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Con voz propia

¿Por qué un joven abogado burócrata gana más que el presidente de México?

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Historias para armar la Historia

Por Ramsés Ancira

Las fuentes de la información que presentamos a continuación son el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021; documentos requeridos al Consejo de la Judicatura Federal el 18 de mayo de 2021; así como las denuncias ministeriales presentadas por el licenciado Alejandro Garduño Real, con cédula profesional número 5 millones 703 mil 246 de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La existencia del maestro en Derecho Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de la Defensoría Pública Federal, empezó a cobrar relevancia pública cuando despidió sin la mínima cortesía, o para ser más precisos, con los modales de cualquier patán, al abogado defensor Alejandro Garduño Real, sin darle la cara y, citándolo en sus oficinas con engaños, diciéndole que le iban a dar otra comisión. De la misma manera procedió con unos 70 defensores de gran experiencia, a los que sustituyó por recomendados. Esto provocó un retraso de décadas si se suman los juicios de miles de personas, puesto que, o no les han asignado nuevo abogado, o los nuevos defensores les han dicho que no van a leer miles de hojas para ponerse al día con sus juicios.

Vamos un poco atrás, para contrastar la diferencia entre el decir y el hacer, de este muy estimado amigo del presidente López Obrador.

En febrero de 2019, al tomar posesión del cargo, Netzaí Sandoval Ballesteros declaró: «Ahora hemos tratado de asumir que la Defensoría Pública es un gran despacho de abogados y eso implica desde arropar a nuestros abogados. Estamos tratando de darle un enfoque nuevo a la defensoría para que nuestros abogados sepan que tienen un respaldo. Era una institución que dejaba a los abogados solos, que los dejaba enfrentarse a la fiscalía sin un respaldo”.

Sandoval procedió en sentido exactamente contrario con el licenciado Garduño, lo dejó completamente solo, enfrentando denuncias penales y amenazas de muerte.

El abogado Garduño Real primero fue denunciado por Isabel Miranda de Wallace, por hacer constar en actas, tal y como se lo había dicho su defendido Jacobo Tagle Dobin, que éste fue secuestrado el 3 de diciembre de 2010, humillado, torturado y violado con un tolete; sin embargo, fue hasta el día siguiente, 4 de diciembre, cuando registraron su aprehensión en actas ministeriales.

Garduño había tomado el caso de Jacobo Tagle Dobin en abril de 2019 y en 2021 estaba a punto de anexar al expediente los documentos científicos de “la prueba reina” con la que lograría su libertad. La gota de sangre que Isabel Miranda de Wallace, presentó siete meses después de la desaparición de su hijo Hugo Alberto. Ésta fue sembrada en el domicilio donde supuestamente le asesinaron. Para esto, la señora, en vista de que nunca encontraron el cadáver, y por el contrario había pruebas de indicios de vida, como el uso de su tarjeta de crédito en Perisur, días después de la fecha en que se inventó su asesinato, rentó a través de un prestanombres el departamento de la supuesta escena del crimen y colocó una credencial de elector y esa gota de sangre.

El peritaje oficial concluyó que, en efecto, el ADN correspondía a la familia Wallace: pero había dos contradicciones: La primera es que la gota de sangre era de mujer, probablemente de su media hermana; y la segunda, es que Hugo Alberto es hijo biológico de otro hombre que lo reconoció como tal: Carlos León Miranda. Elemental, es científicamente imposible que tuviera ADN Wallace.

El licenciado Garduño se puso de acuerdo con otro defensor público que llevaba el caso de otra culpable fabricada por Isabel Miranda, Brenda Quevedo Cruz. Todo estaba listo para que ambos obtuvieran su libertad.

Sin embargo, para entonces Garduño llevaba dos años de haber recibido amenazas de muerte, prácticamente a partir de que la Defensoría Pública Federal le comisionó para defender a Tagle Dobin. Por esto Garduño solicitó y obtuvo una escolta de la Secretaría de Gobernación.

A pesar de esto, el 20 de agosto de 2020, el automóvil que manejaba el defensor fue detenido abruptamente, tanto que el automóvil donde viajaban sus escoltas no pudo frenar y chocó contra él. Después de ser liberados por la policía municipal de Teoloyucan, volvieron a ser aprendidos, ese mismo día, en otro municipio. Esta vez los policías cortaron cartucho, les apuntaron y los detuvieron. Ya en la delegación, Garduño, a quien le impidieron llegar a una audiencia que debía atender en su carácter de litigante, avisó que haría una demanda por abuso de autoridad. Le respondieron que no perdiera tiempo porque había orden de muy arriba de “chingárselo”.

Para resumir, semanas después le retiraron a la escolta. El 15 de enero de 2021, cuando nuevamente se dirigía a trabajar fue interceptado por un automóvil con vidrios polarizados (prohibidos en México) desde donde le gritaron que, si no se hacía a un lado y se iba del país, su cadáver aparecería en un barranco o en un río.

Volvió a solicitar el servicio de escolta. Más adelante le cuento que ocurrió.

En abril lo citaron en la Defensoría Pública Federal, con el pretexto de que le darían una nueva comisión. En lugar de ello le informaron que estaba despedido. Cuando preguntó la causa, le respondieron que había causado muchos problemas. Para el relator de esta historia, aunque sea una opinión personal, la cuestión es clara. Netzaí Sandoval recibió la orden de Isabel Miranda de Wallace de retirarlo del caso.

Mi opinión está fundamentada en que la madre de Hugo Alberto presentó dos amparos que están por resolverse, uno contra la Secretaría de Gobernación a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. Tiene el folio 97/ 2021 del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, y otro contra la fiscalía de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Ambos para evitar que sus acusados sean puestos en libertad.

 ¿Quién es y cuánto nos cuesta Netzaí Sandoval?

El maestro en Derecho Netzaí Sandoval ha tenido una carrera meteórica desde que Andrés Manuel López Obrador inició su mandato e, incluso ahora, de acuerdo a documentos oficiales gana más que el presidente.

El hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y del ex delegado del gobierno federal en Guerrero Pablo Sandoval, se desempeñó tres meses como oficial administrativo, de febrero a mayo de 2018; entonces tenía doble chamba porque en esos meses también fue asesor en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Dos años antes, en 2016, cuando trabajaba para la Fiscalía General de la República ganaba 15 mil 488 pesos 81 centavos mensuales, antes de impuestos.

Sin embargo, en el presente, el Consejo de la Judicatura Federal pareciera tener una doble contabilidad, en un documento Netzaí aparece con un sueldo neto mensual de 117 mil 545 pesos con seis centavos; en otro, de 120 mil 321 pesos mensuales.

Digamos que no es mucho; anualizada la diferencia es de 1 millón 410 mil 540 pesos 72 centavos, en el peor de los casos en comparación 1 millón 443 mil 852 pesos, en el mejor. Para no ponerles a ustedes a hacer cuentas la diferencia es de 33 mil 311 pesos, con 28 centavos.

Pero donde se pone más extraño es en el hecho de que cuando pedimos el 18 de mayo de 2021 al Consejo de la Judicatura Federal que nos diera las asignaciones adicionales de Netzaí, nos dio dos documentos: En el primero de ellos dice que ascienden a 531 mil 574 pesos brutos cada cuatro meses, y que una vez descontados los impuestos, el presidente de la Defensoría federal recibe 349 mil 309 pesos. Lo multiplicamos por tres cuatrimestres y le quedan a Netzaí libres de impuestos, 1 millón 47 mil 927 pesos. Puntualizamos que esto es aparte del sueldo.

En el otro documento en cambio se indica que la prestación de Netzaí es de 117 mil 545 pesos netos cada 4 meses (352 mil 635 pesos anuales.)

Vamos ahora a hacer la suma considerando las cifras más altas que nos da el Consejo de la Judicatura Federal: Salario neto anual de Netzaí Sandoval: 1 millón 443 mil 852, más 1 millón 47 mil 927 pesos de “asignaciones adicionales”., divididos en tres cuatrimestres, Esto da una suma de: 2 millones 491 mil 779 pesos.

Consultemos ahora el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, donde informa que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ingresos totales de 1 millón 719 mil 581 pesos anuales, ya descontado el 34 por ciento del impuesto sobre la renta. Si lo dividimos entre 12, el sueldo neto mensual del presidente de la república es de 143 mil 298 pesos con 41 centavos; mientras que el hermano de la secretaria de la Función Pública cobra al mes 207,648.25

Si anualizamos, comparado con los 2 millones 491 mil 779 pesos netos que percibe Sandoval Ballesteros, el jefe del Ejecutivo gana 772,198 pesos anuales menos que el jefe de la Defensoría Pública Federal.

Nada mal para alguien que apenas cinco años atrás, como Netzaí, tenía un ingreso neto de menos de 14 mil pesos mensuales.

 

Epílogo:

La noche del 9 al 10 de mayo de 2021, el abogado Alejandro Garduño solicitó y obtuvo asilo político para resguardar su vida en Estados Unidos.  Entre las razones para otorgárselo se consideró que Isabel Miranda de Wallace era un peligro creíble y potencial contra la integridad del defensor, ya que está íntimamente relacionada con el ex policía Genaro García Luna, preso en ese mismo país.

Hace años, el abogado Alejandro Garduño está inmóvil de ambas piernas, debido a que la cayeron en la espalda varias cajas de documentos judiciales en el juzgado donde trabajaba. No se atendió oportunamente por miedo a perder el trabajo y se le salieron dos discos de la columna vertebral. En esas condiciones, trabajó siempre para la Defensoría Pública Federal.

Finalmente, el 19 de mayo de 2021, diez días después de haber recibido el asilo en Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, le mandó un documento notificándole que se le negaba la protección de la escolta que había solicitado para salvaguardar su vida en México.

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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