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Justicia pendiente

«¿Por qué en México no hay justicia?»: familiares de presos políticos

Grupos internacionales y del Estado de Guerrero realizaron rueda de prensa para denunciar las violaciones de derechos humanos a los presos políticos

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Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México organizada por en el Centro Pro de Derechos Humanos. En esta conferencia, la esposa de Arturo Campos, policía comunitario preso por el gobierno de Guerrero, preguntó a la audiencia «¿por qué no hay justicia en México?» y destacó que las personas inocentes que trabajan por sus comunidades son los que están presas, mientras los delincuentes se visten de uniforme o están en el gobierno.

“Mi esposo se levantó a luchar al ver las condiciones en que vivimos, ¿y qué ha ganado? !Encarcelamiento! ¿La familia qué ha ganado? Soy mamá de seis, pero ahora soy mamá y papá, tengo que trabajar, no me da pena, no soy esposa de delincuente, no formamos parte de delincuencia, somos personas trabajadoras, humildes, eso no le da derecho al gobierno que nos humille, que nos intimide. Vamos a seguir luchando con muchas ganas, a pesar de lo que pasa en Guerrero, que esto sirva de ejemplo”.

Algunos de los familiares de presos políticos miembros de la CRAC faltaron a la rueda de prensa por no contar con los recursos económicos para su movilización desde su comunidad hasta la Ciudad de México, ya que sus principales proveedores permanecen recluidos en cárceles del Estado. Son indígenas na savi o me´phaa de la Costa Chica de Guerrero de diferentes edades, quienes cuando fueron detenidos arbitrariamente por el ejército cumplían con un servicio a su comunidad, de acuerdo al sistema normativo indígena reglamentado por la Ley 701 de Estado de Guerrero.

De acuerdo a las declaraciones de los activistas de derechos humanos en defensa de los presos políticos de la CRAC-PC, éstos fueron detenidos acusados de supuestos secuestros de 48 personas. Dichas acusaciones, entre las que se incluyó a Nestora Salgado, son resultado de la fabricación de expedientes por parte del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, destituido después de las denuncias con evidencias de sus vínculos con el grupo narcotraficante de Los Rojos.

Una comisión estadounidense asistió a la rueda de prensa desde Nueva York y Seattle, con la coordinación de Stephen Durham, excandidato a la presidencia de Estados Unidos y activista por los derechos humanos de los pueblos originarios. Durham ha impulsado diferentes acciones internacionales de protesta por la detención arbitraria de Nestora Salgado frente a los consulados mexicanos. Estas acciones han recibido la solidaridad de más de cien organizaciones políticas y derechos humanos basadas en Estados Unidos y Australia.

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

También asistió Ubaldo Ramírez, hermano de Samuel joven mixteco que recién cumplió los 18 años respondió con una costumbre familiar de dar servicio como policía comunitario de Zitlaltepec, núcleo agrario donde habitan los “hombres y mujeres de la lluvia”. Lleva año y medio prisionero de un sistema de justicia caduco y a modo en Guerrero.

Estuvo Teresa Molina, hermana de Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-PC en Tixtla, Guerrero, lugar en el cual la delincuencia atacaba y tenía sometida a la población de la cabecera bajo la anuencia de autoridades y Policía municipal. Hace decenas de años, fue lugar de procesos históricos independentistas del México actual y dónde ahora existe un comité promotor que busca generar un Consejo Municipal que impida las elecciones y tome las funciones de ayuntamiento municipal popular.

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

También estuvo Grisel Rodríguez, la hija menor de Nestora Salgado, junto con Cleotilde Salgado, quienes reiteraron las condiciones violatorias de las garantías individuales a las que se le sometió a la líder comunitaria de Olinalá, la tortura sicológica y física dentro del penal federal, le señalaron a los periodistas presentes las violaciones al debido proceso, y reclamaron por qué debe ser liberada al igual que los presos de la CRAC-PC.

Otras organizaciones solidarias del Free Nestora Comite, del POS, la sindicalista de Seattle Patricia Coley así como del Comité Nestora libre de México, que son parte de las organizaciones que han acompañado el clamor por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria.

Agustina, esposa de Arturo Campos, también acudió a la rueda de prensa. Ella tiene seis hijos. Destacó la claridad de sus palabras al dirigirse a la gente, su lengua materna es el tu´un savi. “Hay que pensar lo que uno dice porque los periodistas lo publican”, comenta. En Ayutla de los Libres, los políticos de los partidos la han visitado, pero ella los ha rechazado, “no estuvieron cuando se ha exigido justicia, no estuvieron cuando detuvieron a mi esposo”.

Después del evento, acudieron a la protesta del CNTE cerca de la sitiada Secretaría de Gobernación Federal dónde su discurso estuvo enfocado en el cuestionamiento de la justicia en México.

“Marco no es delincuente. Los luchadores sociales no son delincuentes. ¿Por qué el gobierno los detiene y traslada a la máxima seguridad con tanta rapidez? ¿Por qué no pueden liberarlos así de rápido y no hasta que salga la Ley de Amnistía? ¿De qué les van a perdonar? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con el temor de que los luchadores o profesores pueden morir en manos del gobierno? Si eso es justicia y tener paz, ya no sabemos de quien cuidarnos si del gobierno o los delincuentes disfrazados de soldado, de marina. Se tiene más miedo a la gente del gobierno, ¿Por qué en México no hay justicia? Año y medio buscando justicia, tocando puertas, ¿qué respuesta tenemos? A pesar de todo lo que pasa no tenemos miedo de dar la cara públicamente, de manifestar, no entiendo qué ley dice que es delito organizar a la gente… no sé porque encarcelan a la persona inocente, no entiendo por qué no hay justicia para gente indígena, ¿cuándo han subido para ver que hace falta?, muchas personas se mueren porque no hay clínicas, no hay medicamento, en Ayutla, no han ido a ver si hay especialistas… no ven lo que falta en las comunidades.

Diversas organizaciones promueven una marcha para el próximo jueves desde las inmediaciones de la estación del tren suburbano Periférico a Tepepan, donde ahora esta Nestora Salgado García quien permanece desde hace más de 25 días en huelga de hambre con la exigencia de libertad para sus compañeros de la CRAC-PC y para ella.

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Edición: Guadalupe Lizárraga

Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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