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Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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La red en lucha

Gobierno de México exige de nuevo visa a ecuatorianos para evitar «oleada migratoria»

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Sara España/Micaela Valera
El País

Solo uno de cada tres ecuatorianos que vuela hasta México aduciendo que viaja por turismo vuelve a su casa. Esa estadística equivale en cifras absolutas a 54.000 personas que salieron de Ecuador en ocho meses y se quedaron o intentaron quedarse como migrante ilegal en otro lugar. En Estados Unidos, principalmente. Ante la nueva oleada detectada por México desde que eliminara la exigencia de visado a los ecuatorianos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado marcha atrás y reinstaurado el requisito migratorio.

A partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022, de momento, quienes elijan a México como destino deberán pedir autorización previa a las autoridades migratorias. La Cancillería ecuatoriana reaccionó al anuncio de México con un comunicado de cuatro párrafos en donde toma “conocimiento” de la decisión que achaca “al alto número de connacionales que son víctimas de mafias que utilizan este mecanismo con la intención de trasladarlos irregularmente hacia Estados Unidos”.

La decisión precedió en días a la llegada del presidente de la nación andina, Guillermo Lasso, para unirse a la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México por la Firma de los Tratados de Córdoba. Pese al revuelo que levantó el anunció de México, la agenda de Lasso a partir de este martes estará centrada en consolidar el acercamiento de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ninguno de los dos países ha confirmado si el asunto de las visas estará en la conversación entre Lasso y López Obrador.

Lasso, quien aterrizó el lunes en Ciudad de México y se quedará hasta el próximo jueves, ha destacado que las conversaciones con López Obrador se centrarán en apertura económica y comercial, cooperación, y planes de vacunación. El canciller Marcelo Ebrard ha recibido al mandatario en su primera visita oficial a México como jefe de Estado y ha dado una afectuosa bienvenida pública tanto al presidente como a su esposa. La Secretaría de Exteriores mexicana ha detallado que después de la cita entre ambos presidentes para conversar “sobre diversos temas de la agenda bilateral y regional”, Lasso volverá a la capital mexicana para proseguir con asuntos de su agenda de trabajo privada.

Fuente original: El País

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La red en lucha

Violencia del Estado persiste en Colombia tras los acuerdos de La Habana en 2016

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Por Ignacio García

Tras los acuerdos de La Habana en 2016 firmados por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano sigue ejerciendo violencia contra los ciudadanos.

De acuerdo con el Tercer Informe sobre los asesinatos sistemáticos en Colombia durante 2021, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Colectivo por la Paz en Colombia desde México (Colpaz), después de cinco años de haberse firmado los acuerdos por las autoridades colombianas, mil 201 líderes han sido asesinados y el Estado ha sido incapaz de detener la violencia.

El estudio revela que el gobierno de Iván Duque ha minimizado los efectos de la violencia en ese país atribuyendo los homicidios sistemáticos a una disputa de territorio para la ilegalidad.

En las zonas del país donde asesinan a defensores de derechos humanos existen organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, pero el gobierno nacional ha desestimado las nuevas formas del paramilitarismo, aunado a que se siguen desarticulando las organizaciones comunitarias en defensa de los territorios y en los distintos territorios del país.

Al respecto, Lady Johanne Rondón Arévalo, activista e integrante del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, y Juan Sebastián Granada-Cardona, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron en entrevista con Los Ángeles Press que la fiscalía de Justicia ha elogiado la actuación del gobierno, pese a que tendría que ser una institución independiente.

Las condiciones de violencia en Colombia han continuado con una profunda inequidad social, altos índices de corrupción e impunidad, aunado a que el gobierno nacional ha priorizado el uso de la fuerza antes del diálogo y consenso correspondiente a un Estado de Derecho, señalan los académicos.

Asimismo, se ha mantenido la violencia institucional, estructural y la ejercida a través de los cuerpos públicos de seguridad que dan cuenta de la prolongación de las formas criminales que se instalaron en el poder desde hace más de 40 años y que se han sofisticado a través de nuevas formas de operación por medio de recursos del crimen organizado.

El informe refiere los distintos casos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, feminicidios, violencia estatal cometida durante el primer semestre de este año.

También 69 líderes sociales fueron asesinados en la primera mitad de este año, 106 ex combatientes de las FARC, así como 45 masacres cometidas por el Estado colombiano, por lo que advirtieron que de continuar esta tendencia constante contra la ciudadanía el tejido social colombiano seguirá siendo afectado.

Además, la violencia del Estado pudo evidenciarse cuando la Fuerza pública se utiliza contra la ciudadanía violentando los derechos humanos y criminalizando la protesta social como forma de deslegitimación de las exigencias ciudadanas como sucedió en abril pasado con las protestas contra el gobierno de Duque.

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Latinoamérica

EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

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El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.

Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala Honduras y El Salvador pero la mención de los nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

La publicación ocurre mientras el gobierno del presidente Joe Biden presta atención a la corrupción endémica en la región como uno de los factores que impulsa a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos.

El llamado del Congreso para el reporte refleja una preocupación creciente “sobre el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la reincidencia considerable que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.

Quizás tan importante que la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores actuales, fue la omisión del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado sospechas de que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.

Él ha negado haber cometido alguna falta. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.

El analista hondureño Raúl Pineda Alvarado dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que en general no incluye a los perpetradores principales, algo que lo decepcionó .

«Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina”, comentó.

En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, sostuvo.

“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción… pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, declaró.

En cuanto a El Salvador, en la lista se incluyeron exfuncionarios del gabinete, un juez y el jefe de despacho del presidente Nayib Bukele La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, ha mantenido un perfil bajo desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.

La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción considerable al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en un plan de lavado de dinero.

La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder preeminente del partido Nuevas Ideas de Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.

Araujo reacción en Twitter, diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.

“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel…. me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.

Jean Manes, una exembajadora estadounidense para El Salvador, que recientemente regresó de manera temporal como encargada de negocios, dijo en un comunicado en video que la estrategia de Estados Unidos en la región se centra en combatir la corrupción porque es el factor más grande que impide el desarrollo.

“Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos», afirmó. “Esta es una lucha larga compleja y continua, por eso hacemos uso de diferentes herramientas como la lista Engel que nos permite tomar acción inmediata en contar de actores que están abusando su poder para beneficio personal”.

Eduardo Escobar, jefe de Acción Ciudadana, una organización de rendición de cuentas públicas de El Salvador, dijo que se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita al país.

Escobar dijo que en algunos casos, la lista dio crédito a los señalamientos de que algunos miembros del gobierno de Bukele estaban involucrados en actos de corrupción, así como miembros de otros partidos políticos. Añadió que ahora tendrían que ver si la Fiscalía General de El Salvador toma alguna medida para perseguir a las personas mencionadas en la lista.

El gobierno de Bukele no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.

En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.

El fiscal jefe contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.

«Creo que faltan varios procesados por corrupción», añadió Sandoval. «En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”

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Fuente: AP

Sherman reportó desde Ciudad de México. Los periodistas de The Associated Press Marcos Alemán en San Salvador y Marlon González en Honduras contribuyeron a este despacho.

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