Por Michel Muñoz y Guadalupe Lizárraga

ATLACHOLOAYA, Morelos.- Más de un centenar de presos que se encuentran en el CERESO de Atlacholoaya, Morelos, piden atención a  sus casos, porque muchos ya compurgaron su condena; algunos desde hace varios años. A la mayoría se les han negado los beneficios de ley y los mantienen en detención ilegal por parte de las autoridades carcelarias. 

En mayo de 2019, estos internos enviaron una carta al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para pedir atención a sus casos, por las violaciones de derechos humanos en las que incurren las autoridades carcelarias. La mayoría de estos presos cuentan con penas ya compurgadas, o dos terceras partes de éstas, pero cuyos beneficios de ley se han negado. Entre otra misiva, dieron a conocer a Los Ángeles Press una lista con los casos especiales por enfermedades graves, casos olvidados y los que podrían obtener una preliberación por número de años compurgados y buen comportamiento.   

En entrevista a Jens Herrera Guzmán, uno de los principales luchadores por esta causa, acusado por el delito de secuestro por un inculpado y sin pruebas, ha cumplido 22 años de prisión, de 32 a los que fue sentenciado. Enfatizó la falta de atención para este centenar de presos que se encuentra en el abandono legal y algunos con enfermedades terminales o con más de 70 años de edad.

En esta batalla, este grupo de presos obtuvo una buena noticia: a Jesús Ocampo Morales, preso de 80 años de edad que ingresó en 2010, por el delito de violación, se le otorgó el arraigo domiciliario, al contar con leucemia terminal. «Aunque le faltan por compurgar 21 años, podrá morir en paz, en su hogar», dice Jens Herrera. Este caso es un avance en la lucha por los derechos humanos y por la libertad anticipada para quienes demandan ser considerados sujetos de Derecho, porque «han sido abandonados por el sistema pese a que ya compurgaron sus penas compurgadas, tienen edad avanzada y algunos enfermedades terminales».

Casos indignantes en Atlacholoaya

Más de 23 años sin sentencia

José Avilés Moreno estuvo desaparecido dentro del sistema carcelario, en El Altiplano de Almoloya de Juárez, detenido desde 1996 por supuesto delito de secuestro. “Era como si no existiera, mi expediente estaba en el archivo muerto, completamente olvidado, no se me autorizaron visitas carcelarias en todo ese tiempo”.

Manuel Tovar, ya fallecido, fue la única persona que lo vinculó a un supuesto secuestro por medio de una foto de un periódico donde dijo haberlo reconocido, pero Tovar fue incapaz de identificarlo de entre diez personas más, después de que el juez le pidiera señalarlo. Aun así, el exmilitar fue encarcelado, sin pruebas, y hasta ahora lleva 23 años con diez meses en prisión preventiva, es decir, sin sentencia.

Tras 16 años de inactividad procesal y abandono legal en el penal de Almoloya de Juárez, Avilés interpuso un amparo en 2017. Antes, un juez, de apellido Arjona, después de conocer su caso, lo trasladó al penal de Atlacholoaya, donde se revisaría su expediente, sin embargo, el juez no pudo dar seguimiento porque fue trasladado a otro juzgado. Así pasaron otros ocho años más, en el abandono jurídico, hasta que contrató un abogado para interponer otro amparo en 2018. Pese a que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito Judicial lo aceptó, aún no ha habido respuesta para el recurso de revisión, después de más de un año. Se trata de una de las violaciones de derechos humanos más grandes en México.

Desde Los Ángeles Press se denunció este caso en conferencia matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el 29 de marzo de 2019. La respuesta del presidente fue que había dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se revisaran todos estos casos de fabricación de culpables y de personas que ya compurgaron sus penas y seguían “secuestradas” –dijo el presidente– dentro de los penales. No obstante, hasta la fecha, la situación de José Avilés no ha cambiado ni ha sido visitado por ninguna autoridad de Gobernación.

Junto con José Avilés, fueron coacusados y sentenciados sin pruebas por la misma causa penal, los exmilitares Jens Herrera Guzmán, Edgar Saul Montiel Gómez, Jesús Carvajal Rosales, Sergio Martín Camacho Mendoza, Tirso Zúñiga Vargas, Lucio Bahena Osorio, Arturo Zaragoza Garrido, Armando Sánchez Barbosa.

Doble sentencia por el mismo delito

Juan Salgado Arroyo, acusado de secuestro y sin pruebas, fue detenido junto a otras nueve personas en 2002. Juan declaró que tenía una tienda, donde se congregaba un grupo de presuntos secuestradores a comprar comida para las personas plagiadas. Uno de ellos era su cuñado, por lo que el 19 de julio de ese año, 2002, Juan fue detenido junto con las otras nueve personas, después de que otro de los detenidos declarara que Juan se encargaba de alimentar a las víctimas.

Luego de pocos meses del proceso, todos los implicados salieron en libertad, «por falta de elementos»; sin embargo, Juan fue el único que fue sentenciado a 13 años de cárcel. La irregularidad de su proceso consistió en que Juan fue acusado por otro secuestro, donde presuntamente se implicó con otra banda, por el mismo hecho antes mencionado. Las causas penales son diferentes, y se le dio una sentencia de 13 años para cada causa, por lo que Juan está pagando una doble sentencia por el mismo delito.

Amplían sentencias por cambio de ley

Jorge Morales Serrano, Jaime Giles Hernández, Anastasio Cortés Toledo, Tirso Zúñiga Vargas y el mismo Jens Herrera, quien se ha convertido en un activista por los derechos humanos en la ejecución de la pena de los otros internos, fueron acusados por el delito de secuestro antes del 6 de noviembre de 1996. La ley, en material penal, antes de esta fecha establecía que por el delito de secuestro la pena máxima era de treinta años. Sin embargo, al modificarse la ley en 2005 e incorporarse el concepto de “delincuencia organizada”, las sentencias de los internos mencionados también las modificaron excediéndolas a más de tres décadas, y negándoles el beneficio de ley de la libertad anticipada.

La tortura de Reyna Fierro

Reyna Fierro Castro, aprehendida el 26 de enero de 1996 y acusada por el delito de secuestro, fue una de las víctimas de tortura del excomandante antisecuestro de la Policía Judicial de Morelos, Armando Martínez Salgado. Por la confesión, pese a que fue bajo tortura, le dictaron 22 años de sentencia, que cumplió hasta el 22 de enero de 2018, que fue liberada. No tuvo ningún beneficio de ley, ni defensa de oficio durante su reclusión. Tampoco le autorizaron la aplicación el Protocolo de Estambul. Víctima de fabricación de culpables, por el excomandante Martínez Salgado, Reyna Fierro no ha sido reconocida como víctima por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni se han dado las gestiones para la reparación del daño.

Martínez Salgado, director de la Policía Judicial de Morelos en 1998, fue detenido al ser acusado de coludirse con las bandas locales de secuestradores, y por el homicidio calificado del policía José Alberto Guadarrama García. Este caso incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a través de un acuerdo firmado en octubre del 2003, el gobierno federal y el gobierno de Morelos, reconocieron públicamente su responsabilidad por los hechos relacionados con el asesinato de Guadarrama, e indemnizaron a la familia.

Presos de la tercera edad

Un total de 23 presos de la tercera edad residen en el CERESO de Atlacholoaya, Morelos, la mayoría han sido abandonados legalmente, económicamente y por sus familiares. Jens Herrera indica que, en muchos casos, las familias de los presos prefieren «fabricar» delitos para deshacerse de ellos y librar su manutención. La mayoría de estos internos compurgarían el total de sus penas al superar los 100 años de edad.

La violación a las normas preestablecidas se ha convertido en una práctica constante en Morelos, una violación a los derechos humanos que estos hombres han denunciado durante años y con los pocos recursos que disponen, al interior del penal de Atlacholoaya.

Otro quebranto a las leyes que, según Jens Herrera, ha sido muy recurrente, es que un grupo de coacusados por el mismo tipo de delito son asistidos por un mismo abogado de oficio, lo que representa también una violación al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Desde el 30 de marzo de 2017, fecha en la que presentaron su primera petición, hasta el cierre de esta nota, los presos de Atlacholoaya siguen esperando una resolución legal favorable para sus casos, los apodados «culpables compurgados», pese a que muchos de ellos fueron sentenciados sin pruebas, exigen sus beneficios básicos, así como el acceso a estudios psicológicos, médicos, escolares, pedagógicos o de criminología.