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Fabricación de culpables

Premio de Derechos Humanos a Nestora Salgado y a la Comunidad de Cherán

Nestora Salgado y la Comunidad de Cherán obtuvieron el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Fundación Don Sergio Méndez Arceo

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Carlos Ventura (Cencos), Saria Rodríguez (hija de Nestora) y Emiliano Gaytán (Cencos). Foto: Cencos.org

Carlos Ventura (Cencos), Saria Rodríguez (hija de Nestora) y Emiliano Gaytán (Cencos). Foto: Cencos.org

Por Michelle Gastélum

CUERNAVACA, Morelos.- La Fundación Don Sergio Méndez Arceo decidió otorgar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, a Nestora Salgado García, coordinadora regional de Policía comunitaria y activista de los derechos indígenas, “por su incansable y valiente defensa y promoción de los derechos humanos con su comunidad Olinalá Guerrero”. En la modalidad de grupo, la fundación destacó el trabajo de la Comunidad de Cherán, Michoacán, por la construcción de su autonomía, su organización comunitaria y por su compromiso con la protección de sus habitantes.

En el comunicado público, se destacó el contexto de crisis económica y de cómo el gobierno mexicano ha impulsado y ejecutado reformas legislativas que despojan al país de sus riquezas. A ello se suma la negación de derechos y una vida digna a la ciudadanía. “una Situación que se agrava por la criminalización de las víctimas y la persecución, desaparición y muchas veces el asesinato de luchadoras y luchadores sociales y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y migrantes”, se señala en el comunicado.

La fundación pidió a Saira Rodríguez Salgado, hija de la activista ganadora, asistir a la conferencia de prensa para informar sobre la situación de su madre.

Rodríguez señaló que el Poder Judicial federal reconoció que Nestora Salgado actuaba conforme a derecho, según el sistema normativo indígena, avalado por la Ley regional 701 y el Convenio 169 de la Organización Internacional el Trabajo (OIT), por lo que un juez federal la liberó de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por los que estaba detenida desde el 21 de agosto de 2013..

También enfatizó Rodríguez Salgado que la Procuraduría del Estado de Guerrero es quien mantiene la falsa acusación contra Nestora y es el Gobierno del Estado el que pretende desarticular a la Policía comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

El propósito del premio, según el comunicado oficial, es reconocer la lucha de la ciudadanía y promover la solidaridad con quienes han destacado en la defensa de los derechos humanos, como es el caso de Nestora Salgado, aún presa en el penal de El Rincón Tepic Nayarit, y el caso de la Comunidad de Cherán, de Michoacán, México. El jurado tomó la decisión el pasado 21 de marzo, y hoy se dio a conocer el fallo a través de una conferencia de prensa en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sede de la fundación. La premiación será el próximo 3 de mayo, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sede de la fundación.

Semblanza de los ganadores 

 

Comunidad de Cherán en constante lucha por su autonomía. Foto: red

Comunidad de Cherán en constante lucha por su autonomía. Foto: red

Comunidad de Cherán, Michoacán

La comunidad de Cherán se encuentra ubicada en la meseta purépecha del estado de Michoacán.

La lucha del pueblo de Cherán surge para defender su medio ambiente y la vida de sus habitantes. Este pueblo purépecha se conforma en una auténtica propuesta de organización y defensa popular autónoma. Una de sus denuncias desde el año 2008 fue la tala clandestina que arrasó poco más de 20 mil hectáreas de las 27 mil que integran el territorio de Cherán. Esta denuncia devino en la defensa organizada de su territorio, lo cual les acarreó múltiples secuestros, desapariciones y muertes de integrantes de la comunidad.

Fueron principalmente las mujeres quienes encabezaron la defensa de la comunidad el 15 de abril de 2011, a raíz de la fuerte indignación por las desapariciones y asesinatos de sus esposos y familiares. Ellas son factor fundamental en el sostenimiento de la comunidad, liderando las fogatas que se hicieron para la protección de la comunidad, participando dentro de las comisiones comunitarias, con un fuerte compromiso y trabajo en las asambleas generales.

En noviembre del 2011, en medio de una jornada electoral nacional, transita hacia un sistema de usos y costumbres y elige a sus representantes municipales sin la participación de partidos políticos. Sólo unos días antes, el 4 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un fallo histórico, con el que reconoció la reivindicación de las demandas del pueblo de Cherán, y sentó con ello un precedente en relación con los derechos que tienen los pueblos indígenas a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a sus derechos humanos individuales y colectivos. Lo cual no sólo genera efectos en beneficio del proceso autonómico de la comunidad de Cherán . En ese entonces, la comunidad no sólo exigió el respeto y garantía de los derechos humanos del pueblo purépecha, sino también los de todos los pueblos originarios de México. La acción de constituirse legalmente como un pueblo autónomo, demuestra que esta comunidad apuesta por un ejercicio pleno de los derechos humanos, y por la construcción de alternativas de organización social y política.

Actualmente Cherán es gobernado por un Concejo Mayor elegido en asamblea por los cuatro barrios, donde son designados los 12 K’erys (grandes) que estarán al frente durante 4 años. A su vez, las asambleas de barrio eligen a las y los que integrarán la “ronda comunitaria”, que es una especie de policía comunitaria que tiene a su cargo la seguridad de la comunidad.

En Cherán descubrimos la importancia y el gran valor que tiene la preservación de la identidad y las formas de organización ancestrales de los pueblos indígenas de México y la capacidad de construir nuevas formas de organización comunitaria, basadas en el bien común y el cuidado de la madre tierra y sus recursos naturales.

 

Campaña de solidaridad internacional por la liberación de Nesotra Salgado. Foto: cortesía José Jiménez

Campaña de solidaridad internacional por la liberación de Nesotra Salgado. Foto: cortesía José Jiménez

Nestora Salgado García

Desde el compromiso con los pueblos indígenas de Guerrero, Nestora Salgado García, oriunda de Olinalá, Guerrero, ha dado una lucha por la dignidad ante el abuso de poder con los más vulnerables. Nacida el 28 de febrero de 1972, crece en el seno de una familia trabajadora de la tierra. Estudiaba el segundo año de secundaria cuando fue arrancada del hogar materno y traslada a Estados Unidos en vísperas de ser madre. Nestora, en su nueva vida de esposa, madre e inmigrante, pasa las penurias de la violencia doméstica por parte de su primer esposo. Sin embargo, siempre mirando hacia adelante, pese a su corta edad, mientras criaba a sus tres hijas Saira, Grisel y Rubí, obtiene la ciudadanía estadounidense por denunciar su situación.

En una de sus visitas a Olinalá, sufrió un accidente vial que lastimó de por vida su columna vertebral, por lo que en 2004 decidió quedarse en su pueblo natal: Olinalá desde donde empezó a realizar acciones de ayuda comunitaria, especialmente con mujeres de la comunidad que igual que ella eran víctimas de violencia intrafamiliar y que vivían en pobreza extrema. Pronto su casa se volvió un centro de ayuda para la gente más necesitada de Olinalá.

No obstante, la ayuda brindada por Nestora Salgado no era suficiente para el tamaño de la necesidad de Olinalá y sus alrededores. La violencia del narcotráfico y las pandillas empezó a contaminar la comunidad. En los dos últimos años la violencia se intensificó, y en octubre de 2012, llegaron a entrar sicarios a Olinalá a raptar jóvenes, mujeres para abuso sexual y venta de narcomenudeo, y los hombres para entrenarlos como sicarios. El pueblo entró en pánico y las autoridades no hacían nada para detener las desapariciones y muertes. Así que, con el ejemplo de otras comunidades, Nestora Salgado impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, ante la voluntad de un grupo de padres de familia que querían proteger a sus hijos.

Creó una red solidaria entre Estados Unidos y el estado de Guerrero para la comunidad de Olinalá y otras comunidades de La Montaña de Guerrero.Creó comités de apoyo para mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica,Organizó la Policía ciudadana de Olinalá, en enero de 2013.

Ha sido víctima de tortura psicológica, han sido violados sus derechos humanos y ha sido criminalizada por defender a la comunidad y organizarla para su propia protección. Sus denuncias y su activismo ha movilizado la conciencia no sólo de Olinalá, sino también de México y las principales ciudades de Estados Unidos donde le han brindado solidaridad.

Desde el 21 de Agosto se encuentra en el penal de máxima seguridad “El Rincón“ en el estado de Nayarit muy lejos de su comunidad de origen y estamos en espera de que el proceso judicial desemboque en la pronta liberación de Nestora Salgado.

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El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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