Connect with us

Mexico Violento

Policías de Colima sin sueldo, mientras Cártel de Sinaloa y Jalisco disputan plaza

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima suspendió sueldo a más de 300 policías hasta que acrediten exámenes de licencia oficial, mientras el cártel de Sinaloa disputa la plaza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación

Tomas Borges

Published

on

Por Tomás Borges

MANZANILLO, Colima.- En el Puerto de Manzanillo, Colima, no se vende ni se consume cocaína, y no porque haya un combate frontal y exitoso en materia de seguridad, sino simplemente porque el otrora poderoso Joaquín “Chapo” Guzmán prohibió su venta en ese estado. Los estupefacientes que se ofrecen a la venta son el Ice, heroína y Cannabis, debido a que hace aproximadamente cinco años hurtaron un contenedor con cocaína en el Puerto Interior, y por instrucciones de la directiva del Cártel de Sinaloa se prohibió el consumo de dicho psicotrópico.

Los delitos conexos en materia de narcotráfico son los crímenes dolosos, los cuales son perpetrados por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CdS), utilizando para tal efecto motocicletas, similar a lo ocurrido en Colombia, en la década de los 80’s, que se encargan de eliminar a la competencia o a vendedores que no han pagado sus deudas.

Algunos de los vendedores de estupefacientes, reciben como pago la misma droga y/o protección del grupo criminal, por medio de diversos grupos de “halcones”, que reportan vía celular el movimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al menos cinco grupos criminales han sido identificadas como operadores y distribuidores de estupefacientes por el trabajo de inteligencia de policías estatales, a pesar de que se les ha suspendido su sueldo sin más justificación que la supuesta promoción electoral en favor del PRI.

Es por ello, que las disputas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (y algunos resquicios de los Caballeros Templarios de Michoacán), han hecho de éste idílico puerto un campo de batalla por lo que, hasta mayo del año en curso, Manzanillo se le consideraba como uno de los municipios más violentos del continente, junto al vecino Tecomán.

Redes delincuenciales en Colima

 

Grupo criminal Changuito Ántrax

 

Grupo criminal Don Beto

 

Grupo criminal Comandante Fierro

Grupo criminal Mesina Reyes


 

Grupo criminal César López López

 

Asesinado, El americano

Aunado a lo anterior, el sábado 14 de julio del año en curso fue ejecutado Luis Antonio Torres G., mejor conocido como El Americano, quien, de acuerdo a fuentes policiales, murió en el interior del Bar Nudus, ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, la zona turística de la ciudad, cuando un comando armado descargó sus balas sobre el cuerpo de quien fue parte importante de las autodefensas en Buenavista, Michoacán, y quien según fuentes consultadas ya vivía en Manzanillo desde hacía tres años.

Nuevo titular de Seguridad Pública suspende sueldos

En este marco, la actual administración del gobernador Ignacio Peralta anunció el pasado 3 de julio el nombramiento del coronel de infantería retirado Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Colima, quien ocupó el cargo que quedó vacante por la renuncia por motivos de salud de Hugo Vázquez Colorado desde el pasado 18 de junio.

Sanmiguel Sánchez es el tercer militar en asumir la SSP en la actual administración, debido a que los dos primeros titulares fueron el almirante Eduardo Villa Valenzuela y el contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez.

Estos cambios ocurren en medio de una crisis de inseguridad en Colima, cuya violencia sigue sin disminuir, ya que, desde febrero de 2016 se convirtió en la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes del país, según datos del INEGI.

A pesar de la crisis de inseguridad, el actual titular de la SSP tiene detenido el pago de más de 300 policías sin que medie ninguna explicación oficial. Los subordinados del secretario de Seguridad Pública argumentan que están en espera de que se practiquen exámenes de control de confianza a los empleados, por lo que los pagos fueron frenados hasta “nueva orden” de acuerdo con fuentes consultadas, sin que medie un documento oficial al respecto, ya que el secretario no ha dado la cara a su tropa.

Amenazas de despido a policías  

Es por ello que los uniformados encargados de la seguridad de Manzanillo mostraron su inconformidad con el actual titular, quien al iniciar su gestión “amenazó con despedir a todo aquel vinculado con el crimen organizado”. Sin embargo, no es un secreto, aunque la fuente es confidencial, que Sanmiguel Sánchez recibió dinero de los Zetas en el 2011, específicamente de Mario Alberto Cantú, alías el comandante “Chabelo” (abatido por la Marina en febrero del 2012) y de Salvador Barajas, alías “El Licenciado”, del Cártel del Golfo, por lo que se infiere que esté intentando vender la plaza a este grupo criminal.

Mientras el pasado fin de semana un comando ejecutó al ex líder de las Autodefensas Luis Antonio Torres G, “El Americano”, varios elementos de la Policía de Investigación fueron desarmados hasta que acrediten los exámenes de la Licencia Oficial Colectiva (LOC), pese a que siguen realizando labores neurálgicas en materia de investigación de narcomenudeo y que uno de sus comandantes fue ejecutado fuera de su casa en Tecomán el pasado 17 de junio.

En este contexto, el actual secretario ha criminalizado a la dependencia a la que encabeza, llegando a decir que “todos son delincuentes hasta que demuestren lo contrario”, no obstante, la crisis de inseguridad abarca el estado e impacta a los cientos de vacacionistas que viajan a este paraíso natural a disfrutar de su clima y sus playas.

Una mujer policía reclama sin tibieza: “¡Señor Gobernador! ¿En manos de quién puso la seguridad, no sólo de los colimenses sino de los miles de vacacionistas?” Se trata de una madre de dos niñas que cada tres días tiene que dejar en  Colima a sus dos menores (una de ellas con asma) encargadas con una vecina para poder venir a cubrir un servicio en Manzanillo. Su contrato es cada seis meses desde hace un lustro, sin que cuente con las prestaciones básicas como Infonavit, seguro de vida y la capacitación debida, así como el equipo táctico adecuado para el desempeño de sus funciones, ya que sólo se les dota de un uniforme cada año y de un par de botas, teniendo que comprar lo demás con un sueldo de 10 mil pesos mensuales.

Personal de seguridad pública, sin prestaciones ni contratos

A pesar de ser trabajadores de seguridad para el gobierno del estado, no cuentan con créditos para una vivienda digna, ni contratos laborales permanentes, tienen que firmar contratos por 3 meses. Se trata de personal encargado de la seguridad pública que cada vez que dejan su hogar, no saben si volverán, y más cuándo se les va a pagar. El salario de quienes están para servir y proteger es una incertidumbre para sus beneficiarios.

Carlos “N” un Policía Tercero desde hace tres años, cada que tiene sus días francos, tiene que trabajar como albañil en una localidad con temperaturas de hasta 36 grados bajo sol, para poder sufragar sus gastos, y más ahora que el actual secretario, retuvo su pago “hasta nueva orden”. Casos como el de él son muy comunes.

“¡Señor gobernador! ¿Hasta cuando dará la cara y permitirá que éste militar sobaje a su policía?”, gritan varios uniformados entrevistados en el exterior de la Secretaría de Seguridad Pública, con el rostro desencajado y la frustración a flor de piel, piden que se les libere el pago. Algunos especulan que el presupuesto del estado se acabó, debido a que fue utilizado para apoyar la candidatura presidencial del derrotado José Antonio Meade Kuribreña del PRI.

Pese a que hay presencia de elementos de la Gendarmería y la Policía Federal, quienes, en conjunto con la Secretaría de Marina Armada de México, patrullan las calles, el gobierno estatal debe de velar por sus gobernados y apoyar a sus policías, ya que como ellos dicen; “los federales se van y uno es el que se queda.”

Los policías del estado de Colima, en colectivo, hicieron un llamado para que la actual administración en conjunto con la sociedad civil pongan un freno al abuso y depredación en perjuicio de la gente que lleva años laborando como servidores públicos. Exigieron, a través de este medio, que “los altos funcionarios del estado dejen de utilizar sus plazas de trabajo para sus incondicionales y que las corporaciones de seguridad dejen de ser botín para el titular en turno y los elementos carne de cañón”.

Parafraseando a Thomas Sankara;” Un soldado sin formación (…) es un criminal en potencia”, a lo que agregaría; “un policía sin arma y sin paga, es un sicario en potencia”.

Comentarios en las redes sobre la calidad de gestión de Sanmiguel Sánchez.


Fotografía: El gobernador de Colima, Ignacio Peralta (izq) da nombramiento a Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez (der) como titular de Seguridad Pública del Estado.

Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

Continue Reading

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

Published

on

Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

Continue Reading

Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

Continue Reading

Trending