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Mexico Violento

¿Por qué proscribir al PRI es tarea de un Congreso Popular?

En los últimos 30 años ha habido suficientes evidencias de un genocidio paulatino que ha perpetrado el PRI en aras de preservarse en el poder

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Por Ramsés Ancira

“Lo que sucedió fue que un grupo de estudiantes que celebraban una marcha se enfrentó a otro y se agarraron a catorrazos. ¡No hubo muertos!”

Casi textuales, fueron éstas las palabras que me dijo Luis Echeverría Álvarez en una de las pocas entrevistas videograbadas que concedió. Se que hay otras pero no han sido publicadas hasta ahora.

El número de muertos tal vez nunca pueda ser precisado, pero hay suficientes elementos para pensar que en México, aún sin dictadura militar como las de Argentina o Chile, tenemos un muy buen número de desaparecidos, como ocurrió durante la guerra sucia en esos países, con la diferencia de que aquí nadie ha sido llevado a juicio; por el contrario, han sido premiados con secretarías de Estado, gubernaturas o la presidencia de la República, siempre postulados por el PRI.

Si donde hay humo hay fuego, es de suponer que donde hay disparos de rifles de alto poder hay muertos, y éstos fueron escuchados por algunos personajes que luego fueron relevantes figuras de la vida pública como es el caso de José Woldenberg Karakowsky, quien lo anota desde las primeras líneas de su Memoria de la Izquierda (Editorial Cal y Arena 1998).

Mis propias memorias personales que me dan razones para considerar que proscribir al PRI, y lo que representa, es deber de todo buen mexicano, se remontan a 1969, para ser precisos al 4 de junio. Ese día mi padre, Jaime Ancira, recibió una llamada en la redacción de Notimex, era Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, quien pidió hablar con el director. Le informó que el avión en el que viajaba el entonces líder opositor Carlos A. Madrazo “había tenido un accidente” y le dio instrucciones sobre cómo debería darse a conocer la noticia.

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Expresidente Luis Echeverría Álvarez. Foto: sipse.com

Según las memorias de mi padre, hubo varias llamadas de Echeverría con versiones que fueron cambiando radicalmente los detalles, así que la versión del “accidente” tenía poca verosimilitud . Él trabajaba entonces en dos puestos, como periodista en Notimex y como locutor de Radio México Internacional, ambos ubicados en el edificio de Insurgentes Sur 1700. No mucho después convencido de que en México hacer periodismo veraz resultaba poco menos que imposible, dejó esta profesión para el resto de su vida y se quedó como divulgador cultural.

Si es verdad que para deshacerse de Madrazo se realizó un atentado, él y su esposa no fueron las únicas víctimas. No se tentaron el corazón para que murieran otras docenas de civiles, entre las que se encontraba el “Pelón” Osuna, integrante de la élite del tenis nacional.

Fue muchos años después cuando conocí otra prueba para documentar mi firme convicción de que el PRI debería ser proscrito por delitos relacionados al genocidio. Se remonta al dos de octubre de 1968, fecha en la cual el reconocido cineasta Servando González (Yanko, Viento Negro, El Último Túnel) fue contratado por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luís Echeverría, para apostar cámaras de cine en edificios aledaños a la Plaza de Tlatelolco.

En Los Rollos Perdidos (2012), el periodista Gibrán Bazán logró insertar una entrevista con Servando González donde narra que después de la balacera que le encargó filmar la Secretaría de Gobernación encabezada por Echeverría, ingresó a un departamento de Tlatelolco donde atestiguó lo que sigue:

Para proteger a un hijo de brazos de las balas, una señora se metió con él a una tina de baño, pero hasta ahí la alcanzaron los proyectiles y ahogó a su pequeño, quizá con su propio peso inerte, quizá con su propia sangre.

De los años setenta, ya con Echeverría en la silla presidencial, datan las historias de guerrilleros y campesinos arrojados vivos desde aviones cerca de las costas de Guerrero, conocida práctica en la dictadura argentina en esos mismos años como los “vuelos de la muerte“. Con Vicente Fox hubo una esperanza de que estos hechos fueran ampliamente difundidos gracias al trabajo de investigacióndel fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

Antes de los “pozoleros” que deshacen cadáveres con químicos para las bandas criminales, simplemente los cuerpos eran incinerados en instalaciones militares. Así ocurrió con las víctimas del dos de octubre del 68 y el 10 de junio de 1971. (En estas épocas del Internet sería posible que los familiares de desaparecidos integraran una base de datos que nos permitieran conocer con mayor precisión cuántos y quienes fueron los victimados).

Algo sabemos de 130 desaparecidos en esos años, gracias al Comité Eureka que formó Rosario Ibarra de Piedra, pero no son precisamente las víctimas de esas dos fechas 2 de octubre y 10 de junio, algunos de estos últimos, secuestrados o rematados en la Cruz Verde donde les atendían de sus heridas.

De lo público a lo personal

En esa época de mi vida, a finales de los setenta del siglo pasado, años antes de dedicarme al periodismo abordé un taxi en la colonia Buenos Aires para dirigirme a la calle de Arquímedes, en Polanco, donde trabajaba.  El chofer era un hombre de tez blanca, cabello crecido rubio y unos 130 kilos de peso. Quienes hayan visto la película La Ley de Herodes (1999) -deben ser muchos, porque en Internet supera el millón de descargas- tal vez recuerden que en la primera escena aparece un ejecutor- ¿no? bueno pues gracias al multimedia aquí se lo presentamos.

El taxista, que por su volumen a duras penas cabía en el asiento del conductor del auto compacto, me platicó que antes se había dedicado a asesinar, por órdenes de distintos funcionarios del PRI, incluidos presidentes de la república.

Me dijo que generalmente se encargaba de caciques que se habían pasado de abusivos en sus comunidades o bien, que robaron sin compartir con el Partido. Me dio detalles. Dijo que algunas personas se resignaban y le pedían que acabara rápido y otros se deshacían en llantos y súplicas.

No recuerdo con la misma claridad si le pregunté si sentía remordimientos. No escribo esto hasta casi 36 años después, aunque su cara se me quedó grabada todo este tiempo. Me parece que me respondió que de nada le servirían los remordimientos a lo que ya no podía cambiar.

-¿Y como cuántos asesinatos ‘a pedido’ cometió? (eso sí estoy seguro que le pregunté).

-Habíamos como tres o cuatro que nos dedicábamos a esto, no lo sé, cientos.

Sujetos muy similares, pero más de uno, debieron haber cometido el asesinato de Francisco Javier Ovando la madrugada del 2 de julio de 1988. Hasta altas horas de la noche él, y su secretario Román Gil Heraldez, habían trabajado en un sistema de cómputo independiente que debería comprobar en forma el resultado de las votaciones presidenciales.

Ovando debió haber conducido su automóvil por Insurgentes, hacia el norte, hasta la glorieta, para incorporarse más tarde a Avenida Chapultepec e Izazaga. Después de cruzar Tlalpan otro auto les cerró el paso, les dispararon a muerte y se llevaron el vehículo con los cuerpos a las sombrías calles de la Colonia Tránsito. Horas después el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación que reportaba una amplia ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Carlos Salinas de Gortari se apagó. Cuando regresó el sistema la tendencia que favorecía al líder del Frente Democrático Nacional se había revertido.

¿Quién cometió el crimen contra Ovando y Gil? Nunca se investigó a fondo, pero la sospecha recayó en alguien que fue nombrado procurador en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Policías judiciales al servicio del PRI fueron también los asesinos en 1988 de Ernesto del Arco Parra, 18, y los adolescentes José Luis García Juárez, 17; Jorge Flores Vargas, 17, y Jesús Ramos Rivas, de 16 años de edad. Ellos viajaban en un automóvil repleto de propaganda del Frente Demcrático Nacional.

¿Por qué me atrevo a afirmar que eran policías al servicio del PRI? Una de las razones es que el castigo de algunos de los presuntos responsables se debió a la disposición de Renato Sales Gazque, un procurador honesto que seguramente facilitó las investigaciones ya que los implicados estaban cerca de él.

La otra es que en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, el terror al desempleo cundió entre la corrupta policía judicial, que formó bandas de asaltantes, la gran mayoría especializada en pasajeros de taxis.

De esto no sólo tengo diversas referencias, sino que personalmente fui víctima de ellos, así como varios compañeros de CNI, Canal 40, aunque en mi caso particular la violencia resultó particularmente extrema y pudo ser mortal. Si ya tenía razones para detestar al PRI, este hecho me confirmó que buscar que se le proscriba debería ser un deber moral de todo mexicano.

La contundente victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México fue la manifestación de la que no le fue reconocida en 1988. El linchamiento mediático que sufrió por parte de las televisoras, en 1999, a raíz del asesinato de Francisco Stanley incrementó las sospechas de protección oficial a nivel federal dal narcotráfico.

Es por todos reconocido que la decisión de a quien se le vendían los canales de Imevisión, tuvo como principal protagonista y socio a Raúl Salinas de Gortari. Stanley, quien fue candidato a diputado por el PRI, había sido captado por las cámaras de Televisión Azteca tomando un paquete blanco (como dicen los clásicos informes policiacos, “al parecer conteniendo cocaína”) durante una de las rutinas de su programa.

¿Tiene bases la proscripción del PRI?

El PRI, pues, es un partido que más allá de toda sospecha, está ligado al crimen organizado, es institucional pero no es en absoluto revolucionario. Es algo que muchos mexicanos saben, y muchos millones más intuimos, por eso ni contando la compra de votos o las marrullerías electorales, que serían objeto de varios cientos de otros ensayos, alcanza actualmente la aprobación siguiera de un 35 por ciento del electorado.

Ya ni profundizar en otros hechos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio que se conmemora en estos días de marzo. Dudar que fue perpetrado por gente íntimamente ligada al PRI, por no decir a la familia directa del entonces ocupante de Los Pinos, sería más que inocente, absurdo. Y no fue ese el único crimen. Nada más desde los días previos a la gestión de Carlos Salinas de Gortari, hasta el final de su administración se estiman más de 700 asesinatos políticos, la mayoría sin resolver, o por lo menos no convincentemente.

El genocidio de grupos estudiantiles y dirigentes rurales que han buscado sacudirse la tiranía de los caciques políticos, generalmente ligados al partido preponderante no va a ser resuelto con un sistema en el que los mismos partidos políticos designan a los consejeros electorales en base a cuotas de elecciones anteriores, igualmente dudosas, por no decir francamente fraudulentas.

La democracia partidista es el peor de los sistemas posibles, pero es el mejor que tenemos… hasta que nos propongamos cambiarlo. Ahora es mucho peor porque políticos de casi todos los partidos, en función de una supuesta modernidad entregan recursos naturales y obras públicas a corporativos extranjeros, sin recibir contra prestaciones sociales que mejoren el nivel de vida de los mexicanos.

No se descubre el hilo negro, hace varios miles de años los griegos ya pusieron en práctica un sistema en el que todos los ciudadanos destacados debían ocupar por un tiempo un cargo público y regresar, cumplido su ciclo a sus actividades normales. El sistema fue tan, pero tan bueno que se desarrollaron las matemáticas, las artes y los fundamentos universales de la filosofía al distinguir lo que distingue al ser, del deber ser.

El Congreso Popular que nace en 2014 puede ser el nuevo origen de esta vieja forma democrática. Si hay suerte y los ataques de la propia izquierda no lo debilitan, en un futuro no muy lejano implantará las bases para una democracia participativa, y no solo fallidamente representativa como la que ahora da al PRI un papel preponderante y que debe ser acotado, como ya se pretende con todos los poderes monopólicos, mientras se le proscribe definitivamente por sus crímenes de lesa humanidad.

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Justicia pendiente

Alcaldesa de Nochixtlán es internada en penal femenil por desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Ignacio García

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La alcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, fue internada en el penal femenil Tanivet, situado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, después de haber sido vinculada a proceso por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

La alcaldesa que buscaba la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue procesada junto con otros dos funcionarios municipales por su presunta responsabilidad en la desaparición de la activista, quien fue vista por última vez durante una manifestación a las afueras del ayuntamiento de Nochixtlán.

El juez determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria que se desarrolla en contra de la edil, pues determinó que existen elementos suficientes para dictaminar la medida cautelar contra la munícipe, quien buscaba permanecer en el servicio público de la administración municipal.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades contra la alcaldesa de Nochixtlán, por lo que fue detenida el pasado 7 de mayo y ahora será procesada por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

La activista se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de marzo, cuando participó en una protesta a las afueras de la alcaldía de Nochixtlán por la detención ilegal de un ciudadano que exigía el pago de unos servicios brindados a la presidencia municipal y por lo cual fue aprehendido por policías municipales por órdenes de la alcaldesa.

Los Ángeles Press documentó que familiares de la activista pidieron la intervención de las autoridades federales para localizar a la víctima, por lo que incluso el gobierno de Reino Unido solicitó al gobierno de México atender esta situación para localizar a Claudia Uruchurtu.

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Campañas negras pagadas en redes sociales, estrategia electoral de alianza opositora en Quintana Roo

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CDMX Press

La carrera por la sucesión por alcaldías en varios municipios de Quintana Roo ha generado una serie de alianzas que ideológicamente resultan incongruentes y hasta perversas que pagan ataques en redes sociales para simular oposición social, así lo señaló el asistente de prensa de la presidente municipal Laura Beristaín, quien además describió el tiempo electoral como una incansable guerra de ataques y campañas de desprestigio contra los alcaldes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Se trata de la alianza autodenominada “Va por México”, que ha dejado claro que su objetivo en todo el territorio nacional, PRI, PAN, PRD, son los principales artífices de campañas negras, y sus estrategias de “guerra sucia” van mas allá de lo imaginable, rebasando toda moral y toda ética, enfatiza el servidor público, quien se reserva su nombre por cuestiones de seguridad.

“Hacen uso de sus más antiguas estrategias para desestabilizar municipios, y ciudades enteras, montan escenas de fraude y delitos electorales, crean demandas penales y civiles para desgastar física y mentalmente a los candidatos de MORENA, tratan de destruir el partido de las mayorías desde sus entrañas, utilizando caballos de Troya dentro de cada estructura”, dijo.

En Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad Quintana Roo, se reúnen ya sin pudor alguno, para crear estrategias y derrocar a la candidata Laura Beristain Navarrete, quien hasta este momento es sin lugar a dudas una líder social que está siendo apoyada por los playenses.

Líder Panista Lili Campos Miranda, Ex lideres de partido Movimiento Ciudadano, Chanito Toledo, Gabriel Mendicuti ex presidiario y hoy candidato de Fuerza por México, el empresario Lennin Amaro quien pretendió ser candidato de Morena para contender por la alcaldía y un grupo de comunicadores  como Jorge Castro Noriega, Julián Santiesteban y algunos  operadores al servicio del Gobierno del Estado son quienes protagonizan esta alianza.

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Por violencia en Aguililla, Michoacán, cientos de personas piden asilo político a Estados Unidos

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Debido a la violencia del narcotráfico  y por el control de las minas en el municipio de Aguililla, se estima que unas 55 familias abandonaron sus casas y se trasladaron a otras partes de Michoacán, así como unas 500 personas se trasladaron a la frontera norte del país para pedir asilo a Estados Unidos, porque son muchos los que tienen familia “del otro lado”.

Dos días antes de la visita del nuncio católico, Franco Coppola, el 23 de abril, grupos del crimen organizado cortaron la vía principal que comunica Aguililla con Apatzingán. Cuando se dio la retirada de la autoridad religiosa, un día después, se volvió a hacer otro retén en la autopista. Según versiones, autoridades cubren de tierra las zanjas que fueron abiertas por los delincuentes y horas después vuelven a ser abiertas.

Incluso, entre este 10 y 13 de mayo, ha habido tres cortes en esta carretera “pavimentada” cubierta de baches de arena y chapopote, sobre todo en el tramo El Limón, El Aguaje y el Puente de Fierro. La población tiene salida por brecha y parte pavimentada hacia Coalcomán y Buenavista Tomatlán, pero son al menos dos horas de camino, comentó Juan Reyes, quien vende gasolina porque en Aguililla no hay gasolineras.

Aguililla ha sido escenario de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo Cárteles Unidos de Michoacán, lo que ha provocado el desplazamiento de decenas de familias. En el pueblo de El Aguaje, han abandonado sus hogares 140 familias.

El cura de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Gilberto Vergara, comentó que cerca de 500 personas de la cabecera municipal de Aguililla y de localidades le han pedido una recomendación para solicitar asilo en Estado Unidos, porque muchas de las personas tienen familiares ya en este país. El éxodo no se ha detenido, todo lo contrario, y se debe a grupos criminales por el control de los negocios de las minas, así como el trasiego de drogas, fabricación de drogas sintéticas en la región Sierra-Costa que tiene decenas de salidas para llevar a cabo sus operaciones.

En las últimas semanas ha habido más solicitudes para salir del país, porque además de la inseguridad, la situación económica se ha complicado, no hay empleo y además de la pandemia, decenas de comercios y pequeños negocios familiares han cerrado.

Entre Apatzingán y Aguililla hay 78 kilómetros de distancia, pero la parte más conflictiva es el tramo que comprende El Aguaje – Aguililla, de unos 40 kilómetros aproximadamente. Los policías asignados a esta zona son insuficientes, prácticamente no hay vigilancia, sin contar que los grupos delictivos se encuentran distribuidos en toda esa región.

 

Fuente.- La Jornada

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