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Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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Latinoamérica

Pedro Castillo pone fin a su gobierno con un autogolpe de Estado, estilo Fujimori

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Pedro Castillo terminó con la presidencia de Perú con un autogolpe de Estado

 

Por Isaac Risco

Pedro Castillo decidió poner fin a su presidencia en Perú de una de las peores formas posibles. Tras liderar uno de los gobiernos más desastrosos de la historia del país, Castillo violó el miércoles (7.12.2022) la Constitución que juró cumplir al asumir el cargo y ordenó el cierre de un Congreso elegido de forma antidemocrática.

Con ello, el mandatario le dio a sus críticos, finalmente, los argumentos que necesitaban para forzar su salida del poder. La precipitada votación en la que el Legislativo decidió poco después destituir al presidente estaba justificada en medio del caos y la locura en que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempos: Pedro Castillo era una franca amenaza para la frágil democracia del país.

Incapacidad para gobernar

En Perú se habló de inmediato de un «golpe de Estado» y algunos analistas recordaron el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, el funesto precedente para la medida anunciada por Castillo. La comparación es pertinente: si bien la Carta Magna peruana contempla la posibilidad de que un presidente disuelva el Parlamento y llame a elecciones legislativas extraordinarias, ese extremo sólo puede ocurrir si la cámara le niega dos veces la confianza a un gabinete presidencial. Castillo no tenía ese argumento. Su intento de cerrar el Congreso era innegablemente ilegal.

Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

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Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

Tragicomedia política

Parte de la tragicomedia política peruana, por otro lado, es que la declaración de la «vacancia de la presidencia por incapacidad moral», como se llama al mecanismo constitucional previsto para destituir al presidente, se había convertido antes en una farsa. Una paradoja, porque la actual moción de vacancia es la única cuyo resultado está realmente justificado.

Se trataba de la tercera moción presentada en el Congreso en menos de dos años para intentar sacar a Castillo de Palacio de Gobierno en Lima. Antes, en noviembre de 2020, uno de sus predecesores, Martín Vizcarra, había sido destituido por la misma vía. Y en los últimos cinco años, tres presidentes afrontaron «pedidos de vacancia», cada cual hilado con argumentos más peregrinos que el anterior.

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Grave crisis sistémica

La estrepitosa caída de Pedro Castillo, por eso, no debe alegrar a nadie en Perú. Tampoco a la radicalizada oposición ultraconservadora que pedía destituir al presidente de izquierda cuando este no había ni siquiera asumido el cargo en 2021. La tragedia personal de Castillo es también la tragedia colectiva de un país que lleva años sumido en una grave crisis sistémica y en un proceso de descomposición política avanzado. Sin un Ejecutivo y un Congreso operantes, también sin partidos políticos dignos de ese nombre.

Es urgente, ahora, que el gobierno que asume la vicepresidenta, Dina Boluarte, convoque a nuevas elecciones cuanto antes. Y es perentorio, para salir de la crisis, que el próximo gobierno que salga de las urnas cuente con las mayorías y la voluntad necesarias para poner en marcha una reforma política que ya no puede esperar más.

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La red en lucha

Expresidenta de Argentina Cristina Fernández condenada a seis años de prisión por corrupción

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Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por corrupción

La condena fue leída en medio de una jornada de protestas por seguidores de la vicepresidenta, quienes muestran su respaldo a Cristina Fernández

La vicepresidenta de ArgentinaCristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a Fernández de Kirchner a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

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La pena dispuesta para Fernández de Kirchner en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

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Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.

En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.

En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.

 

 

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Latinoamérica

Militarización en Ecuador y México otra amenaza más a los derechos humanos

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Amnistía Internacional alertó que se puede agravar la violación de derechos humanos en México y Ecuador por la militarización que sufren ambos países

 

MÉXICO – La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en América Latina, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, afirmó en una nueva declaración la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“Es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública”, advirtió la directora para el hemisferio de AI, Erika Guevara Rosas.

En Ecuador, la Corte Constitucional publicó el martes 29 la validación del pedido del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución, para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, a fin de combatir el crimen organizado en el país.

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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que en cuestión de días discutirá asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución.

El primer análisis tratará la controversia constitucional sobre el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.

Además, mencionó que el problema del crimen organizado no es excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, recordó AI.

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“El presidente Lasso no puede ignorar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia conveniencia, para justificar la militarización en Ecuador”, replicó Guevara Rosas.

Argumentó que “si el problema del crimen organizado, según el propio presidente, no es excepcional, la respuesta no puede darse a través del despliegue permanente de las fuerzas armadas, en virtud de los requisitos de excepcionalidad y carácter extraordinario de su uso”.

Recordó que existe una prohibición en la doctrina emanada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre perpetuar el uso de las fuerzas armadas en temas no relacionados con conflictos armados.

En su opinión “se abre una oportunidad para que empiece un proceso que permita que las fuerzas armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana”.

“Es un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país”, aseveró la responsable de AI.

En el caso de México, el reporte de AI recordó que ese país “ha optado por utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de 15 años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años”.

En marzo de 2019, mediante una reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional con mando civil y policial, pero con una influencia muy alta de las fuerzas armadas.

Por otra parte, el Acuerdo Presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028.

“Estas acciones se llevaron a cabo sin una estrategia clara de fortalecimiento de policías y de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles”, según AI.

 

En septiembre de este año, el Congreso aprobó que se incorpore a la Guardia Nacional formalmente bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también tiene a su cargo las Fuerzas Armadas.

La iniciativa está siendo controvertida ante el poder judicial y actualmente cuenta con una suspensión que frena su entrada en vigor.

La oenegé recordó que la Guardia Nacional mexicana realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, como la construcción de carreteras y el manejo de la vacunación contra la covid-19.

Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las 10 instituciones con mayor número de quejas abiertas este año, 346 y 327 respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Según Guevara Rosas “la estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla”.

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“Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de esas fuerzas”, agregó.

Opinó que ese país “está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales, bajo el mando civil, y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles”.

Insistió en que la protección del derecho a la vida y a la integridad personal no permite ni puede ser una justificación para que los Estados tomen medidas para complementar, mucho menos de manera permanente, los cuerpos policiales con las fuerzas armadas.

Recordó que la Corte IDH ha alertado sobre la formación del personal militar, que está orientada a su participación en conflictos armados con la consigna de derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento policial se dirige a la protección y seguridad de la población civil en tiempos de paz.

“Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos”, dijo finalmente Guevara Rosas.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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