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Mexico Violento

Presas por narcotráfico en México, efecto de la desigualdad

La socióloga Concepción Nuñez Miranda presentó una investigación en la que revela que las internas en cárceles por delitos de narcotráfico en México, es un efecto de la desigualdad y no de la delincuencia.

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Foto: semmexico.com

Por Soledad Jarquín Edgar

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 4.3 por ciento de mujeres de entre 12 y 65 años de edad ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida (2016), en tanto que más de dos mil mujeres han sido acusadas por haber cometido algún delito relacionado con drogas (2013); la mayoría de estas últimas son mujeres en condición de pobreza.

El consumo de drogas ilícitas, así como su producción y venta, son dos aspectos en los que las mujeres no están al margen. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), las mujeres demandan un tratamiento médico-psicológico, pero también un abordaje jurídico desde la perspectiva de género.

En ese sentido, la doctora en sociología Concepción Núñez Miranda, sostiene que estas mujeres no son producto de la delincuencia sino de un sistema de desigualdad.

 

El consumo de drogas ilícitas entre mujeres

Las cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas refieren también que la edad de inicio de consumo de drogas entre las mujeres es a los 18.2 años; los hombres a los 17.7 años. De quienes consumen alguna droga ilícita solo el 12.8 por ciento de mujeres recibe tratamiento, frente al 20.3 por ciento de los hombres.

De acuerdo con los datos 2016 de dicha encuesta, “cualquier droga” ocupa el más alto porcentaje de consumo entre las mujeres (10.3 %), seguido de la mariguana (8.6 %) y la cocaína (3.5 %), seguido de los alucinógenos, inhalables y estimulantes de tipo anfetamínico, con 0.7, 1.1. y 0.9, respectivamente.

Comparativamente con otras encuestas, se observa un incremento en el consumo de mariguana, tanto en mujeres como en hombres, en tanto que el consumo de cocaína se mantuvo estable.

Otro dato relevante es que 12 por ciento de los 3.2 millones de estudiantes mujeres de secundaria y el 22 por ciento de los dos millones de mujeres que estudian bachillerato habían consumido alguna droga alguna vez en su vida.

En relación con la rehabilitación, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas indica que en 2015 se registraron seis mil 513 ingresos de mujeres a estos programas, ellas representan el 11.3 por ciento de los casi 56 mil que acudieron a los centros de rehabilitación gubernamentales.

 

Las prisioneras por narcotráfico

Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común con un porcentaje del 12 por ciento en 2013; este porcentaje en América Latina alcanza al 70 por ciento de mujeres.

INMujeres señala que la pobreza es un factor que lleva a las mujeres a involucrarse en delitos de tráfico ilegal de drogas, muchas veces por imposición de sus parejas; ellas, además, tienen poca o nula educación y son responsables de sus familias.

Por ello, la dependencia federal propone una política con un enfoque realista basado en evidencias, que favorezca el tratamiento en lugar del encarcelamiento, una política basada en la perspectiva de género que permita mirar que existen motivos distintos que las llevan a cometer estos delitos por ser mujeres.

 

Deshilando condenas, bordando libertades

La doctora en sociología Concepción Núñez Miranda quien ha investigado el caso de mujeres presas por narcotráfico señala que estas mujeres comparten pobreza y olvido.

En el libro Deshilando condenas, bordando libertades explica que un mundo donde la pobreza en lugar de disminuir, crece, es necesario analizar qué ocurre con el modelo de reproducción económico social que provoca más pobreza y que haya más personas proclives a ser utilizadas para la producción, circulación y venta de sustancias prohibidas.

“La pobreza que se respira (en sus comunidades) al mismo tiempo las ahoga, dice Núñez Miranda, quien sostiene que invariablemente los procesos penales de estas mujeres están llenos de anomalías, uno de ellos la falta de traductores en los interrogatorios y que éstos son irregularmente demasiado largos.

El estudio, que le ha valido varios premios y reconocimientos, así como la sensibilización a jueces mexicanos, aunque el sistema mexicano no ha variado su postura, señala que la historia de vida de un grupo de mujeres presas por narcotráfico contribuye a explicar la situación extraordinaria que viven estas mujeres, principalmente indígenas.

Su investigación la llevó a articular diferentes fenómenos sociales actuales: el tráfico ilegal de narcóticos, la pobreza, la justicia y los derechos humanos, analiza sus repercusiones en un sector de personas pertenecientes a la clase social más desprotegida y vulnerable del país: las mujeres de los pueblos originarios, quienes sufren opresiones múltiples, las cuales son violentadas no sólo por una sociedad de desiguales, sino por costumbres que aumentan su opresión y su marginalidad, y cuyos cuerpos son utilizados de “mulas de carga” en la cadena de producción, circulación y venta de marihuana, convertidas en datos, en números utilizados para que el Estado justifique ante el imperio que está combatiendo el “Narcotráfico”.

 

Fuente: SEMMexico

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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