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Fabricación de culpables

Premio de Derechos Humanos a Nestora Salgado y a la Comunidad de Cherán

Nestora Salgado y la Comunidad de Cherán obtuvieron el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Fundación Don Sergio Méndez Arceo

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Carlos Ventura (Cencos), Saria Rodríguez (hija de Nestora) y Emiliano Gaytán (Cencos). Foto: Cencos.org

Carlos Ventura (Cencos), Saria Rodríguez (hija de Nestora) y Emiliano Gaytán (Cencos). Foto: Cencos.org

Por Michelle Gastélum

CUERNAVACA, Morelos.- La Fundación Don Sergio Méndez Arceo decidió otorgar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, a Nestora Salgado García, coordinadora regional de Policía comunitaria y activista de los derechos indígenas, “por su incansable y valiente defensa y promoción de los derechos humanos con su comunidad Olinalá Guerrero”. En la modalidad de grupo, la fundación destacó el trabajo de la Comunidad de Cherán, Michoacán, por la construcción de su autonomía, su organización comunitaria y por su compromiso con la protección de sus habitantes.

En el comunicado público, se destacó el contexto de crisis económica y de cómo el gobierno mexicano ha impulsado y ejecutado reformas legislativas que despojan al país de sus riquezas. A ello se suma la negación de derechos y una vida digna a la ciudadanía. “una Situación que se agrava por la criminalización de las víctimas y la persecución, desaparición y muchas veces el asesinato de luchadoras y luchadores sociales y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y migrantes”, se señala en el comunicado.

La fundación pidió a Saira Rodríguez Salgado, hija de la activista ganadora, asistir a la conferencia de prensa para informar sobre la situación de su madre.

Rodríguez señaló que el Poder Judicial federal reconoció que Nestora Salgado actuaba conforme a derecho, según el sistema normativo indígena, avalado por la Ley regional 701 y el Convenio 169 de la Organización Internacional el Trabajo (OIT), por lo que un juez federal la liberó de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por los que estaba detenida desde el 21 de agosto de 2013..

También enfatizó Rodríguez Salgado que la Procuraduría del Estado de Guerrero es quien mantiene la falsa acusación contra Nestora y es el Gobierno del Estado el que pretende desarticular a la Policía comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

El propósito del premio, según el comunicado oficial, es reconocer la lucha de la ciudadanía y promover la solidaridad con quienes han destacado en la defensa de los derechos humanos, como es el caso de Nestora Salgado, aún presa en el penal de El Rincón Tepic Nayarit, y el caso de la Comunidad de Cherán, de Michoacán, México. El jurado tomó la decisión el pasado 21 de marzo, y hoy se dio a conocer el fallo a través de una conferencia de prensa en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sede de la fundación. La premiación será el próximo 3 de mayo, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sede de la fundación.

Semblanza de los ganadores 

 

Comunidad de Cherán en constante lucha por su autonomía. Foto: red

Comunidad de Cherán en constante lucha por su autonomía. Foto: red

Comunidad de Cherán, Michoacán

La comunidad de Cherán se encuentra ubicada en la meseta purépecha del estado de Michoacán.

La lucha del pueblo de Cherán surge para defender su medio ambiente y la vida de sus habitantes. Este pueblo purépecha se conforma en una auténtica propuesta de organización y defensa popular autónoma. Una de sus denuncias desde el año 2008 fue la tala clandestina que arrasó poco más de 20 mil hectáreas de las 27 mil que integran el territorio de Cherán. Esta denuncia devino en la defensa organizada de su territorio, lo cual les acarreó múltiples secuestros, desapariciones y muertes de integrantes de la comunidad.

Fueron principalmente las mujeres quienes encabezaron la defensa de la comunidad el 15 de abril de 2011, a raíz de la fuerte indignación por las desapariciones y asesinatos de sus esposos y familiares. Ellas son factor fundamental en el sostenimiento de la comunidad, liderando las fogatas que se hicieron para la protección de la comunidad, participando dentro de las comisiones comunitarias, con un fuerte compromiso y trabajo en las asambleas generales.

En noviembre del 2011, en medio de una jornada electoral nacional, transita hacia un sistema de usos y costumbres y elige a sus representantes municipales sin la participación de partidos políticos. Sólo unos días antes, el 4 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un fallo histórico, con el que reconoció la reivindicación de las demandas del pueblo de Cherán, y sentó con ello un precedente en relación con los derechos que tienen los pueblos indígenas a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a sus derechos humanos individuales y colectivos. Lo cual no sólo genera efectos en beneficio del proceso autonómico de la comunidad de Cherán . En ese entonces, la comunidad no sólo exigió el respeto y garantía de los derechos humanos del pueblo purépecha, sino también los de todos los pueblos originarios de México. La acción de constituirse legalmente como un pueblo autónomo, demuestra que esta comunidad apuesta por un ejercicio pleno de los derechos humanos, y por la construcción de alternativas de organización social y política.

Actualmente Cherán es gobernado por un Concejo Mayor elegido en asamblea por los cuatro barrios, donde son designados los 12 K’erys (grandes) que estarán al frente durante 4 años. A su vez, las asambleas de barrio eligen a las y los que integrarán la “ronda comunitaria”, que es una especie de policía comunitaria que tiene a su cargo la seguridad de la comunidad.

En Cherán descubrimos la importancia y el gran valor que tiene la preservación de la identidad y las formas de organización ancestrales de los pueblos indígenas de México y la capacidad de construir nuevas formas de organización comunitaria, basadas en el bien común y el cuidado de la madre tierra y sus recursos naturales.

 

Campaña de solidaridad internacional por la liberación de Nesotra Salgado. Foto: cortesía José Jiménez

Campaña de solidaridad internacional por la liberación de Nesotra Salgado. Foto: cortesía José Jiménez

Nestora Salgado García

Desde el compromiso con los pueblos indígenas de Guerrero, Nestora Salgado García, oriunda de Olinalá, Guerrero, ha dado una lucha por la dignidad ante el abuso de poder con los más vulnerables. Nacida el 28 de febrero de 1972, crece en el seno de una familia trabajadora de la tierra. Estudiaba el segundo año de secundaria cuando fue arrancada del hogar materno y traslada a Estados Unidos en vísperas de ser madre. Nestora, en su nueva vida de esposa, madre e inmigrante, pasa las penurias de la violencia doméstica por parte de su primer esposo. Sin embargo, siempre mirando hacia adelante, pese a su corta edad, mientras criaba a sus tres hijas Saira, Grisel y Rubí, obtiene la ciudadanía estadounidense por denunciar su situación.

En una de sus visitas a Olinalá, sufrió un accidente vial que lastimó de por vida su columna vertebral, por lo que en 2004 decidió quedarse en su pueblo natal: Olinalá desde donde empezó a realizar acciones de ayuda comunitaria, especialmente con mujeres de la comunidad que igual que ella eran víctimas de violencia intrafamiliar y que vivían en pobreza extrema. Pronto su casa se volvió un centro de ayuda para la gente más necesitada de Olinalá.

No obstante, la ayuda brindada por Nestora Salgado no era suficiente para el tamaño de la necesidad de Olinalá y sus alrededores. La violencia del narcotráfico y las pandillas empezó a contaminar la comunidad. En los dos últimos años la violencia se intensificó, y en octubre de 2012, llegaron a entrar sicarios a Olinalá a raptar jóvenes, mujeres para abuso sexual y venta de narcomenudeo, y los hombres para entrenarlos como sicarios. El pueblo entró en pánico y las autoridades no hacían nada para detener las desapariciones y muertes. Así que, con el ejemplo de otras comunidades, Nestora Salgado impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, ante la voluntad de un grupo de padres de familia que querían proteger a sus hijos.

Creó una red solidaria entre Estados Unidos y el estado de Guerrero para la comunidad de Olinalá y otras comunidades de La Montaña de Guerrero.Creó comités de apoyo para mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica,Organizó la Policía ciudadana de Olinalá, en enero de 2013.

Ha sido víctima de tortura psicológica, han sido violados sus derechos humanos y ha sido criminalizada por defender a la comunidad y organizarla para su propia protección. Sus denuncias y su activismo ha movilizado la conciencia no sólo de Olinalá, sino también de México y las principales ciudades de Estados Unidos donde le han brindado solidaridad.

Desde el 21 de Agosto se encuentra en el penal de máxima seguridad “El Rincón“ en el estado de Nayarit muy lejos de su comunidad de origen y estamos en espera de que el proceso judicial desemboque en la pronta liberación de Nestora Salgado.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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