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Mexico Violento

Policías federales disparan contra civiles en Tlapa Guerrero

En medio de la jornada electoral, fuerzas federales abrieron fuego contra civiles y perpetraron detenciones arbitrarias en Tlapa Guerrero

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Policías federales en Tlapa. Foto: Tlachinollan.

Policías federales en Tlapa. Foto: Tlachinollan.

TLAPA, Guerrero.- La organizacion mexicana de derechos humanos Tlachinollan hace un llamado urgente a los mexicanos y a la comunidad internacional vigilante de los derechos humanos a fin de que se pronuncien por los serios agravios que la Policía federal ha perpetrado contra la población civil de Tlapa, ayer 7 de junio, en el contexto de la jornada electoral.
Comunicado público
HECHOS:

El día de ayer 7 de junio de 2015, en el marco de la jornada electoral, alrededor de las 14:30 hrs., dos patrullas con número económico 1699 y 1566 de la Policía Federal (PF) con al menos 24 elementos allanó arbitrariamente las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, ubicada en la colonia Tepeyac a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), en el que detuvieron violentamente a un grupo de maestros; 6 hombres, entre ellos un menor de edad: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Julián Ayerdi Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente, Ángel Basurto Ortega; 2 mujeres: Agustina Luna Martínez y Herlinda Iturbide Pinzón; sin ninguna orden de aprehensión.

De manera particular el profesor Juan Sánchez Gaspar fue sustraído de su domicilio ubicado a un costado del edificio de la CETEG, al cual la Policía Federal irrumpió de manera arbitraria. Cabe señalar que el profesor Juan Sánchez Gaspar es padre del docente Juan Leuguín Sánchez, quien fuera golpeado brutalmente por la Policía Estatal, en coordinación con grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, el pasado viernes 5 de junio de 2015 en esta misma ciudad.

Posterior a la detención de los profesores, al menos 35 elementos de la Policía Federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas con número económico 16998, 15442 y 17119 a la colonia Tepeyac con el fin de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la Coordinadora, para lo cual se apoyaron de dos grúas de tránsito estatal.

Al ser testigos de la arbitrariedad de los hechos, diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos. El altercado escaló y ante la indignante imagen de la detención arbitraria y el cateo de las oficinas de la CETEG, los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 Policías Federales y advirtieron que no los dejarían ir, hasta que fueran liberados los detenidos y detenidas arbitrariamente, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina.

Como respuesta a la retención, alrededor de las 15:30 hrs., la Policía Federal desplegó un aparatoso operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población lo que generó un ambiente de tensión que se prolongó hasta por dos horas. Esta situación se pudo distender con la mediación de Tlachinollan, a partir de la cual, la CETEG alcanzó un acuerdo con las autoridades federales con el cual los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta y que los policías serían liberados una vez que el grupo de detenidos fueran entregados en la ciudad de Tlapa; acordando además que el despliegue de las fuerzas de la Policía Federal que se llevaba a cabo en distintas Colonias aledañas de Tlapa retrocediera a unos dos kilómetros de dónde estaban retenidos los Policías, sobre la calle Heroico Colegio Militar, para evitar mayor confrontación.

Durante la espera, alrededor de las 18.30 hrs., los Policías retenidos fueron ingresados a la Capilla de la Colonia Tepeyac con el objetivo de resguardarlos de grupos ajenos a la Colonia, para lo cual se les solicitó que dejaran en la entrada sus toletes, escudos y cascos. Cabe resaltar que hasta ese momento, los Policías no habían sido desarmados y únicamente se solicitó que se quitaran ese equipo. Dentro de la Capilla se encontraban, mujeres, jóvenes y niños resguardando. En el marco de la mediación, Tlachinollan acudió a la Capilla para constatar la integridad de los Policías y para informar a las familias de las personas detenidas que sus familiares estarían de regreso en Tlapa, una vez que fueran llevados a Chilpancingo por vía aérea y de ahí a Tlapa por vía terrestre.

Sin embargo, alrededor de las 20 hrs., la Policía Federal reactivó el operativo e incursionó en la Colonia incumpliendo con los acuerdos logrados entre el Gobierno Federal y los profesores de la CETEG; durante el operativo se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros gases, lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos.

Diversos testimonios dan cuenta de la posible participación de elementos del Ejército del 27 batallón de infantería con sede en Tlapa.

Durante el operativo desplegado de manera desproporcionada por la Policía Federal – de acuerdo a los testimonios recogidos –, elementos de esta corporación irrumpieron en las casas particulares amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock.

Al momento, se tiene información de al menos 4 personas heridas de gravedad y una persona asesinada por herida de bala: el joven Antonio Vivar Díaz, estudiante del último año de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, con especialidad en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Unidad 12-D de Tlapa de Comonfort, a quien le sobrevive un niño de 8 meses.

LLAMAMIENTO:

Cabe recordar que estos lamentables eventos se desarrollan en medio de una jornada electoral en Guerrero y otros estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde se desplegó un alarmante número de fuerzas de seguridad estatales y federales, así como militares, que tal y como lo denunciamos hace unos días, es clara señal del retroceso autoritario que enfrenta la construcción de democracia en el país. De igual forma, los acontecimientos son un desenlace fatídico de una serie de eventos que habían sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil, como los ocurridos el viernes 5 de junio, cuando la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa; además, permitió y respaldó la acción violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales. Al momento se tiene registro de al menos dos personas gravemente heridas, una de ellas se encuentra hospitalizada.

Además, estos eventos se desarrollan a poco más de ocho meses en los que tres estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueran ejecutados y 43 más desaparecidos forzadamente a manos de policías municipales de Iguala, en colusión con el crimen organizado; y a casi tres años y medio de que dos estudiantes de la misma Normal fueran ejecutados en la ciudad de Chilpancingo, luego de que fuerzas de seguridad federal y estatales – incluyendo la PF – abrieran fuego en un operativo fallido para disolver una manifestación estudiantil.

Ante ello, urgimos a la sociedad civil y a la comunidad internacional a exigir:

  1. Garantizar la integridad de la población de Tlapa y de las personas detenidas por la Policía Federal en las instalaciones de la CETEG.
  2. Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el día 7 de junio, con especial atención a la ejecución del joven Antonio Vivar Díaz; así como procesar a las autoridades responsables de la misma.
  3. Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos.
  4. Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de las personas lesionadas.
  5. Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares.

 

Enviar sus llamamientos a:

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación.
C. Abraham González No.48, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  C. P. 06600, México, D. F. – Tel. (55) 5728-7400 ó 7300. secretario@segob.gob.mx

 

Mtra. Arely Gomez González
Procuradora General de la República
Paseo de la Reforma 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México D. F.
Tel: (52.55) 53460000 ext. 0108
Fax: (52.55) 5346.0928

Lic. Monte Alejandro Rubido García

Comisionado Nacional de Seguridad
Secretaría de Gobernación.
Av. Constituyentes #947 Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón
Distrito Federal CP. 01110 Tel. (55)1103 6000
Lic. Rogelio Ortega Martínez
Gobernador del Estado de Guerrero, Palacio de Gobierno, Edificio Centro 2do. Piso, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074 Chilpancingo, Guerrero, México, Fax: +52 747 471 9956

Lic. David Cienfuegos Salgado

Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2º Piso., Boulevard Lic. René Juárez Cisneros No. 62. Col. Cd, de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Gro. Tel: (747) 471 9803, 471 9804, 471 9806 contacto@guerrero.gob.mx, secretariageneral@guerrero.gob.mx

Miguel Ángel Godínez Muñoz

Fiscal General del Estado de Guerrero
Fiscalía General del Estado de Guerrero
Boulevard René Juárez Cisneros S/N, esquina calle Juan Jiménez Sánchez
Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero.
Tel. 01 747 494 29 99

Dr. Luis Raúl González Pérez

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F. Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 correo@cndh.org.mx, presidencia@cndh.org.mx

Lic. Ramón Navarrete Magdaleno

Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90 Fax: (+52) (01) 747 471 2190 E-mail: coddehum@prodigy.net.mx

Javier Hernández Valencia

Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas
Alejandro Dumas No 165,Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo. C.P 11560, México D.F.
Tel: (52-55) 5061-6350; Fax: (52-55) 5061-6358
 
Dr. Emilio Alvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.
Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992

Justicia pendiente

Senado aprueba eliminar el fuero presidencial

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Por Ignacio García

El Senado de la República aprobó en lo general la eliminación del fuero presidencial, por lo que serán enviados los dictámenes a los Congresos locales de los estados y se requieren que sea aprobado por 17 para que entren en vigor en el país y se establezca en la Constitución.

Los senadores de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acordaron con la oposición impulsar la reforma para la eliminación del fuero presidencial, así como retirar la inmunidad procesal de los legisladores federales.

La minuta de la Cámara de Diputados que en el artículo 108 señala que el presidente de la República podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como cualquier otro delito.

Con esta nueva modificación, también se contempla imputar por los mismos delitos a los diputados federales y senadores para que puedan ser castigados por cualquier irregularidad en sus servicios públicos.

La medida contempla la posibilidad de iniciar los procedimientos penales contra el jefe del Ejecutivo federal en caso de que se compruebe su presunta participación en actos ilícitos durante su ejercicio en la función pública, así como a los legisladores federales.

Con esta modificación se contemplan iniciar procedimientos contra el jefe del Ejecutivo federal en la actualidad, así como a los expresidentes de la República que han sido señalados por actos de corrupción como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

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Justicia pendiente

UIF investiga a Luis Videgaray por corrupción

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Por Ignacio García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, por presunta corrupción durante su gestión en el gobierno federal.

Luego de las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la presunta responsabilidad del exfuncionario federal en los actos de corrupción con la empresa Odebrecht, así como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga las presuntas responsabilidades de Videgaray como principal orquestador de la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que participó Rosario Robles, y quien ha manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La unidad financiera busca determinar las irregularidades en las cuentas de Luis Videgaray, ya que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR integra una indagatoria correspondiente.

La UIF realiza indagatorias de los manejos financieros de Luis Videgaray desde hace diez años, periodo en el que el exfuncionario federal formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México para posteriormente situarse como uno de los personajes más cercanos a la gestión federal.

Luis Videgaray es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y quien presuntamente fue el que ordenó sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013, para permitir el ingreso la empresa brasileña Odebrecht.

 

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Investigaciones

La violencia tolerada de los youtuberos: el caso de las activistas de CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Los youtuberos Carlos Alberto de la Mora, en su personaje “Rata Política”, y Óscar Onofre Zurita, “Cerdonio fifí”, fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México, acusados de agredir y grabar a mujeres de distintos colectivos feministas que se pronunciaban contra los feminicidios durante la marcha del primero de noviembre. Al hacer públicos los hechos, se generó un revuelo en las redes sociales contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien pedían su renuncia, y contra destacadas activistas, a quienes lanzaron insultos, críticas, y amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres en la red fue la marca de los youtuberos.

La abogada y activista, integrante del colectivo Las del Aquelarre Feminista, Ana Elena Contreras, denunció durante el conversatorio “Nuestras Muertas”, en la Ciudad de México, que los youtuberos habían agredido a varias mujeres que habían participado en la marcha y se encontraban en el monumento de los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes.

La defensora de los derechos humanos dijo que los agresores acosaron y filmaron a varias mujeres sin su consentimiento, e incluso hubo agresiones físicas a una menor, familiar de la activista Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa, por lo que solicitó el apoyo policiaco, y fueron detenidos los youtuberos. Fue entonces que se desplegó un ataque intenso en las redes sociales hacia las mujeres y hacia la jefa de Gobierno.

“El lunes 2 de noviembre por la mañana y a raíz de una publicación en Facebook relacionada con los acontecimientos del domingo 1 de noviembre, me “doxean” llevando mi publicación a un foro llamado “Radio Búfalo”. En dicho post me referí a la reacción de las personas en el mundo virtual por la detención de un par de youtuberos y referí que desearía que así se indignaran cada vez que una niña o una mujer era violada o asesinada”.

Como reacción a su publicación, preguntaron a Ana Elena Contreras que si había estado en el lugar del suceso, por lo que ella respondió:

“Sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos con ellos, así que me tocó llamar a un contacto para que enviaran al resto de los policías”.

El mensaje, sin embargo, había sido desvirtuado y a partir de allí, el acoso en todos los espacios virtuales no cesaba. Ana Elena Contreras fue señalada con una serie de calificativos que la denigraban como mujer al tiempo que recibía amenazas de muerte. Se enfrentaba a una campaña de linchamiento virtual, pese a la evidencia videográfica del altercado donde una de las policías había sido agredida físicamente.

“Cuando me di cuenta de esto ya había fotografías mías en todos los espacios. Ahora se han enfocado en hostigar a mi jefe para exigir mi despido, lo que me tiene preocupada a pesar de que mi jefe ya se deslindó de los hechos, ya que al inicio fue señalado como la persona que supuestamente me financiaba”.

La persona a la que se refiere Ana Elena Contreras como su jefe es el diputado de MORENA, Martín Padilla Sánchez, del Congreso de la Ciudad de México.

“Se me involucró en estos incidentes, de que había sido partícipe. Sin embargo, yo no tuve nada que ver en el asunto, y me entero de que se me hace mención y empiezan a hacer cuestionamientos en torno a este tema y posteriormente vino una serie de acusaciones sin fundamentos, agresiones, incluso mensajes amenazadores, en ese sentido”, apuntó el diputado.

El diputado Padilla Sánchez señaló que ninguno de los youtuberos involucrados en el conflicto había solicitado su opinión al respecto, y que el foro de Facebook Radio Búfalo era el que más agresiones profería sin buscar ningún acercamiento para conocer su versión.

Respecto a la violencia de género en las redes sociales, señaló el diputado Padilla Sánchez que ha participado en campañas contra la erradicación, pero que el incremento de la violencia digital –calumnias, amenazas, dong y hostigamiento– requiere analizarse desde la tribuna legislativa.

El diputado también fue amenazado de muerte por ser el vínculo laboral de la activista, a quien destacó el legislador como una persona íntegra y comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres.

 

La versión que no se quiso escuchar

Dyan Verha, seudónimo de una de las voces que atestiguó cómo iniciaron las agresiones, dijo a Los Ángeles Press que sin ser dueña de la verdad, era importante conocer los dos lados de la historia. Sin embargo, su historia como la de las demás mujeres fue acallada por los youtuberos y sus aliados. La versión de Verha:

“Primero fueron dos policías a dialogar, incluso una de las activistas les pidió (a los youtuberos) que se marcharan; a lo cual la Ratita y su gente se negaron y alardearon de quiénes eran. Tanto fue el nivel de pelea y de agresividad que Ana Elena Contreras tuvo que pedir refuerzos”.

También señaló la testigo que los youtuberos fueron detenidos porque “la nieta de una activista fue agredida, menor de edad”, y que los youtuberos habían salido en libertad porque las denunciantes no levantaron cargos contra ellos ante la intimidación por las redes sociales en apoyo a ellos.

Verha también fue acosada en las redes sociales, y siendo del grupo de Amlovers difundían falsamente que era del movimiento opositor FRENAAA. Los seguidores de los youtuberos tomaron la imagen de su perfil con su hija de 11 años, y la difundieron profusamente en los grupos acusándola de ser opositora al presidente López Obrador.

“Le pedí a Rafael Herrera (youtubero de Sin Censura, de Vicente Serrano) que quitara la conversación y le expliqué lo que le acabo de contar, incluso le pedí que escuchara a las activistas. Al final sólo quitó mi conversación. Pero ni el Chapucero ni el Quesadillero de la verdad –o cómo se llame– lo han hecho”.

Señaló que habían fabricado unos videos donde relacionaban a un funcionario de gobierno de Claudia Sheinbaum con la activista Ana Elena Contreras, aludiendo una relación sentimental, y que por eso el influyentismo.

“El hombre es mi primo, vive en Morelia y se llama Eduardo. En los grupos se maneja que ese mismo día Rata política ya había tenido un enfrentamiento con unas personas de FRENAAA, me atrevo a suponer que se buscaba este roce para comenzar una campaña de desprestigio para la jefa de Gobierno”.

Insistió en que les pedía por favor que retiraran de los grupos la foto de su hija menor de edad por el daño moral que le ocasionaba, sin embargo, no fue escuchada.

La violencia de género en la red, normalizada

“Puta, femenaca, zorra, culera, perra, por eso las matan”, fueron parte de los insultos que recibió Ana Elena Contreras, de los que hacían eco los seguidores de los youtuberos, utilizando bots y cuentas anónimas.

El usuario con el nombre de Mau Rodríguez de la cuenta @mau_rodriguez77 dijo que “al parecer el colectivo feminista estaba bien conectado”, ya que aseveró que “su líder” –en referencia a Ana Elena Contreras– se presentaba como asesora de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 

La activista Norma Andrade, quien desarrolló su trabajo de lucha en contra de los feminicidios de Ciudad Juárez a raíz del secuestro y asesinato de su hija en 2001, fue también acosada por los youtuberos y señalada en la red como una “líder feminazi” por presuntamente haber reclamado a los youtuberos de grabar a las mujeres en la movilización. Incluso, sus agresores convocaron a otros seguidores a unirse para amedrentarla. Uno de los mensajes que revelaba su identidad decía: “Duro con esta líder feminazi en su próxima marcha, démosle con todo”. Incluso el youtubero Nacho Rodríguez (El Chapucero) retuiteaba las agresiones a Norma Andrade y pedía la renuncia de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras llamaba “presos políticos” a los youtuberos detenidos Carlos Alberto de la Mora y Óscar Onofre Zurita.

 

Los seguidores de los youtuberos que agredieron a las activistas se presentaron en la red como simpatizantes de la 4T, movimiento ideológico liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que la activista Ana Elena Contreras formaba parte del movimiento político denominado “FRENAAA” que ha demandado la salida del mandatario. En tanto, otros seguidores reclamaron que ella supuestamente había usado sus influencias para detener a los youtuberos y convocaban al linchamiento digital.

Los usuarios de las redes en favor de los youtuberos atacaban de manera coordinada con información engañosa y convocaban a otros grupos a organizarse de la misma manera. En Facebook, destacaban los mensajes de los usuarios como Héctor Fuentes que deseaban que Ana Elena Contreras fuera encarcelada, mientras que otro identificado como Mauricio Pulido la amenazaba con desaparecerla. Quesadillas de Verdades también la acusó de ser cercana a la jefa de Gobierno y de “meter a gente que se le da la gana a la cárcel”.

Al respecto, la red feminista internacional Enredhadas reprobó las agresiones contra la activista y exigieron al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad para evitar nuevos ataques, por lo que demandaron que concluya el linchamiento mediático en su contra, situación por la que llamaron a más organizaciones y colectivos a unirse a la exigencia general.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, condenó la violencia digital que ha sufrido la activista en redes sociales, y expuso que el colectivo Las del Aquelarre Feminista forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a las acciones de la Alerta de la violencia contra las mujeres, quienes tienen cargos honorarios, sin remuneración de la administración pública local.

Las campañas de odio en Twitter

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2016, realizó un estudio en el que especifica que Twitter es la plataforma digital donde más se promueven campañas de odio contra las mujeres, y en Facebook donde más se agrede a las mujeres activistas. Uno de los más recientes estudios, Ser Periodista en Twitter realizados por las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, reveló que las consecuencias de la violencia digital contra mujeres consistían en disminuir drásticamente su participación en el debate público, aislarse socialmente y su movilidad era limitada, además de padecer sufrimiento psicológico, físico y verbal.

Asimismo señala el estudio que el 67% de las periodistas entrevistadas optaron por dejar de hacer publicaciones sobre temas que podían generales una agresión; otras, de plano, se retiraron de la red.

En el caso de Ana Elena Contreras, optó por cerrar sus cuentas ante las constantes amenazas de muerte.

 

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