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Mexico Violento

¿Por qué proscribir al PRI es tarea de un Congreso Popular?

En los últimos 30 años ha habido suficientes evidencias de un genocidio paulatino que ha perpetrado el PRI en aras de preservarse en el poder

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Por Ramsés Ancira

«Lo que sucedió fue que un grupo de estudiantes que celebraban una marcha se enfrentó a otro y se agarraron a catorrazos. ¡No hubo muertos!»

Casi textuales, fueron éstas las palabras que me dijo Luis Echeverría Álvarez en una de las pocas entrevistas videograbadas que concedió. Se que hay otras pero no han sido publicadas hasta ahora.

El número de muertos tal vez nunca pueda ser precisado, pero hay suficientes elementos para pensar que en México, aún sin dictadura militar como las de Argentina o Chile, tenemos un muy buen número de desaparecidos, como ocurrió durante la guerra sucia en esos países, con la diferencia de que aquí nadie ha sido llevado a juicio; por el contrario, han sido premiados con secretarías de Estado, gubernaturas o la presidencia de la República, siempre postulados por el PRI.

Si donde hay humo hay fuego, es de suponer que donde hay disparos de rifles de alto poder hay muertos, y éstos fueron escuchados por algunos personajes que luego fueron relevantes figuras de la vida pública como es el caso de José Woldenberg Karakowsky, quien lo anota desde las primeras líneas de su Memoria de la Izquierda (Editorial Cal y Arena 1998).

Mis propias memorias personales que me dan razones para considerar que proscribir al PRI, y lo que representa, es deber de todo buen mexicano, se remontan a 1969, para ser precisos al 4 de junio. Ese día mi padre, Jaime Ancira, recibió una llamada en la redacción de Notimex, era Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, quien pidió hablar con el director. Le informó que el avión en el que viajaba el entonces líder opositor Carlos A. Madrazo «había tenido un accidente» y le dio instrucciones sobre cómo debería darse a conocer la noticia.

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Expresidente Luis Echeverría Álvarez. Foto: sipse.com

Según las memorias de mi padre, hubo varias llamadas de Echeverría con versiones que fueron cambiando radicalmente los detalles, así que la versión del «accidente» tenía poca verosimilitud . Él trabajaba entonces en dos puestos, como periodista en Notimex y como locutor de Radio México Internacional, ambos ubicados en el edificio de Insurgentes Sur 1700. No mucho después convencido de que en México hacer periodismo veraz resultaba poco menos que imposible, dejó esta profesión para el resto de su vida y se quedó como divulgador cultural.

Si es verdad que para deshacerse de Madrazo se realizó un atentado, él y su esposa no fueron las únicas víctimas. No se tentaron el corazón para que murieran otras docenas de civiles, entre las que se encontraba el «Pelón» Osuna, integrante de la élite del tenis nacional.

Fue muchos años después cuando conocí otra prueba para documentar mi firme convicción de que el PRI debería ser proscrito por delitos relacionados al genocidio. Se remonta al dos de octubre de 1968, fecha en la cual el reconocido cineasta Servando González (Yanko, Viento Negro, El Último Túnel) fue contratado por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luís Echeverría, para apostar cámaras de cine en edificios aledaños a la Plaza de Tlatelolco.

En Los Rollos Perdidos (2012), el periodista Gibrán Bazán logró insertar una entrevista con Servando González donde narra que después de la balacera que le encargó filmar la Secretaría de Gobernación encabezada por Echeverría, ingresó a un departamento de Tlatelolco donde atestiguó lo que sigue:

Para proteger a un hijo de brazos de las balas, una señora se metió con él a una tina de baño, pero hasta ahí la alcanzaron los proyectiles y ahogó a su pequeño, quizá con su propio peso inerte, quizá con su propia sangre.

De los años setenta, ya con Echeverría en la silla presidencial, datan las historias de guerrilleros y campesinos arrojados vivos desde aviones cerca de las costas de Guerrero, conocida práctica en la dictadura argentina en esos mismos años como los «vuelos de la muerte«. Con Vicente Fox hubo una esperanza de que estos hechos fueran ampliamente difundidos gracias al trabajo de investigacióndel fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

Antes de los «pozoleros» que deshacen cadáveres con químicos para las bandas criminales, simplemente los cuerpos eran incinerados en instalaciones militares. Así ocurrió con las víctimas del dos de octubre del 68 y el 10 de junio de 1971. (En estas épocas del Internet sería posible que los familiares de desaparecidos integraran una base de datos que nos permitieran conocer con mayor precisión cuántos y quienes fueron los victimados).

Algo sabemos de 130 desaparecidos en esos años, gracias al Comité Eureka que formó Rosario Ibarra de Piedra, pero no son precisamente las víctimas de esas dos fechas 2 de octubre y 10 de junio, algunos de estos últimos, secuestrados o rematados en la Cruz Verde donde les atendían de sus heridas.

De lo público a lo personal

En esa época de mi vida, a finales de los setenta del siglo pasado, años antes de dedicarme al periodismo abordé un taxi en la colonia Buenos Aires para dirigirme a la calle de Arquímedes, en Polanco, donde trabajaba.  El chofer era un hombre de tez blanca, cabello crecido rubio y unos 130 kilos de peso. Quienes hayan visto la película La Ley de Herodes (1999) -deben ser muchos, porque en Internet supera el millón de descargas- tal vez recuerden que en la primera escena aparece un ejecutor- ¿no? bueno pues gracias al multimedia aquí se lo presentamos.

El taxista, que por su volumen a duras penas cabía en el asiento del conductor del auto compacto, me platicó que antes se había dedicado a asesinar, por órdenes de distintos funcionarios del PRI, incluidos presidentes de la república.

Me dijo que generalmente se encargaba de caciques que se habían pasado de abusivos en sus comunidades o bien, que robaron sin compartir con el Partido. Me dio detalles. Dijo que algunas personas se resignaban y le pedían que acabara rápido y otros se deshacían en llantos y súplicas.

No recuerdo con la misma claridad si le pregunté si sentía remordimientos. No escribo esto hasta casi 36 años después, aunque su cara se me quedó grabada todo este tiempo. Me parece que me respondió que de nada le servirían los remordimientos a lo que ya no podía cambiar.

-¿Y como cuántos asesinatos ‘a pedido’ cometió? (eso sí estoy seguro que le pregunté).

-Habíamos como tres o cuatro que nos dedicábamos a esto, no lo sé, cientos.

Sujetos muy similares, pero más de uno, debieron haber cometido el asesinato de Francisco Javier Ovando la madrugada del 2 de julio de 1988. Hasta altas horas de la noche él, y su secretario Román Gil Heraldez, habían trabajado en un sistema de cómputo independiente que debería comprobar en forma el resultado de las votaciones presidenciales.

Ovando debió haber conducido su automóvil por Insurgentes, hacia el norte, hasta la glorieta, para incorporarse más tarde a Avenida Chapultepec e Izazaga. Después de cruzar Tlalpan otro auto les cerró el paso, les dispararon a muerte y se llevaron el vehículo con los cuerpos a las sombrías calles de la Colonia Tránsito. Horas después el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación que reportaba una amplia ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Carlos Salinas de Gortari se apagó. Cuando regresó el sistema la tendencia que favorecía al líder del Frente Democrático Nacional se había revertido.

¿Quién cometió el crimen contra Ovando y Gil? Nunca se investigó a fondo, pero la sospecha recayó en alguien que fue nombrado procurador en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Policías judiciales al servicio del PRI fueron también los asesinos en 1988 de Ernesto del Arco Parra, 18, y los adolescentes José Luis García Juárez, 17; Jorge Flores Vargas, 17, y Jesús Ramos Rivas, de 16 años de edad. Ellos viajaban en un automóvil repleto de propaganda del Frente Demcrático Nacional.

¿Por qué me atrevo a afirmar que eran policías al servicio del PRI? Una de las razones es que el castigo de algunos de los presuntos responsables se debió a la disposición de Renato Sales Gazque, un procurador honesto que seguramente facilitó las investigaciones ya que los implicados estaban cerca de él.

La otra es que en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, el terror al desempleo cundió entre la corrupta policía judicial, que formó bandas de asaltantes, la gran mayoría especializada en pasajeros de taxis.

De esto no sólo tengo diversas referencias, sino que personalmente fui víctima de ellos, así como varios compañeros de CNI, Canal 40, aunque en mi caso particular la violencia resultó particularmente extrema y pudo ser mortal. Si ya tenía razones para detestar al PRI, este hecho me confirmó que buscar que se le proscriba debería ser un deber moral de todo mexicano.

La contundente victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México fue la manifestación de la que no le fue reconocida en 1988. El linchamiento mediático que sufrió por parte de las televisoras, en 1999, a raíz del asesinato de Francisco Stanley incrementó las sospechas de protección oficial a nivel federal dal narcotráfico.

Es por todos reconocido que la decisión de a quien se le vendían los canales de Imevisión, tuvo como principal protagonista y socio a Raúl Salinas de Gortari. Stanley, quien fue candidato a diputado por el PRI, había sido captado por las cámaras de Televisión Azteca tomando un paquete blanco (como dicen los clásicos informes policiacos, «al parecer conteniendo cocaína») durante una de las rutinas de su programa.

¿Tiene bases la proscripción del PRI?

El PRI, pues, es un partido que más allá de toda sospecha, está ligado al crimen organizado, es institucional pero no es en absoluto revolucionario. Es algo que muchos mexicanos saben, y muchos millones más intuimos, por eso ni contando la compra de votos o las marrullerías electorales, que serían objeto de varios cientos de otros ensayos, alcanza actualmente la aprobación siguiera de un 35 por ciento del electorado.

Ya ni profundizar en otros hechos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio que se conmemora en estos días de marzo. Dudar que fue perpetrado por gente íntimamente ligada al PRI, por no decir a la familia directa del entonces ocupante de Los Pinos, sería más que inocente, absurdo. Y no fue ese el único crimen. Nada más desde los días previos a la gestión de Carlos Salinas de Gortari, hasta el final de su administración se estiman más de 700 asesinatos políticos, la mayoría sin resolver, o por lo menos no convincentemente.

El genocidio de grupos estudiantiles y dirigentes rurales que han buscado sacudirse la tiranía de los caciques políticos, generalmente ligados al partido preponderante no va a ser resuelto con un sistema en el que los mismos partidos políticos designan a los consejeros electorales en base a cuotas de elecciones anteriores, igualmente dudosas, por no decir francamente fraudulentas.

La democracia partidista es el peor de los sistemas posibles, pero es el mejor que tenemos… hasta que nos propongamos cambiarlo. Ahora es mucho peor porque políticos de casi todos los partidos, en función de una supuesta modernidad entregan recursos naturales y obras públicas a corporativos extranjeros, sin recibir contra prestaciones sociales que mejoren el nivel de vida de los mexicanos.

No se descubre el hilo negro, hace varios miles de años los griegos ya pusieron en práctica un sistema en el que todos los ciudadanos destacados debían ocupar por un tiempo un cargo público y regresar, cumplido su ciclo a sus actividades normales. El sistema fue tan, pero tan bueno que se desarrollaron las matemáticas, las artes y los fundamentos universales de la filosofía al distinguir lo que distingue al ser, del deber ser.

El Congreso Popular que nace en 2014 puede ser el nuevo origen de esta vieja forma democrática. Si hay suerte y los ataques de la propia izquierda no lo debilitan, en un futuro no muy lejano implantará las bases para una democracia participativa, y no solo fallidamente representativa como la que ahora da al PRI un papel preponderante y que debe ser acotado, como ya se pretende con todos los poderes monopólicos, mientras se le proscribe definitivamente por sus crímenes de lesa humanidad.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

No te pierdas: Libertad por Amnistía a víctima de violencia de género acusada de homicidio en Estado de México

 

El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El editor recomienda: Penales del Estado de México, un premio a la impunidad y violación de los derechos humanos de los internos

 

De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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El Caso Wallace

Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

No te pierdas: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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