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Fabricación de culpables

Presos con más de 20 años en prisión denuncian “consigna” en Morelos

Un grupo de 74 presos en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, revelan violaciones a sus derechos humanos en la ejecución de las penas por estar relacionados con el delito de secuestro, consigna de Isabel Miranda Torres y exgobernador Graco Ramírez.

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  • Acusados de secuestro y sentenciados a más de 30 años de prisión, les niegan beneficios en el Juzgado Penal de la Primera Instancia de Morelos.
  • El caso de José Avilez Moreno, 22 años en prisión preventiva sin sentencia.
  • Reyna Fierro, pagó 22 años por un crimen que no cometió.

Por Guadalupe Lizárraga

Primera parte

ATLACHOLOAYA, MORELOS.- “Somos los abandonados, somos los walking dead del sistema penal”, dice Jens Herrera Guzmán en referencia a un grupo de 74 presos compurgados que sobrepasan los veinte años de prisión en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, sin que se les haya otorgado ningún beneficio o derecho que deberían tener, por ejemplo, a una libertad anticipada para quienes cumplieron más del 50 por ciento de la sentencia.

En el caso de Herrera Guzmán, sentenciado a 32 años de prisión por el delito de secuestro bajo la causa penal 276/96, la ley marca que su derecho a una libertad anticipada lo podría hacer valer cuando cumpliera las 3/5 partes de la pena, esto es a los 19 años dos meses. Sin embargo, Herrera lleva 22 años en cárcel, y en la última petición de beneficios, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, tardó año y medio para resolver negativamente el recurso.

Herrera afirma sin cortapisas: “nuestros casos están en un juzgado de consigna. Todos, a excepción de uno, estamos dentro del tiempo que marca la ley, y la ley dice que cuando se cumpla el 50 por ciento del tiempo de sentencia, podemos tener el beneficio de la libertad anticipada cumpliendo ciertas condiciones”. Herrera conoce bien la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y recita de memoria los artículos que aluden a sus derechos: el artículo 1 que refiere a los derechos humanos; el artículo 8, que establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición; y el artículo 20, inciso B fracción VI, sobre los derechos de toda persona imputada.

Una mirada a las condiciones de la población carcelaria de Atlacholaya, Morelos. Imagen de la base de datos de Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, denuncia Herrera Guzmán que el ahora exgobernador Graco Ramírez, durante su administración negó todos los beneficios a presos relacionados con el delito de secuestro y delincuencia organizada, por presiones de Isabel Miranda Torres, violando los derechos de los internos. “No importa cuál sea la sentencia, 25, 27, 30 o 40 años. El beneficio de ley lo niegan por consigna, porque lo más curioso es que nos encontramos acusados por el delito de secuestro”, dice Herrera, y explica que los beneficios de la ley son derechos que toda persona imputada tiene, si cumple ciertos requisitos, y uno de los principales requisitos es el tiempo. 

El 4 de octubre de 2017, la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, le realizó una evaluación para determinar si le se le otorgaba el beneficio de la libertad anticipada. Sin contar con una cédula profesional, los evaluadores Juan Jesús Ramírez Núñez, y Martha Arias Mena, jefa del Departamento Escolar, concluyeron que Jens Herrera Guzmán, de 45 años, “no se encuentra asimilando el tratamiento institucional para su reinserción social”. Algunas situaciones correctivas señaladas en el estudio, por ejemplo, son aislamientos de quince días por la posesión de un teléfono celular, y se le determina “no apto para ningún beneficio”, y en 21 años de reclusión (2017) su adaptación al medio carcelario fue calificada de “no idónea”.

Parte de la evaluación técnica que determinó negarle los beneficios de la ley a Jens Herrera.

 

No obstante, Herrera alega haber cursado 24 materias, y tener estudios incompletos en Derecho, más aparte cursos y talleres de oficios, psicología y desarrollo emocional. Ayuda a otros internos a revisar sus casos y a orientarlos para la petición de sus derechos. También señala que el sistema les niega constancias por los cursos y talleres a los que asisten, incluso en las audiencias la juez no asiste, y dice: “es parte de una consigna”.

En una carta pública enviada al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Jens Herrera Guzmán destacó las violaciones al debido proceso y a las individuaciones de las penas de varios internos, así como la negativa a otorgarles beneficios a todo este grupo. Personas que han trasladado a otros penales sin que haya constancia de los traslados, y destaca en la misiva cinco casos especiales: el de Reyna Fierro, quien compurgó totalmente una sentencia de 22 años, por una acusación fundamentada únicamente con la declaración ministerial arrancada con tortura a su coacusada. Otro de los casos especiales es el de Gumaro Pérez Romero, quien falleció dentro del penal, al parecer, por falta de atención médica. Un tercer caso es el de Tirso Zúñiga Vargas, quien tenía una sentencia de 32 años de prisión, solicitó un beneficio y nunca le dieron respuesta. En cambio, lo trasladaron a otro estado sin constancia de esa acción del juzgado. El caso de Juan Salgado Arrollo, acusado también de secuestro, fue detenido junto con otros nueve coacusados, quienes narraron los hechos a detalle del supuesto secuestro, y los nueve salieron en libertad, mientras él quedó con los cargos, sin haber constancia en el juzgado de una resolución de por qué o quiénes los dejaron ir libres. Y el caso más relevante, a decir de Herrera, es el José Avilés Moreno, quien lleva 22 años en prisión preventiva sin haber recibido ninguna sentencia en todo este tiempo.

Carta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador

Atlacholoaya Xochitepec, Morelos

A 13 de noviembre de 2018

Presente.-

Los que suscribimos del Cefereso de Morelos, sírvase este conducto para expresarnos respecto a las reacciones que ocasionan los comentarios de la señora Isabel Miranda, quien ha lucrado con su supuesto dolor y apoyo incondicional de las pasadas administraciones de Justicia, pues se relacionó con un grupo poderoso económicamente y que también fueron víctimas del mismo delito (secuestro), pero –con excepción de la Sra. Wallace y Eduardo Gallo– no intervinieron ni participaron en la investigación, aprehensión, reclusión y enjuiciamiento de los presuntos culpables.

Ahora bien, hoy día existen pruebas contundentes que corroboran que muchos de los procesados por el delito de secuestro fueron fabricados; y a pesar de ello, las autoridades encargadas de impartir justicia son omisas en su proceder, y se dejan influenciar por los poderosos. Situación ésta que se ha reflejado claramente en el estado de Morelos, donde la sra. Wallace y Eduardo Gallo han influido en la aplicación y administración de justicia. Pues por el caso Gallo, después de 17 años que han transcurrido aún continúan personas recluidas por tal delito sin una prueba contundente que corrobore la culpabilidad de los mismos; además, de que los distintos jueces que han estado como “Titular” de los Juzgados Primero y Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actualmente Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juzgados éstos que ya estamos 100% seguros han sido y pretenden seguir siendo de consigna, pues en dichos juzgados hay procesos que al momento de dictar sentencia de Primera Instancia a los seis o siete coacusados, las sentencias por igual a cuarenta años, sin que se respete la individuación de la pena, entre otras violaciones al debido proceso. Así también, incuestionablemente si pides un beneficio de ley, te lo niegan por consigna, no importa si tienes una sentencia de 25, 27, 30 o 40 años de prisión, y llevamos más de 20 años recluidos, pero lo más curioso es que nos encontramos acusados por el delito de secuestro. Situación ésta que está pasando en estos momentos, pues de un grupo de 79 peticiones que hicimos internos del Cefereso Morelos, 55 pertenecen al Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de los cuales 33 de los peticionarios están acusados por el delito de secuestro, 17 por el delito de homicidio, 2 por el delito de violación, 3 por el delito de robo calificado.

De todas estas peticiones, 20 ya fuimos reprobados, en los estudios de personalidad, de los cuales interpusimos un recurso, el cual se encuentran en curso 15, y los 5 restantes están totalmente abandonados. Nueve peticiones no han tenido respuesta de las autoridades penitenciarias ni del Juzgado; seis peticiones ya fueron resueltas en apelación o juicios de garantías. De once peticiones, desconocemos totalmente qué sucedió con las mismas.

Hay cinco casos especiales: (I) Doña Reyna Fierro compurgó totalmente una sentencia de 22 años, sentencia ésta que fue fundamentada únicamente con la declaración ministerial arrancada con tortura a la coacusada. (II) Gumaro Pérez Romero, quien al parecer falleció por falta de atención médica. (III) Tirso Zúñiga Vargas tenía una sentencia de 32 años de prisión, solicitó beneficio y nunca le dieron respuesta. Sin embargo, fue trasladado a otro estado sin que obre en el expediente por tal determinación. (IV) Juan Salgado Arrollo, quien fue detenido junto con otros nueve coacusados, quienes de acuerdo con el oficio de puesta a disposición en donde al rendir declaración ministerial los coacusados narran los hechos del secuestro como quién negoció, quién cuidó, quién privó de libertad a la víctima, lo curioso es que los nueve se encuentran libres. Tan solo se quedó con toda la bronca, quien en declaración ministerial manifestó que era cuñado de uno de los implicados, el cual compraba comida en lata para llevarla al campo, sin saber para quién o para qué era la comida, siendo increíble que el menos culpable según la puesta a disposición.

Pero lo más grave es que en el Juzgado no obra una resolución donde conste por qué o quiénes los dejaron ir libres. Y el caso más relevante es el (V) José Avilés Moreno, quien lleva 22 años en prisión preventiva sin haber recibido ninguna sentencia en todo este tiempo. Proceder éste de las autoridades que están por salir, así de las que acaba de tomar el poder, específicamente la diputada federal María de los Ángeles Huerta, quien al parecer es también aliada de la señora Wallace, y no quiso hacer pública la presente información de presos culpables compurgados o presos que están por consigna, pues ¿qué beneficio le pueden dar un preso que tiene 25 años de sentencia y lleva recluido 23 años? ¿o el que lleva 30 años de prisión y lleva recluido 27 años? Y así puedo seguir con las demás peticiones. Situación ésta que se ve reflejada en el Estado de Morelos con el sr. Saénz, brazo derecho del actual gobernador del estado de Morelos, quien manifestó a los medios de comunicación que la violencia que se está dando en estos momentos en el estado se debía a que las autoridades al mando de Graco, dejaron salir –en lo que va del 2018– mil internos, los cuales son generadores de violencia, siendo esto totalmente falso como lo señalamos anteriormente, más bien deberíamos ser mil los internos que deberíamos salir libres, pero somos el maquillaje de la incompetencia de los funcionarios encargados de impartir justicia.

Causas, motivos y razones por las cuales hacemos un atento y respetuoso llamado al señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, nos tomen en cuenta verdaderamente en su próxima visión de gobierno como presos culpables compurgados y por consigna, y se nos dé una segunda oportunidad.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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Fabricación de culpables

Padre de culpable fabricado logra la libertad de su hijo después de cinco años de lucha

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Por Guadalupe Lizárraga

La lucha de Luis Castillo García por la libertad de su hijo Erick Onésimo Castillo Adame llegó al éxito, después de cinco años de prisión injusta y de haber sufrido tortura y acoso. Con una documental de 140 páginas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero emitió el exhorto judicial con carácter urgente.

 “Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina (…) no son culpables ni penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Mario César Ríos Vázquez”, así lo resolvió la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Amelia Gama Pérez, con fecha del 18 de diciembre de 2020, por lo que ordenó “la inmediata y absoluta libertad”.

Con tres sentencias absolutorias en la causa penal 19/2016-II-3, Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina obtuvieron su libertad la madrugada de ayer, después de haber estado cinco años en prisión por tres responsabilidades fabricadas, además de haber sido señalados en los medios de pertenecer a un grupo delictivo de Guerrero.

Luis Castillo, en su activismo por la libertad y el respeto a los derechos humanos de su hijo, logró que en febrero de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera que Castillo Adame había sido víctima de tortura y detención arbitraria por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y su expediente fue integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Sin embargo, pese a las evidencias y la violación a la presunción de inocencia por una intensa campaña mediática en el que se le exhibía como responsable de homicidio y de pertenecer al crimen organizado, Erick pagó por un crimen que no cometió y sus familiares fueron acosados debido al activismo por su liberación, incluso en medio del riesgo de la pandemia del covid 19.

Castillo Adame y Pedraza Molina sufrieron el patrón de hostilidad que consistió en la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento, implementado durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto para simular eficiencia policial en el combate al narcotráfico.

 

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