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Mexico Violento

¿Por qué proscribir al PRI es tarea de un Congreso Popular?

En los últimos 30 años ha habido suficientes evidencias de un genocidio paulatino que ha perpetrado el PRI en aras de preservarse en el poder

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Por Ramsés Ancira

“Lo que sucedió fue que un grupo de estudiantes que celebraban una marcha se enfrentó a otro y se agarraron a catorrazos. ¡No hubo muertos!”

Casi textuales, fueron éstas las palabras que me dijo Luis Echeverría Álvarez en una de las pocas entrevistas videograbadas que concedió. Se que hay otras pero no han sido publicadas hasta ahora.

El número de muertos tal vez nunca pueda ser precisado, pero hay suficientes elementos para pensar que en México, aún sin dictadura militar como las de Argentina o Chile, tenemos un muy buen número de desaparecidos, como ocurrió durante la guerra sucia en esos países, con la diferencia de que aquí nadie ha sido llevado a juicio; por el contrario, han sido premiados con secretarías de Estado, gubernaturas o la presidencia de la República, siempre postulados por el PRI.

Si donde hay humo hay fuego, es de suponer que donde hay disparos de rifles de alto poder hay muertos, y éstos fueron escuchados por algunos personajes que luego fueron relevantes figuras de la vida pública como es el caso de José Woldenberg Karakowsky, quien lo anota desde las primeras líneas de su Memoria de la Izquierda (Editorial Cal y Arena 1998).

Mis propias memorias personales que me dan razones para considerar que proscribir al PRI, y lo que representa, es deber de todo buen mexicano, se remontan a 1969, para ser precisos al 4 de junio. Ese día mi padre, Jaime Ancira, recibió una llamada en la redacción de Notimex, era Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, quien pidió hablar con el director. Le informó que el avión en el que viajaba el entonces líder opositor Carlos A. Madrazo “había tenido un accidente” y le dio instrucciones sobre cómo debería darse a conocer la noticia.

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Expresidente Luis Echeverría Álvarez. Foto: sipse.com

Según las memorias de mi padre, hubo varias llamadas de Echeverría con versiones que fueron cambiando radicalmente los detalles, así que la versión del “accidente” tenía poca verosimilitud . Él trabajaba entonces en dos puestos, como periodista en Notimex y como locutor de Radio México Internacional, ambos ubicados en el edificio de Insurgentes Sur 1700. No mucho después convencido de que en México hacer periodismo veraz resultaba poco menos que imposible, dejó esta profesión para el resto de su vida y se quedó como divulgador cultural.

Si es verdad que para deshacerse de Madrazo se realizó un atentado, él y su esposa no fueron las únicas víctimas. No se tentaron el corazón para que murieran otras docenas de civiles, entre las que se encontraba el “Pelón” Osuna, integrante de la élite del tenis nacional.

Fue muchos años después cuando conocí otra prueba para documentar mi firme convicción de que el PRI debería ser proscrito por delitos relacionados al genocidio. Se remonta al dos de octubre de 1968, fecha en la cual el reconocido cineasta Servando González (Yanko, Viento Negro, El Último Túnel) fue contratado por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luís Echeverría, para apostar cámaras de cine en edificios aledaños a la Plaza de Tlatelolco.

En Los Rollos Perdidos (2012), el periodista Gibrán Bazán logró insertar una entrevista con Servando González donde narra que después de la balacera que le encargó filmar la Secretaría de Gobernación encabezada por Echeverría, ingresó a un departamento de Tlatelolco donde atestiguó lo que sigue:

Para proteger a un hijo de brazos de las balas, una señora se metió con él a una tina de baño, pero hasta ahí la alcanzaron los proyectiles y ahogó a su pequeño, quizá con su propio peso inerte, quizá con su propia sangre.

De los años setenta, ya con Echeverría en la silla presidencial, datan las historias de guerrilleros y campesinos arrojados vivos desde aviones cerca de las costas de Guerrero, conocida práctica en la dictadura argentina en esos mismos años como los “vuelos de la muerte“. Con Vicente Fox hubo una esperanza de que estos hechos fueran ampliamente difundidos gracias al trabajo de investigacióndel fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

Antes de los “pozoleros” que deshacen cadáveres con químicos para las bandas criminales, simplemente los cuerpos eran incinerados en instalaciones militares. Así ocurrió con las víctimas del dos de octubre del 68 y el 10 de junio de 1971. (En estas épocas del Internet sería posible que los familiares de desaparecidos integraran una base de datos que nos permitieran conocer con mayor precisión cuántos y quienes fueron los victimados).

Algo sabemos de 130 desaparecidos en esos años, gracias al Comité Eureka que formó Rosario Ibarra de Piedra, pero no son precisamente las víctimas de esas dos fechas 2 de octubre y 10 de junio, algunos de estos últimos, secuestrados o rematados en la Cruz Verde donde les atendían de sus heridas.

De lo público a lo personal

En esa época de mi vida, a finales de los setenta del siglo pasado, años antes de dedicarme al periodismo abordé un taxi en la colonia Buenos Aires para dirigirme a la calle de Arquímedes, en Polanco, donde trabajaba.  El chofer era un hombre de tez blanca, cabello crecido rubio y unos 130 kilos de peso. Quienes hayan visto la película La Ley de Herodes (1999) -deben ser muchos, porque en Internet supera el millón de descargas- tal vez recuerden que en la primera escena aparece un ejecutor- ¿no? bueno pues gracias al multimedia aquí se lo presentamos.

El taxista, que por su volumen a duras penas cabía en el asiento del conductor del auto compacto, me platicó que antes se había dedicado a asesinar, por órdenes de distintos funcionarios del PRI, incluidos presidentes de la república.

Me dijo que generalmente se encargaba de caciques que se habían pasado de abusivos en sus comunidades o bien, que robaron sin compartir con el Partido. Me dio detalles. Dijo que algunas personas se resignaban y le pedían que acabara rápido y otros se deshacían en llantos y súplicas.

No recuerdo con la misma claridad si le pregunté si sentía remordimientos. No escribo esto hasta casi 36 años después, aunque su cara se me quedó grabada todo este tiempo. Me parece que me respondió que de nada le servirían los remordimientos a lo que ya no podía cambiar.

-¿Y como cuántos asesinatos ‘a pedido’ cometió? (eso sí estoy seguro que le pregunté).

-Habíamos como tres o cuatro que nos dedicábamos a esto, no lo sé, cientos.

Sujetos muy similares, pero más de uno, debieron haber cometido el asesinato de Francisco Javier Ovando la madrugada del 2 de julio de 1988. Hasta altas horas de la noche él, y su secretario Román Gil Heraldez, habían trabajado en un sistema de cómputo independiente que debería comprobar en forma el resultado de las votaciones presidenciales.

Ovando debió haber conducido su automóvil por Insurgentes, hacia el norte, hasta la glorieta, para incorporarse más tarde a Avenida Chapultepec e Izazaga. Después de cruzar Tlalpan otro auto les cerró el paso, les dispararon a muerte y se llevaron el vehículo con los cuerpos a las sombrías calles de la Colonia Tránsito. Horas después el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación que reportaba una amplia ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Carlos Salinas de Gortari se apagó. Cuando regresó el sistema la tendencia que favorecía al líder del Frente Democrático Nacional se había revertido.

¿Quién cometió el crimen contra Ovando y Gil? Nunca se investigó a fondo, pero la sospecha recayó en alguien que fue nombrado procurador en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Policías judiciales al servicio del PRI fueron también los asesinos en 1988 de Ernesto del Arco Parra, 18, y los adolescentes José Luis García Juárez, 17; Jorge Flores Vargas, 17, y Jesús Ramos Rivas, de 16 años de edad. Ellos viajaban en un automóvil repleto de propaganda del Frente Demcrático Nacional.

¿Por qué me atrevo a afirmar que eran policías al servicio del PRI? Una de las razones es que el castigo de algunos de los presuntos responsables se debió a la disposición de Renato Sales Gazque, un procurador honesto que seguramente facilitó las investigaciones ya que los implicados estaban cerca de él.

La otra es que en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, el terror al desempleo cundió entre la corrupta policía judicial, que formó bandas de asaltantes, la gran mayoría especializada en pasajeros de taxis.

De esto no sólo tengo diversas referencias, sino que personalmente fui víctima de ellos, así como varios compañeros de CNI, Canal 40, aunque en mi caso particular la violencia resultó particularmente extrema y pudo ser mortal. Si ya tenía razones para detestar al PRI, este hecho me confirmó que buscar que se le proscriba debería ser un deber moral de todo mexicano.

La contundente victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México fue la manifestación de la que no le fue reconocida en 1988. El linchamiento mediático que sufrió por parte de las televisoras, en 1999, a raíz del asesinato de Francisco Stanley incrementó las sospechas de protección oficial a nivel federal dal narcotráfico.

Es por todos reconocido que la decisión de a quien se le vendían los canales de Imevisión, tuvo como principal protagonista y socio a Raúl Salinas de Gortari. Stanley, quien fue candidato a diputado por el PRI, había sido captado por las cámaras de Televisión Azteca tomando un paquete blanco (como dicen los clásicos informes policiacos, “al parecer conteniendo cocaína”) durante una de las rutinas de su programa.

¿Tiene bases la proscripción del PRI?

El PRI, pues, es un partido que más allá de toda sospecha, está ligado al crimen organizado, es institucional pero no es en absoluto revolucionario. Es algo que muchos mexicanos saben, y muchos millones más intuimos, por eso ni contando la compra de votos o las marrullerías electorales, que serían objeto de varios cientos de otros ensayos, alcanza actualmente la aprobación siguiera de un 35 por ciento del electorado.

Ya ni profundizar en otros hechos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio que se conmemora en estos días de marzo. Dudar que fue perpetrado por gente íntimamente ligada al PRI, por no decir a la familia directa del entonces ocupante de Los Pinos, sería más que inocente, absurdo. Y no fue ese el único crimen. Nada más desde los días previos a la gestión de Carlos Salinas de Gortari, hasta el final de su administración se estiman más de 700 asesinatos políticos, la mayoría sin resolver, o por lo menos no convincentemente.

El genocidio de grupos estudiantiles y dirigentes rurales que han buscado sacudirse la tiranía de los caciques políticos, generalmente ligados al partido preponderante no va a ser resuelto con un sistema en el que los mismos partidos políticos designan a los consejeros electorales en base a cuotas de elecciones anteriores, igualmente dudosas, por no decir francamente fraudulentas.

La democracia partidista es el peor de los sistemas posibles, pero es el mejor que tenemos… hasta que nos propongamos cambiarlo. Ahora es mucho peor porque políticos de casi todos los partidos, en función de una supuesta modernidad entregan recursos naturales y obras públicas a corporativos extranjeros, sin recibir contra prestaciones sociales que mejoren el nivel de vida de los mexicanos.

No se descubre el hilo negro, hace varios miles de años los griegos ya pusieron en práctica un sistema en el que todos los ciudadanos destacados debían ocupar por un tiempo un cargo público y regresar, cumplido su ciclo a sus actividades normales. El sistema fue tan, pero tan bueno que se desarrollaron las matemáticas, las artes y los fundamentos universales de la filosofía al distinguir lo que distingue al ser, del deber ser.

El Congreso Popular que nace en 2014 puede ser el nuevo origen de esta vieja forma democrática. Si hay suerte y los ataques de la propia izquierda no lo debilitan, en un futuro no muy lejano implantará las bases para una democracia participativa, y no solo fallidamente representativa como la que ahora da al PRI un papel preponderante y que debe ser acotado, como ya se pretende con todos los poderes monopólicos, mientras se le proscribe definitivamente por sus crímenes de lesa humanidad.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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