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Justicia pendiente

Presos políticos se declaran en huelga de hambre con Nestora

Policías comunitarios presos políticos se declararon en huelga de hambre en solidaridad con la líder comunitaria Nestora Salgado, presa sin delitos ni proceso

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Conferencia de prensa en Cencos por las esposas de policías comunitarios presos. Foto: Sergio Ferrer

Conferencia de prensa en Cencos por las esposas de policías comunitarios presos. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Las esposas de Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), notificaron en que a partir de hoy sus parejas se han declarado en huelga de hambre en solidaridad con Nestora Salgado García, también integrante de la CRAC-PC detenida hace un año nueve meses en Olinalá acusada de presuntos secuestros.

A ocho días de iniciar su huelga de hambre, Salgado García que padece una neuropatía crónica no atenida durante su confinamiento en el penal de máxima seguridad presenta mareos y dolores diversos y solo toma agua, apuntó su abogado, Leonel Rivero.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, familiares de Salgado García, así como Felícitas Martínez de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, informaron que en diversos puntos de Guerrero se efectuarán retenes informativos como parte de las acciones para exigir la libertad de Salgado García y los demás comunitarios detenidos arbitrariamente y que permanecen en penales de máxima y mediana seguridad en diversos estados del país.

Dichas acciones irán incrementado «hasta llegar a las últimas consecuencias», apuntaron los familiares quienes reclamaron la libertad de los presos políticos de Guerrero, que están detenidos por ser luchadores sociales criticó la mujer indígena Agustina García, madre de seis hijos y esposa de Campos Herrera.

Comunicación virtual con la defensa en Seattle. Foto: Sergio Ferrer

Comunicación virtual con la defensa en Seattle. Foto: Sergio Ferrer

Por su parte, la defensa de Nestora en el ámbito nacional a través de Leonel Rivero e internacional mediante Alejandra Gonza, remarcaron la violación al debido proceso que ha permeado el caso de Salgado García desde su detención, hasta la tortura en el penal federal 4 de Nayarit, hasta la falta de acción por parte del gobierno de Guerrero así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ya que no han puesto en práctica las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Salgado García.

Asimismo, la Fiscalía de Guerrero se ha quedado corta en el ejercicio de sus funciones y las omisiones a las faltas que anteriores funcionarios de la antes Procuraduría de Guerrero cometieron dentro del caso.

En la conferencia efectuada en Cencos, estuvo presente el Comité Nestora Libre y Juan Manuel Ramírez Magallón por parte de las Guardias Comunitarias de la comunidad indígena de Aquila Michoacán quien abogó por tres de sus familiares a quienes se les fueron dictadas condenas de 47 años por ser parte de la guardia.

Ramírez Magallón pidió a la población no olvidar a los 238 presos de Michoacán y alertó que los intereses de la minera que trabaja en aquel lugar están buscando asentar a grupos del crimen organizado en el poblado.

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Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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