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Mexico Violento

Policías de Iguala levantaban cuerpos de normalistas alcanzados por disparos

Policías y comando armado de Iguala que masacraron a estudiantes de Ayotzinapa, levantaban los cuerpos de los caídos y los echaban a una camioneta

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Normalista ejecutado por policías el 26 de septiembre, uno de los tres cuerpos encontrados. Los otros 43 aún desaparecidos. Foto: periodico correo

Normalista ejecutado por policías el 26 de septiembre, uno de los tres cuerpos encontrados. Los otros 43 aún desaparecidos. Foto: periodico correo

Por Teódulo Pineda Bahena

IGUALA, Guerrero.- Vecinos de Iguala -de quienes se reserva su identidad- señalaron con temor y voz entrecortada por la indignación que “los muchachos desaparecidos no volverán a ser vistos con vida, porque la noche en que sucedieron los hechos, bajo la balacera, todos se dispersaron en diferentes direcciones”. Dijeron que “sus agresores los persiguieron en camionetas y los cazaron corriendo”, la noche del 26 de septiembre.

Entrevistados para Los Ángeles Press, especificaron que “cuanto muchacho era alcanzado por los disparos de los policías municipales, otro grupo de agresores iban en camionetas pick up, levantando los cuerpos para llevárselos, y eso lo saben las autoridades”.

Desde amas de casa hasta varios activistas de derechos humanos dieron testimonio sobre los hechos, y están convencidos de que el presidente municipal con licencia José Luis Abarca Velázquez y Felipe Flores, su pariente y compadre quien fungió como director de Seguridad pública de Iguala, están directamente relacionados con la masacre de los estudiantes.

Por una parte, dijeron, porque hermanos de la esposa del alcalde María de los Ángeles Pineda, están identificados como elementos de alto rango en la organización delictiva conocida como Guerreros Unidos y por otra, porque una vez que se le autorizó la licencia a Abarca Velázquez, “se volvió ojo de hormiga y nadie sabe de su paradero”. Y por otra, señalaron, que lo ocurrido ha sido consecuencia de la nula atención que el gobernador del Estado, Ángel Aguirre, ha dado a la problemática de los estudiantes de Ayotzinapa.

Consideraron que este internado para varones  ha representado uno de sus más frecuentes dolores de cabeza durante su mandato y que a pesar de las agresiones gubernamentales, como el asesinato de aquellos jóvenes a manos de policías federales cuando tomaron la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre del 2011, no ha habido disposición de las autoridades para atenderlos.

Buscan en lugares donde los desaparecían desde la Guerra sucia

Muchos sucesos han ocurrido desde la noche del 26 de septiembre en Iguala y sus alrededores, desde la matanza de los estudiantes hasta el hallazgo de las fosas clandestinas. Así destacó el “peinado” territorial que llevan a cabo un nutrido grupo de elementos de diferentes corporaciones policiacas y militares, personal contratado para buscar casa por casa en todas las poblaciones de los alrededores y hasta en sitios famosos por años de ser lugares perfectos para desaparecer personas, como el famoso internacionalmente conocido “Pozo Meléndez” localizado cerca de una comunidad de Taxco de Alarcón.

Por el lado Este de la ciudad, las pesquisas han llegado hasta la cabecera municipal de Huitzuco, pasando por Tepecoacuilco. Al Norte, hasta poblaciones del municipio de Taxco de Alarcón. Por el Sur, habitantes de algunas comunidades aseguraron que las indagatorias llegaron hasta una población denominada Mextitlán pero sin llegar a Cocula y Apipilulco, poblaciones de mediana importancia por su número de habitantes.

La mecánica descrita según declaraciones de los lugareños contactados en la región es que, llegan a las casas una o dos personas vestidos de militares, otras llevan una camiseta estampada en la que dicen “Hasta que los encontremos” y presentan un pliego en el que aparecen las fotos de los normalistas desaparecidos.

Enseguida preguntan si no los hemos visto, que si no tenemos conocimiento de que hayan pasado por allí o si sabemos de viviendas o sitios sospechosos de albergar gente secuestrada y, se les hace mención de la recompensa de un millón de pesos a quien dé pistas que lleven al paradero de los muchachos.

Pero aseguran los entrevistados de Iguala para Los Ángeles Press que todo es infructuoso.

Lo más reciente es la nota en la que se dice que fueron encontrados cuerpos de personas asesinadas en fosas clandestinas ubicadas por el rumbo de una población denominada Amates. La misma se localiza a unos 20 kilómetros al norte de Iguala y hasta el 12 de junio de 1997 era una pequeña estación del ferrocarril que fue desmantelado tras la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.

Se confirmó también la información sobre otros cuerpos localizados por el rumbo de Pueblo Viejo, en seis fosas clandestinas, pero hasta el momento los Servicios Médicos Forenses del Estado de Guerrero no han emitido ningún comunicado sobre si ya fueron identificados, aunque se sabe por declaraciones de familiares de algunos de los desaparecidos, que ya fueron convocados para que aporten muestras de ADN para realizar comparaciones.

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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Mexico Violento

Sujetos disparan contra periodista Rubén Darío en Cancún

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Sujetos armados atacaron al reportero Rubén Darío del diario Por Esto

Esta tarde sujetos armados dispararon contra el periodista Rubén Darío Cruz, reportero del periódico Por Esto, en Cancún, Quintana Roo, aunque resultó ileso, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

El reporte estatal reveló que el comunicador salió de su fuente de trabajo para dirigirse a bordo de un automóvil y sujetos en otra unidad se acercaron y dispararon en varias ocasiones en su contra para posteriormente huir del sitio.

No te pierdas: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

La fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que el comunicador cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, logró resguardarse y mantenerse a salvo.

El periodista atribuyó el ataque a un grupo de delincuentes de tarjetahabientes, pues había visto a esos sujetos en varias ocasiones cerca de un cajero automático que se encuentra cerca de las instalaciones del medio de comunicación local donde labora.

El diario digital refirió que al sitio arribaron elementos de la policía estatal a resguardar el lugar, pero ninguno de los agresores fue detenido, aunque anteriormente el periodista había recibido distintos atentados en su contra.

Lee también: Cada cuatro días es asesinado un periodista en el mundo: Informe Unesco

México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha referido que se mantiene la elevada impunidad contra los profesionales de la información en reiteradas ocasiones.

Apenas el 20 de diciembre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de México garantizar la seguridad a los periodistas y no atacarlos.

El organismo internacional refirió que los periodistas necesitan protección, por lo cual no deben ser atacados desde el poder presidencial como ha sucedido en las últimas conferencias de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

 

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