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¿Primavera legal en Túnez?

La primavera árabe protagonizada en Túnez vuelve a ser parte central de la vida pública, ahora con una nueva Constitución que permite vivir en libertad

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Mujeres en Túnez por la igualdad de derechos en la nueva Constitución. Foto: teinteresa.es

Antonio Hermosa Andújar*

¿Se viste nuevamente de color la primavera en Túnez? ¿Vuelve a ser el pequeño país norteafricano el primero de la clase en el mundo árabe, como cuando se dotara en 1861 de la primera Constitución y se colocara, junto a Egipto, a la vanguardia de su modernización? Cuando intelectuales, empresarios, sindicatos y demás portavoces de la sociedad civil coinciden con los políticos propios y las cancillerías extranjeras es que el río suena, y ya se sabe lo que sucede cuando el río suena. El punto de la coincidencia es la vuelta de tuerca experimentada por el país con la próxima aprobación de la nueva Constitución, que devuelve a los tunecinos el sueño de un futuro común en libertad y en paz, tan lejos de la anarquía libia, la guerra civil siria o el militarismo egipcio. De no ser por la sombra de incertidumbre, cada vez más densa, que arroja la formación de un grupo armado que se ha hecho fuerte en las montañas próximas a la frontera argelina, y la amenaza terrorista que ha dejado su impronta en algunos centros urbanos, se diría que Túnez se halla ante un futuro casi elegido a la carta.

La previsible aprobación en los próximos días de la nueva Constitución no sólo pondría en evidencia la capacidad de la sociedad para reconducir el inmediato pasado, que tenía a Túnez con un pie en Libia y el otro en Egipto, sino que además lo dota de un objetivo común e identificable: la democracia. También de esto abundan las pruebas. La lucidez y valentía de decir no a una situación que abocaba a la guerra civil se revelan ahora en la disposición de los enemigos a hablar y acordarse entre sí, a aprovechar las diferencias interpartidarias de un lado, y las intrapartidarias de otro, para enfatizar lo común sin renegar de lo específico, a rehuir la violencia cuando los conflictos surjan, a renunciar a pretensiones hegemónicas por respeto a las minorías, o a evitar que la religión deshaga la política.

Encarnación de esa racionalidad y ese coraje lo sería el art. 6 del mentado proyecto constitucional, que “garantiza la libertad de conciencia y de creencia, y el libre ejercicio del culto”, una novedad radical allá donde el islam impera. En teoría, pues, se proclama la igualdad y consiguiente tolerancia de las diferentes confesiones religiosas; no se aplica al ateo el ostracismo moral que suele acompañarle allí donde manda alguno de los tres dioses únicos por boca de sus comandos, e incluso Alá se puede encontrar un día con la sorpresa de que alguna de sus ovejas ha descarriado al cambiarlo por otro de la competencia y no sólo no puede arrojarlo al fuego, con la debilidad que él siente por estas cosas, sino que debe respetarlo: la apostasía, en efecto, pasa a convertirse en derecho personal desde el momento en el que la libertad se extiende al culto.

Pero hay otras manifestaciones de tales racionalidad y coraje aparte del recién señalado: la proclamación de un Estado aconfesional se manifiesta en “el carácter civil basado en la ciudadanía, la voluntad del pueblo y la primacía del derecho” que se le atribuye (art. 2), o en el reconocimiento del pueblo como depositario de la “soberanía, fuente de los poderes” (art. 3), que exilia a la Sharía de su condición de fuente suprema del Derecho en los países de tradición musulmana. Junto a dicha manifestación jurídica cabe alinear alguna otra política, como el hecho de ser fuerzas de confesión musulmana las que, en apariencia al menos, aprueban mayoritaria y públicamente los artículos citados en aras de la convivencia pacífica y libre de todos los ciudadanos tunecinos, despojándose así consciente y voluntariamente de algunos cromosomas totalitarios presentes en su DNA; o como que el principal partido actualmente en el poder –que en realidad gobierna en coalición con dos partidos satélites minoritarios-, el Ennahda, la versión tunecina de la cofradía egipcia, haya renunciado a proseguir su mandato y aceptado en cambio su sustitución por un partido de tecnócratas al mando del actual ministro de economía, con el fin exclusivo de conducir el país a la celebración de elecciones presidenciales y legislativas antes del otoño.

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La primavera árabe en Túnez en 2011. Foto: AP

¿Qué garantías hay de que el proyecto político contenido en ese jardín de rosas se haga realidad? El optimismo ambiente parece haber invadido la escena pública y se consolida de manera definitiva, según parece, cuando escuchamos la voz de los ciudadanos tunecinos expresándose sobre las delicias de la libertad: cómo ésta recrea un mundo nuevo, en el interior de las personas como en el de las ideas, dilatando el que hay por caminos que antes la represión, la censura y el miedo no dejaban ver ni hubieran aceptado querer. Aun así, conviene ser cautos en extremo. En primer lugar, porque no hay rosas sin espinas, y son cosas bien distintas, por mucho que el derecho contribuya a transformar la realidad, las libertades y la secularización proclamadas por la norma constitucional y su desarrollo en un contexto sociológico dominado por el poder de la tradición. Sin contar con que la letra de las normas tiene que habérselas con la letra de otras o con otras letras de las mismas normas y no siempre casan bien: el Estado tunecino no profesa el Islam pero la sociedad tunecina sí (art. 1); y ese Estado que no profesa religión alguna es declarado sin embargo (art. 6) “garante de la religión”, una fórmula en grado de llegar a ser tan vacía como para dejar en manos de quien gobierne el uso que se haga de ella. Añadamos que el artículo 1º de la futura Constitución reproduce el 1º de la de 1959, que si bien sirvió para mantener a Túnez independiente no lo rescató para la democracia: no confesional, sí, pero autoritario.

La idea misma de establecer un gobierno de técnicos apunta mucho de positivo, pero la explicación que Rached Ghannouchi, líder de Ennahda, da de ello le permite mentir con la verdad; así, al tiempo que alaba la decisión de salir del gobierno y la justifica en una “elección ética” por cuanto lo abandonan sin haber sido derrotados electoralmente, se permite el lujo de sufrir un ataque provisional de amnesia respecto de los desmanes cometidos por su grupo durante los dos años de dirección del gobierno. Y algún mal pensado llegará quizá hasta creer que el espíritu que llevó a acuerdos como ése, de ser sincero, habría podido llevar igualmente a la creación de un gabinete de coalición con la oposición, máxime al tratarse de un gobierno habilitado exclusivamente para preparar elecciones; y que desaprovechar una ocasión así, que además de mostrar vivo el espíritu de unidad otorgaría mayor legitimidad al nuevo gobierno de la que le da el ser un gobierno de tecnócratas, quizá esconda alguna actitud inconfesable.

Por último, cabe asimismo dudar acerca de la lealtad de los partidos musulmanes a los acuerdos, y no sólo porque no todos los quieren, dado que, como bien dice uno de sus clérigos sectarios, miembro de la Asamblea, los derechos establecidos facultan a los “discípulos de Satán” a propagar su veneno por el conjunto de la sociedad. Sino, sobre todo, porque Ennahda –al decir de Kamel Jendoubi, cofundador del Comité para el respeto de las libertades y de los derechos del hombre en Túnez- en 2008 no sufrió sobresalto alguno para suscribir el documento del Colectivo 18 de octubre a favor de las libertades, y luego se saltó su palabra a la torera e intentó islamizar el Estado en cuanto llegó al poder y el viento internacional –la victoria de sus congéneres egipcios y la financiación por el cavernario régimen qatarí- le era favorable.

Por lo demás, la realización del sueño legal expuesto depende de otros factores aún más delicuescentes que los recién citados. Ante todo, de los factores subyacentes al mismo, pues la colaboración que llevó a los acuerdos o el resultado de los mismos no proviene en ningún caso de un repentino ataque de democratitis experimentado por los partidos musulmanes, sino que fue el producto de las protestas masivas de los revolucionarios tunecinos que un día se vieron obligados a intentar una segunda revolución para reinstaurar la primera: la misma que había sido traicionada por los hoy tan demócratas que gestionaban el poder. La sociedad civil se rebeló contra el intento de hacer de Túnez un segundo Egipto, al igual que los propios egipcios lo harían después en su país y con un resultado en parte similar: la detención del proceso político en curso y su sustitución por otro. Aunque difirieran espectacularmente en el desenlace: en Egipto el pasado se hizo carne con el Ejército, un habitué político desde el siglo XIX, y en Túnez se llegó a las negociaciones que con tanta esperanza ilusionan. Que Ennahda no tuviera el poder de aplastar la oposición, que no haya un tercero en discordia, como el ejército, y la lección derivada del fracasado intento totalitarista emprendido por sus cofrades egipcios han sido determinantes para la conversión laica de la camada de Alá.

Con todo, demos por buena tal conversión; aceptemos que la confesión de impotencia que es para todo autócrata el sentarse a negociar se ha tornado en disposición a hacerlo, como si el acto mismo de la negociación hubiera obrado el milagro de seducir al negociador a pesar de sus prejuicios o de su ideología. ¿Hasta cuándo durará el hechizo, hasta cuándo resistirá el buen musulmán el ataque que él mismo está prodigando a su religión practicando la democracia? Porque, si observamos atentamente el significado del fenómeno, un musulmán que acepta la privacidad de la religión, la tolerancia donde el islam es mayoritario, la crítica racional al valor de la tradición, etc., es un musulmán que, en parte, está dejando de serlo: ¿hasta cuándo, pues, estará dispuesto a transigir? Porque será entonces, y sólo entonces, cuando adquiera vigor esa distinción tan en boga entre la progresía que distingue islam e islamismo, como si el primero fuera inocente respecto de la violencia del segundo. Sólo entonces será posible pensar en la coexistencia de islam y democracia.

Así pues, el peligro de una guerra civil dista de haber sido conjurado en Túnez, si bien la mera declaración formal de aceptación de la libertad amplía eo ipso la consolidación de la misma. No obstante, se habrá de conceder al tiempo, ese chivato privilegiado de todo lo oculto, un plazo prudencial que nos capacite para, observando el comportamiento de los diversos actores, elucidar finalmente sus intenciones.

 

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Marruecos: Pacto Mundial sobre Migración

Marruecos es la sede donde se reúnen más de 150 países para firmar el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular, para dar salida a crisis humanitarias

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Raúl Ramírez Baena

Hace 70 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó en París la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, documento magno que dio origen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Declaración se propone como ideal común de la humanidad, la consecución de la libertad, la justicia y la paz, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, e inscribe dos principios fundamentales: la UNIVERSALIDAD y la PROGRESIVIDAD de los derechos humanos.

En este marco, la ONU ha convocado en Marruecos a los países miembros a debatir el acuerdo global sobre migración, llamado “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” (cuyo acuerdo inicial, a excepción de los Estados Unidos de América, fue aceptado en julio para su discusión los días 10 y 11 de diciembre), teniendo como objetivo “ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados.”

Como una manifestación de “aporofobia” (rechazo al pobre), países industrializados de Europa occidental y de Norteamérica no simpatizan con este Pacto Mundial, países de destino de la migración, que han girado sus políticas económicas hacia corrientes nacionalistas, conservadoras y proteccionistas de su planta laboral y mano de obra nativa, en contraste con la Globalización y el liberalismo del mercado, hoy en declive.

Son destacables las posiciones de Donald Trump, del Brexit en Inglaterra, de la Ley de Extranjería en España y de los duros controles migratorios en Sudamérica, en Alemania y en los países de Europa del Este, que bloquean y criminalizan la migración masiva de los países en crisis.

Recientemente, se calcula que 68 millones de personas desplazadas han salido de sus países, provenientes del Medio Oriente y de América Latina y el Caribe, huyendo de la pobreza y de los fenómenos naturales, pero más, de la guerra y de la violencia que los asola.

Este Pacto constituye el primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional; “refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Se busca cambiar las políticas de rechazo y criminalización de la migración hacia una visión más positiva y propositiva donde todos los países ganen, los de origen, los de tránsito y los de destino de la migración.

Hay algunas metas genéricas del Pacto como la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes como última opción y reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación.

Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario.

Además, los Estados que suscriban el Pacto prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes enfrenten un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos, como es el caso de los hondureños hoy refugiados en México en espera de la resolución de asilo en los Estados Unidos de América

Destaco dos cosas en lo que se refiere a México: primero, en razón de su campaña de reelección, la no adopción por Donald Trump de este mecanismo mundial, impidiendo entre otras cosas ayudar a resolver la crisis de los migrantes centroamericanos en la frontera con Tijuana (crisis que, por el contrario, ha exacerbado), éxodo cuya responsabilidad recae en las políticas económicas, sociales y de seguridad impuestas por los EUA en América Latina y el Caribe.

Por otro lado, la muy lamentable posición intolerante, xenófoba y racista (no les gusta que les digan así) que sin el menor recato y análisis de contexto ha asumido buena parte de la población tijuanense, que denota una deficiente cultura de los derechos humanos y una falta de sentimientos de empatía y solidaridad para con los migrantes hondureños, a quienes se ha rechazado, discriminándolos y estigmatizándolos negativamente.

Según Juan José Gómez Camacho, embajador de México en la ONU, “los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria en los países donde están trabajando. Las remesas representan un 15% de los ingresos del migrante; el otro 85% se queda en el país de destino”. Además, existen hoy 250 millones de migrantes que representan un 3,4% de la población mundial, que contribuyen con un 9% del PIB mundial con casi 7 trillones de dólares al año.

Por lo pronto, el Canciller Marcelo Ebrard se encuentra ya en Marruecos asistiendo al Pacto Mundial sobre Migración. Doy por seguro que México suscribirá este importante acuerdo y que se traducirá en una política migratoria humanitaria, no criminalizante.

Fotografía:  El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez Castrejón, saliendo de la conferencia. (Tomada de su perfl de Twitter).

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Vivir sin miedo, la explotación sexual en el tránsito a Europa

La migración de africanos a Europa para salvar sus vidas de la violencia de dictaduras y miseria enfrenta la explotación y violencia sexual a niñas y mujeres

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Por J. Marcos y Ma. Ángeles Fernández
@desplazados_org

MADRID.- La nigeriana Juliet nunca llegó. Su camino fue siniestro y la meta, imposible. Murió en el mar, con su hija, huyendo de la organización que le obligaba a prostituirse. Su tránsito a Europa es otra historia más teñida por la explotación sexual. Partió de Nigeria, cruzó Benín y llegó a Bamako, la capital de Malí, donde la obligaron a vender su cuerpo. Sus planes hacia una vida mejor nunca imaginaron la esclavitud.

No hay imágenes de mujeres saltando las concertinas de Ceuta y Melilla, esas mallas de alambre que seis metros por encima culminan en afiladas cuchillas. No las hay porque, según confirman los registros, ellas no intentan saltar la valla. Apenas se conocen unas pocas excepciones. Pero la ausencia de espinas metálicas no evita que niñas y mujeres ingresen en Europa a través múltiples fronteras que también rasgan sus cuerpos y sus vidas.

Su entrada al territorio europeo se produce sobre todo a través de embarcaciones o a nado, con Almería, Motril, Cádiz, Ceuta y Melilla como los principales puntos de llegada en el caso del Estado español. Y ahí ya sí que existen fotografías, incluso de embarazadas y con bebés en sus brazos. Pero el mar es apenas el penúltimo obstáculo fronterizo en su camino.

“En Bamako es horroroso. Allí comienza lo que será tu vida en Europa. Te tienes que acostar con todos los hombres que quiera el connection man [también conocidos como captador, pasador o patrón] y no hay preservativos y hay muchas enfermedades”, cuenta Precious en la investigación Vivir sin miedo, publicada por CEAR-Euskadi.

Habla Precious, pero bien se podría hablar de las congoleñas Charlotte (“en la frontera es obligatorio acostarse con policías marroquíes y argelinos. Me han violado delante de la niña”), Hope, Dorcas y tantas otras mujeres que encuentran barreras, violencia y agresiones físicas y sexuales en un trayecto que nunca imaginan tan cruel.

Fronteras blindadas

El blindaje de las fronteras europeas se traduce en el surgimiento de vías alternativas, rendijas del sistema que se traducen en el incremento de las violencias para las migrantes. El tránsito de personas no merma mientras sí crecen los peligros e inseguridades. FRONTEX, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembro, lidera en el ámbito europeo las variadas estructuras para la vigilancia y el castigo, encargadas de la violencia en las líneas divisorias: patrulleras, estancias de detención en terceros países, devoluciones en caliente, Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), acuerdos de readmisión, vuelos de deportación.

Solo en 2016 y solo por la llamada Frontera Sur, que apenas concentra el cuatro por ciento de las entradas irregulares en la UE, llegaron a España 14.128 personas. De ellas, cerca de 1.500 mujeres, 65 embarazadas. Y más de un millar de niñas y niños. Los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se completan con 295 muertes, que se elevan a más de 5.000 ampliando el área a toda la frontera mediterránea del bloque comunitario, la ruta más mortal del mundo y eso que se desconocen las cifras que deja la travesía por el desierto norafricano.

“En el camino he trabajado de chacha, he cuidado cabras, he sido víctima de violaciones y como resultado de ellas he tenido un embarazo. Cuando di a luz no tenía ni dónde dormir. Soy una mujer llena de cicatrices, cicatrices de mis deportaciones al desierto, del camino, de todas las violaciones. He sufrido mucho y eso ha dejado señales en mi cuerpo y en mi alma”, cuenta Charlotte y recoge Vivir sin miedo.

El endurecimiento de las condiciones de entrada infringe un golpe extra a las niñas y las mujeres, tal y como atestigua la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Vasco (CEAR-Euskadi): “En estos contextos de militarización, el sistema de dominación patriarcal se refuerza, haciendo más profundas las desigualdades de género. Las mujeres y las niñas se ven expuestas a las relaciones de poder, dominación y abuso sexual por parte de personas en tránsito, por las fuerzas de seguridad y control fronterizo, y por las redes de trata de personas”. Las redes de tráfico y trata de seres humanos se convierten con frecuencia en su única llave de entrada a Europa, en el sacrificio necesario para escapar del sufrimiento en sus países de origen: el conflicto armado, el matrimonio forzado, la mutilación genital o el terrorismo son algunas de las razones que les obligan a migrar. Sin duda el género es un motivo de marcha.

Los embarazos y abortos forzados también funcionan como control de los cuerpos en ese purgatorio migratorio. “Muchas no conocen el significado del término ‘violación’ y tampoco tienen el mismo concepto del embarazo y del aborto que manejamos en Europa. Las redes no les facilitan anticonceptivos, sometiéndolas a prácticas sexuales de alto riesgo y obligándoles a interrumpir sus embarazos en condiciones de extrema insalubridad. Pero también les obligan a gestar cuando lo consideran conveniente para alcanzar Europa”, añaden desde Women’s Link Worldwide. Esta violencia reproductiva en ocasiones termina con la apropiación de su maternidad, con los bebés al servicio de sus fines, tal y como denuncian desde el colectivo Caminando Fronteras.

La trata, una parte del tránsito

“La posibilidad de emprender un proceso migratorio sin sufrir violencia sexual o acabar en manos de las redes de trata es casi inviable para quienes vienen de África subsahariana”, añaden desde CEAR-Euskadi. Nigeria es, por cierto, el país de origen que, según sus datos, presenta los peores registros: en 2016, más de 40 mujeres nigerianas han sido atendidas en el País Vasco por la organización de refugio con síntomas de haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual.

De acuerdo con Women’s Link Worldwide, en la travesía aparecen figuras tan controvertidas como el ‘marido del camino’, una especie de ‘protector’ que ‘cobija’ a las mujeres a cambio de ejercer de esposas sexuales, pudiendo además estar vinculado con redes de trata.

Las evidencias recogidas confirman que gran parte de las que transitan por la Frontera Sur son víctimas de estos entramados, como sucede por ejemplo con quienes llegan al CETI de Ceuta, según recoge Amnistía Internacional. Porque las que consiguen llegar no escapan a la vulneración de sus cuerpos: la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estima que 140.000 niñas y mujeres sufren trata con fines de explotación sexual en Europa. Los guarismos en el Estado español tampoco son mejores: el año pasado se han detectado el 12.419 personas en riesgo de explotación sexual (la mayoría, entre el 80 y el 90 por ciento, de origen extranjero), a pesar de que únicamente se identificaron 591, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Rumanía, Nigeria y China son los principales países de captación.

Un derecho de asilo condicionado

Todos estos hechos, que podrían dar pie a establecer un protocolo especial en la frontera, no brindan para las mujeres la opción preferencial de ser refugiadas ni de recibir protección, pues no son consideradas como un grupo de especial vulnerabilidad. Hasta 2016, apenas seis personas (cuatro mujeres y dos menores) recibieron protección internacional por esta haber sido víctima de trata en el Estado, si bien es cierto que en el último cuatrimestre del pasado ejercicio el Ministerio del Interior se la concedió a 19 africanas, cuentas que refleja CEAR-Euskadi en #Refugiadas. La trata con fines de explotación en el contexto de militarización y cierre de fronteras, asegurando sin embargo que “aún es pronto para ver si esta protección se afianza o se circunscribe a circunstancias especiales de carácter político”.

Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual justifican para la legislación un motivo de marcha

La legislación española vigente (Ley de Asilo de 2009) por primera vez incluye expresamente como causa de asilo la persecución por motivos de género y orientación sexual, pero ninguna de estas dos causalidades tiene el mismo nivel de protección de la que gozan otros motivos de persecución como la raza, la religión, la nacionalidad, el grupo social y las opiniones políticas. Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual pueden dar origen a la aplicación de la legislación, siendo necesarias otras circunstancias que justifiquen la salida de los países de origen. Todas estas solicitudes suelen ser rechazadas sin un estudio individual.

Además, esta normativa excluye a las personas comunitarias, así como a las que procedan de un país considerado seguro. En definitiva, denuncia CEAR-Euskadi, “son muy pocas las mujeres que, superados los obstáculos, acceden al procedimiento de protección internacional”. El Defensor del Pueblo recoge en uno de sus informes esta realidad: en 2015 y en la primera mitad de 2016 no hubo resoluciones favorables a la concesión del estatuto de refugiado o protección subsidiaria a las víctimas de trata.

Y cuando las autoridades aceptan revisar las peticiones de estas mujeres, el camino sigue cuesta arriba, subrayan desde la delegación vasca de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “El miedo a exponer su verdadera situación, especialmente cuando aún se encuentran bajo la influencia de la red, las lleva a ocultar información o a mentir sobre su procedencia y sobre los motivos de persecución. Como consecuencia, sus solicitudes son inadmitidas o denegadas por inverosímiles o incoherentes”.

Fuente: publico.es

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Por Helena Maleno, defender a quien defiende

La activista de derechos humanos Helena Maleno es obligada a comparecer ante juez en Tánger, Marruecos, por supuesto delito de tráfico de personas al salvar vidas de migrantes y evitar que murieran ahogadas en el Estrecho.

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Marta Abiega*

El apremio nunca fue una fuente de inspiración, pero hoy la urgencia llama a mi puerta ante el enjuiciamiento de la defensora de derechos humanos Helena Maleno por los Tribunales marroquíes.

El 16 de octubre cogí un autobús a Gasteiz con un solo propósito, conocer a Helena Maleno que comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. En mi bolsa, un mensaje “Mundu berri bat daramagu bihotzean” (Llevamos un nuevo mundo en el corazón), y un regalo, un pañuelo de Ongi Etorri Errefuxiatuak, en la completa seguridad de que si a alguien le iba a sentar bien ese pañuelo amarillo que da la bienvenida a las personas migrantes y refugiadas, ésa era Helena, la voz de las que no tienen voz, el grito valiente de las mujeres que desafían el Mar de Alborán en busca de una vida mejor, el dedo acusador de las criminales políticas de la Unión Europea, una ACTIVISTA con mayúsculas, de unos derechos que cada vez son más inhumanos.

Helena es la piedra en el zapato de Zoido, el “pepito grillo” en la conciencia inexistente de tanto Guardia Civil de Fronteras con una sospechosa entrega y dedicación a su trabajo. Pero corren malos tiempos para las defensoras de derechos humanos en el mundo.

La externalización es un mecanismo muy utilizado a muy distintos niveles. Abrumadas ante tanta crueldad humana desplegada por nuestros gobiernos, externalizamos la culpa y olvidamos que por acción u omisión también tenemos responsabilidades en las decisiones que toman.

El Gobierno Vasco recurre a la incompetencia, a mi juicio en sus dos acepciones, para externalizar su culpa ya que, con su apoyo a los presupuestos del PP, demuestra una importante capacidad de presión que ejerce en nombre de intereses económicos, pero en ningún caso en nombre de intereses humanos.

El gobierno del estado externaliza sus culpas en relación al incumplimiento de las cuotas de personas refugiadas responsabilizando de ello a una burocracia ajena a su voluntad. Al mismo tiempo deniega la posibilidad de petición de asilo de determinadas nacionalidades en las fronteras y establece mecanismos draconianos e ilegales como las devoluciones en caliente, haciendo oídos sordos a los tribunales de la Unión Europea y redefiniendo a su antojo la palabra “legalidad” con subterfugios que a nadie engañan.

Sus tribunales de justicia, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional, descartaron investigar a Helena Maleno al no ver indicios de delito en sus llamadas a salvamento marítimo alertando de pateras a la deriva. Así pues, han decidido externalizar la injusticia, al igual que el control de fronteras, jactándose de demócratas y acusando de falta de democracia a monarquías amigas que engordan con la sangre de una ciudadanía que está más que harta de tanta connivencia.

El intachable historial de Helena Maleno como defensora de los Derechos Humanos en la frontera sur de España y el hecho de que la Audiencia Nacional archivara la denuncia interpuesta por la Policía Nacional deberían ser suficientes para el sobreseimiento de este juicio-farsa en el país vecino norafricano.

Por si alguna persona tiene dudas de cómo los derechos humanos se utilizan como moneda de cambio, sabemos que la política de fronteras se vuelve más o menos beligerante en función de los acuerdos económicos que tenga que firmar la monarquía marroquí con su homónima española. La externalización de las fronteras tiene un precio muy alto, pero el que me preocupa en este momento no es el económico, sino el precio de las personas víctimas con sus nombres y sus apellidos.

Me estremezco, Helena, ante tanta frivolidad cotidiana cuando te oigo decir que acompañas en la identificación de los cadáveres en las morgues y me pregunto cómo sobrevives a esa experiencia. Ahora sé que es porque hiciste todo lo que estaba en tus manos para que no ocurriera y aun así ocurrió.

Por todas las personas que has salvado con tus llamadas de socorro y también por aquellas que no conseguiste salvar a pesar de esas llamadas. Porque contigo aprendí la importancia de poner nombres a las víctimas y la de comunicar a sus familiares esas tragedias –para mí asesinatos– más cotidianas de lo que quisiéramos. Por Patience, Bebe, Dalloba, Aminatou, Clemence, Melville y Karmeline, que en septiembre murieron ahogadas después de que una patrullera española frenara el paso de su patera con el objetivo de que fuesen alcanzados por la Marina marroquí para proceder a su devolución a Marruecos. Por todas nosotras que también morimos con su muerte. Por los familiares de las víctimas de Tarajal que siguen pidiendo una justicia que no debería entender de fronteras, clases ni colores. Por la tristeza que nos produce esta injusticia. Porque todas somos Helena Maleno. Lucharemos juntas sin dejar que nos venzan. Sabemos que estamos en el lado correcto, el lado de los derechos humanos.

 * Colaboradora de Pikara Magazine

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