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Mexico Violento

PRI difunde falacias de periodista de Wall Street Journal en redes para promover voto

La columna de Stephens sostiene que pese a la violencia México tuvo crecimiento económico paradójicamente y sugiere que el nuevo gobierno debe ser «amigable» con el mercado.

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Guadalupe Lizárraga

Análisis

Un grupo de priistas difunde en las redes sociales y por correos electrónicos, con cierta intensidad, la columna del editor estadounidense del The Wall Steet Journal, Bret Sthepens, publicada el 31 de mayo de 2011, titulada Paradoja. Llama la atención que vuelva a dársele fuerza ahora, y  que la esté utilizando los priistas para promover a su candidaro, sobre todo por las falacias que desde Washington se intentaron legitimar después de que Felipe Calderón en marzo de ese año declarara que había crecimiento económico. Aquí reproducimos su traducción en español y a continuación realizamos una argumentación contra estas falacias que desvirtúan el exterminio de la población y la grave violación de derechos humanos, así como su impunidad bajo el pretexto de una guerra contra el narcotráfico, como si los criminales estuvieran fuera del gobierno.

Paradoja: ¿Por qué se supone que está prosperando el «estado fallido» ?

por Bret Sthepens

La semana pasada, los tiroteos entre cárteles de la droga enfrentados en el estado mexicano de Michoacán duraron tres días, causaron el desplome de un helicóptero de la policía, desataron un pequeño éxodo de refugiados y provocaron un número todavía no determinado de muertes. Es casi una sorpresa que el hecho haya llegado a los medios de comunicación. «El combate demoró en conocerse porque los medios en estados como Michoacán han, en gran medida, dejado de cubrir los sangrientos enfrentamientos por orden de las bandas de narcotraficantes», informaron los periodistas de The Wall Street Journal, David Luhnow y José de Córdoba, el viernes pasado. Etcétera, etcétera, etc.

Sin embargo, una cosa graciosa ocurrió cuando muchos pensaban que México se transformaría en otro estado fracasado. El «estado fallido» entró en «boom». En 2010, un año en el que hubo más de 15.000 asesinatos vinculados con las drogas (que representaron un aumento de casi 60% con respecto al año anterior), la economía creció 5,5%, la tasa más alta en una década.

• El peso mexicano se apreció frente al dólar.

• La inflación básicamente estuvo estable.

• Las reservas internacionales subieron a US$113.000 millones.

• 22 millones de turistas visitaron el país.

• El comercio con Estados Unidos llegó al nivel récord de casi US$400.000 millones.

• En Ciudad Juárez, donde 3.000 personas fueron asesinadas el año pasado, la industria de las «maquiladoras» agregó alrededor de 20.000 empleos.

• El porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza bajó de 63,7% de hace una década a 47,4% en 2008 (último año para el cual existen datos del Banco Mundial).

• La tasa de alfabetización superó el 90%.

• La expectativa de vida sigue subiendo hasta llegar casi a niveles del Primer Mundo.

En Estados Unidos, los sociólogos están sorprendidos por la paradoja del declinante nivel de criminalidad en una época de alto desempleo e incertidumbre económica. La paradoja mexicana parece ser la opuesta. Pero lo que la mayoría de la gente considera una paradoja es simplemente el choque de la realidad contra nuestros clichés y prejuicios. Consideren la idea de que el crimen en México está fuera de control. La tasa de homicidios en México (alrededor de 12 por cada 100.000 habitantes en 2009) fue más del doble que la de Estados Unidos (cinco por cada 100.000) pero se ubicó bien por debajo de la de Brasil (20,5 en 2008) para no decir nada de las Islas Vírgenes, pertenecientes a Estados Unidos, donde es de alrededor de 50. En Ciudad de México, donde viven cerca de 20 millones de personas, la tasa de homicidios se redujo durante la última década.

Militarización, problema de derechos humanos Foto: djibnet.com

En 2009, fue cerca de un 25% de la de Washington. Entonces; ¿cómo podríamos definir fuera de control? ¿Y cómo deberíamos tomar el hecho de que la gran mayoría de las víctimas de la guerra contra las drogas en México son los propios integrantes de las bandas de narcotraficantes?. «Constituyen una parte de la población, que es menos que inútil en cada comunidad», dijo Abraham Lincoln respecto a los apostadores de Vicksburg en 1838. «Y su muerte, si no constituye ningún ejemplo pernicioso, no es nunca un motivo para que nadie razonablemente se lamente», agregó. Algo similar podría ser dicho de los cárteles de la droga en su actual orgía de aniquilación mutua. También está la idea de que México estaría mejor si nunca se hubiese enfrentado a los cárteles. Yo crecí en ese México, en el que un gobierno corrupto y autoritario hizo la paz con los cárteles, y se quedó con una tajada del negocio.

Ese México, construido sobre conspiraciones de silencio y miedo no podía sobrevivir a la transición del país a la democracia. No es una sorpresa que, incluso, en el quinto año de su presidencia y luego de 34.612 muertes, Felipe Calderón tenga un porcentaje de aprobación de 54%. A los mexicanos no les faltan reparos respecto a sus métodos pero no muchos están ofreciendo una alternativa viable para enfrentar a los carteles. Y «viable» significa algo distinto que la fantasía de esperar que Ron Paul (político republicano estadounidense) gane la presidencia y termine la guerra contra las drogas. Los libertarios no van a dejar de proponer esa utopía en lo que constituye un irresponsable consejo de perder la esperanza. La semana pasada le pregunté al ex presidente colombiano Álvaro Uribe si México puede derrotar a los narcos.

«Colombia es un ejemplo típico de que se puede», respondió, con las estadísticas para demostrarlo. Enfatizó que la clave para triunfar es lo que llamó «una pedagogía permanente» para convencer a la gente de que la guerra contra los cárteles es «una pelea necesaria, no la causa de un partido político». Uribe rescató a Colombia de una situación mucho peor a la que enfrenta México hoy. Pero el desafío central es el mismo: cómo establecer un estado de derecho que tenga la legitimidad del consenso y el coraje de sus convicciones. Hacer exactamente eso fue el logro de Uribe y sigue siendo el desafío de Calderón. No hay mucha paradoja aquí. La actual prosperidad de México es la apuesta de que políticas amigables con el mercado no van a ser pronto traicionadas por un gobierno (¿priista?) que puede ser acobardado o seducido por los criminales.

Enlace original en inglés.

* * *

Una de las tantas manifestaciones contra la violencia y contra el gobierno de Calderón Foto: publicaonline.com

El articulista en Washington señala puntos clave de manipulación mediática que resulta de suma importancia deconstruir en un momento clave para los mexicanos dentro y fuera de Estados Unidos. Los incisos son sus falacias, y en seguida se da el contraargumento.

 a) Los medios ya no están cubriendo hechos sangrientos.

 Los periodistas siguen cubriendo hechos violentos, y conjuntamente con las redes sociales se da cuenta de esta situación. Basta entrar a las redes y buscar por temas o por hashtag (twitter) o una búsqueda en Internet para encontrar las versiones alternativas a Televisa y TV Azteca, de lo que sucede en México. Basta revisar las cifras publicadas por las diferentes organizaciones no gubernamentales, incluso de Washington sobre este tema.

El escandaloso número de asesinatos de periodistas, y de exiliados, es precisamente porque no se ha dejado de cubrir esta información. El caso más reciente de Regina Martínez, de la revista Proceso, pero cuando el periodista escribió la columna ya había más de 60 asesinatos.

b) La paradoja: hay crecimiento económico, pese a la violencia.

Hay que recordarle al articulista estadounidense que este supuesto crecimiento en la economía mexicana no es sustentable y por tanto no beneficia al grueso de los ciudadanos, sino a quienes logran estar en círculos favorecidos por estas políticas. No hay que tener un doctorado en la materia para comprender que un crecimiento económico en estas condiciones se debe básicamente a la depredación de la otra parte de la población: Los pocos a costa de los muchos. La Alemania de Hitler experimentó también esta “paradoja”, pero a costa de los seis millones de judíos que fueron depredados y exterminados.

Por otro parte, la corrupción, concretamente con el caso de Wal Mart, es una clara evidencia de que cualquier trasnacional puede generar riqueza con la política de la depredación, de la explotación de los trabajadores, a quienes les paga la tercer y cuarta parte de los que les paga en Estados Unidos, y con la venia del propio gobierno. Con este perfil de trasnacionales, cualquiera puede mostrar resultados con números negros.

c) Se “considera” que el crimen está fuera de control pero “¿cómo deberíamos tomar el hecho de que la gran mayoría de las víctimas de la guerra contra las drogas en México son los propios integrantes de las bandas de narcotraficantes?”.

El autor maneja esta situación de nuevo con ligereza al referirse al “el crimen” como si fuera un ente extraño, sin rostro ni nombre, como si fuera una fuerza oscura de la que no se sabe cómo va a actuar. El crimen organizado en México está integrado por personas con nombres y apellidos que operan en coordinación con las autoridades de diferentes niveles. Trabaja en conjunto con el soldado raso que recibe la mordida, la ración diaria de cocaína, “para aguantar” supuestamente la faena militar. Trabaja con la policía federal, que participan en represiones y secuestros en las poblaciones más vulnerables como sucede con las desapariciones forzadas de mujeres adolescentes en Ciudad Juárez, jóvenes que pertenecen a familias humildes y que iban a la escuela. Las 233 mujeres en la morgue que fueron denunciadas por Los Ángeles Press no eran temerosas narcotraficantes, como quiso vincular la fiscal Rosa María Sandoval a la fallecida Marisela Escobedo con el cártel del Chapo Guzmán, y fue denunciada por Manuel García, joven que ayudaba a Escobedo buscar a su hija, mientras él mismo buscaba a su sobrina. Después del asesinato de esta dolida madre, Garcías fue amenazado de muerte y hostigado por esta fiscal hasta que tuvo que exiliarse en este país.

La alegata del autor en este sentido, parecería consigna desde Washington para relacionar cualquier tipo de violencia al narcotráfico. Lo mismo da que sean niñas y adolescentes, jóvenes estudiantes reclaman mejores educación o periodistas que intentan hacer su trabajo cabalmente. La impunidad la justifican con aventar en Televisa que estos crímenes forman parte del entorno «natural» por el combate al narcotráfico.

d) Después de 34.612 muertes, Felipe Calderón tiene un porcentaje de aprobación de 54% de los mexicanos.

De nuevo esta generalización que hace el autor sobre los mexicanos es grave. Especialmente porque tergiversa y pasa de largo la vida de miles de personas que han sido hostigadas y asesinadas por denunciar los abusos del gobierno federal y de sus gobiernos estatales. Desde le 25 de mayo de 2011, ya estaba la convocatoria en los medios y las redes para la denuncia coordinada por el abogado Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón por la violación de derechos humanos en su combate parcial contra el narcotráfico. El caso de violaciones y atentados perpetrados por el actual candidato a la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto, tratando de ocultar su homosexualidad, es otro de lo ejemplos de impunidad desde 2007, así como también lo fue claramente el caso de Atenco. Casos ignorados por el columnista Bret Sthepens.

La cifra de muertos, por otro lado, es otra de las manipulaciones mediáticas. Más aún cuando el autor se compra la historia de que esas 34,612 muertes eran delincuentes que han dejado de existir y que México está mejor sin ellos. Decía una abogada en el caso de los feminicidios de Juárez, que cuando una autoridad acepta una cantidad de muertos es porque al menos existe el doble de víctimas. Y las autoridades mexicanas, aceptaron que había unos 150 mil muertos en esta guerra.

No se duda que un buen porcentaje de mexicanos que todavía apoyen a Felipe Calderón en sus decisiones, y sobre todo por disciplina partidista. Pero tampoco se puede negar la gran oposición masiva a esta guerra, a sus decisiones específicas, y por consecuencia a su partido. De esta situación dan poca cuenta los medios tradicionales, menos aún las televisoras. El autor ignora por completo también la información que circula en las redes sin los filtros oficiales.

El porcentaje es un número ficticio, sin duda, de la misma manera en que se han hecho estos juegos de encuestas para “mover” la imagen de los candidatos presidenciales ahora. El 54% de los encuestados en México sobre el apoyo a Calderón, parecería que fue sacado de sus propios empleados.

e) Así como Uribe rescató a Colombia, Calderón ha tenido este desafío.

Demás está refutar esta falacia. Si Colombia hubiera sido “rescatada” del narcotráfico, ¿por qué es una preocupación vigente para Estados Unidos hoy mismo y por estas mismas razones?

f) La prosperidad de México es la apuesta de que políticas amigables con el mercado no van a ser pronto traicionadas por un gobierno (¿priista?).

Desde Washington, se intenta mover la idea de que el gobierno que llegue va a ser “amigable” con el mercado, pero parecerían incluir el mercado ilegal de las drogas. Cualquier política que simule el pacto o el combate será amigable para el mercado legal o no, mientras no toque de raíz el problema. La legalización por ejemplo, desinflaría económicamente al mercado, no sería una política amigable ni para sus beneficiados, ni para el mercado de las armas ni para el mercado del secuestro y trata de personas. Mercados en torno al del narcotráfico.

Y por último, la falacia de la prosperidad de México, no se sostiene ni con los 58 millones de pobres ni con los 8 millones de desempleados que se incrementaron este año, de acuerdo al último estudio de la UNAM.

La ignorancia de la realidad mexicana puede pasarse de largo de este autor de The Wall Street Journal, pero ¿y cuál es el argumento lógico para sostener la relación “prosperidad de México”, “políticas amigables al mercado” y “gobierno priista”? La realidad de treinta años de políticas amigables al mercado ha producido precisamente la gran masa de pobres en México y en el mundo. El PRI ha protagonizado un pasado de corrupción y también de pobreza, esto no puede ignorarse. Y los cinturones de violencia que ha creado el narcotráfico es consecuencia de que su mercado opera ilegalmente y con la venia de los mismos gobernantes.

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Mexico Violento

Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

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Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

Podría interesarte: Funcionario de CFE, desde el gobierno de Calderón, con comisiones millonarias en compras como residente en Yucatán

Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

Para entender el caso: Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

 

 

De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

El editor recomienda: Preso político entrevista a víctima del falso caso Wallace, ambos en penal federal de Tapachula

 

Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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