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Pronunciamiento de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos sobre incidentes en Rosarito

Cuerpos policiales desalojaron violentamente el plantón que bloqueaba la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en Playas de Rosarito

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Incidentes en Rosarito, el pasado fin de semana / Foto: internet

Raúl Ramírez Baena / Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Con relación a los graves acontecimientos sucedidos hace tres días en la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, en el que policías de los tres órdenes de gobierno desalojaron violentamente a las personas que mantenían el bloqueo a dicha Terminal, en protesta por el incremento a los precios de las gasolinas, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), manifiesta:

1. Las acciones de desobediencia civil, como el bloqueo arriba referido, es el ejercicio ciudadano del derecho de reunión y asociación pacífica y respetuosa amparado por el Artículo 9º, segundo párrafo, de la Constitución federal;

2. La desobediencia civil tiene su origen en medidas tomadas por las autoridades, como los aumentos a los precios de las gasolinas, a los que se suman los aumentos al gas, a la electricidad y, en el caso de Baja California, al impuesto predial y al agua, sin consultar a la población afectada y sin ponderar sus efectos en los derechos fundamentales;

3. Rechazamos el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias, peor aun cuando proviene de las autoridades, que están doblemente obligadas a respetar y a resguardar la integridad física, moral y psicológica y la vida de las personas;

4. Por las imágenes profusamente difundidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, y por los testimonios de personas y periodistas que se encontraban en ese lugar a la hora del desalojo, las autoridades incurrieron en las siguientes probables conductas ilícitas, violatorias de los derechos humanos, en contra de las personas detenidas:

a. Uso excesivo de la fuerza, que atenta contra la integridad y la vida. Algunas personas, ya detenidas, fueron pateadas y golpeadas en el piso, en una demostración de brutalidad policíaca;

b. Detención arbitraria (sin flagrancia de delito, sin orden de aprehensión expedida por juez o sin oficio de urgencia administrativa expedido por agente del Ministerio Público);

c. Derecho al debido proceso de las personas detenidas (lectura de sus derechos, presentación inmediata ante la autoridad competente, permitirles hacer una llamada telefónica, acceder a abogado o persona de su confianza);

d. Derecho a la presunción de inocencia;

5. Adicionalmente y a reserva de conocer las declaraciones de los detenidos, falta conocer si algunas personas sufrieron actos de tortura física y/o psicológica y desaparición forzada;

6. La CCDH repudia y reprueba la agresión sufrida por un grupo de policías estatales preventivos de Baja California, a manos de una persona que conducía una camioneta pick-up que se lanzó contra los servidores públicos, para quienes deseamos una pronta recuperación, así como la detención del responsable y su consignación a la autoridad udicial;

7. Igualmente, rechazamos las agresiones sufridas en esos incidentes por 10 periodistas de la región, uno de ellos presumiblemente desaparecido por unas horas por las autoridades. Al margen de las lesiones que sufrieron los comunicadores y las afectaciones a sus equipos de trabajo, ello representa una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Todos estos presuntos delitos y violaciones a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y las víctimas deben ser resarcidas en las afectaciones sufridas.

Por las razones anteriores, la CCDH lanza un respetuoso exhorto al Presidente Enrique Peña Nieto, al Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y a los presidentes municipales de la entidad, para que se abstenga de permitir y tolerar actos represivos de las policías preventivas como el aquí referido, en los que, a vistas, los policías y sus mandos incurrieron en responsabilidad al actuar de manera descontrolada y sin aplicar estrictamente los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, como es su obligación constitucional.

Señalamos también nuestra sorpresa por la inmediatez con que Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reaccionaron ante la agresión sufrida por los policías en los eventos arriba relatados, prometiendo una expedita investigación y castigo al responsable. Sin embargo, no condenaron la brutalidad policial y las afectaciones a la libertad de expresión.

Finalmente, ante el rechazo masivo en todo el país a los aumentos a las gasolinas y ante la imposibilidad de encontrar canales de diálogo efectivo, el Ejecutivo y el Legislativo federal están obligados a escuchar y atender la demanda popular y a dar marcha atrás a dichos aumentos, por lo que nos sumamos al clamor de reformar la Ley de Ingresos 2017, como una señal positiva de gobernabilidad en aras del interés común y la paz social.

Por la CCDH: Daniel Solorio Ramírez, Raúl Ramírez Baena, Ma. Antonieta Robles Barja, Álvaro de Lachica y Bonilla, Soraya Vázquez Pesqueira, Ma. Dolores Ruíz, Silvia Reséndiz Flores, Lilia Antonia León Medina, Vianka R. Santana, Beatríz Ledezma Mariñez, Christian Rojas Rojas.

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Estados Unidos

La mercantilización del voto: publicidad electoral en redes sociales

Raúl Magallón Rosas

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MADRID, 30 oct 2020 (IPS) – Tradicionalmente, se ha dicho que las campañas electorales sirven para persuadir a votantes dudosos o posibles simpatizantes. Pero la aparición en escena de Cambridge Analytica, ha demostrado que las campañas pueden ser muy eficaces para disuadir a posibles votantes e indecisos de ir a votar. Sobre todo, en escenarios en el que un porcentaje de indecisos tan elevado decide su voto en la última semana.

Cambridge Analytica es la consultora que, con el beneplácito de Facebook, extrajo millones de datos durante las campañas de 2016 en Estados Unidos y del Brexit

En 2016, el equipo de campaña de Donald Trump pudo descubrir, gracias al análisis de seguidores de una serie como The Walking Dead, que a sus espectadores les preocupaba la inmigración. Con esta información, segmentaron sus mensajes y anuncios políticos en Facebook: enviaron mensajes específicos a los fans de The Walking Dead.

El dinero con que cuenta cada campaña es determinante, especialmente en este contexto. Pero, ¿hasta qué punto suponen las campañas actuales una mercantilización del electorado?

Biden y Trump, 2020: Entre 89 y 93 millones de dólares en Facebook

Desde el 1 de enero de 2020, la candidatura de Joe Biden ha gastado más de 93 millones de dólares en publicidad y anuncios políticos solamente en Facebook, cifra algo superior a la gastada por el equipo de campaña de Donald Trump. Esto supone cientos de versiones de anuncios segmentados por perfiles circulando en las redes sociales.

Para entender cómo ha evolucionado la importancia de esta estrategia de comunicación política, hay que recordar que en 2008 la campaña de Obama gastó alrededor de 8 millones de dólares en anuncios en Internet. De ese monto total, solamente 500 000 dólares se destinaron a Facebook.

¿Qué se considera publicidad electoral?

Lo que se entiende por anuncio político varía dependiendo de la plataforma tecnológica donde se emite y de los países.

En el informe de transparencia de Google sobre anuncios electorales en la Unión Europea (UE) se incluyen como tales “anuncios en los que aparecen partidos políticos, actuales dirigentes electos o candidatos a cargos del Parlamento de la UE, cargos nacionales electos de un Estado miembro de la UE o del Parlamento del Reino Unido.

También se incluyen anuncios con un referéndum para votar, un grupo de campañas de referéndum, o un llamamiento al voto relacionado con un referéndum nacional o un referéndum de soberanía estatal o provincial”.

Informe de Transparencia de Google.

En la Unión Europea, por ejemplo, no se consideran anuncios electorales los anuncios de productos o servicios, incluidos los productos de merchandising político como camisetas, ni los anuncios publicados por medios de comunicación para promocionar su cobertura de referéndums, partidos políticos, candidatos o cargos electos en activo.

Propaganda y desinformación

Por otra parte, los intentos de desinformación a través de los anuncios en Facebook siguen formando parte de las estrategias políticas en muchos países. Según Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, la compañía bloqueó en el segundo trimestre de este año alrededor de 750 000 anuncios políticos en su plataforma que no cumplían con sus requisitos.

La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del régimen electoral general, son las distintas juntas electorales las que han de velar por la celebración normal de las distintas elecciones. El artículo 53 señala que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”.

Facebook.

Cómo funciona la publicidad segmentada

En los últimos años hemos visto cómo cada elección supone la actualización automática del software de la desinformación y la incorporación automática de nuevas formas, narrativas y formatos a las diferentes estrategias de propaganda digital.

La publicidad en Facebook es muy asequible y, debido a la segmentación, invisible para aquellos perfiles no deseados, salvo que se consulte su biblioteca de anuncios.

Desde 2 euros al día por anuncio, se pueden poner anuncios personalizados respondiendo a criterios como el sexo, la edad, la ubicación o los intereses. Anuncios que sólo veremos si cumplimos esos requisitos preestablecidos.

La responsabilidad de las empresas

Una encuesta del Pew Research señalaba que 54% de los estadounidenses defendía que las empresas de redes sociales no deberían permitir anuncios políticos. Hasta  77% consideraba que no es aceptable que estas empresas usen datos sobre las actividades en línea de sus usuarios para mostrarles anuncios de campañas políticas.

Por edades, cerca de 64% de las personas de más de 65 años se muestran de acuerdo con que no se permitan los anuncios políticos en estas plataformas. En cambio, poco más de la mitad de las personas de 30 a 64 años y 45% de las de 18 a 29 años comparten esta opinión.

Cada plataforma tiene sus propias normas

En septiembre de 2020, Facebook anunció que no permitiría nuevos anuncios la semana previa a las elecciones. Pero sí se permite que los anuncios políticos mientan.

Paralelamente, algunas plataformas han optado por no permitir ningún anuncio político como Twitter, LinkedIn, TikTok y Spotify. Por su parte, Reddit –que cuenta con su propia biblioteca de anuncios– o SnapChat prohíben los anuncios engañosos.

Google ha impuesto varias restricciones a la orientación de anuncios –también para Youtube– y para los anuncios segmentados solo se pueden usar datos como la ubicación, la edad y el sexo.

Empresas tecnológicas… ¿o actores políticos?

Sin embargo, en los últimos meses lo que más llama la atención no es la inversión que los equipos de campaña de Biden o Trump han hecho en Facebook sino que el propio Facebook, en los últimos 90 días, haya invertido más de 28 millones de dólares en anuncios orientados a movilizar la participación –además de más de 8 millones en Instagram–.

Facebook

La importancia de las redes sociales en este proceso electoral ha hecho que el debate se aleje ya de si deben ser consideradas empresas tecnológicas o empresas mediáticas. Ahora la cuestión gira entorno a si estas organizaciones han de ser consideradas actores políticos esenciales en la nueva esfera democrática.

Queda por ver si Facebook hace algo para controlar la publicidad electoral proveniente de otros países que puedan intentar contaminar el debate público. En este sentido, el papel de Rusia o China puede ser más visible que en anteriores elecciones.

Necesidad de una legislación específica

Regular los contenidos es algo muy diferente de legislar en torno a la forma en la que se presentan esos contenidos. Legislar en torno al discurso público, a sus contenidos y a la veracidad de las afirmaciones de o sobre los políticos es un debate necesario.

La realidad nos indica de forma clara que cuando se acaban aprobando “leyes anti fake news” se acaba limitando la libertad de expresión e información de periodistas, sociedad civil y voces “disidentes”.

Una legislación adaptada a una democracia digitalizada tiene que actualizar el papel de las campañas electorales. En este sentido algunas ideas pasan por:

  • La publicidad segmentada de los partidos políticos no puede –sirviéndose en la excusa de la campaña– apelar a las emociones y al voto útil a través de mensajes falsos.
  • Mayor transparencia. Conocer mucho mejor los criterios que hacen que seamos objetivo concreto de un anuncio político.
  • Sería recomendable que Facebook tuviera un papel más estricto a la hora de respetar la jornada de reflexión y no permitiera que partidos y candidatos siguieran promocionando sus mensajes más allá de lo previsto por la ley.
  • Establecer unos límites sobre los perfiles y las segmentaciones que se puedan hacer de los anuncios políticos. Y decidir si más allá de la edad, el sexo o la ubicación, se puede usar una segmentación por ideología, intereses, hobbies, eventos, grupos, páginas seguidas, etc. para exponer anuncios políticos.

Se trata de debatir sobre si esta publicidad segmentada simplemente forma de un nuevo ecosistema económico digital, o si no regularla puede suponer la mercantilización del voto. Es decir, un paso más en la confusión intencionada entre ciudadanos, consumidores y electores.

Es un debate importante que debería mantenerse más allá de las elecciones estadounidenses: son prácticas que seguirán utilizándose en procesos electorales en todo el mundo.The Conversation

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

Raúl Magallón Rosas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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