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Mexico Violento

¿Por qué proscribir al PRI es tarea de un Congreso Popular?

En los últimos 30 años ha habido suficientes evidencias de un genocidio paulatino que ha perpetrado el PRI en aras de preservarse en el poder

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Por Ramsés Ancira

«Lo que sucedió fue que un grupo de estudiantes que celebraban una marcha se enfrentó a otro y se agarraron a catorrazos. ¡No hubo muertos!»

Casi textuales, fueron éstas las palabras que me dijo Luis Echeverría Álvarez en una de las pocas entrevistas videograbadas que concedió. Se que hay otras pero no han sido publicadas hasta ahora.

El número de muertos tal vez nunca pueda ser precisado, pero hay suficientes elementos para pensar que en México, aún sin dictadura militar como las de Argentina o Chile, tenemos un muy buen número de desaparecidos, como ocurrió durante la guerra sucia en esos países, con la diferencia de que aquí nadie ha sido llevado a juicio; por el contrario, han sido premiados con secretarías de Estado, gubernaturas o la presidencia de la República, siempre postulados por el PRI.

Si donde hay humo hay fuego, es de suponer que donde hay disparos de rifles de alto poder hay muertos, y éstos fueron escuchados por algunos personajes que luego fueron relevantes figuras de la vida pública como es el caso de José Woldenberg Karakowsky, quien lo anota desde las primeras líneas de su Memoria de la Izquierda (Editorial Cal y Arena 1998).

Mis propias memorias personales que me dan razones para considerar que proscribir al PRI, y lo que representa, es deber de todo buen mexicano, se remontan a 1969, para ser precisos al 4 de junio. Ese día mi padre, Jaime Ancira, recibió una llamada en la redacción de Notimex, era Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, quien pidió hablar con el director. Le informó que el avión en el que viajaba el entonces líder opositor Carlos A. Madrazo «había tenido un accidente» y le dio instrucciones sobre cómo debería darse a conocer la noticia.

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Expresidente Luis Echeverría Álvarez. Foto: sipse.com

Según las memorias de mi padre, hubo varias llamadas de Echeverría con versiones que fueron cambiando radicalmente los detalles, así que la versión del «accidente» tenía poca verosimilitud . Él trabajaba entonces en dos puestos, como periodista en Notimex y como locutor de Radio México Internacional, ambos ubicados en el edificio de Insurgentes Sur 1700. No mucho después convencido de que en México hacer periodismo veraz resultaba poco menos que imposible, dejó esta profesión para el resto de su vida y se quedó como divulgador cultural.

Si es verdad que para deshacerse de Madrazo se realizó un atentado, él y su esposa no fueron las únicas víctimas. No se tentaron el corazón para que murieran otras docenas de civiles, entre las que se encontraba el «Pelón» Osuna, integrante de la élite del tenis nacional.

Fue muchos años después cuando conocí otra prueba para documentar mi firme convicción de que el PRI debería ser proscrito por delitos relacionados al genocidio. Se remonta al dos de octubre de 1968, fecha en la cual el reconocido cineasta Servando González (Yanko, Viento Negro, El Último Túnel) fue contratado por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luís Echeverría, para apostar cámaras de cine en edificios aledaños a la Plaza de Tlatelolco.

En Los Rollos Perdidos (2012), el periodista Gibrán Bazán logró insertar una entrevista con Servando González donde narra que después de la balacera que le encargó filmar la Secretaría de Gobernación encabezada por Echeverría, ingresó a un departamento de Tlatelolco donde atestiguó lo que sigue:

Para proteger a un hijo de brazos de las balas, una señora se metió con él a una tina de baño, pero hasta ahí la alcanzaron los proyectiles y ahogó a su pequeño, quizá con su propio peso inerte, quizá con su propia sangre.

De los años setenta, ya con Echeverría en la silla presidencial, datan las historias de guerrilleros y campesinos arrojados vivos desde aviones cerca de las costas de Guerrero, conocida práctica en la dictadura argentina en esos mismos años como los «vuelos de la muerte«. Con Vicente Fox hubo una esperanza de que estos hechos fueran ampliamente difundidos gracias al trabajo de investigacióndel fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

Antes de los «pozoleros» que deshacen cadáveres con químicos para las bandas criminales, simplemente los cuerpos eran incinerados en instalaciones militares. Así ocurrió con las víctimas del dos de octubre del 68 y el 10 de junio de 1971. (En estas épocas del Internet sería posible que los familiares de desaparecidos integraran una base de datos que nos permitieran conocer con mayor precisión cuántos y quienes fueron los victimados).

Algo sabemos de 130 desaparecidos en esos años, gracias al Comité Eureka que formó Rosario Ibarra de Piedra, pero no son precisamente las víctimas de esas dos fechas 2 de octubre y 10 de junio, algunos de estos últimos, secuestrados o rematados en la Cruz Verde donde les atendían de sus heridas.

De lo público a lo personal

En esa época de mi vida, a finales de los setenta del siglo pasado, años antes de dedicarme al periodismo abordé un taxi en la colonia Buenos Aires para dirigirme a la calle de Arquímedes, en Polanco, donde trabajaba.  El chofer era un hombre de tez blanca, cabello crecido rubio y unos 130 kilos de peso. Quienes hayan visto la película La Ley de Herodes (1999) -deben ser muchos, porque en Internet supera el millón de descargas- tal vez recuerden que en la primera escena aparece un ejecutor- ¿no? bueno pues gracias al multimedia aquí se lo presentamos.

El taxista, que por su volumen a duras penas cabía en el asiento del conductor del auto compacto, me platicó que antes se había dedicado a asesinar, por órdenes de distintos funcionarios del PRI, incluidos presidentes de la república.

Me dijo que generalmente se encargaba de caciques que se habían pasado de abusivos en sus comunidades o bien, que robaron sin compartir con el Partido. Me dio detalles. Dijo que algunas personas se resignaban y le pedían que acabara rápido y otros se deshacían en llantos y súplicas.

No recuerdo con la misma claridad si le pregunté si sentía remordimientos. No escribo esto hasta casi 36 años después, aunque su cara se me quedó grabada todo este tiempo. Me parece que me respondió que de nada le servirían los remordimientos a lo que ya no podía cambiar.

-¿Y como cuántos asesinatos ‘a pedido’ cometió? (eso sí estoy seguro que le pregunté).

-Habíamos como tres o cuatro que nos dedicábamos a esto, no lo sé, cientos.

Sujetos muy similares, pero más de uno, debieron haber cometido el asesinato de Francisco Javier Ovando la madrugada del 2 de julio de 1988. Hasta altas horas de la noche él, y su secretario Román Gil Heraldez, habían trabajado en un sistema de cómputo independiente que debería comprobar en forma el resultado de las votaciones presidenciales.

Ovando debió haber conducido su automóvil por Insurgentes, hacia el norte, hasta la glorieta, para incorporarse más tarde a Avenida Chapultepec e Izazaga. Después de cruzar Tlalpan otro auto les cerró el paso, les dispararon a muerte y se llevaron el vehículo con los cuerpos a las sombrías calles de la Colonia Tránsito. Horas después el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación que reportaba una amplia ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Carlos Salinas de Gortari se apagó. Cuando regresó el sistema la tendencia que favorecía al líder del Frente Democrático Nacional se había revertido.

¿Quién cometió el crimen contra Ovando y Gil? Nunca se investigó a fondo, pero la sospecha recayó en alguien que fue nombrado procurador en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Policías judiciales al servicio del PRI fueron también los asesinos en 1988 de Ernesto del Arco Parra, 18, y los adolescentes José Luis García Juárez, 17; Jorge Flores Vargas, 17, y Jesús Ramos Rivas, de 16 años de edad. Ellos viajaban en un automóvil repleto de propaganda del Frente Demcrático Nacional.

¿Por qué me atrevo a afirmar que eran policías al servicio del PRI? Una de las razones es que el castigo de algunos de los presuntos responsables se debió a la disposición de Renato Sales Gazque, un procurador honesto que seguramente facilitó las investigaciones ya que los implicados estaban cerca de él.

La otra es que en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, el terror al desempleo cundió entre la corrupta policía judicial, que formó bandas de asaltantes, la gran mayoría especializada en pasajeros de taxis.

De esto no sólo tengo diversas referencias, sino que personalmente fui víctima de ellos, así como varios compañeros de CNI, Canal 40, aunque en mi caso particular la violencia resultó particularmente extrema y pudo ser mortal. Si ya tenía razones para detestar al PRI, este hecho me confirmó que buscar que se le proscriba debería ser un deber moral de todo mexicano.

La contundente victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México fue la manifestación de la que no le fue reconocida en 1988. El linchamiento mediático que sufrió por parte de las televisoras, en 1999, a raíz del asesinato de Francisco Stanley incrementó las sospechas de protección oficial a nivel federal dal narcotráfico.

Es por todos reconocido que la decisión de a quien se le vendían los canales de Imevisión, tuvo como principal protagonista y socio a Raúl Salinas de Gortari. Stanley, quien fue candidato a diputado por el PRI, había sido captado por las cámaras de Televisión Azteca tomando un paquete blanco (como dicen los clásicos informes policiacos, «al parecer conteniendo cocaína») durante una de las rutinas de su programa.

¿Tiene bases la proscripción del PRI?

El PRI, pues, es un partido que más allá de toda sospecha, está ligado al crimen organizado, es institucional pero no es en absoluto revolucionario. Es algo que muchos mexicanos saben, y muchos millones más intuimos, por eso ni contando la compra de votos o las marrullerías electorales, que serían objeto de varios cientos de otros ensayos, alcanza actualmente la aprobación siguiera de un 35 por ciento del electorado.

Ya ni profundizar en otros hechos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio que se conmemora en estos días de marzo. Dudar que fue perpetrado por gente íntimamente ligada al PRI, por no decir a la familia directa del entonces ocupante de Los Pinos, sería más que inocente, absurdo. Y no fue ese el único crimen. Nada más desde los días previos a la gestión de Carlos Salinas de Gortari, hasta el final de su administración se estiman más de 700 asesinatos políticos, la mayoría sin resolver, o por lo menos no convincentemente.

El genocidio de grupos estudiantiles y dirigentes rurales que han buscado sacudirse la tiranía de los caciques políticos, generalmente ligados al partido preponderante no va a ser resuelto con un sistema en el que los mismos partidos políticos designan a los consejeros electorales en base a cuotas de elecciones anteriores, igualmente dudosas, por no decir francamente fraudulentas.

La democracia partidista es el peor de los sistemas posibles, pero es el mejor que tenemos… hasta que nos propongamos cambiarlo. Ahora es mucho peor porque políticos de casi todos los partidos, en función de una supuesta modernidad entregan recursos naturales y obras públicas a corporativos extranjeros, sin recibir contra prestaciones sociales que mejoren el nivel de vida de los mexicanos.

No se descubre el hilo negro, hace varios miles de años los griegos ya pusieron en práctica un sistema en el que todos los ciudadanos destacados debían ocupar por un tiempo un cargo público y regresar, cumplido su ciclo a sus actividades normales. El sistema fue tan, pero tan bueno que se desarrollaron las matemáticas, las artes y los fundamentos universales de la filosofía al distinguir lo que distingue al ser, del deber ser.

El Congreso Popular que nace en 2014 puede ser el nuevo origen de esta vieja forma democrática. Si hay suerte y los ataques de la propia izquierda no lo debilitan, en un futuro no muy lejano implantará las bases para una democracia participativa, y no solo fallidamente representativa como la que ahora da al PRI un papel preponderante y que debe ser acotado, como ya se pretende con todos los poderes monopólicos, mientras se le proscribe definitivamente por sus crímenes de lesa humanidad.

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Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

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El juez Samuel Ventura Ramors fue denunciado por absolver a implicados en el caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron penalmente al juez de distrito de procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por ordenar dejar en libertad a 120 personas implicadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Las áreas jurídicas de ambas dependencias federales interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del juzgador que llevó el caso Ayotzinapa, por lo que lo acusaron de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

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Apenas hace unos días el juez absolvió de forma definitiva a 24 sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juez dictó absolución definitiva para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente colaboró con el cártel de “Guerreros Unidos” para el tránsito de droga, por lo cual la FGR solicitó nuevamente de la reaprehensión del ex edil.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que darán a conocer un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, después de reconocer públicamente que fueron los elementos del Ejército mexicano los que colaboraron con la desaparición de los estudiantes normalistas.

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La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra el juzgador por impedir que se garantice el acceso a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, aunado a que ha ordenado la libertad de 120 personas que originalmente habían sido relacionadas con ese delito.

Giran nuevas órden de aprehensión contra Abarca

La semana pasada, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México giró nuevas órdenes de aprehensión contra el ex alcalde de IgualaJosé Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el ex jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juzgador ordenó la captura del ex edil y sus colaboradores más cercanos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

 

 

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Líder de SutNotimex presentará amparo contra sentencia por supuesto desvío de 2400 pesos

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líder SutNotimex se ampara contra sentencia por desvío de recursos

Se presentará amparo contra sentencia por desvío de recursos contra secretaria general

Por SutNotimex

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que este día recibió la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se confirma la sentencia sobre desvío de recursos contra la secretaria general de esta organización sindical, Adriana Urrea, por la cantidad de dos mil 400 pesos.

Ante ello, se tomarán las acciones legales correspondientes y se interpondrá la demanda de amparo, toda vez que nunca se cometió tal delito, sino que forma parte de la estrategia de criminalización y persecución política por encabezar la huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que esta semana cumplió 31 meses vigente.

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En abril de este año, el SutNotimex conoció la resolución del TFJA en la que se determinó la existencia de la falta administrativa grave de desvío de recursos atribuida a la secretaria general del sindicato, por lo que se impuso una “sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales y una sanción económica por la cantidad de $2,416.03 pesos (dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con tres centavos moneda nacional) más 1.00 (un peso con ceros centavos moneda nacional)”.

Sin embargo, toda vez que nunca se cometió tal falta, se recurrió al recurso de apelación; no obstante, el tribunal confirmó esta sentencia. Por ello, ahora se procederá a la demanda de amparo, debido a que no existen los elementos que comprueben que se cometió dicha falta.

La cantidad que se atribuye al desvío de recursos corresponde a unos viáticos de apoyo otorgados a la secretaria general, en su cargo de reportera, los cuales no se le permitieron comprobar porque fue despedida al asumir la representación sindical; se trata de una persona de base que nunca tuvo acceso al manejo financiero de la empresa o que tomara decisiones sobre el uso del recursos, por lo que la acusación es falsa y confirma la estrategia de criminalización y persecución política contra la dirigente con motivo de la huelga.

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La huelga de Notimex estalló el 21 de febrero de 2020; en tanto, las acusaciones contra la secretaria general se presentaron en septiembre de ese mismo año.

Hay que recordar que ésta es una de las dos demandas administrativas que la empresa presentó contra Urrea Torres. En enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había responsabilidad administrativa sobre una de ellas y queda pendiente esta demanda que fue turnada al TFJA.

 

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