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Justicia pendiente

Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

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Por Ignacio García/Guadalupe Lizárraga

Jefte Méndez Hernández, abogado defensor del preso político Luis Díaz Pantoja, por medio de una carta, pidió la intervención de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México para que se pronuncie por la detención arbitraria ocurrida el 8 de octubre de 2013.

El defensor especificó en el documento que Díaz Pantoja fue aprehendido en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 11, en violación a sus garantías individuales, pues en ese momento contaba con fuero constitucional al ser recién diputado electo por el estado de Oaxaca.

Por otra parte, en ese momento de la detención, el Ministerio Público Federal sólo contaba con una denuncia anónima, la declaración de un familiar que fue torturado para que declarara en su contra y las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos, que investigaciones periodísticas y la defensa de Luis Díaz Pantoja han demostrado que al mismo tiempo en que supuestamente declaraban en contra de Díaz Pantoja, también lo hacían en otros casos de fabricación de culpables.

La defensa de Luis Díaz Pantoja ha recorrido las diversas instancias de gobierno, en materia de procuración de justicia y derechos humanos, sin embargo, sigue recluido bajo el tratos crueles e inhumanos, que incluso ha tenido que participar en protestas pacíficas como huelgas de hambre para exigir un trato digno y que no los golpeen dentro del cefereso número 15, de Chiapas.

De la misma manera, su defensa lega ha solicitado en el proceso incidentes por desvanecimientos de datos, de cambio de medida cautelar y por no existir pruebas recriminatorias, pero que no han sido tomadas en cuenta por el Estado mexicano como las falsas acusaciones y fabricaciones de pruebas para miles de personas durante el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, el abogado Jefte Méndez también sostuvo que se ha probado que no existió el delito de delincuencia organizada, después de que se comprobó que la supuesta denunciante Emilia Altamirano Díaz, familiar del inculpado, fue torturada para declarar en contra de Díaz Pantoja.

El jurista refirió que Luis Díaz ha permanecido en reclusión por delitos que no cometió y se violó la Constitución Mexicana al estar detenido más de dos años sin una causa justificada, por lo cual no existen elementos para que permanezca recluido desde hace casi nueve años.

Además, enfatizó que los diferentes organismos defensores de derechos humanos se han pronunciado en favor de la libertad de Luis Díaz Pantoja, por lo que demandó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU que se pronuncie en favor de su inmediata liberación.

Carta a la ONU

Caso Luis Díaz Pantoja, preso político

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Justicia pendiente

Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

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Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.

El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.

En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.

De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.

La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.

Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.

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Justicia pendiente

Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

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Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.

De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.

Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.

El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.

En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.

En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.

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