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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

PRI Tabasco exigido a aclarar créditos por 40 mdd

El candidato perdedor a gobernador por el PRI Tabasco ahora deberá aclarar recursos por 40 mdd dados en créditos para supuesta obra pública

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Jesús Alí de la Torre, candidato perdedor del PRI de Tabasco Foto: veracruzanos.info

Por Michelle Gastélum

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Una nueva denuncia cae sobre el Partido Revolucionario Institucional. Ahora se trata del ex candidato a gobernador por la coalición PRI, PVEM y PANAL, Jesús Alí de la Torre, quien será obligado a aclarar el destino de 520 millones de pesos ($39.543,726.24 dlls.) de dos créditos que solicitó cuando fue alcalde del municipio de Centro, según demandó el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Juan José Peralta Fócil.

En un medio local, el priista Alí de la Torre explicó que antes de separarse de la alcaldía de Centro para buscar la candidatura a gobernador, en diciembre de 2011, solicitó los créditos con la autorización del Congreso del Estado, uno por 60 millones de pesos y otro por 460 millones para diversos proyectos de drenaje, agua potable y obra pública, incluyendo remodelaciones de la Plaza de Armas, Centro Histórico y parque Benito Juárez de esa ciudad.

Sin embargo, el diputado del PRD, Peralta Fócil señaló que no se ve esa obra, lo único que ha encontrado es el reclamo de la gente «porque las obras no fueron efectuadas, y algunas a medias. El diputado perredista pidió que se aclare esta «serie de anomalías que dejan ver que los recursos no fueron debidamente invertidos», especialemtne porque los créditos fueron aprobados en diciembre de 2011 por el Congreso del Estado, y el priista Alí de la Torre fue designado por su partido como candidato a gobernador el 19 de enero de 2012.

Se presume además que en estos meses de campaña, el priista no tuvo tiempo de supervisar las obras ni de ponerlas en marcha tal como lo dijo ante el Congreso, por lo que se ha pedido oficialmente se demuestren los gastos de esos créditos. Enfatizó el perredista que por ley, está obligado el  ayuntamiento de Centro a entregar trimestralmetne un informe detallado de los gastos al Congreso del Estado, y no se ha cumplido a siete meses de haberse otorgado.

Peralta Fócil fue uno de los diputados que se opuso en la Cámara de Legisladores a la aprobación de esos créditos. Insistió en que el gobierno de Alí de la Torre ha estado pidiendo para supuestos proyectos ejecutivos, que debieron ser realizados por la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento, y no se ha cumplido.

El diputado de Izquierda dijo que además no se fundamentó la realización de esas acciones, sino que en los documentos sólo se mencionó de forma «literal» donde se iban a llevar a cabo las obras. Para el diputado se trata de un desvío de recursos más aprobado por la mayoría del PRI en el congreso, y que habría utilizado para su campaña a gobernador.

De cinco municipios con mayor adeudo, cuatro del PRI

El punto de acuerdo entre el entonces presidente municipal Jesús Alí de la Torre y el Congreso del Estado, con fecha del 12 de mayo de 2010, destaca que el crédito «Se autoriza al Municipio de Centro, Tabasco, para que contrate uno o varios créditos con una o varias instituciones financieras hasta por la cantidad global de $460’000,000.00 pesos (35 millones de dlls), más reservas, comisiones, accesorios, y gastos financieros relacionados con la contratación del o los créditos».

Pero para mayo de 2011, ya eran cinco municipios del estado los que mantenían el mayor endeudamiento público del estado por casi 503 millones de pesos ($42, 585 550.00 mdd) con instituciones crediticias como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Se trata de los municipios de Balacán (PAN), Comalcalco (PRI), Cárdenas (PRI), Centla (PRI) y el Centro (PRI). Del total del adeudo contraído durante 2010 y 2011, por estos cinco municipios, el 65 por ciento correspondió al municipio de Centro, según datos proporcionados por los ayuntamientos a través del Sistema Electrónico INFOMEX.

Según el ayuntamiento de Centro, solicitó en 2010 dos préstamos a Banobras. El primero fue autorizado el 23 de agosto por un monto de 460 millones de pesos para inversiones de obras públicas productivas y se le dio un plazo de máximo para pagar de hasta 120 meses. Un segundo crédito otorgado por Banobras fue el 2 de diciembre de 2010, cuando se autorizaron otros 51 millones 661 mil 999.89 pesos (4 millones de dólares) para pagarse a 24 meses.

 

Con información de El sendero de fecal

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Justicia de EEUU presenta miles de grabaciones y evidencias contra Genaro García Luna

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó nuevas pruebas en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, durante la presidencia de Felipe Calderón, que demuestran que trabajaba para el Cártel de Sinaloa, lo que permitió a este grupo la expansión criminal.

Recientemente informó a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, que integrará otras 4,900 grabaciones de testigos al expediente criminal en contra de García Luna.

El documento firmado por el fiscal federal, Breon Peace, anota que al expediente del exfuncionario agregará también otras 7,500 páginas en evidencias que lo implican con el narcotráfico en México.

“Con base a los materiales actualmente en posesión del gobierno, anticipamos que produciremos 7,500 páginas adicionales de un folio de materiales de 3,500, también aproximadamente 5 aparatos electrónicos y aproximadamente 4,900 audios de testigos cooperantes”, indicó el fiscal Peace a la Corte en Brooklyn.

Las nuevas pruebas son un complemento de lo que desde 2019 ha venido presentando a la Corte el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra García Luna, entre las que hay grabaciones de audio, videos, computadoras con información y documentos financieros; todo esto recopilado por los fiscales estadounidenses, de México, Colombia, Panamá y otros países.

Entre las acusaciones que pesan sobre el también amigo, confidente y mano derecha de Calderón, están el que lo señalan como la cabeza de una red que premiaba con sobornos a periodistas afines y castigaba con amenazas a sus detractores, directamente financiada con dinero que recibía del Cártel de Sinaloa. Se le acusa también de urdir un plan desde la cárcel para intimidar a testigos dispuestos a declarar en su contra.

Los abogados del exfuncionario niegan rotundamente las acusaciones y se han enfrascado en una batalla judicial para evitar que esas evidencias sean aceptadas y retrasar el inicio del juicio hasta el próximo año.

La defensa argumenta que necesita tiempo para revisar tantas evidencias que producen los fiscales del Departamento de Justicia, por lo que solicita que, en lugar del 24 de octubre de este año, el juicio se realice el próximo 9 de enero de 2023.

También aseguran que García Luna fue una figura clave en la detención y extradición de Jesús “El Rey” Zambada en 2010, y que los dichos del delincuente no son creíbles porque forman parte de una “vendetta” contra quien lo hundió.

Por su parte, el juez Cogan determinó que no se realizarán más audiencias en la Corte de preparación de juicio y pondera la solicitud de postergarlo, que presentó la defensa de García Luna, encabezada por el abogado de oficio, César de Castro.

Agencias

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Mexico Violento

Poder Judicial y Defensoría pública, en la defensa del narcotraficante Rafael Caro Quintero

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El Instituto de Defensoría Pública propuso al narcotraficante Rafael Caro Quintero defenderlo con un abogado de oficio en el juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión y su posible entrega a Estados Unidos, y en menos de un mes una juez concedió la suspensión definitiva de extradición.

La designación del defensor público, por la instancia que dirige Netzaí Sandoval Ballesteros, fue notificada el 1 de agosto por la juez Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, Abigaíl Ocampo, quien ya concedió la suspensión definitiva a esta operación.

El proceso legal se inició a mediados de julio por un juez federal frenó su extradición a Estados Unidos, declarando que debía haber un juicio de por medio; y un mes después, el Poder Judicial da los primeros pasos firmes en contra de la extradición, pese a que hay un sin números de casos en espera de décadas para ser atendidos, incluso por falsos culpables.

La medida fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el caso fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para que se ratifique, modifique o revoque la sentencia.

Estados Unidos reclama a Rafael Caro Quintero por la tortura y asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido el 7 de febrero de 1985.

La agencia estadounidense ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares para quien aportara información que ayudara a la captura de Caro Quintero, siendo esta la mayor cantidad que anuncia por un criminal.

Por ello, el capo sinaloense era uno de los delincuentes más buscados, pese a haber sido liberado en 2013, tras una escandalosa decisión judicial cuando todavía le faltaban 12 años de condena por cumplir.

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Investigaciones

Funcionario de CFE, desde el gobierno de Calderón, con comisiones millonarias en compras como residente en Yucatán

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Despacho 14
El violento oficio de escribir.

  • 396 millones entre los contratos de Marco Antonio Loya Izaguirre

  • Orquesta agresión a periodista que reveló la corrupción

  • Señalamiento directo en contra de servidores públicos de CFE

Por Alfredo Griz

Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos…

Marco Antonio Loya Izaguirre, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, funcionario público de la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio de Felipe Calderón, quien recientemente ha sido imputado en una carpeta de investigación por violación y privación ilegal de la libertad, se ha enriquecido de manera exponencial a través del otorgamiento de contratos de compra por la citada paraestatal.

Este servidor público, quien ahora está en la zona noreste y gana un salario igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 106 mil pesos al mes, al verse descubierto, tramó junto con su sucesor en la zona peninsular Víctor Manuel Tziu Sosa y Marco Antonio Flores Núñez, la forma de callar la voz de este periodista por revelar la corrupción en la gestión de contratos de la CFE hasta por 396 millones de pesos entre 2011 a 2017.

 

La fuente que nos reveló todos estos contratos y que explicó la forma en la que se hacían, también mencionó que casi todos eran por adjudicación directa y que se otorgaban a amigos y conocidos, a cambio de una parte del dinero de las obras; es decir, la fuente especificó que se ponía un sobreprecio y de ahí, tanto como Marco Antonio Loya y el constructor en turno, se repartían ese dinero.

De 2011 a 2017, Loya Izaguirre ha realizado 437 contratos como comprador de la paraestatal CFE, de los cuales ha otorgado 298 por adjudicación directa y 104 por invitación restringida, mientras 35 han sido por licitación abierta.

Como lo hemos reportado en otros trabajos periodísticos, nuestra fuente era la encargada de revisar y preparar dichos contratos, como empleada de la CFE, pero además tenía que conseguirle mujeres al residente, con las que celebraba, en unas verdaderas bacanales de sexo y alcohol, todo obviamente pagado con dinero de la CFE.

Marco Antonio Loya Izaguirre ha sido el responsable de la gestión de al menos 437 contratos, que representan 396 millones de pesos, de los cuales un 75 por ciento fueron para sus conocidos y amigos vía adjudicación directa, de lo que ha obtenido una comisión por otorgar el contrato. Él decidió de forma unilateral a quién entregarles la obra pública, y el 25 % de los contratos restantes fueron por invitación a tres proveedores, lo que se conoce en la administración pública como “invitación restringida”.

La siguiente imagen muestra uno de los cientos de ejemplos, desde el gobierno de Felipe Calderón, que existen en archivo sobre los contratos adjudicados directamente o por invitación restringida, práctica que el funcionario Loya Izaguirre realiza hasta la fecha.

Contratos millonarios a los amigos

La invitación restringida al menos a tres proveedores es un procedimiento administrativo, de excepción a la licitación pública, «que permite a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades, en forma discrecional, realizar un procedimiento para adquirir, arrendar o contratar, invitando a por lo menos tres oferentes a presentar propuestas. Estos actos tienen en esencia las mismas formalidades de una licitación pública, a excepción de que no son procedimientos públicos en los que pudiera participar cualquier interesado, cuya participación está sujeta a la invitación que las áreas convocantes realicen, no está sujeto a términos, y para estar en posibilidad de continuar con el procedimiento, resulta necesario que una vez que han sido abiertos los sobres que contienen la documentación legal-administrativa y técnica, se tengan por lo menos tres propuestas que cuantitativamente cumplan con la totalidad de los requisitos».

La empleada federal de la CFE, Circe Viridiana Palma Martínez, confirmó que estos contratos eran resultados de las invitaciones directas a empresas de amigos y conocidos, y sólo un 5 por ciento de los contratos han sido por vía de licitación abierta. Sin embargo, Marco Antonio Loya Izaguirre, junto a Víctor Manuel  Tziu Sosa y Marco Antonio Flores Núñez, se encargaba de hacer todos los arreglos para que los contratos salieran a pedir de boca, y la encargada de la celebración y la invitación a mujeres, como ya lo relató era la misma empleada federal, de quien ya dimos cuenta en las entregas anteriores.

Las empresas beneficiadas

De acuerdo con el portal de Compranet, actualizado hasta 2019, Marco Antonio Loya Izaguirre, al frente de la Unidad compradora de CFE con el número de identificación MX-CPA: 018TOQ118, ha beneficiado entre las múltiples empresas por estos contratos de adjudicación directa a Montajes Electromecánicos Iza SA de CV, Construcciones Rocha SA de CV, Avanzia Instalaciones SA de CV, Edemtec, SA de CV, Sae Towers Mexico S. de R.L. de CV, Constructora Tosal SA de CV, entre otras.

La trayectoria como residente regional en CFE Mérida data desde el 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón, periodo en el que realizó el mayor número de adjudicaciones; en 2011 con 113 contratos, en 2012 con 60, en 2013 con 78, en 2014 con 49, en 2015 con 71, en 2016 con 45 y en 2017 con 21. Sin embargo, la página no ha actualizado la información de su gestión hasta 2022, pese a que el testimonio de la empleada federal Circe Viridiana Palma Martínez sostiene que de la misma manera se ha llevado a cabo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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