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Pronunciamiento de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos sobre incidentes en Rosarito
Cuerpos policiales desalojaron violentamente el plantón que bloqueaba la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en Playas de Rosarito
Incidentes en Rosarito, el pasado fin de semana / Foto: internet
Raúl Ramírez Baena / Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Con relación a los graves acontecimientos sucedidos hace tres días en la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, en el que policías de los tres órdenes de gobierno desalojaron violentamente a las personas que mantenían el bloqueo a dicha Terminal, en protesta por el incremento a los precios de las gasolinas, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), manifiesta:
1. Las acciones de desobediencia civil, como el bloqueo arriba referido, es el ejercicio ciudadano del derecho de reunión y asociación pacífica y respetuosa amparado por el Artículo 9º, segundo párrafo, de la Constitución federal;
2. La desobediencia civil tiene su origen en medidas tomadas por las autoridades, como los aumentos a los precios de las gasolinas, a los que se suman los aumentos al gas, a la electricidad y, en el caso de Baja California, al impuesto predial y al agua, sin consultar a la población afectada y sin ponderar sus efectos en los derechos fundamentales;
3. Rechazamos el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias, peor aun cuando proviene de las autoridades, que están doblemente obligadas a respetar y a resguardar la integridad física, moral y psicológica y la vida de las personas;
4. Por las imágenes profusamente difundidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, y por los testimonios de personas y periodistas que se encontraban en ese lugar a la hora del desalojo, las autoridades incurrieron en las siguientes probables conductas ilícitas, violatorias de los derechos humanos, en contra de las personas detenidas:
a. Uso excesivo de la fuerza, que atenta contra la integridad y la vida. Algunas personas, ya detenidas, fueron pateadas y golpeadas en el piso, en una demostración de brutalidad policíaca;
b. Detención arbitraria (sin flagrancia de delito, sin orden de aprehensión expedida por juez o sin oficio de urgencia administrativa expedido por agente del Ministerio Público);
c. Derecho al debido proceso de las personas detenidas (lectura de sus derechos, presentación inmediata ante la autoridad competente, permitirles hacer una llamada telefónica, acceder a abogado o persona de su confianza);
d. Derecho a la presunción de inocencia;
5. Adicionalmente y a reserva de conocer las declaraciones de los detenidos, falta conocer si algunas personas sufrieron actos de tortura física y/o psicológica y desaparición forzada;
6. La CCDH repudia y reprueba la agresión sufrida por un grupo de policías estatales preventivos de Baja California, a manos de una persona que conducía una camioneta pick-up que se lanzó contra los servidores públicos, para quienes deseamos una pronta recuperación, así como la detención del responsable y su consignación a la autoridad udicial;
7. Igualmente, rechazamos las agresiones sufridas en esos incidentes por 10 periodistas de la región, uno de ellos presumiblemente desaparecido por unas horas por las autoridades. Al margen de las lesiones que sufrieron los comunicadores y las afectaciones a sus equipos de trabajo, ello representa una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Todos estos presuntos delitos y violaciones a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y las víctimas deben ser resarcidas en las afectaciones sufridas.
Por las razones anteriores, la CCDH lanza un respetuoso exhorto al Presidente Enrique Peña Nieto, al Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y a los presidentes municipales de la entidad, para que se abstenga de permitir y tolerar actos represivos de las policías preventivas como el aquí referido, en los que, a vistas, los policías y sus mandos incurrieron en responsabilidad al actuar de manera descontrolada y sin aplicar estrictamente los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, como es su obligación constitucional.
Señalamos también nuestra sorpresa por la inmediatez con que Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reaccionaron ante la agresión sufrida por los policías en los eventos arriba relatados, prometiendo una expedita investigación y castigo al responsable. Sin embargo, no condenaron la brutalidad policial y las afectaciones a la libertad de expresión.
Finalmente, ante el rechazo masivo en todo el país a los aumentos a las gasolinas y ante la imposibilidad de encontrar canales de diálogo efectivo, el Ejecutivo y el Legislativo federal están obligados a escuchar y atender la demanda popular y a dar marcha atrás a dichos aumentos, por lo que nos sumamos al clamor de reformar la Ley de Ingresos 2017, como una señal positiva de gobernabilidad en aras del interés común y la paz social.
Por la CCDH: Daniel Solorio Ramírez, Raúl Ramírez Baena, Ma. Antonieta Robles Barja, Álvaro de Lachica y Bonilla, Soraya Vázquez Pesqueira, Ma. Dolores Ruíz, Silvia Reséndiz Flores, Lilia Antonia León Medina, Vianka R. Santana, Beatríz Ledezma Mariñez, Christian Rojas Rojas.
El periodismo indígena plantea construir un cambio verdadero del paradigma en el quehacer de la comunicación para visibilizar a las comunidades indígenas
Por Kau Sirenio
Twitter: @Kausirenio
El periodismo indígena es una herramienta para visibilizar a pueblos y comunidades desde su cosmovisión y estructura comunitaria, así como replantear el futuro de las lenguas maternas. El quehacer periodístico es el puente para fortalecer la cultura y la promoción de los derechos humanos.
En la agenda del periodismo indígena deben de estar los espacios virtuales que se involucran con territorio histórico, lugares legítimos de pueblos y comunidades, así como compartir experiencias, problemas y aspiraciones en el ámbito de la comunicación y la formulación de planes y estrategias de desinformación.
La prioridad debe ser el servicio de los intereses de las comunidades indígenas. Dignificar el escenario virtual en el que el periodismo indígena tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma capaz de encaminar y articular esfuerzos a escala local, regional e internacional.
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O sea, el periodismo indígena será el puente para contar las experiencias entre el mundo indígena y no indígena, pero en sus propios códigos lingüísticos y no en lenguas prestadas como ha sucedido hasta ahora, donde los periodistas de la ciudad hablan de los indígenas e interpretan o desinforman el contexto de las comunidades.
Luego entonces, el compromiso del periodismo indígena es una iniciativa de los periodistas indígenas de promover técnicas y métodos de comunicación desde las cosmovisiones y culturas de pueblos y comunidades. Así como informar los sucesos en que los sectores sociales están inmersos: el movimiento de los pueblos afrodescendientes y las comunidades campesinas.
Durante años las corporaciones periodísticas (racistas y clasistas) alimentaron el mito de la neutralidad periodística; sin embargo, esta creencia de los medios convencionales se desvanece. De ahí, el periodismo indígena debe estar de lado de las distintas luchas que pueblos y comunidades indígenas emprenden en contra de la opresión histórica. Así como lo definió De Sousa Santos: “Colonialismo, neocolonialismo, capitalismo, imperialismo, neoliberalismo que trataron de aniquilar sus culturas y diferencias”.
El matiz de periodismo indígena no es una versión romántica del periodismo convencional ni folklorista, como lo venden los medios corporativos que pretenden ser indigenistas, aunque en su línea editorial lo único que reproducen es el clasismo y extractivismo cultural. El planteamiento del periodismo indígena es construir un cambio verdadero del paradigma en el quehacer de la comunicación.
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En la actualidad, el desarrollo del periodismo indígena se enfrenta a desafíos y obstáculos que van desde lo económico, la formación de los reporteros, locutores y presentadores de la información en prensa escrita, radio, televisión, cine e internet. La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible. Es cuestión de empezar a tejer redes entre los comunicadores indígenas.
Planear la cobertura a corto plazo tiene que superar las dificultades que se presentan en la producción, organización y coordinación de los medios de comunicación de los pueblos y comunidades indígena. Apropiarse de espacios virtuales estratégicos en distintas plataformas digitales para informar los acontecimientos importantes en que están involucrados los indígenas y afrodescendientes.
Además, el periodismo indígena tiene que incidir en las agendas controladas por los medios corporativos de comunicación, para romper con los mecanismos mediáticos que reproducen el racismo, los guiones informativos y contenidos, no sólo respecto de los temas relacionados con la vida comunitaria, sino también temas de interés público.
Para conseguir la meta se debe fortalecer el periodismo indígena desde la pluriculturalidad e interculturalidad. El nuevo periodismo indígena tiene que pisar las aulas de las universidades para formar nuevas herramientas en las ciencias de la comunicación para que la información no sea una improvisación.
Pese a las promesas de diferentes gobiernos, los pueblos indígenas continúan en el olvido del sistema judicial en #México. 🇲🇽@KauSirenio analiza cómo la ubicación geográfica y falta de recursos económicos son obstáculos para el acceso a la justicia. https://t.co/9zWjT2gCoL pic.twitter.com/GssjaR9MEC
— Los Ángeles Press (@losangelespress) December 18, 2022
Es necesario definir nuevos elementos teóricos que permitan renovar las ciencias de la comunicación para cambiar la narrativa impuesta hasta ahora. La defensa y promoción de nuevas prácticas en la construcción de medios indígenas de comunicación debe fincarse en un nuevo tipo de periodismo, más incluyente y menos clasista.
Si no somos capaces de cuestionar las dinámicas actuales de los medios corporativos de comunicación, que se dedican a concentrar el capital y monopolizar la información, corremos el peligro de mirar una sola cara de la moneda. La apuesta es desafiar la monoculturalidad para construir el periodismo de pueblos y comunidades indígenas, donde entremos todos.
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Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?
Este martes empezó uno de los juicios más importantes de un alto exfuncionario público mexicano ante la justicia de los Estados Unidos. Se trata de Genaro García Luna, que tuvo puestos clave en los servicios de Inteligencia y seguridad pública durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, ambos de filiación del Partido Acción Nacional.
Sin embargo, no sólo durante los sexenios panistas de Fox y Calderón trabajó en el gobierno, también lo hizo en las administraciones previas, las cuales encabezaron los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, aunque en estos dos gobiernos no tuvo puestos tan altos como en los de sus sucesores.
¿Quién es Genaro García Luna?
Nació el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México, poco tiempo después de que su familia emigrara desde Michoacán. Él creció en la colonia Romero Rubio, un barrio pobre al norte de la Ciudad de México que colinda con el Estado de México, de acuerdo con el libro «El señor de la muerte», del autor Francisco Cruz.
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Es ingeniero mecánico de profesión, egresado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una de las universidades públicas con más prestigio en México. A los21 años, fue recomendado por el expresidente Salinas de Gortari como agente investigador del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). No se tiene claro si en algún momento ejerció como ingeniero.
En sus primeros años en el Cisen, todavía en el sexenio de Salinas de Gortari, monitoreó la actividad de grupos guerrilleros en México y opositores al entonces presidente. Ya en el sexenio de Zedillo, cuando cumplió 31 años, se integró a la extinta Policía Federal Preventiva. Un año después y, en el 2000, coincidiendo con la entrada de Fox como presidente de México, fue nombrado Coordinador de Inteligencia del CISEN bajo la dirección de Eduardo Medina Mora.
En el 2001, después de que un grupo de académicos y periodistas avalaran la no infiltración del narcotráfico en el CISEN, se autorizó el presupuesto millonario para la creación de la Agencia Federal de Investigación, de la cual Genaro García Luna fue nombrado titular. A partir de allí, se enfocó en el combate contra el secuestro, reclutando familiares de víctimas como activistas.
Para 2006, Calderón asumió la presidencia de la república y, entre su gabinete, lo nombró como nuevo Secretario de Seguridad Pública a nivel federal.
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¿Qué cargos enfrenta García Luna?
El extitular de la Secretaria de Seguridad Pública federal mexicana actualmente está acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de conspiración y tráfico de cocaína, además de declarar en falso a las autoridades migratorias. También se le ha señalado de proteger y beneficiar al Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Calderón en la llamada «guerra contra el narcotráfico».
A García Luna se le relacionó con el Cártel de Sinaloa, desde que el narcotraficante Jesús «El Rey» Zambada, hermano del «Mayo» Zambada e integrante de dicha organización criminal, testificó ante las autoridades estadounidenses de que García Luna recibió sobornos por al menos diez millones de pesos. El dinero, según la declaración del «Rey» Zambada, se lo entregó él mismo al exfuncionario.
En #México la corrupción e influyentismo de García Luna llevó a la Policía Federal Preventiva a ser una organización criminal ejecutora de venganzas.
Conoce el caso de Eduardo Gallo, un padre dolido por el secuestro de su hija. 👇🏼 https://t.co/rYn3ZRReJypic.twitter.com/0f5Ndm2sq5— Los Ángeles Press (@losangelespress) September 20, 2022
¿Cuál sería la sentencia de García Luna si es encontrado culpable?
Según reportes periodísticos, si el juez Brian Cogan -encargado del juicio del exfuncionario y al frente de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York– lo encuentra culpable podría ponerle una sentencia máxima de cadena perpetua.
La pena mínima que podría enfrentar si es declarado culpable es de 20 años de prisión. Es decir, si cumpliera su sentencia completa en Estados Unidos saldría cuando tuviera 74 años. Además, las autoridades mexicanas también lo han acusado de varios cargos criminales que tendría que enfrentar en ese país.
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La red en lucha
López Obrador destaca internacionalmente como Tirano del Año 2022 por ‘amenazas estructurales’ a la libertad de expresión
Los Ángeles Press
La revista británica Index of Censorship dio los resultados de su campaña Tirano del Año 2022, en la que destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aludiendo el editor a que «la gran cantidad de votos es testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión en México«.
Se indicó que sólo esta vez López Obrador es propuesto y votado para esta campaña, por lo que esperan que tome medidas para proteger la libertad a informar de los periodistas. La revista en su página web difunde la noticia con el siguiente comunicado:
«Es el momento que todos han estado esperando: el anuncio del ganador del concurso anual Tyrant of the Year (Tirano del Año 2022). Si bien la competencia fue dura, un líder se adelantó, de hecho, por una milla. Nuestro tirano del año para 2022 es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. López Obrador preside un país que tiene el dudoso honor de ser el país en el que más periodistas fueron asesinados el año pasado que cualquier otro.
Para saber más del tema: Quién y por qué se nominó a López Obrador cómo ‘Tirano del año 2022’
También es el país clasificado como el lugar más peligroso para ser un defensor ambiental, según Global Witness. El número de secuestros, agresiones y detenciones bajo su supervisión ha sido enorme. El clima de impunidad de México lo hace posible. López Obrador también se ha encariñado con los militares y Donald Trump y arremetió contra las mujeres, las ONG y el diario estadounidense The New York Times. La revista Forbes llamó a López Obrador “un desastre en derechos humanos”.
El oficial de políticas y campañas de Index of Censorship, Nik Williams, fue quien nominó a López Obrador para el premio, dijo: “La gran cantidad de votos para López Obrador es testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión en México que lo han convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas, fuera de una zona de guerra.
Y continuó diciendo que «por el bien de los periodistas, sus familias y colegas, así como de la sociedad mexicana en general, esperamos que López Obrador tome las medidas necesarias para proteger la libertad de prensa. Sólo ésta será la primera y última vez que sea votado como Tirano del Año”.
Cubrimos mucho a México en los años de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Observamos con alarma la escalada de violencia contra los periodistas en particular. Cuando López Obrador llegó al poder en 2018, lo hizo con la promesa de sacar al país de una cobarde espiral de delincuencia, corrupción y desigualdad. La gente se mostró cínica acerca de estas promesas en ese momento y es una pena ver que su cinismo era correcto. Como resultado, México permanece muy presente en el radar de Index y continuaremos cubriendo el país en nuestra revista y en línea«.
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