el caso de Baja California, al impuesto predial y al agua, sin consultar a la población afectada y sin ponderar sus efectos en los derechos fundamentales;

3. Rechazamos el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias, peor aun cuando proviene de las autoridades, que están doblemente obligadas a respetar y a resguardar la integridad física, moral y psicológica y la vida de las personas;

4. Por las imágenes profusamente difundidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, y por los testimonios de personas y periodistas que se encontraban en ese lugar a la hora del desalojo, las autoridades incurrieron en las siguientes probables conductas ilícitas, violatorias de los derechos humanos, en contra de las personas detenidas:

a. Uso excesivo de la fuerza, que atenta contra la integridad y la vida. Algunas personas, ya detenidas, fueron pateadas y golpeadas en el piso, en una demostración de brutalidad policíaca;

b. Detención arbitraria (sin flagrancia de delito, sin orden de aprehensión expedida por juez o sin oficio de urgencia administrativa expedido por agente del Ministerio Público);

c. Derecho al debido proceso de las personas detenidas (lectura de sus derechos, presentación inmediata ante la autoridad competente, permitirles hacer una llamada telefónica, acceder a abogado o persona de su confianza);

d. Derecho a la presunción de inocencia;

5. Adicionalmente y a reserva de conocer las declaraciones de los detenidos, falta conocer si algunas personas sufrieron actos de tortura física y/o psicológica y desaparición forzada;

6. La CCDH repudia y reprueba la agresión sufrida por un grupo de policías estatales preventivos de Baja California, a manos de una persona que conducía una camioneta pick-up que se lanzó contra los servidores públicos, para quienes deseamos una pronta recuperación, así como la detención del responsable y su consignación a la autoridad udicial;

7. Igualmente, rechazamos las agresiones sufridas en esos incidentes por 10 periodistas de la región, uno de ellos presumiblemente desaparecido por unas horas por las autoridades. Al margen de las lesiones que sufrieron los comunicadores y las afectaciones a sus equipos de trabajo, ello representa una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Todos estos presuntos delitos y violaciones a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y las víctimas deben ser resarcidas en las afectaciones sufridas.

Por las razones anteriores, la CCDH lanza un respetuoso exhorto al Presidente Enrique Peña Nieto, al Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y a los presidentes municipales de la entidad, para que se abstenga de permitir y tolerar actos represivos de las policías preventivas como el aquí referido, en los que, a vistas, los policías y sus mandos incurrieron en responsabilidad al actuar de manera descontrolada y sin aplicar estrictamente los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, como es su obligación constitucional.

Señalamos también nuestra sorpresa por la inmediatez con que Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reaccionaron ante la agresión sufrida por los policías en los eventos arriba relatados, prometiendo una expedita investigación y castigo al responsable. Sin embargo, no condenaron la brutalidad policial y las afectaciones a la libertad de expresión.

Finalmente, ante el rechazo masivo en todo el país a los aumentos a las gasolinas y ante la imposibilidad de encontrar canales de diálogo efectivo, el Ejecutivo y el Legislativo federal están obligados a escuchar y atender la demanda popular y a dar marcha atrás a dichos aumentos, por lo que nos sumamos al clamor de reformar la Ley de Ingresos 2017, como una señal positiva de gobernabilidad en aras del interés común y la paz social.

Por la CCDH: Daniel Solorio Ramírez, Raúl Ramírez Baena, Ma. Antonieta Robles Barja, Álvaro de Lachica y Bonilla, Soraya Vázquez Pesqueira, Ma. Dolores Ruíz, Silvia Reséndiz Flores, Lilia Antonia León Medina, Vianka R. Santana, Beatríz Ledezma Mariñez, Christian Rojas Rojas.

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Necrofilia, testamentos y zopilotes volando en México

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TRAS BAMBALINAS.  

Por Jorge Octavio Ochoa

En México, es evidente que existe en sus venas, en sus raíces, una extraña inclinación por la muerte. De hecho, forma parte de nuestra cultura, envuelta en el doloroso sincretismo que nos dejó la conquista española. Hay una especie de resignación o predisposición a la mala suerte, al mal fario. Creemos en las leyendas y los maleficios. A nuestros Dioses ancestrales empezamos a añadir santos y nuevas deidades, como la Santa Muerte, que es venerada principalmente por los delincuentes. Más que ahondar en el origen de este o cualquier culto, lo que llama la atención es el regodeo que tenemos con y por la muerte.

Todavía no sabemos cuáles serán los efectos de la pandemia en este ámbito del subconsciente, pero miles lo verán como un “castigo de Dios”. Aún así, jugueteamos con ella, como una compañera que danza y camina en cada paso de nuestras vidas. Es por eso por lo que vemos en esta cuarta ola, una cierta indiferencia de algunos, que han preferido salir a la calle y arrostrar los riesgos de volverse a infectar.

Si no hay un mensaje claro, contundente, sobre los riesgos de contagiarse, la señal subyacente es que se puede sobrevivir, hasta con caricias, paracetamol y VapoRub. Por eso, la reciente noticia sobre una posible investigación al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, no ha tenido todavía repercusiones nacionales.

Nadie cree, hasta el momento, que el funcionario vaya a ser inhabilitado, ni mucho menos encarcelado, por algo tan etéreo e inasible como una pandemia.

Negligencia criminal

El problema es que, en términos legales, sí podrían existir vías para solicitar juicio político en contra del sedicente especialista, por no seguir los protocolos. Desde fines del 2019, se sabía que venía desde China, una enfermedad sumamente peligrosa, que podría expandirse en el mundo de manera acelerada.

Para 2020, ya había alarma internacional. Para febrero, México se vio frente a frente ante el bicho, y el primer mensaje presidencial fue: “hay que abrazarse, no pasa nada”. Hubo, incluso, abierta irresponsabilidad, apelando a ese fanatismo nacional y adoración por la muerte. Salió una estampita y el “¡Detente enemigo…!”

Podría entenderse como un intento del Ejecutivo Federal para contener el pánico, pero las muertes vinieron en cascada. Entonces, se abrió la discusión por el uso del cubrebocas, y el gobierno federal también envió mensajes, no sólo confusos, sino contrarios a los que la OMS, como autoridad mundial, recomendó.

En el círculo oficial, la respuesta sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue que “nuestro escudo protector son los amuletos”.

El ejercicio del poder y el ejercicio del gobierno

Parece simpático recordar hoy ese tipo de afirmaciones, y pensar que Gatell dijo algún día que 60 mil “sería el escenario de muertes más catastrófico que podría registrarse”, o que “el Covid no representa una amenaza”. Hoy tenemos un exceso de muertes de más de 650 mil, y la demanda penal contra el funcionario, surge precisamente de una familia que perdió a dos de sus integrantes desde el inicio de la pandemia.

La petición es por “responsabilidad de omisión”, que también se traduce en “negligencia criminal” y “faltas al debido ejercicio de la función pública”. Más allá de las declaraciones en “las mañaneras”, o de apoyos incondicionales al Presidente porque “su fuerza es moral y no de contagio”, Gatell debió informar sobre lo que se discutió en el Consejo de Salud.

Cada día este organismo debió reunirse; no sólo para dar un conteo de infectados, hospitalizados y muertos, sino para establecer los criterios y protocolos de confinamiento o de contacto social. Los mexicanos vivimos esos casi dos años, en medio de la confusión. De hecho, en los aeropuertos nunca se exigió la presentación de prueba a los paseantes extranjeros.

En México se podía y se puede, entrar y salir, sin mayores complicaciones. Las sorpresas se encontraron en Europa, donde empezaron las cuarentenas y las pruebas de contagio. De hecho, será interesante leer las transcripciones, bitácoras y actas de las sesiones del Consejo de Salud, así como del alcance de sus resoluciones.

Está visto que el semáforo epidemiológico tuvo resultados, el aislamiento también, pero faltaron disposiciones claras sobre el uso, ya no de medicamentos, sino de aditamentos para combatir al virus. Hoy día, en restaurantes y establecimientos de todo tipo, permanecen los tapetes inundados de cloro, quesque para detener al bicho.

Está confirmado por la OMS y por los especialistas de México, que esas medidas no tienen sentido. El Coronavirus se contagia por vía aérea, no por contacto.  Tampoco informa el gobierno, que el doble cubrebocas disminuye al máximo los contagios. Las autoridades siguen con afirmaciones contradictorias, burlonas, en un enfrentamiento permanente con la prensa.

Esa es la pequeña gran diferencia entre ejercer el poder y ejercer el gobierno. El primero, linda siempre en el abuso; el segundo, es el cumplimiento de la responsabilidad al amparo de la ley.  La autoridad moral se pierde cuando se abre una distancia con la realidad y, sobre todo, con la verdad.

Este gobierno miente, ha mentido, hasta en las cosas más pequeñas, o que al régimen le parecen pequeñas.

Testamento político, y revolotean los zopilotes

Una prueba más: el reciente ingreso del Presidente a un hospital para que se le realizara un cateterismo cardiaco. Se hace pasar como baladí un procedimiento delicado que encierra, por sí solo, un momento de tensión en el ámbito jurídico-político del país.

Tan es así, que al margen del resultado y de la información oficial que se difunda, en los medios se ventilan las posibilidades de una ausencia presidencial.

¿Qué pasa si hubiera fallecido? Si es en los últimos cuatro años del gobierno, como es el caso, el Congreso de la Unión tiene que designar al sustituto.  Ojo: se trata de una DESIGNACIÓN, y el sustituto deberá concluir el sexenio. Es decir, habría comicios hasta el 2024, como está previsto. Tan no fue trivial el asunto, que el propio presidente habla ya de un “Testamento Político”, en una desesperada reacción del subconsciente, para contener a sus huestes.

Constitucionalmente, el poder no se hereda. No sucederá en México, aunque él quiera verlo como las nuevas “Tablas de la Ley”. No puede contener los demonios que desató, al haber adelantado la sucesión. Ahora, pretender dar órdenes desde la tumba, más que macabro, suena ridículo.

Es lamentable que se empiece a hablar de esto. No abona en su imagen y, sobre todo, profundiza la inestabilidad que ya de por sí vive México.

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Mexico Violento

Exgobernador Jaime Bonilla relacionado con asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

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La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada de un disparo en la cabeza este domingo mientras se encontraba dentro de  su vehículo, cuando estaba en la colonia Santa Fe, de Tijuana, Baja California. Esto sucedió cuatro días después de haber ganado un juicio laboral al exgobernador Jaime Bonilla, a quien se le determinó embargar las oficinas de Primer Sistemas de Noticias (PSN) al negarse como ex empleador a liquidar el adeudo que tenía con ella.

El 26 de marzo del 2019, la periodista acudió a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le planteó su caso, señalando a su agresor directamente de tráfico de influencias y de atentar contra su vida.

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con el (…) Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, por eso estoy aquí pidiendo su apoyo”.

La respuesta del presidente fue que encargar el asunto a su jefe de prensa Jesús Ramírez Cuevas, por lo que Lourdes Maldonado fue incorporada al Mecanismo de Protección pero no contaba con guardia permanente, ni se dio seguimiento a su seguridad.

Tras el veredicto del juicio, Lourdes Maldonado dio una entrevista a la salidas del inmueble de Jaime Bonilla, y dijo que en en breve tomaría la administración del PSN, y pondría orden en la empresas, porque señaló que el exgobernador no pagaba impuestos, ni salarios ya devengados.

De acuerdo con el expediente 1359/2013 CA 521/2021, la junta especial 59 de la JFCA instruyó la entrega de las constancias de afiliación del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del primero de marzo de 2006 a 2013. Lapso en el que Maldonado habría prestado sus servicios en el Primer Sistema de Noticias (PSN).

Por lo que Maldonado, en la video entrevista presentó públicamente a su abogado especialista en materia laboral Eduardo Edmar Pérez Castro y dijo que lo había mantenido en secreto por seguridad y por evitar la corrupción, «porque hay que cuidarse hasta de la sombra». El abogado en ese momento explicó que iba a hacer un requerimiento de pago al exgobernador Bonilla, y que se había negado a atenderlos. «Sabemos que están allí, pero se negaron a atendernos», por lo que se procede al embargo de PSN.

Maldonado reiteró en ese video que esa empresa era ya de su poder y que ella la iba a administrar, y enfatizó: exgobernador «nunca pagó seguro social, nunca pagó Infonavit, nunca pagó Afore, que no existe nómina de empleados porque les paga en sobrecitos».

Después del video, de acuerdo con información reservada, se destacó que los «enemigos» de Bonilla tenían preparadas ya las esquelas y las campañas en las redes sociales.

Lourdes Maldonado fue colaboradora del programa 24 Horas, encabezado por Jacobo Zabludovsky, fue reportera de Televisa, corresponsal de esa empresa en Tijuana y colaboraba actualmente con comentario político en medios locales, además de un espacio en Facebook.

Es la segunda periodista asesinada en menos de una semana en Baja California; el 17 de enero, el reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel, colaborador de La Jornada Baja California, fue asesinado a disparos frente a su hogar.

Con información de La Jornada de Baja California.

 

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Presos en huelga de hambre por violencia y condiciones inhumanas en la cárcel de Nueva York

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Los reclusos en Rikers Island, de la ciudad de Nueva York, están en huelga de hambre en protesta por los cierres de COVID-19 y las malas condiciones en las caóticas instalaciones penitenciarias, además de la violencia que se ha desatado por la desesperación y falta de atención médica.

Unos 200 reclusos varones en el Complejo Robert N. Davoren iniciaron la protesta el sábado, dijo Alice Fontier, directora gerente del Servicio de Defensores del Vecindario de Harlem.

“Han estado rechazando comidas y pidiendo hablar con quien esté a cargo”, dijo Fontier a The Post el martes.

“No han nombrado a nadie específicamente, debido a las condiciones y al hecho de que saben que se les niega la atención médica básica, han estado encerrados regularmente, no tienen bibliotecas legales, todas las cosas que hemos estado hablando de todo este tiempo.

Por otra parte, un portavoz del Departamento de Corrección dijo que los detenidos han estado comiendo alimentos de la comisaría.

“No hay huelga de hambre”, dijo el portavoz en un comunicado. “Un grupo de detenidos rechazaba la comida institucional y en su lugar comía comida de la comisaría. El director está comprometido con ellos y aborda sus preocupaciones, y nuestros empleados han estado trabajando incansablemente para mantener seguros a todos los que trabajan y viven en nuestras instalaciones”.

Una fuente de ladentro de a cárcel que trabaja en el complejo dijo que los hombres que participan en la huelga son «veteranos» encarcelados durante la mayor parte de sus vidas, no adolescentes ni adultos jóvenes. La huelga se produce cuando los casos del coronavirus hacen estragos en Rikers y obligan al aislamiento de los detenidos.

“La casa está en cuarentena porque los reclusos en el dormitorio dieron positivo”, dijo la fuente. “Una vez que una unidad de vivienda da positivo, tiene que estar encerrada, lo que significa que no hay recreo, ni visitas para evitar que se propague el COVID… Básicamente, quieren estar fuera del confinamiento”.

Pero la fuente minimizó la severidad de la huelga, diciendo que los reclusos usualmente usan la comisaría excepto cuando se sirve pollo los domingos y jueves. “No se mueren de hambre, simplemente no comen la comida de la cárcel”, dijo la fuente.

La protesta sigue a una serie de incidentes salvajes y controversias en Rikers, incluida una gran cantidad de suicidios de detenidos. Unos 16 reclusos murieron en total mientras estaban bajo la custodia del sistema carcelario de la ciudad el año pasado, y una persona intentó ahorcarse mientras los políticos recorrieron las instalaciones.

Los expertos dijeron que las preocupaciones sobre el personal llevaron a un aumento en la violencia de los reclusos, eventos fatales y un incidente en el que los reclusos compartieron videos de una fiesta en una celda en las redes sociales. Un legislador estatal calificó las condiciones en Rikers como “infernales” después de ver la cárcel en persona.

Los puestos continúan sin personal, un problema constante desde el año pasado, y Fontier dijo que los reclusos a veces pierden las citas en la corte porque no hay personal disponible para atenderlas.

“La simple realidad es que muchos de los problemas son peores porque todavía están ocurriendo”, dijo Fontier. “Cuanto más tiempo no tenga acceso a una atención médica adecuada, más tiempo no tendrá acceso a la atención médica, cuanto más tiempo no tenga bibliotecas jurídicas, más se prolongarán sus casos porque no puede llegar a los tribunales o se mantienen aislados, peor se pone”.

“Es muy deprimente para mí que la gente esté optando por la huelga de hambre porque no pueden hacer que se escuchen sus voces y nadie más está prestando atención”, dijo Fontier. “Es trágico para mí que tengan que recurrir a este tipo de activismo colectivo”.

 

Agencias

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