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Justicia pendiente

Policías que asesinaron a mujer salvadoreña en Tulum son procesados penalmente por feminicidio

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La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo ejerció acción penal por el delito de feminicidio contra los cuatro policías de Tulum que sometieron y asesinaron a Victoria Salazar, originaria de El Salvador.

El fiscal estatal, Óscar Montes de Oca Rosales, dijo que tras los análisis de los peritos forenses se determinó que la víctima sufrió una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y segunda vertebras, lo que causó la pérdida de vida de la mujer.

El funcionario estatal dijo que la técnica de sometimiento y control policial se aplicó de forma desproporcionada e inmoderada con un alto riesgo para la vida, pues no fue acorde a la resistencia de la víctima, violando la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y por lo cual los cuatro efectivos fueron procesados.

De acuerdo con el responsable de la fiscalía estatal, en las próximas horas los tres varones y una mujer que sometieron a la víctima serán ingresados a un Centro de Readaptación Social (Cereso) para que sean puestos a disposición de un juez.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó las agresiones por parte de los policías de Tulum contra la mujer, quien fue asesinada por abuso de la fuerza, por lo que exigió que sean procesados conforme a la ley y por los delitos cometidos con dolo.

El sábado pasado los policías de Tulum atendieron una denuncia de desorden en la vía pública y sometieron a la víctima para posteriormente golpearla y dejarla sin respirar, por lo que distintos colectivos y organizaciones civiles han exigido justicia por el caso de abuso de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad pública local.

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Justicia pendiente

Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Justicia pendiente

Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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