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Mexico Violento

Policías de Colima sin sueldo, mientras Cártel de Sinaloa y Jalisco disputan plaza

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima suspendió sueldo a más de 300 policías hasta que acrediten exámenes de licencia oficial, mientras el cártel de Sinaloa disputa la plaza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación

Tomas Borges

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Por Tomás Borges

MANZANILLO, Colima.- En el Puerto de Manzanillo, Colima, no se vende ni se consume cocaína, y no porque haya un combate frontal y exitoso en materia de seguridad, sino simplemente porque el otrora poderoso Joaquín “Chapo” Guzmán prohibió su venta en ese estado. Los estupefacientes que se ofrecen a la venta son el Ice, heroína y Cannabis, debido a que hace aproximadamente cinco años hurtaron un contenedor con cocaína en el Puerto Interior, y por instrucciones de la directiva del Cártel de Sinaloa se prohibió el consumo de dicho psicotrópico.

Los delitos conexos en materia de narcotráfico son los crímenes dolosos, los cuales son perpetrados por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CdS), utilizando para tal efecto motocicletas, similar a lo ocurrido en Colombia, en la década de los 80’s, que se encargan de eliminar a la competencia o a vendedores que no han pagado sus deudas.

Algunos de los vendedores de estupefacientes, reciben como pago la misma droga y/o protección del grupo criminal, por medio de diversos grupos de “halcones”, que reportan vía celular el movimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al menos cinco grupos criminales han sido identificadas como operadores y distribuidores de estupefacientes por el trabajo de inteligencia de policías estatales, a pesar de que se les ha suspendido su sueldo sin más justificación que la supuesta promoción electoral en favor del PRI.

Es por ello, que las disputas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (y algunos resquicios de los Caballeros Templarios de Michoacán), han hecho de éste idílico puerto un campo de batalla por lo que, hasta mayo del año en curso, Manzanillo se le consideraba como uno de los municipios más violentos del continente, junto al vecino Tecomán.

Redes delincuenciales en Colima

 

Grupo criminal Changuito Ántrax

 

Grupo criminal Don Beto

 

Grupo criminal Comandante Fierro

Grupo criminal Mesina Reyes


 

Grupo criminal César López López

 

Asesinado, El americano

Aunado a lo anterior, el sábado 14 de julio del año en curso fue ejecutado Luis Antonio Torres G., mejor conocido como El Americano, quien, de acuerdo a fuentes policiales, murió en el interior del Bar Nudus, ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, la zona turística de la ciudad, cuando un comando armado descargó sus balas sobre el cuerpo de quien fue parte importante de las autodefensas en Buenavista, Michoacán, y quien según fuentes consultadas ya vivía en Manzanillo desde hacía tres años.

Nuevo titular de Seguridad Pública suspende sueldos

En este marco, la actual administración del gobernador Ignacio Peralta anunció el pasado 3 de julio el nombramiento del coronel de infantería retirado Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Colima, quien ocupó el cargo que quedó vacante por la renuncia por motivos de salud de Hugo Vázquez Colorado desde el pasado 18 de junio.

Sanmiguel Sánchez es el tercer militar en asumir la SSP en la actual administración, debido a que los dos primeros titulares fueron el almirante Eduardo Villa Valenzuela y el contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez.

Estos cambios ocurren en medio de una crisis de inseguridad en Colima, cuya violencia sigue sin disminuir, ya que, desde febrero de 2016 se convirtió en la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes del país, según datos del INEGI.

A pesar de la crisis de inseguridad, el actual titular de la SSP tiene detenido el pago de más de 300 policías sin que medie ninguna explicación oficial. Los subordinados del secretario de Seguridad Pública argumentan que están en espera de que se practiquen exámenes de control de confianza a los empleados, por lo que los pagos fueron frenados hasta “nueva orden” de acuerdo con fuentes consultadas, sin que medie un documento oficial al respecto, ya que el secretario no ha dado la cara a su tropa.

Amenazas de despido a policías  

Es por ello que los uniformados encargados de la seguridad de Manzanillo mostraron su inconformidad con el actual titular, quien al iniciar su gestión “amenazó con despedir a todo aquel vinculado con el crimen organizado”. Sin embargo, no es un secreto, aunque la fuente es confidencial, que Sanmiguel Sánchez recibió dinero de los Zetas en el 2011, específicamente de Mario Alberto Cantú, alías el comandante “Chabelo” (abatido por la Marina en febrero del 2012) y de Salvador Barajas, alías “El Licenciado”, del Cártel del Golfo, por lo que se infiere que esté intentando vender la plaza a este grupo criminal.

Mientras el pasado fin de semana un comando ejecutó al ex líder de las Autodefensas Luis Antonio Torres G, “El Americano”, varios elementos de la Policía de Investigación fueron desarmados hasta que acrediten los exámenes de la Licencia Oficial Colectiva (LOC), pese a que siguen realizando labores neurálgicas en materia de investigación de narcomenudeo y que uno de sus comandantes fue ejecutado fuera de su casa en Tecomán el pasado 17 de junio.

En este contexto, el actual secretario ha criminalizado a la dependencia a la que encabeza, llegando a decir que “todos son delincuentes hasta que demuestren lo contrario”, no obstante, la crisis de inseguridad abarca el estado e impacta a los cientos de vacacionistas que viajan a este paraíso natural a disfrutar de su clima y sus playas.

Una mujer policía reclama sin tibieza: “¡Señor Gobernador! ¿En manos de quién puso la seguridad, no sólo de los colimenses sino de los miles de vacacionistas?” Se trata de una madre de dos niñas que cada tres días tiene que dejar en  Colima a sus dos menores (una de ellas con asma) encargadas con una vecina para poder venir a cubrir un servicio en Manzanillo. Su contrato es cada seis meses desde hace un lustro, sin que cuente con las prestaciones básicas como Infonavit, seguro de vida y la capacitación debida, así como el equipo táctico adecuado para el desempeño de sus funciones, ya que sólo se les dota de un uniforme cada año y de un par de botas, teniendo que comprar lo demás con un sueldo de 10 mil pesos mensuales.

Personal de seguridad pública, sin prestaciones ni contratos

A pesar de ser trabajadores de seguridad para el gobierno del estado, no cuentan con créditos para una vivienda digna, ni contratos laborales permanentes, tienen que firmar contratos por 3 meses. Se trata de personal encargado de la seguridad pública que cada vez que dejan su hogar, no saben si volverán, y más cuándo se les va a pagar. El salario de quienes están para servir y proteger es una incertidumbre para sus beneficiarios.

Carlos “N” un Policía Tercero desde hace tres años, cada que tiene sus días francos, tiene que trabajar como albañil en una localidad con temperaturas de hasta 36 grados bajo sol, para poder sufragar sus gastos, y más ahora que el actual secretario, retuvo su pago “hasta nueva orden”. Casos como el de él son muy comunes.

“¡Señor gobernador! ¿Hasta cuando dará la cara y permitirá que éste militar sobaje a su policía?”, gritan varios uniformados entrevistados en el exterior de la Secretaría de Seguridad Pública, con el rostro desencajado y la frustración a flor de piel, piden que se les libere el pago. Algunos especulan que el presupuesto del estado se acabó, debido a que fue utilizado para apoyar la candidatura presidencial del derrotado José Antonio Meade Kuribreña del PRI.

Pese a que hay presencia de elementos de la Gendarmería y la Policía Federal, quienes, en conjunto con la Secretaría de Marina Armada de México, patrullan las calles, el gobierno estatal debe de velar por sus gobernados y apoyar a sus policías, ya que como ellos dicen; “los federales se van y uno es el que se queda.”

Los policías del estado de Colima, en colectivo, hicieron un llamado para que la actual administración en conjunto con la sociedad civil pongan un freno al abuso y depredación en perjuicio de la gente que lleva años laborando como servidores públicos. Exigieron, a través de este medio, que “los altos funcionarios del estado dejen de utilizar sus plazas de trabajo para sus incondicionales y que las corporaciones de seguridad dejen de ser botín para el titular en turno y los elementos carne de cañón”.

Parafraseando a Thomas Sankara;” Un soldado sin formación (…) es un criminal en potencia”, a lo que agregaría; “un policía sin arma y sin paga, es un sicario en potencia”.

Comentarios en las redes sobre la calidad de gestión de Sanmiguel Sánchez.


Fotografía: El gobernador de Colima, Ignacio Peralta (izq) da nombramiento a Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez (der) como titular de Seguridad Pública del Estado.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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