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Justicia pendiente

«¿Por qué en México no hay justicia?»: familiares de presos políticos

Grupos internacionales y del Estado de Guerrero realizaron rueda de prensa para denunciar las violaciones de derechos humanos a los presos políticos

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Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Entre los asistentes a la rueda de prensa Stephen Durham, acitivsta de Nueva York por la libertad de Nestora. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México organizada por en el Centro Pro de Derechos Humanos. En esta conferencia, la esposa de Arturo Campos, policía comunitario preso por el gobierno de Guerrero, preguntó a la audiencia «¿por qué no hay justicia en México?» y destacó que las personas inocentes que trabajan por sus comunidades son los que están presas, mientras los delincuentes se visten de uniforme o están en el gobierno.

“Mi esposo se levantó a luchar al ver las condiciones en que vivimos, ¿y qué ha ganado? !Encarcelamiento! ¿La familia qué ha ganado? Soy mamá de seis, pero ahora soy mamá y papá, tengo que trabajar, no me da pena, no soy esposa de delincuente, no formamos parte de delincuencia, somos personas trabajadoras, humildes, eso no le da derecho al gobierno que nos humille, que nos intimide. Vamos a seguir luchando con muchas ganas, a pesar de lo que pasa en Guerrero, que esto sirva de ejemplo”.

Algunos de los familiares de presos políticos miembros de la CRAC faltaron a la rueda de prensa por no contar con los recursos económicos para su movilización desde su comunidad hasta la Ciudad de México, ya que sus principales proveedores permanecen recluidos en cárceles del Estado. Son indígenas na savi o me´phaa de la Costa Chica de Guerrero de diferentes edades, quienes cuando fueron detenidos arbitrariamente por el ejército cumplían con un servicio a su comunidad, de acuerdo al sistema normativo indígena reglamentado por la Ley 701 de Estado de Guerrero.

De acuerdo a las declaraciones de los activistas de derechos humanos en defensa de los presos políticos de la CRAC-PC, éstos fueron detenidos acusados de supuestos secuestros de 48 personas. Dichas acusaciones, entre las que se incluyó a Nestora Salgado, son resultado de la fabricación de expedientes por parte del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, destituido después de las denuncias con evidencias de sus vínculos con el grupo narcotraficante de Los Rojos.

Una comisión estadounidense asistió a la rueda de prensa desde Nueva York y Seattle, con la coordinación de Stephen Durham, excandidato a la presidencia de Estados Unidos y activista por los derechos humanos de los pueblos originarios. Durham ha impulsado diferentes acciones internacionales de protesta por la detención arbitraria de Nestora Salgado frente a los consulados mexicanos. Estas acciones han recibido la solidaridad de más de cien organizaciones políticas y derechos humanos basadas en Estados Unidos y Australia.

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Entre los asistentes, se encontraban María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui, el también vocero y dirigente natural de Cacahuatepec, lugar del Acapulco rural donde por más de una década se ha mantenido un Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) como organización campesina que defiende el río Papagayo en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica. Suátegui también lideraba la lucha contra las cribadoras que por años han extraído abusivamente la tierra del afluente ocasionando daños ambientales. Esto último, junto con el hostigamiento de fuerzas policiales del Estado, originó que varias poblaciones se acercaran al proyecto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).

También asistió Ubaldo Ramírez, hermano de Samuel joven mixteco que recién cumplió los 18 años respondió con una costumbre familiar de dar servicio como policía comunitario de Zitlaltepec, núcleo agrario donde habitan los “hombres y mujeres de la lluvia”. Lleva año y medio prisionero de un sistema de justicia caduco y a modo en Guerrero.

Estuvo Teresa Molina, hermana de Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-PC en Tixtla, Guerrero, lugar en el cual la delincuencia atacaba y tenía sometida a la población de la cabecera bajo la anuencia de autoridades y Policía municipal. Hace decenas de años, fue lugar de procesos históricos independentistas del México actual y dónde ahora existe un comité promotor que busca generar un Consejo Municipal que impida las elecciones y tome las funciones de ayuntamiento municipal popular.

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

Por la liberación de Nestora Salgado. Foto: Sergio Ferrer

También estuvo Grisel Rodríguez, la hija menor de Nestora Salgado, junto con Cleotilde Salgado, quienes reiteraron las condiciones violatorias de las garantías individuales a las que se le sometió a la líder comunitaria de Olinalá, la tortura sicológica y física dentro del penal federal, le señalaron a los periodistas presentes las violaciones al debido proceso, y reclamaron por qué debe ser liberada al igual que los presos de la CRAC-PC.

Otras organizaciones solidarias del Free Nestora Comite, del POS, la sindicalista de Seattle Patricia Coley así como del Comité Nestora libre de México, que son parte de las organizaciones que han acompañado el clamor por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria.

Agustina, esposa de Arturo Campos, también acudió a la rueda de prensa. Ella tiene seis hijos. Destacó la claridad de sus palabras al dirigirse a la gente, su lengua materna es el tu´un savi. “Hay que pensar lo que uno dice porque los periodistas lo publican”, comenta. En Ayutla de los Libres, los políticos de los partidos la han visitado, pero ella los ha rechazado, “no estuvieron cuando se ha exigido justicia, no estuvieron cuando detuvieron a mi esposo”.

Después del evento, acudieron a la protesta del CNTE cerca de la sitiada Secretaría de Gobernación Federal dónde su discurso estuvo enfocado en el cuestionamiento de la justicia en México.

“Marco no es delincuente. Los luchadores sociales no son delincuentes. ¿Por qué el gobierno los detiene y traslada a la máxima seguridad con tanta rapidez? ¿Por qué no pueden liberarlos así de rápido y no hasta que salga la Ley de Amnistía? ¿De qué les van a perdonar? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con el temor de que los luchadores o profesores pueden morir en manos del gobierno? Si eso es justicia y tener paz, ya no sabemos de quien cuidarnos si del gobierno o los delincuentes disfrazados de soldado, de marina. Se tiene más miedo a la gente del gobierno, ¿Por qué en México no hay justicia? Año y medio buscando justicia, tocando puertas, ¿qué respuesta tenemos? A pesar de todo lo que pasa no tenemos miedo de dar la cara públicamente, de manifestar, no entiendo qué ley dice que es delito organizar a la gente… no sé porque encarcelan a la persona inocente, no entiendo por qué no hay justicia para gente indígena, ¿cuándo han subido para ver que hace falta?, muchas personas se mueren porque no hay clínicas, no hay medicamento, en Ayutla, no han ido a ver si hay especialistas… no ven lo que falta en las comunidades.

Diversas organizaciones promueven una marcha para el próximo jueves desde las inmediaciones de la estación del tren suburbano Periférico a Tepepan, donde ahora esta Nestora Salgado García quien permanece desde hace más de 25 días en huelga de hambre con la exigencia de libertad para sus compañeros de la CRAC-PC y para ella.

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Agustina, esposa de Arturo Campos, indigena preso político. Foto: Sergio Ferrer

Edición: Guadalupe Lizárraga

Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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