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Fabricación de culpables

Presos con más de 20 años en prisión denuncian “consigna” en Morelos

Un grupo de 74 presos en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, revelan violaciones a sus derechos humanos en la ejecución de las penas por estar relacionados con el delito de secuestro, consigna de Isabel Miranda Torres y exgobernador Graco Ramírez.

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  • Acusados de secuestro y sentenciados a más de 30 años de prisión, les niegan beneficios en el Juzgado Penal de la Primera Instancia de Morelos.
  • El caso de José Avilez Moreno, 22 años en prisión preventiva sin sentencia.
  • Reyna Fierro, pagó 22 años por un crimen que no cometió.

Por Guadalupe Lizárraga

Primera parte

ATLACHOLOAYA, MORELOS.- “Somos los abandonados, somos los walking dead del sistema penal”, dice Jens Herrera Guzmán en referencia a un grupo de 74 presos compurgados que sobrepasan los veinte años de prisión en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, sin que se les haya otorgado ningún beneficio o derecho que deberían tener, por ejemplo, a una libertad anticipada para quienes cumplieron más del 50 por ciento de la sentencia.

En el caso de Herrera Guzmán, sentenciado a 32 años de prisión por el delito de secuestro bajo la causa penal 276/96, la ley marca que su derecho a una libertad anticipada lo podría hacer valer cuando cumpliera las 3/5 partes de la pena, esto es a los 19 años dos meses. Sin embargo, Herrera lleva 22 años en cárcel, y en la última petición de beneficios, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, tardó año y medio para resolver negativamente el recurso.

Herrera afirma sin cortapisas: “nuestros casos están en un juzgado de consigna. Todos, a excepción de uno, estamos dentro del tiempo que marca la ley, y la ley dice que cuando se cumpla el 50 por ciento del tiempo de sentencia, podemos tener el beneficio de la libertad anticipada cumpliendo ciertas condiciones”. Herrera conoce bien la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y recita de memoria los artículos que aluden a sus derechos: el artículo 1 que refiere a los derechos humanos; el artículo 8, que establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición; y el artículo 20, inciso B fracción VI, sobre los derechos de toda persona imputada.

Una mirada a las condiciones de la población carcelaria de Atlacholaya, Morelos. Imagen de la base de datos de Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, denuncia Herrera Guzmán que el ahora exgobernador Graco Ramírez, durante su administración negó todos los beneficios a presos relacionados con el delito de secuestro y delincuencia organizada, por presiones de Isabel Miranda Torres, violando los derechos de los internos. “No importa cuál sea la sentencia, 25, 27, 30 o 40 años. El beneficio de ley lo niegan por consigna, porque lo más curioso es que nos encontramos acusados por el delito de secuestro”, dice Herrera, y explica que los beneficios de la ley son derechos que toda persona imputada tiene, si cumple ciertos requisitos, y uno de los principales requisitos es el tiempo. 

El 4 de octubre de 2017, la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, le realizó una evaluación para determinar si le se le otorgaba el beneficio de la libertad anticipada. Sin contar con una cédula profesional, los evaluadores Juan Jesús Ramírez Núñez, y Martha Arias Mena, jefa del Departamento Escolar, concluyeron que Jens Herrera Guzmán, de 45 años, “no se encuentra asimilando el tratamiento institucional para su reinserción social”. Algunas situaciones correctivas señaladas en el estudio, por ejemplo, son aislamientos de quince días por la posesión de un teléfono celular, y se le determina “no apto para ningún beneficio”, y en 21 años de reclusión (2017) su adaptación al medio carcelario fue calificada de “no idónea”.

Parte de la evaluación técnica que determinó negarle los beneficios de la ley a Jens Herrera.

 

No obstante, Herrera alega haber cursado 24 materias, y tener estudios incompletos en Derecho, más aparte cursos y talleres de oficios, psicología y desarrollo emocional. Ayuda a otros internos a revisar sus casos y a orientarlos para la petición de sus derechos. También señala que el sistema les niega constancias por los cursos y talleres a los que asisten, incluso en las audiencias la juez no asiste, y dice: “es parte de una consigna”.

En una carta pública enviada al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Jens Herrera Guzmán destacó las violaciones al debido proceso y a las individuaciones de las penas de varios internos, así como la negativa a otorgarles beneficios a todo este grupo. Personas que han trasladado a otros penales sin que haya constancia de los traslados, y destaca en la misiva cinco casos especiales: el de Reyna Fierro, quien compurgó totalmente una sentencia de 22 años, por una acusación fundamentada únicamente con la declaración ministerial arrancada con tortura a su coacusada. Otro de los casos especiales es el de Gumaro Pérez Romero, quien falleció dentro del penal, al parecer, por falta de atención médica. Un tercer caso es el de Tirso Zúñiga Vargas, quien tenía una sentencia de 32 años de prisión, solicitó un beneficio y nunca le dieron respuesta. En cambio, lo trasladaron a otro estado sin constancia de esa acción del juzgado. El caso de Juan Salgado Arrollo, acusado también de secuestro, fue detenido junto con otros nueve coacusados, quienes narraron los hechos a detalle del supuesto secuestro, y los nueve salieron en libertad, mientras él quedó con los cargos, sin haber constancia en el juzgado de una resolución de por qué o quiénes los dejaron ir libres. Y el caso más relevante, a decir de Herrera, es el José Avilés Moreno, quien lleva 22 años en prisión preventiva sin haber recibido ninguna sentencia en todo este tiempo.

Carta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador

Atlacholoaya Xochitepec, Morelos

A 13 de noviembre de 2018

Presente.-

Los que suscribimos del Cefereso de Morelos, sírvase este conducto para expresarnos respecto a las reacciones que ocasionan los comentarios de la señora Isabel Miranda, quien ha lucrado con su supuesto dolor y apoyo incondicional de las pasadas administraciones de Justicia, pues se relacionó con un grupo poderoso económicamente y que también fueron víctimas del mismo delito (secuestro), pero –con excepción de la Sra. Wallace y Eduardo Gallo– no intervinieron ni participaron en la investigación, aprehensión, reclusión y enjuiciamiento de los presuntos culpables.

Ahora bien, hoy día existen pruebas contundentes que corroboran que muchos de los procesados por el delito de secuestro fueron fabricados; y a pesar de ello, las autoridades encargadas de impartir justicia son omisas en su proceder, y se dejan influenciar por los poderosos. Situación ésta que se ha reflejado claramente en el estado de Morelos, donde la sra. Wallace y Eduardo Gallo han influido en la aplicación y administración de justicia. Pues por el caso Gallo, después de 17 años que han transcurrido aún continúan personas recluidas por tal delito sin una prueba contundente que corrobore la culpabilidad de los mismos; además, de que los distintos jueces que han estado como “Titular” de los Juzgados Primero y Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actualmente Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juzgados éstos que ya estamos 100% seguros han sido y pretenden seguir siendo de consigna, pues en dichos juzgados hay procesos que al momento de dictar sentencia de Primera Instancia a los seis o siete coacusados, las sentencias por igual a cuarenta años, sin que se respete la individuación de la pena, entre otras violaciones al debido proceso. Así también, incuestionablemente si pides un beneficio de ley, te lo niegan por consigna, no importa si tienes una sentencia de 25, 27, 30 o 40 años de prisión, y llevamos más de 20 años recluidos, pero lo más curioso es que nos encontramos acusados por el delito de secuestro. Situación ésta que está pasando en estos momentos, pues de un grupo de 79 peticiones que hicimos internos del Cefereso Morelos, 55 pertenecen al Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de los cuales 33 de los peticionarios están acusados por el delito de secuestro, 17 por el delito de homicidio, 2 por el delito de violación, 3 por el delito de robo calificado.

De todas estas peticiones, 20 ya fuimos reprobados, en los estudios de personalidad, de los cuales interpusimos un recurso, el cual se encuentran en curso 15, y los 5 restantes están totalmente abandonados. Nueve peticiones no han tenido respuesta de las autoridades penitenciarias ni del Juzgado; seis peticiones ya fueron resueltas en apelación o juicios de garantías. De once peticiones, desconocemos totalmente qué sucedió con las mismas.

Hay cinco casos especiales: (I) Doña Reyna Fierro compurgó totalmente una sentencia de 22 años, sentencia ésta que fue fundamentada únicamente con la declaración ministerial arrancada con tortura a la coacusada. (II) Gumaro Pérez Romero, quien al parecer falleció por falta de atención médica. (III) Tirso Zúñiga Vargas tenía una sentencia de 32 años de prisión, solicitó beneficio y nunca le dieron respuesta. Sin embargo, fue trasladado a otro estado sin que obre en el expediente por tal determinación. (IV) Juan Salgado Arrollo, quien fue detenido junto con otros nueve coacusados, quienes de acuerdo con el oficio de puesta a disposición en donde al rendir declaración ministerial los coacusados narran los hechos del secuestro como quién negoció, quién cuidó, quién privó de libertad a la víctima, lo curioso es que los nueve se encuentran libres. Tan solo se quedó con toda la bronca, quien en declaración ministerial manifestó que era cuñado de uno de los implicados, el cual compraba comida en lata para llevarla al campo, sin saber para quién o para qué era la comida, siendo increíble que el menos culpable según la puesta a disposición.

Pero lo más grave es que en el Juzgado no obra una resolución donde conste por qué o quiénes los dejaron ir libres. Y el caso más relevante es el (V) José Avilés Moreno, quien lleva 22 años en prisión preventiva sin haber recibido ninguna sentencia en todo este tiempo. Proceder éste de las autoridades que están por salir, así de las que acaba de tomar el poder, específicamente la diputada federal María de los Ángeles Huerta, quien al parecer es también aliada de la señora Wallace, y no quiso hacer pública la presente información de presos culpables compurgados o presos que están por consigna, pues ¿qué beneficio le pueden dar un preso que tiene 25 años de sentencia y lleva recluido 23 años? ¿o el que lleva 30 años de prisión y lleva recluido 27 años? Y así puedo seguir con las demás peticiones. Situación ésta que se ve reflejada en el Estado de Morelos con el sr. Saénz, brazo derecho del actual gobernador del estado de Morelos, quien manifestó a los medios de comunicación que la violencia que se está dando en estos momentos en el estado se debía a que las autoridades al mando de Graco, dejaron salir –en lo que va del 2018– mil internos, los cuales son generadores de violencia, siendo esto totalmente falso como lo señalamos anteriormente, más bien deberíamos ser mil los internos que deberíamos salir libres, pero somos el maquillaje de la incompetencia de los funcionarios encargados de impartir justicia.

Causas, motivos y razones por las cuales hacemos un atento y respetuoso llamado al señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, nos tomen en cuenta verdaderamente en su próxima visión de gobierno como presos culpables compurgados y por consigna, y se nos dé una segunda oportunidad.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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