Connect with us

Justicia pendiente

Líderes comunitarios torturados por el gobierno de Peña Nieto

Los líderes comunitarios encarcelados bajo régimen de incomunicación se encuentran en penales federales y son toturados psicológica y físicamente sin haber cometido delito

Published

on

molina

Al centro Gonzalo Molina, en un reconocimiento que le hace la CRAC por su compromiso y honestidad con la comunidad de Tixtla. Foto: CRAC/FB

Por Guadalupe Lizárraga

Penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

Sonó el teléfono entrada la noche, desde Morelos, México: “Quiero hacer una denuncia”, dijo una voz femenina del otro lado del auricular. “¿Conoce usted el caso de Gonzalo Molina?”, inquiere la voz sin esperar apenas respuesta. “Gonzalo es policía comunitario de Tixtla y fue encarcelado por el gobierno el seis de noviembre. Con mucho esfuerzo se ayudó a su esposa, Ausencia Honorato, para que se trasladara a Oaxaca, y no se le permite la visita, que supuestamente el compañero está castigado”. Es la voz de Bruni Marbán Salgado, activista adherente de “La Otra Campaña”, organización zapatista.

La información escueta sobre las condiciones de encarcelamiento de Gonzalo Molina González, indígena de Tixtla Guerrero, la da una trabajadora social del penal federal de Miahuatlan, Oaxaca. “En 74 días no lo pueden visitar”, dijo la mujer a la esposa de Molina.

La activista Bruni Marbán continúa con la narración y señala que no hay nadie quien dé la cara en el penal. “Estamos pensando que al compañero está siendo torturado, por eso no permiten verlo. Estamos más preocupados porque los jueves podía hablar con su esposa, pero en esta última llamada él ya no pudo hablar, estaba quebrado emocionalmente, ya no pudo contestar, ni podía pronunciar palabras”, dijo Marbán.

Desde que lo encarcelaron con cargos de “secuestro y terrorismo”, por pertenecer a la Policía comunitaria de Tixtla y proteger a su comunidad del crimen organizado tolerado por las autoridades locales, Gonzalo Molina había hablado con su esposa en dos ocasiones. La tercera ya no pudo concretarse, ni se le permitió hacer una videollamada a la que tienen derecho los presos, aún en régimen de castigo. Tampoco le han permitido la visita de un abogado.

Ausencia Honorato Vázquez, esposa de Molina, dice que pidió ayuda para ir al penal porque sabe que algo le está pasando a su esposo. “Yo lo conozco bien, dice, y él no podía hablar”. Ausencia recibió su llamada, como era el acuerdo el jueves 12 de diciembre. Pero al escucharlo que no podía articular palabras, su preocupación fue mayor “porque a lo mejor lo torturaron”, cuenta a Los Ángeles Press.

“Entré hasta el penal, junto con la demás gente que iba a ver a sus familiares, y sólo a mí me dijeron «no lo vas a poder ver»”, narra Ausencia. También le preguntó a la trabajadora social que ¿por qué causa estaba castigado su esposo?, y la mujer le respondió que “no podía decir más”. Entre las prohibiciones, no le dan acceso a artículos de higiene personal, no le permiten que le den dinero para comprarlas cosas adentro, tampoco le permiten salir a las canchas o tener alguna actividad física o recreativa.

1476336_249793988517802_194118248_n

Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía comunitaria de Olinalá Guerrero. Foto: José Jiménez

Nestora Salgado García, aislamiento y dolor

Penal del El Rincón, Tepic, Nayarit

En el caso de Nestora Salgado la tortura no ha sido física. Pero su salud se ha deteriorado considerablemente por el maltrato y la tortura psicológica. Se encuentra incomunicada dentro del penal, sin que le permitan hablar con otras internas y a la hora de los alimentos, ella debe tomarlos en completo aislamiento, de acuerdo a la información que provee su esposo José Luis Ávila Báez.

Incluso, Ávila Báez ha tenido que pedir la intervención de la Embajada de Estados Unidos, para que le permitan a Nestora hablar por teléfono con su hija ya que su esposa tiene la doble nacionalidad. Cuenta que ella toma medicamento de por vida a raíz de un accidente que tuvo hace años. “Por alguna razón le duelen las muelas, la columna y tiene tos. También ha vomitado sangre”. Sin embargo, en el penal de El Rincón, de Tepic, Nayarit, le impiden tomar el medicamento y le niegan el agua potable. También como forma de tortura, la mantienen en la celda con la luz encendida las 24 horas, y no le permiten salir a caminar o hacer ejercicio, que por prescripción médica debe hacer. En su cuerpo aparecen ya moretones por problemas de circulación sanguínea.

Por intervención de la Embajada estadunidense, entró a revisarla un médico, y al examinarla, Nestora le dijo que le dolían muchas las muelas. Sin embargo, la celadora la recriminó y le dijo que no era consulta, que se quedara callada. Con la misma actitud, le dicen que no va a ver a su abogado, que no tiene defensa, y que no va a salir de ahí pronto.

Nestora Salgado va a cumplir cuatro meses encerrada desde el 21 de diciembre de 2013 por los mismos motivos que Gonzalo Molina, el de ayudar a su comunidad contra el crimen organizado, y fue a la primera líder comunitaria que detuvieron sin una orden judicial y con quince vehículos de las fuerzas armadas. Hasta ahora, no le han permitido que ningún abogado la vea, y sólo le han presentando documentos para su firma sin que pueda leerlos o saber de qué se trata.

policiaciudadana

Policía ciudadana y popular de Olinalá, Guerrero. Foto: Policía comunitaria

Arturo Campos Herrera, sin poder ver a su esposa

Penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México

De Ayutla de Los Libres, Arturo Campos Herrera, coordinador regional de la Policía comunitaria fue detenido a golpes el 1 de diciembre. Un integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de quien nos reservamos su nombre por seguridad, señaló también las condiciones de aislamiento en las que se encuentra Campos.

campos

Arturo Campos, en una reunión de trabajo con comunitarios. Foto: Archivo/comunitaria

“Desde que lo agarraron lo iban golpeando los ministeriales, imagínese como ha de estar ahora para que se declare culpable”, dice el integrante de la CRAC. Y abunda en la forma en que el gobierno mexicano los vincula como grupos “guerrilleros”, para justificar el aislamiento pese a que las leyes locales e internacionales los facultan para organizarse bajo su sistema de protección a la comunidad cuando el Estado lo ha dejado de hacer.

“El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, acaba de declarar en Radio Máxima que la actitud de los coordinadores comunitarios es de guerrilleros, por eso están encerrados. Cree que son las cabezas y con eso justifica la tortura y los delitos que les achacan”, señala el comunitario. “Ya sabemos cómo actúa el gobierno, y yo creo que están tratando de inculparlos de esos delitos y otro más, para justificar tenerlos encerrados”, dice a Los Ángeles Press con un dejo de amargura.

“Todos conocemos a nuestros compañeros. A Arturo Campos se lo llevaron hasta Almoloya de Juárez, y su esposa es muy humilde, ¿cuándo va a poder ir a visitarlo y luego para que no se lo dejen ver, como le está pasando a la esposa de Gonzalo?”, cuestiona recriminando el sistema penitenciario federal que se manipula a discreción con los internos incómodos para el gobierno mexicano, como son los indígenas que han denunciado a las autoridades locales de corrupción y narcotráfico.

El integrante de la CRAC, con voz fuerte y firme, pregunta ¿A qué le teme el gobierno a que los vean sus familiares? Ellos son inocentes”, dice. Y a pregunta de Los Ángeles Press sobre un supuesto motín que hubo en el penal de Miahuatlán el lunes 16 de diciembre, donde se encuentra Gonzalo Molina, señaló que ya un preso confesó que él había provocado el motín, y que sin embargo, “al único que castigaron fue al compañero Molina, porque ésa es la consigna”.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Justicia pendiente

Alerta Temprana de Periodistas y Activistas pide salvaguardar integridad de indígenas de Coyomepan

Published

on

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas pidió al gobierno federal que se salvaguarde la integridad de la comunidad indígena del municipio de Coyomepan, los cuales se encuentran en riesgo.

Por medio de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colectivo solicitó su intervención para evitar algún riesgo para la población más vulnerable.

El organismo defensor de los derechos humanos denunció que defensores de derechos humanos indígenas han sido víctimas de despojos de tierras, fabricaciones de delitos, así como el encarcelamiento de los defensores Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para reprimir movimientos sociales.

De acuerdo con el colectivo, en los próximos días esta comunidad indígena podría ser reprimida de forma violenta por parte del gobierno estatal, así como del grupo armado conocido como “Los Celestinos”, a quienes responsabilizaron de cualquier agresión que padezcan.

De la misma manera, acusaron al gobierno de Puebla de fabricar 31 delitos del uso y manipulación para castigar la libertad de expresión, por lo cual consideraron que se encuentran en riesgo cinco mil familias indígenas, debido a que se permitirá a la familia de Celestino Rosas a través de Rodolfo García López seguir al frente del municipio de Coyomepan.

Por ello, pidieron la intervención del gobierno federal ante las constantes amenazas, agresiones y violaciones a los derechos humanos que han padecido los indígenas durante más de 15 años y que se seguirán presentando en los siguientes meses con la nueva administración municipal.

 

 

Carta Integra del Colectivo:

Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Adán Augusto López Hernández.
Secretario de Gobernación.

Alejandro Encinas Rodríguez.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y  Migración.

Enrique Irazoque Palazuelos.
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

María del Rosario Piedra Ibarra.
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lorenzo Córdova Vianello
Titular del Instituto Nacional Electoral

A la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas

CC: Carlos Armando Popoca Bermúdez.
Titular de la Oficina de la Representación SEGOB en el Estado de Puebla.

A las Organizaciones Nacionales e Internacionales encargadas de la Defensa de los Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Amnistía Internacional.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas lanza un llamado urgente de auxilio nacional e internacional para que se vigile y se garanticen conforme a derecho y como  lo marca el artículo segundo constitucional y el convenio 169 de la OIT la salvaguarda de hombres y mujeres indígenas del Municipio de Coyomepan quienes se encuentran en grave peligro.

Este Colectivo ha denunciado las amenazas a 26 defensores de derechos humanos indígenas, despojo de tierras, fabricaciones de delitos, el encarcelamiento de cuatro defensores: Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo de autoridad del Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta para reprimir los movimientos sociales.

Se advierte que en los próximos días este pueblo indígena podría ser objeto de represión y violencia por parte del gobierno del estado y del grupo armado Los Celestinos, mismos a los que hacemos responsables de cualquier acto de violencia en el que se pudiera reprimir a cualquier habitante del pueblo indígena de Coyomepan.

Acusamos abiertamente al gobierno del estado de Puebla de las 31 fabricaciónes de delitos con el uso y la manipulación de las dependencias estatales como de la Fiscalía del estado para castigar la libertad de expresión de los pueblos indígenas, movimientos sociales, Defensores de la tierra, Activistas y periodistas.

La vida de más de 5 mil familias indígenas mujeres, hombres y niños se encuentran en grave peligro, esto derivado del último fallo que emitió el día de ayer el Tribunal Electoral que favorece de nueva cuenta la sucesión cacique del gobierno a cargo de la  familia Celestino Rosas para ocupar el cargo de Presidente municipal Rodolfo García López, esposo de la actual Diputada Federal Araceli Celestino Rosas ex alcaldesa de este municipio y hermana de David Celestino Rosas.

El pueblo de Coyomepan ha resistido 11 años de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, asesinatos, despojo de tierras, delincuencia organizada aunado a la presencia de grupos armados amparados por la Diputada Araceli Celestino Rosas y David Celestino Rosas

Es de vital importancia la intervención de todas las instancias de gobierno federal responsables de la salvaguarda de la vida de defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas para que se brinde la seguridad Federal a los habitantes de Coyomepan como a los defensores indígenas encarcelados y la anulación de las 31 órdenes de aprehensión en contra de los defensores indígenas.

Ciudad de México a 14 de Octubre 2021

Claudia Martínez Sánchez
Presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas Defensores de Derechos Humanos y Activistas.

Continue Reading

Justicia pendiente

Abogados de Emilio Lozoya aseguran que no está en arraigo domiciliario

Published

on

Los abogados del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguraron que el ex funcionario federal no se encuentra en arraigo domiciliario, pues ninguna autoridad judicial determinó esta medida cautelar en su contra por la comisión de delitos asociados a la corrupción.

Por medio de un comunicado, la defensa legal de Lozoya refirió que las publicaciones en redes sociales en contra del ex servidor público son falsas, pues no tiene restricciones para realizar actividades al aire libre y las acusaciones en su contra no corresponden al proceso legal que desarrolla.

De acuerdo los juristas, se debe garantizar la certeza jurídica de Lozoya, quien ha sido señalado por haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht cuando estuvo al frente de Pemex para impulsar la reforma energética que permitió la participación de la empresa sudamericana en México.

Enfatizaron que Emilio Lozoya colabora con las autoridades federales para continuar con las indagatorias por los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto que ha involucrado a otros personajes como Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); así como diferentes senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Emilio Lozoya acusó que recibió ordenes de Videgaray para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, situación por la cual ha seguido su proceso penal en libertad, mientras que su ex compañera de gabinete, Rosario Robles ha seguido este proceso en prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Lozoya ha mostrado la disposición de colaborar para acusar a otros políticos implicados en los actos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, no obstante, la mayoría de los señalados continúan en libertad.

 

Continue Reading

Justicia pendiente

Familiares de Cesiah protestan para exigir justicia por su feminicidio en la CDMX

Published

on

Familiares y amigos de la joven madre, Cesiah Chirinos, asesinada el pasado 1 de octubre, protestaron por las inmediaciones de la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, para exigir justicia por su feminicidio.

Con pancartas, mantas y cartulinas, los familiares de la joven madre exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que esclarezca el caso y capture a los responsables de su feminicidio, pues no permitirán que el feminicidio permanezca en la impunidad.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades capitalinas informaron que dos personas fueron aprehendidas por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cesiah, pero no han recibido mayor información, por lo que también demandaron que no sea revictimizada, ya que quedaron huérfanas dos menores de edad.

Los manifestantes reclamaron a la fiscalía capitalina que los detenidos sean procesados por el delito de feminicidio, por lo que solicitaron que se aplique el protocolo de investigación correspondiente, aunado a que solicitaron una audiencia especial con la fiscal Ernestina Godoy para que les dé mayores datos sobre el avance de las indagatorias.

Además, pidieron a las autoridades de la alcaldía de Tláhuac reforzar la seguridad en la zona en los diferentes espacios públicos con mayor iluminación, así como mayor vigilancia en el transporte público, pues aseguraron que las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad.

El pasado 1 de octubre Cesiah caminaba con un hombre por la calle Camino Real a Xolocalco, cuando fueron interceptados por varios sujetos armados, por lo que la víctima fue golpeada en la cabeza, agredida con un machete, por lo que posteriormente escaparon, pero al sitio arribaron elementos de la policía capitalina que detuvieron a dos sujetos, y por ello el Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio por el feminicidio de la madre de 37 años de edad.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: