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Justicia pendiente

“¿Por qué en México no hay justicia?”: familiares de presos políticos

Grupos internacionales y del Estado de Guerrero realizaron rueda de prensa para denunciar las violaciones de derechos humanos a los presos políticos

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Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México organizada por en el Centro Pro de Derechos Humanos. En esta conferencia, la esposa de Arturo Campos, policía comunitario preso por el gobierno de Guerrero, preguntó a la audiencia “¿por qué no hay justicia en México?” y destacó que las personas inocentes que trabajan por sus comunidades son los que están presas, mientras los delincuentes se visten de uniforme o están en el gobierno.

“Mi esposo se levantó a luchar al ver las condiciones en que vivimos, ¿y qué ha ganado? !Encarcelamiento! ¿La familia qué ha ganado? Soy mamá de seis, pero ahora soy mamá y papá, tengo que trabajar, no me da pena, no soy esposa de delincuente, no formamos parte de delincuencia, somos personas trabajadoras, humildes, eso no le da derecho al gobierno que nos humille, que nos intimide. Vamos a seguir luchando con muchas ganas, a pesar de lo que pasa en Guerrero, que esto sirva de ejemplo”.

Algunos de los familiares de presos políticos miembros de la CRAC faltaron a la rueda de prensa por no contar con los recursos económicos para su movilización desde su comunidad hasta la Ciudad de México, ya que sus principales proveedores permanecen recluidos en cárceles del Estado. Son indígenas na savi o me´phaa de la Costa Chica de Guerrero de diferentes edades, quienes cuando fueron detenidos arbitrariamente por el ejército cumplían con un servicio a su comunidad, de acuerdo al sistema normativo indígena reglamentado por la Ley 701 de Estado de Guerrero.

De acuerdo a las declaraciones de los activistas de derechos humanos en defensa de los presos políticos de la CRAC-PC, éstos fueron detenidos acusados de supuestos secuestros de 48 personas. Dichas acusaciones, entre las que se incluyó a Nestora Salgado, son resultado de la fabricación de expedientes por parte del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, destituido después de las denuncias con evidencias de sus vínculos con el grupo narcotraficante de Los Rojos.

Una comisión estadounidense asistió a la rueda de prensa desde Nueva York y Seattle, con la coordinación de Stephen Durham, excandidato a la presidencia de Estados Unidos y activista por los derechos humanos de los pueblos originarios. Durham ha impulsado diferentes acciones internacionales de protesta por la detención arbitraria de Nestora Salgado frente a los consulados mexicanos. Estas acciones han recibido la solidaridad de más de cien organizaciones políticas y derechos humanos basadas en Estados Unidos y Australia.

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

También asistió Ubaldo Ramírez, hermano de Samuel joven mixteco que recién cumplió los 18 años respondió con una costumbre familiar de dar servicio como policía comunitario de Zitlaltepec, núcleo agrario donde habitan los “hombres y mujeres de la lluvia”. Lleva año y medio prisionero de un sistema de justicia caduco y a modo en Guerrero.

Estuvo Teresa Molina, hermana de Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-PC en Tixtla, Guerrero, lugar en el cual la delincuencia atacaba y tenía sometida a la población de la cabecera bajo la anuencia de autoridades y Policía municipal. Hace decenas de años, fue lugar de procesos históricos independentistas del México actual y dónde ahora existe un comité promotor que busca generar un Consejo Municipal que impida las elecciones y tome las funciones de ayuntamiento municipal popular.

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

También estuvo Grisel Rodríguez, la hija menor de Nestora Salgado, junto con Cleotilde Salgado, quienes reiteraron las condiciones violatorias de las garantías individuales a las que se le sometió a la líder comunitaria de Olinalá, la tortura sicológica y física dentro del penal federal, le señalaron a los periodistas presentes las violaciones al debido proceso, y reclamaron por qué debe ser liberada al igual que los presos de la CRAC-PC.

Otras organizaciones solidarias del Free Nestora Comite, del POS, la sindicalista de Seattle Patricia Coley así como del Comité Nestora libre de México, que son parte de las organizaciones que han acompañado el clamor por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria.

Agustina, esposa de Arturo Campos, también acudió a la rueda de prensa. Ella tiene seis hijos. Destacó la claridad de sus palabras al dirigirse a la gente, su lengua materna es el tu´un savi. “Hay que pensar lo que uno dice porque los periodistas lo publican”, comenta. En Ayutla de los Libres, los políticos de los partidos la han visitado, pero ella los ha rechazado, “no estuvieron cuando se ha exigido justicia, no estuvieron cuando detuvieron a mi esposo”.

Después del evento, acudieron a la protesta del CNTE cerca de la sitiada Secretaría de Gobernación Federal dónde su discurso estuvo enfocado en el cuestionamiento de la justicia en México.

“Marco no es delincuente. Los luchadores sociales no son delincuentes. ¿Por qué el gobierno los detiene y traslada a la máxima seguridad con tanta rapidez? ¿Por qué no pueden liberarlos así de rápido y no hasta que salga la Ley de Amnistía? ¿De qué les van a perdonar? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con el temor de que los luchadores o profesores pueden morir en manos del gobierno? Si eso es justicia y tener paz, ya no sabemos de quien cuidarnos si del gobierno o los delincuentes disfrazados de soldado, de marina. Se tiene más miedo a la gente del gobierno, ¿Por qué en México no hay justicia? Año y medio buscando justicia, tocando puertas, ¿qué respuesta tenemos? A pesar de todo lo que pasa no tenemos miedo de dar la cara públicamente, de manifestar, no entiendo qué ley dice que es delito organizar a la gente… no sé porque encarcelan a la persona inocente, no entiendo por qué no hay justicia para gente indígena, ¿cuándo han subido para ver que hace falta?, muchas personas se mueren porque no hay clínicas, no hay medicamento, en Ayutla, no han ido a ver si hay especialistas… no ven lo que falta en las comunidades.

Diversas organizaciones promueven una marcha para el próximo jueves desde las inmediaciones de la estación del tren suburbano Periférico a Tepepan, donde ahora esta Nestora Salgado García quien permanece desde hace más de 25 días en huelga de hambre con la exigencia de libertad para sus compañeros de la CRAC-PC y para ella.

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Edición: Guadalupe Lizárraga

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Senado aprueba eliminar el fuero presidencial

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Por Ignacio García

El Senado de la República aprobó en lo general la eliminación del fuero presidencial, por lo que serán enviados los dictámenes a los Congresos locales de los estados y se requieren que sea aprobado por 17 para que entren en vigor en el país y se establezca en la Constitución.

Los senadores de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acordaron con la oposición impulsar la reforma para la eliminación del fuero presidencial, así como retirar la inmunidad procesal de los legisladores federales.

La minuta de la Cámara de Diputados que en el artículo 108 señala que el presidente de la República podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como cualquier otro delito.

Con esta nueva modificación, también se contempla imputar por los mismos delitos a los diputados federales y senadores para que puedan ser castigados por cualquier irregularidad en sus servicios públicos.

La medida contempla la posibilidad de iniciar los procedimientos penales contra el jefe del Ejecutivo federal en caso de que se compruebe su presunta participación en actos ilícitos durante su ejercicio en la función pública, así como a los legisladores federales.

Con esta modificación se contemplan iniciar procedimientos contra el jefe del Ejecutivo federal en la actualidad, así como a los expresidentes de la República que han sido señalados por actos de corrupción como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

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UIF investiga a Luis Videgaray por corrupción

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Por Ignacio García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, por presunta corrupción durante su gestión en el gobierno federal.

Luego de las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la presunta responsabilidad del exfuncionario federal en los actos de corrupción con la empresa Odebrecht, así como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga las presuntas responsabilidades de Videgaray como principal orquestador de la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que participó Rosario Robles, y quien ha manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La unidad financiera busca determinar las irregularidades en las cuentas de Luis Videgaray, ya que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR integra una indagatoria correspondiente.

La UIF realiza indagatorias de los manejos financieros de Luis Videgaray desde hace diez años, periodo en el que el exfuncionario federal formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México para posteriormente situarse como uno de los personajes más cercanos a la gestión federal.

Luis Videgaray es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y quien presuntamente fue el que ordenó sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013, para permitir el ingreso la empresa brasileña Odebrecht.

 

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Justicia pendiente

Rosario Robles acepta colaborar con la FGR para obtener beneficios

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener beneficios en una sentencia condenatoria.

De acuerdo con la defensa legal de la exfuncionaria federal, busca acogerse a la figura legal de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información.

La exservidora pública es señalada por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público por el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el esquema denominado como “La Estafa Maestra”.

Un juez giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y por ello pretende permanecer menos tiempo tras las rejas.

Según la defensa legal de Robles, no desea permanecer toda su vida en la cárcel y por ello manifestó sus intenciones de colaborar con la FGR para delatar a las personas que también estuvieron involucradas en el lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Los abogados de Rosario Robles aseguraron que tanto el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abandonaron a la exfuncionaria federal, por lo que accedió a convertirse en testigo colaboradora.

Rosario Robles fue responsable de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de haber militado en la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que encabezó y también fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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