Presos políticos se declaran en huelga de hambre con Nestora

A ocho días de iniciar su huelga de hambre, Salgado García que padece una neuropatía crónica no atenida durante su confinamiento en el penal de máxima seguridad presenta mareos y dolores diversos y solo toma agua, apuntó su abogado, Leonel Rivero.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, familiares de Salgado García, así como Felícitas Martínez de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, informaron que en diversos puntos de Guerrero se efectuarán retenes informativos como parte de las acciones para exigir la libertad de Salgado García y los demás comunitarios detenidos arbitrariamente y que permanecen en penales de máxima y mediana seguridad en diversos estados del país.

Dichas acciones irán incrementado “hasta llegar a las últimas consecuencias”, apuntaron los familiares quienes reclamaron la libertad de los presos políticos de Guerrero, que están detenidos por ser luchadores sociales criticó la mujer indígena Agustina García, madre de seis hijos y esposa de Campos Herrera.

Por su parte, la defensa de Nestora en el ámbito nacional a través de Leonel Rivero e internacional mediante Alejandra Gonza, remarcaron la violación al debido proceso que ha permeado el caso de Salgado García desde su detención, hasta la tortura en el penal federal 4 de Nayarit, hasta la falta de acción por parte del gobierno de Guerrero así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ya que no han puesto en práctica las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Salgado García.

Asimismo, la Fiscalía de Guerrero se ha quedado corta en el ejercicio de sus funciones y las omisiones a las faltas que anteriores funcionarios de la antes Procuraduría de Guerrero cometieron dentro del caso.

En la conferencia efectuada en Cencos, estuvo presente el Comité Nestora Libre y Juan Manuel Ramírez Magallón por parte de las Guardias Comunitarias de la comunidad indígena de Aquila Michoacán quien abogó por tres de sus familiares a quienes se les fueron dictadas condenas de 47 años por ser parte de la guardia.

Ramírez Magallón pidió a la población no olvidar a los 238 presos de Michoacán y alertó que los intereses de la minera que trabaja en aquel lugar están buscando asentar a grupos del crimen organizado en el poblado.