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La red en lucha

Policías amenazan y golpean a seis periodistas en Guerrero

En menos de ocho días, federales y municipales han agredido fíasica y verbalmente a seis periodistas de Guerrero

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Policías de Tlapa entre los agresores a periodistas Foto: Sergio Ferrer

Policías de Tlapa entre los agresores a periodistas Foto: Sergio Ferrer

Incertidumbre y temor entre reporteros de Guerrero

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Gro.- En menos de ocho días, policías federales y locales  han amenazado de muerte, agredido física y verbalmente a media docena de reporteros del estado de Guerrero, México. Los periodistas ahora temen por su integridad y la de su familia, y por ello responsabilizaron a los cuerpos policíacos, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de lo que les pueda suceder a ellos y a sus familiares.

Las agresiones contra comunicadores en Guerrero, han aumentado de manera alarmante en la última semana, aunque esta represión contra la libertad de expresión se ha venido presentando desde hace varios años.

Respecto a algunas de las agresiones los reporteros Ezequiel Flores Contreras y José Luis de la Cruz González, este jueves presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), por amenazas de muerte y violación a la libertad de expresión en contra del Agente del Ministerio Público Federal, Marco Antonio Huerta Medina.

Se trata del corresponsal en Guerrero de la revista Proceso, Ezequiel Flores, y el fotoreportero del periódico El Sur, José Luis de la Cruz, quienes denunciaron que fueron amenazados de muerte y agredidos físicas y verbalmente por el agente federal.

La narración de los hechos quedó asentada en la denuncia UVG/095/2013/II, donde los comunicadores relatan que la agresión la sufrieron la mañana del miércoles, cuando cubrían la diligencia que realizaron profesores de la CETEG en las instalaciones del juzgado séptimo federal, con sede en esta capital.

Ezequiel Flores relató que el agente federal Marco Antonio Huerta, de manera prepotente tapó con su mano la cámara fotográfica de José Luis de la Cruz, para impedir que tomara fotos a los dirigentes cetegista, «yo se la retiré, y él me respondió con un golpe».

Fue en este momento cuando un efectivo federal adscrito a la Procuraduría General de la Republica (PGR), enfurecido les amenazó de muerte, les gritó y los golpeó.

«Nada más porque están sus compañeros con sus camaritas, si no ya se los hubiera llevado la chingada, pero dejen que los encuentre solos pinches mugrosos muertos de hambre», lenguaje que dijo Ezequiel Flores, «es el que utiliza la delincuencia, ése es nuestro temor».

Siguió denunciando que el policía federal ordenó con palabras obscenas a los policías estatales que los detuvieran, pero que éstos no le hicieron caso, pero después llegaron policías municipales, a quienes también les dio la misma orden, pero le pidieron que presentara cargos y no lo obedecieron.

En la denuncia, el corresponsal de la revista Proceso asegura que ese tipo de agresiones en contra de reporteros es alentada por las declaraciones que hizo a la prensa el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, en el sentido de que «yo miento en mi información, lo cual no es cierto porque en el caso de las renuncias en su gabinete, se están comprobando».

De estos hechos responsabilizan al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y de lo que les pueda pasar a su integridad física y a sus familias en lo sucesivo.

En otro escenario, el pasado martes se cometió otra agresión contra Sergio Ferrer, corresponsal en Tlapa del periódico El Sur y del digital estadounidense Los Ángeles Press, cuando éste intentaba cubrir el ataque cometido por elementos de la policía municipal de dicho municipio, contra maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

Según se informó, el incidente se suscitó cuando una comisión de profesores de la Montaña acudió al palacio municipal de Tlapa para tener una audiencia con el alcalde, para exigirle que no realizara el festejo y que mejor destinara el recurso que se gastaría para las mejoras de las escuelas de Tlapa que presentan carencias.

Mientras tanto, afuera se encontraban maestras y maestros que esperaban la salida de la comisión, ellos también exigieron al personal del ayuntamiento que se dejara de repartir los boletos que se rifarían como parte del festejo del Día del Maestro, en ese momento los uniformados empujaron a los manifestantes con lo que se inició el zafarrancho.

Minutos después, los policías comenzaron a agredir a los maestros, con empujones y jaloneos. Entre los maestros y policías quedó el periodista Sergio Ferrer, quien se disponía a tomar fotografías como parte de su trabajo, y de manera sorpresiva un policía encapuchado le dio de golpes con un tolete, lastimando severamente uno de sus brazos.

En el mismo incidente se encontraba el corresponsal de periódico la Jornada, tomando imágenes de lo que acontecía. Ello molestó a los policías, quienes con palabras altisonantes amenazaron al reportero.

En otros hechos, la madrugada del domingo, el fotógrafo y reportero Bernandino Hernández fue agredido en Acapulco por policías federales, y además de golpearlo lo despojaron de seis mil pesos. «Un claro ejemplo de la intención de coartar la libertad de expresión en Guerrero», según denunció.

Entre los atentados contra comunicadores también están las amenazas del jefe de seguridad del gobernador en contra de los fotoreporteros Erick Chávelas y Miguel Morán.

Al igual que las agresiones físicas y verbales que sufrió el corresponsal del periódico El Universal y de la Agencia Periodística de Investigación (API) de parte de policías del Operativo Guerrero Seguro.

Latinoamérica

Pedro Castillo pone fin a su gobierno con un autogolpe de Estado, estilo Fujimori

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Pedro Castillo terminó con la presidencia de Perú con un autogolpe de Estado

 

Por Isaac Risco

Pedro Castillo decidió poner fin a su presidencia en Perú de una de las peores formas posibles. Tras liderar uno de los gobiernos más desastrosos de la historia del país, Castillo violó el miércoles (7.12.2022) la Constitución que juró cumplir al asumir el cargo y ordenó el cierre de un Congreso elegido de forma antidemocrática.

Con ello, el mandatario le dio a sus críticos, finalmente, los argumentos que necesitaban para forzar su salida del poder. La precipitada votación en la que el Legislativo decidió poco después destituir al presidente estaba justificada en medio del caos y la locura en que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempos: Pedro Castillo era una franca amenaza para la frágil democracia del país.

Incapacidad para gobernar

En Perú se habló de inmediato de un «golpe de Estado» y algunos analistas recordaron el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, el funesto precedente para la medida anunciada por Castillo. La comparación es pertinente: si bien la Carta Magna peruana contempla la posibilidad de que un presidente disuelva el Parlamento y llame a elecciones legislativas extraordinarias, ese extremo sólo puede ocurrir si la cámara le niega dos veces la confianza a un gabinete presidencial. Castillo no tenía ese argumento. Su intento de cerrar el Congreso era innegablemente ilegal.

Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

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Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

Tragicomedia política

Parte de la tragicomedia política peruana, por otro lado, es que la declaración de la «vacancia de la presidencia por incapacidad moral», como se llama al mecanismo constitucional previsto para destituir al presidente, se había convertido antes en una farsa. Una paradoja, porque la actual moción de vacancia es la única cuyo resultado está realmente justificado.

Se trataba de la tercera moción presentada en el Congreso en menos de dos años para intentar sacar a Castillo de Palacio de Gobierno en Lima. Antes, en noviembre de 2020, uno de sus predecesores, Martín Vizcarra, había sido destituido por la misma vía. Y en los últimos cinco años, tres presidentes afrontaron «pedidos de vacancia», cada cual hilado con argumentos más peregrinos que el anterior.

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Grave crisis sistémica

La estrepitosa caída de Pedro Castillo, por eso, no debe alegrar a nadie en Perú. Tampoco a la radicalizada oposición ultraconservadora que pedía destituir al presidente de izquierda cuando este no había ni siquiera asumido el cargo en 2021. La tragedia personal de Castillo es también la tragedia colectiva de un país que lleva años sumido en una grave crisis sistémica y en un proceso de descomposición política avanzado. Sin un Ejecutivo y un Congreso operantes, también sin partidos políticos dignos de ese nombre.

Es urgente, ahora, que el gobierno que asume la vicepresidenta, Dina Boluarte, convoque a nuevas elecciones cuanto antes. Y es perentorio, para salir de la crisis, que el próximo gobierno que salga de las urnas cuente con las mayorías y la voluntad necesarias para poner en marcha una reforma política que ya no puede esperar más.

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Europa

Rusia orientará su política económica y exterior hacia Oriente: ministro Serguéi Lavrov

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El misnistro de exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció que la política económica del país se orientará en Asia

 

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha anunciado que su país reorientará su política económica y exterior hacia Asia en el marco de su antagonismo con Occidente por la campaña militar en Ucrania.

«Estamos pasando a la gente [funcionarios] de la línea occidental a la línea oriental, a la asiática», ha detallado Lavrov durante un foro internacional celebrado en la capital rusa.

Para entender más del tema: Nuevos ataques masivos de Rusia causan varias víctimas y apagones en Zaporiyia, Ucrania

El dirigente ha adelantado que antes de finales de año se celebrará la reunión colegial de los Ministerios de Exteriores y Desarrollo Económico para abordar en detalle este asunto.

Se trata de coordinar la labor de las embajadas, cámaras de comercio y representaciones de las principales corporaciones estatales para redirigir sus actividades hacia el continente asiático, ha afirmado.

Por su parte, Ucrania aseguró haber derribado más de diez drones de fabricación iraní durante este miércoles utilizados por Rusia en el marco de su ofensiva, desatada desde el 24 de febrero por orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

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«Durante la noche del 6 al 7 de diciembre de 2022, tras tres semanas de pausa, las fuerzas ocupantes rusas atacaron nuevamente Ucrania con drones kamikaze ‘Shahed'», ha dicho la Fuerza Aérea ucraniana a través de su cuenta en Telegram. «Un total de catorce aparatos fueron detectados, llegados aproximadamente en dirección sureste», ha detallado.

 Así, ha indicado que «las unidades de defensa aérea del Mando Oriental destruyeron once ‘Shahed‘ y otros tres drones en dirección oriental fueron derribados por la defensa aérea de las Fuerzas de Tierra», antes de agregar que «un drone ‘Orlan-10’ y otros dos drones enemigos de un tipo por especificar».

 

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Europa

Fiscalía de Alemania detiene a 25 ultraderechistas por planear golpe de Estado

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alemania intento golpe de estado

Entre los sospechosos figuran un aristócrata, un paracaidista militar retirado y una exdiputada del partido de ultraderecha AfD

elDiario.es/EFE

La Fiscalía alemana ha informado este miércoles de la detención de 25 ultraderechistas, 22 de ellos sospechosos de pertenecer a una organización terrorista nacional que planeaba un golpe de Estado y “negociar un nuevo orden estatal” con los “vencedores” de la Segunda Guerra Mundial, así como a otros tres simpatizantes.

Entre los sospechosos figuran un aristócrata, un militar retirado y una exdiputada del partido de ultraderecha AfD. Los arrestos y los registros se han llevado a cabo en 11 de los 16 estados alemanes, y se están inspeccionando 130 propiedades.

Según la Fiscalía, los sospechosos pertenecen a una organización terrorista fundada, a más tardar, a finales de noviembre del año pasado, “que se ha fijado el objetivo de acabar con el orden estatal establecido en Alemania y sustituirlo por su propia forma de Estado, cuyas grandes líneas ya han sido elaboradas”.

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“Los miembros de la organización son conscientes de que este plan solo puede realizarse mediante el uso de medios militares y la violencia contra representantes del Estado”, lo que incluye muertes. Unas muertes que aceptan como “paso intermedio para lograr el ‘cambio del sistema a todos los niveles’”, ha asegurado la Fiscalía.

A los acusados les une “un profundo rechazo a las instituciones del Estado y al orden liberal democrático” de la República Federal de Alemania, que con el tiempo les ha llevado a tomar la decisión de “participar en su eliminación violenta” y a comenzar para ello con preparativos concretos.

Los miembros de la agrupación siguen un conglomerado de mitos conspirativos consistente en narraciones de la llamada ideología de los Reichsbürger (Ciudadanos del Reich) –movimiento ultraderechista que no reconoce la soberanía de la actual Alemania– y QAnon. El grupo estaba convencido de que la Alemania moderna estaba dirigida por un llamado “Estado profundo”.

Interior habla de “abismo de amenaza terrorista”

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, ha asegurado que el caso revela la amenaza que representa Reichsbürger.

“Las investigaciones permiten vislumbrar el abismo de una amenaza terrorista procedente del entorno de los Reichsbürger”, ha dicho Faeser en un comunicado. “Sabemos cómo defendernos con todas nuestras fuerzas contra los enemigos de la democracia”.

Estamos luchando con todas nuestras fuerzas contra los enemigos de la democracia”, ha dicho en un tuit. “Las investigaciones permiten vislumbrar el abismo de una amenaza terrorista procedente del entorno de los Reichsbürger”.

La presunta organización terrorista descubierta este miércoles está impulsada, ha dicho Faeser, “por fantasías de derrocamiento violento e ideologías conspirativas. ”Nuevas investigaciones permitirán saber hasta qué punto habían avanzado ya los planes de derrocamiento“.

alemania terrorismo

Dos agentes frente a un furgón policial durante una operación contra un grupo ultraderechista en Alemania. Boris Roessler / dpa – Europa Press

Los planes

El órgano central de la agrupación es un “consejo” y cuenta además con un “brazo militar”, al que corresponde “la toma planeada del poder por la fuerza de las armas·. Según la Fiscalía, algunos de los miembros de la organización desempeñaron en el pasado un servicio activo en el Ejército alemán.

Su intención era “formar un gobierno de transición (militar) que, según las ideas de los miembros de la asociación, debe negociar el nuevo orden estatal en Alemania con las potencias aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo con la narrativa clásica de los Reichsbürger”.

Los 22 presuntos miembros de la organización, de los cuales dos actuaban como cabecillas, son ciudadanos alemanes, al igual que dos de los tres simpatizantes detenidos, mientras que la tercera persona es una ciudadana rusa.

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Los medios de comunicación alemanes han identificado como cabecillas del grupo a Heinrich XIII, de 71 años, descendiente de una familia noble que gobernó partes del este de Alemania en el siglo XII, y un exparacaidista del Ejército alemán llamado Rüdiger von P. La exmiembro del Bundestag de Afd y jueza Birgit Malsack-Winkemann también pertenece al grupo de sospechosos, según la prensa del país.

Según los fiscales, Heinrich XIII, que preside el “consejo” se puso en contacto con representantes rusos. “Sin embargo, según las investigaciones llevados a cabo hasta el momento, no hay indicios de que las personas de contacto hayan reaccionado positivamente a su solicitud”. La agrupación le considera el futuro jefe de Estado.

El ministerio público dice que los acusados iniciaron los preparativos a finales de noviembre de 2021 y “desde entonces han aumentado en intensidad”. “Entre ellas figuran la planificación de estructuras de tipo administrativo, la adquisición de material, la formación en cursos de tiro y el reclutamiento de nuevos miembros”.

 

El grupo incluso había comenzado a nombrar ministros para su supuesto posterior al golpe. “Similar al gabinete de un gobierno ordinario, el organismo tiene varios departamentos, por ejemplo ‘Justicia’, ‘Asuntos Exteriores’ y ‘Sanidad”. La acusada ‘Birgit M.-W. está designada para dirigir Justicia.

Los esfuerzos de reclutamiento de la asociación se centraron principalmente en los miembros de las fuerzas armadas y la policía, para lo que este año se han celebrado varias reuniones.

Las detenciones se han producido en los estados federados de Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Hesse, Baja Sajonia, Sajonia y Turingia, así como un caso en Kitzbühel (Austria) y otro en Perugia (Italia).

Las redadas, en las que participan más de 3.000 agentes, todavía continúan y se están llevando a cabo además en los estados de Brandeburgo, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre.

El operativo se dirige asimismo contra otros 27 acusados.

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Fuente: eldiario.es

 

 

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