Connect with us

Justicia pendiente

“¿Por qué en México no hay justicia?”: familiares de presos políticos

Grupos internacionales y del Estado de Guerrero realizaron rueda de prensa para denunciar las violaciones de derechos humanos a los presos políticos

Published

on

Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México organizada por en el Centro Pro de Derechos Humanos. En esta conferencia, la esposa de Arturo Campos, policía comunitario preso por el gobierno de Guerrero, preguntó a la audiencia “¿por qué no hay justicia en México?” y destacó que las personas inocentes que trabajan por sus comunidades son los que están presas, mientras los delincuentes se visten de uniforme o están en el gobierno.

“Mi esposo se levantó a luchar al ver las condiciones en que vivimos, ¿y qué ha ganado? !Encarcelamiento! ¿La familia qué ha ganado? Soy mamá de seis, pero ahora soy mamá y papá, tengo que trabajar, no me da pena, no soy esposa de delincuente, no formamos parte de delincuencia, somos personas trabajadoras, humildes, eso no le da derecho al gobierno que nos humille, que nos intimide. Vamos a seguir luchando con muchas ganas, a pesar de lo que pasa en Guerrero, que esto sirva de ejemplo”.

Algunos de los familiares de presos políticos miembros de la CRAC faltaron a la rueda de prensa por no contar con los recursos económicos para su movilización desde su comunidad hasta la Ciudad de México, ya que sus principales proveedores permanecen recluidos en cárceles del Estado. Son indígenas na savi o me´phaa de la Costa Chica de Guerrero de diferentes edades, quienes cuando fueron detenidos arbitrariamente por el ejército cumplían con un servicio a su comunidad, de acuerdo al sistema normativo indígena reglamentado por la Ley 701 de Estado de Guerrero.

De acuerdo a las declaraciones de los activistas de derechos humanos en defensa de los presos políticos de la CRAC-PC, éstos fueron detenidos acusados de supuestos secuestros de 48 personas. Dichas acusaciones, entre las que se incluyó a Nestora Salgado, son resultado de la fabricación de expedientes por parte del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, destituido después de las denuncias con evidencias de sus vínculos con el grupo narcotraficante de Los Rojos.

Una comisión estadounidense asistió a la rueda de prensa desde Nueva York y Seattle, con la coordinación de Stephen Durham, excandidato a la presidencia de Estados Unidos y activista por los derechos humanos de los pueblos originarios. Durham ha impulsado diferentes acciones internacionales de protesta por la detención arbitraria de Nestora Salgado frente a los consulados mexicanos. Estas acciones han recibido la solidaridad de más de cien organizaciones políticas y derechos humanos basadas en Estados Unidos y Australia.

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

También asistió Ubaldo Ramírez, hermano de Samuel joven mixteco que recién cumplió los 18 años respondió con una costumbre familiar de dar servicio como policía comunitario de Zitlaltepec, núcleo agrario donde habitan los “hombres y mujeres de la lluvia”. Lleva año y medio prisionero de un sistema de justicia caduco y a modo en Guerrero.

Estuvo Teresa Molina, hermana de Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-PC en Tixtla, Guerrero, lugar en el cual la delincuencia atacaba y tenía sometida a la población de la cabecera bajo la anuencia de autoridades y Policía municipal. Hace decenas de años, fue lugar de procesos históricos independentistas del México actual y dónde ahora existe un comité promotor que busca generar un Consejo Municipal que impida las elecciones y tome las funciones de ayuntamiento municipal popular.

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

También estuvo Grisel Rodríguez, la hija menor de Nestora Salgado, junto con Cleotilde Salgado, quienes reiteraron las condiciones violatorias de las garantías individuales a las que se le sometió a la líder comunitaria de Olinalá, la tortura sicológica y física dentro del penal federal, le señalaron a los periodistas presentes las violaciones al debido proceso, y reclamaron por qué debe ser liberada al igual que los presos de la CRAC-PC.

Otras organizaciones solidarias del Free Nestora Comite, del POS, la sindicalista de Seattle Patricia Coley así como del Comité Nestora libre de México, que son parte de las organizaciones que han acompañado el clamor por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria.

Agustina, esposa de Arturo Campos, también acudió a la rueda de prensa. Ella tiene seis hijos. Destacó la claridad de sus palabras al dirigirse a la gente, su lengua materna es el tu´un savi. “Hay que pensar lo que uno dice porque los periodistas lo publican”, comenta. En Ayutla de los Libres, los políticos de los partidos la han visitado, pero ella los ha rechazado, “no estuvieron cuando se ha exigido justicia, no estuvieron cuando detuvieron a mi esposo”.

Después del evento, acudieron a la protesta del CNTE cerca de la sitiada Secretaría de Gobernación Federal dónde su discurso estuvo enfocado en el cuestionamiento de la justicia en México.

“Marco no es delincuente. Los luchadores sociales no son delincuentes. ¿Por qué el gobierno los detiene y traslada a la máxima seguridad con tanta rapidez? ¿Por qué no pueden liberarlos así de rápido y no hasta que salga la Ley de Amnistía? ¿De qué les van a perdonar? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con el temor de que los luchadores o profesores pueden morir en manos del gobierno? Si eso es justicia y tener paz, ya no sabemos de quien cuidarnos si del gobierno o los delincuentes disfrazados de soldado, de marina. Se tiene más miedo a la gente del gobierno, ¿Por qué en México no hay justicia? Año y medio buscando justicia, tocando puertas, ¿qué respuesta tenemos? A pesar de todo lo que pasa no tenemos miedo de dar la cara públicamente, de manifestar, no entiendo qué ley dice que es delito organizar a la gente… no sé porque encarcelan a la persona inocente, no entiendo por qué no hay justicia para gente indígena, ¿cuándo han subido para ver que hace falta?, muchas personas se mueren porque no hay clínicas, no hay medicamento, en Ayutla, no han ido a ver si hay especialistas… no ven lo que falta en las comunidades.

Diversas organizaciones promueven una marcha para el próximo jueves desde las inmediaciones de la estación del tren suburbano Periférico a Tepepan, donde ahora esta Nestora Salgado García quien permanece desde hace más de 25 días en huelga de hambre con la exigencia de libertad para sus compañeros de la CRAC-PC y para ella.

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Edición: Guadalupe Lizárraga

Justicia pendiente

Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

Published

on

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

Continue Reading

Justicia pendiente

Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

Published

on

La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

Continue Reading

Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

Published

on

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: