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Policía torturador y racista, condenado a dos años de cárcel en España

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Por Alberto Pozas/eldiario.es

Un agente de Policía Nacional destinado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha sido condenado a dos años de cárcel por torturar y humillar a un detenido en los calabozos de la comisaría. El Tribunal Superior de Madrid declara probado que el agente golpeó varias veces con puñetazos, patadas y con la defensa extensible al detenido después de hacer un comentario racista. La sentencia, que no es firme, también apunta a que otro policía intentó encubrirle y ocultar la agresión a los jueces.

Los hechos ocurrieron en los calabozos de la comisaría de la ciudad complutense en enero de 2017. La víctima había sido detenida a primera hora de la mañana en una discoteca de la localidad y acusado de agredir a agentes de Policía y mostrarse nervioso y violento. Una vez en los calabozos, a primera hora de la mañana, pidió algo de comer y recibió una respuesta racista del agente que custodiaba su celda en ese momento: «A los moros sólo se les da agua», espetó el policía.

Fue entonces cuando, según declara probado la Justicia, empezaron los golpes. Varias tandas de puñetazos y patadas por todo el cuerpo que remató con un golpe en la cabeza del detenido con la defensa reglamentaria. Los partes médicos de la Casa de Socorro dejaron constancia de todas estas lesiones y golpes después de que el policía encargado del atestado comprobase alarmado que el detenido tenía unos golpes y magulladuras en la cara que no tenía cuando fue traído al cuartel a primera hora de la mañana.

El resultado es una condena todavía no firme de dos años de prisión para el agente por un delito de torturas y otro leve de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal y como adelantó el portal Noticias Jurídicas, ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que también le impuso 8 años de inhabilitación para ejercer como policía nacional, una multa de 240 euros y una indemnización de 6.700 euros para la víctima. El Estado es declarado responsable civil subsidiario.

A lo largo del caso el agente condenado ha intentado, sin éxito, ofrecer una versión distinta de los hechos. Ha asegurado que fue el detenido el que empezó a estrellar la cabeza contra los barrotes mientras amenazaba con denunciar a todos y que él fue agredido cuando entró en la celda a ofrecerle ayuda e intentar calmarle. Explicó durante el juicio este agente que es experto en artes marciales y que le redujo utilizando la técnica de judo denominada «Ippon seoi nage» pero siempre ciñéndose al protocolo y sin aplicar más fuerza de la necesaria.

Los magistrados de la Audiencia y del Tribunal Superior de Madrid no se basan sólo en la declaración del agredido – que fue condenado por el atentado contra la autoridad por el que fue detenido a la salida de una discoteca de Alcalá – sino también en la declaración de otros dos policías y la de los sanitarios que atendieron al arrestado así como los informes en los que reflejaron sus lesiones. Otra prueba determinante ha sido la grabación de las cámaras de seguridad de los calabozos, que no graban lo que pasa en el interior de las celdas pero sí los pasillos.

Unas cámaras que reflejan cómo el policía condenado entró y salió de la celda todas las veces que dijo la víctima, así como la presencia de su compañero viendo lo que pasaba. Un compañero que intentó exculparle durante el juicio en un testimonio al que los magistrados no dan ningún tipo de validez. Dijo por ejemplo la Audiencia Provincial sobre este segundo policía: «Su testimonio, ni corrobora la versión del acusado, ni tiene verosimilitud», asegura la sentencia. El segundo policía llegó a decir que su compañero no había podido usar la porra cuando el propio acusado reconoció haber dado dos golpes con ella.

Una vez examinadas las imágenes de las cámaras, incluso, los jueces dejan la puerta abierta que haya sido responsable por no haber impedido la agresión que dan por probada: «Pudiera haber tenido una participación omisiva, por la que no se le acusa, que arrancaría de su condición de agente de la autoridad y como tal obligado a la evitación de los delitos y en su caso a su persecución, y mucho más cuando se está cometiendo en su presencia».

El responsable del atestado, jefe de turno en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, no sólo explicó en su declaración que el detenido tenía unas lesiones que no presentaba cuando entró en el calabozo, lo que hizo saltar las alarmas. También explicó que ordenó a estos dos policías que dejaran las incidencias por escrito y que un día después no lo habían hecho y no había quedado reflejado en el atestado.

No se autolesionó

Las dos sentencias del caso evidencian la contradicción de la Fiscalía, que pasó de pedir la absolución en el juicio a solicitar la confirmación de su condena en segunda instancia. Los jueces, que no han presentado dudas hasta el momento, llegan a la conclusión de que el detenido fue víctima de una agresión racista y que no se autolesionó estampándose contra los barrotes de la celda, como llegó a decir el policía nacional acusado. Sus lesiones eran, dijo la Audiencia en primera instancia, «totalmente incompatibles con lesiones producidas por autolesión por el mismo ni en el coche policial ni en el calabozo con las rejas», ya que tenía golpes en la cara pero también en la zona lumbar y la espalda.

Para los magistrados, este detenido fue víctima de torturas: «Sufrió un padecimiento físico y psíquico, además el comportamiento degradante y humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la víctima» por la expresión racista del principio. Ni siquiera el hecho de que el detenido, una vez encerrado, siguiera insultando a los policías justifica la agresión: «Ni siquiera esa posible infracción de falta de respeto a los agentes de la autoridad puede ser atajada por el policía de forma desproporcionada ilegal y delictiva».

La sentencia de la Audiencia, ratificada ahora por el Tribunal Superior, recuerda que la función de los policías nacionales es la contraria a tratar así a un detenido: «Deben de velar por su seguridad e integridad, por más que el detenido les insultara o incluso hubiera agredido a sus compañeros durante esta madrugada».

El recurso del policía había sido apoyado por la Abogacía del Estado, en representación de la Administración, y ha sido rechazado en las últimas semanas por el TSJM. El agente condenado e inhabilitado ponía en duda tanto las declaraciones de la víctima como también la interpretación que los jueces habían hecho de las pruebas. Los jueces rechazan su recurso y explican, por ejemplo que no se puede apelar a la falta de exactitud temporal de la declaración de un detenido: «El detenido en la celda es despojado de sus efectos personales, entre ellos el reloj o el móvil», recuerda la sentencia del TSJM.

Los magistrados entienden, además, que si no quiso ser atendido por un médico nada más ser agredido por el agente era porque quería pasar cuanto antes a disposición judicial y dejar de estar en manos del policía que le había pegado una paliza.

El caso ahora tendrá que ser estudiado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo después de que su abogado Pedro Chamorro, asesor jurídico del sindicato JUPOL al que pertenece el condenado, haya recurrido reproduciendo sus críticas a la falta de pruebas de la agresión. La declaración firme de su condena no implicaría su entrada en prisión pero sí la retirada de la placa durante 8 años y el pago de una indemnización de la que el Estado debe responder como responsable civil.

Fuente original: eldiario.es

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España

España aprueba definitivamente nueva Ley de Memoria Democrática que declara ilegal la dictadura franquista

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ley memoria democrática aprobada en España

El Senado ha rechazado los vetos de las derechas y más de 500 enmiendas presentadas, por lo que la norma ya no tendrá que volver al Congreso y entra en vigor

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España tiene ya una nueva Ley de Memoria Democrática. El Senado acaba de aprobar definitivamente por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno y enfila así su entrada en vigor. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos han sido respaldadas ni tampoco los vetos de PP, Vox y Ciudadanos han salido adelante tras el largo pleno celebrado este miércoles, por lo que el texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios de verano.

A punto estuvo entonces la ley de darse por perdida por falta de apoyos, pero un acuerdo con varios de los socios habituales del Gobierno salvó uno de los proyectos más simbólicos de la legislatura. La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.

Más de cinco horas han estado los senadores debatiendo este miércoles sobre esta legislación que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española”, ha afirmado la socialista Eva Granados, encargada de cerrar la sesión.

El Gobierno ha sufrido para sacar adelante la ley, sobre la que una parte de la izquierda cree que es “mejorable” y ha reclamado más ambición. Es el caso de ERC, que como ya hiciera en el trámite en el Congreso, se ha abstenido. Esta visión crítica es un parecer que comparten también algunas asociaciones memorialistas, que creen que la norma es “insuficiente” y que seguirá dejando impunes en nuestro país los crímenes franquistas, que, de momento, únicamente están siendo investigados en Argentina.

El proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el texto se da un plazo de hasta un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.

La oposición de las derechas

Las críticas más duras han venido de la bancada de las derechas, que tildan la ley de “sectaria”. “¿Por qué se empeñan en rechazar una ley que es un acto de justicia elemental?”, les ha preguntado Granados al PP, Ciudadanos y Vox. “Memoria es lo contrario al olvido y en democracia el olvido no es una opción, memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura”, ha zanjado la senadora.

Que la ley es “un arma arrojadiza” y una “traición a los españoles” que “pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas” son algunas de las opiniones manifestadas por la popular Amelia Salanueva, a la que posteriormente ha complementado su compañera Salomé Pradas para acusar al Gobierno de “reescribir la historia” y “reabrir heridas del pasado”. “Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas”, le ha respondido en su turno Granados.

Una argumentación similar ha desplegado Vox, que incluso habla de “vulneración de derechos fundamentales” y ha prometido “no parar hasta conseguir su total derogación”, en palabras de José Manuel Marín. Las tres derechas ponen en el foco un precepto de la ley incluido para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos más allá de la muerte del dictador, hasta 1983. Algo con lo que el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha acusado al Ejecutivo de “cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático” como la Transición a pesar de que la medida no extiende el ámbito de aplicación de la ley, que llega hasta la promulgación de la Constitución.

Para justificar su ‘no’ a la norma, estos tres partidos también han traído a colación a la banda terrorista ETA, como ya hicieran en el Congreso. La ley “crea una desigualdad inaceptable” entre “víctimas de primera y de segunda”, ha asegurado Sánchez englobando a las personas asesinadas por los etarras en el segundo grupo y a las del franquismo en el primero. Víctimas estas últimas que aún aguardan en muchos casos incluso a recuperar a sus familiares desaparecidos y que tuvieron que esperar más de 30 años para ser mínimamente reconocidas y nombradas por la ley.

Todas las demás formaciones han plantado cara al negacionismo de la memoria histórica de PP, Vox y Ciudadanos. Y de hecho, una de las primeras en responder ha sido el PNV, que en palabras de Estefanía Beltrán ha lamentado que “no quieran ninguna ley que reconozca la verdad de lo ocurrido” y que “prefieran un manto de silencio sobre esta etapa de totalitarismo fascista”. “Hoy decimos alto y claro a la derecha y extrema derecha que la memoria democrática es ley porque así lo quiere la ciudadanía”, ha añadido la socialista Granados. “La memoria nos ayuda cada día a saber quiénes fuimos, quiénes somos y qué país queremos ser”, ha resumido la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en un vídeo que ha lanzado en redes sociales para celebrar la aprobación.

 

 

Cuestiones pendientes

La sensación generalizada es que la norma supone un avance con respecto a la ley actual, pero aún así, algunos grupos no disimulan el sabor agridulce con el que se quedan. Entre ellos, ERC, Geroa Bai o Compromís, que reclaman más ambición. Los republicanos, que han sido claros –“Esta no es la ley de ERC”, ha dicho el senador Josep María Reniu–, se han abstenido en la votación, pero han advertido al Gobierno de que estarán “atentos y vigilantes al cumplimiento” de las disposiciones del proyecto.

Si en algo coinciden varios de los partidos críticos es en que creen que la ley debería ser más contundente con la persecución y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, algo que incluso ha manifestado Amnistía Internacional. Consideran que falta en el texto la supresión explícita de los obstáculos que hoy impiden que se juzguen estas vulneraciones de derechos humanos en España y opinan que no valdrá con la creación de una Fiscalía especializada ni con la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que declara imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

ERC ha lamentado, además, que la mesa haya inadmitido a trámite una de las enmiendas presentadas por el grupo y que reclamaba la “supresión” del título de Rey de España, una propuesta que no se ha debatido porque “requeriría una reforma del artículo 56.2 de la Constitución”, según les comunicó el Senado. “Es incomprensible la disparidad de criterios en el Congreso y Senado, toda vez que allí se tramitó y se votó”, ha denunciado Reniu.

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Fuente: eldiario.es

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España

Svetlana Sokova, activista perseguida por Rusia: “Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen”

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Svetlana Sokova, activista perseguida por Rusia: “Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen”

Por Sandra Vicente/eldiario.es

Svetlana Sokova jamás pensó que huiría de San Petersburgo para acabar exiliada en Segur de Calafell (Tarragona) con acusaciones por terrorismo, extremismo e incitación a la violencia a sus espaldas. Todo empezó con la compra de un piso en Rusia que una jueza anuló, argumentando que era una adquisición fraudulenta, después de haber sido sobornada por la esposa del propietario. Sokova lo explicó todo en Youtube, convirtiéndose en viral, y acabó descubriendo que no era la única a quien le había pasado. Las redes fueron su altavoz y se tornó la cara visible de centenares de casos como el suyo.

El resultado han sido más de 20.000 seguidores en Youtube y 80.000 en TikTok. Pero el Kremlin no reaccionó bien a las críticas y le ha cerrado las cuentas en repetidas ocasiones. Los equipos jurídicos de Youtube pidieron a Sokova, a través de unos mails a los que ha tenido acceso elDiario.es, que retirara sus vídeos a petición del Roskomnandzor, la agencia de censura de Rusia. Pero ella no lo ha hecho y sigue con una denuncia que le ha valido presiones que, según afirma, se han recrudecido desde la invasión de Ucrania.

Para entender más sobre el tema: Imágenes satelitales muestran aviones de combate de Rusia destrozados tras el ataque a la base aérea de Crimea

 

¿Cómo es que una jueza le quitó un piso que había comprado?

En 2017 mi marido, mis dos hijos y yo vivíamos en una habitación de San Petersburgo y estábamos ahorrando para independizarnos. Gracias al dinero que nos prestó nuestra familia, compramos un piso. Pero en tres meses, nos llegó una orden judicial diciéndonos que el piso no nos pertenecía. Resultó que la mujer del propietario, que murió poco después de la venta, había reclamado el piso. El padrastro de mi marido nos representó como abogado y un día se encontró con la jueza en los pasillos: le dijo que para que nos devolvieran el piso, teníamos que pagar más dinero que el que le había dado aquella mujer. No lo hicimos, porque no quisimos pagar dos veces por el mismo piso y porque tampoco teníamos más dinero.

¿Aquí es donde comienza su carrera como influencer?

Expliqué nuestro caso en Youtube. Mucha gente me empezó a escribir para explicarme casos de corrupción parecidos que les habían sucedido y no dejé jamás de darles voz, a pesar de las amenazas que recibía.

¿Quién te amenazaba Svetlana Sokova y cómo?

Venían a nuestra casa, nos decían que la quemarían con nosotros dentro, nos amenazaban de muerte. Eran personas de paisano y, a veces, policías que seguramente se quedaron una parte del soborno. La cosa se empezó a poner muy peligrosa y comenzamos a tener miedo de verdad así que, como mi marido había estado en España hacía poco y tenía el visado abierto, decidimos aprovecharlo para salir de Rusia hasta que las cosas se calmaran. Al día siguiente de llegar, nos llamó un amigo para contarnos que alguien había entrado en nuestro piso y se lo había llevado todo. Vimos que lo tendríamos muy difícil para poder volver.

El editor recomienda: Rusia y Ucrania se culpan por los ataques a un sitio de energía nuclear

 

Usted ha seguido publicando en redes sociales. ¿Han seguido también las amenazas?

Sí. Es imposible vivir así: nos envían correos electrónicos, me atacan por redes sociales e, incluso, han encontrado mi teléfono español. Nos amenazan de muerte. Vivimos con miedo y estrés constante. Cuando escuchamos un coche que se acerca, nos asustamos. Mi marido tiene siempre una herramienta pesada al lado de la cama, por si acaso, para protegernos. Putin ya ha matado a muchos activistas, políticos y periodistas disidentes.

¿Cree que estas amenazas podrían cumplirse, a pesar de estar en España?

Putin tiene las manos muy largas y puede llegar aquí. Hay muchos casos de gente muerta en el extranjero. Putin odia la verdad y mata a quienes la dicen. Ha envenenado al pueblo de Rusia con tantas mentiras, que ahora viven engañados y aterrorizados a partes iguales.

Sus vídeos le han valido acusaciones de terrorismo, extremismo, incitación a la violencia y al cambio de régimen.

Siguen muy de cerca todas mis redes sociales. Cada vez que publico algo, añaden más cosas al caso. Mi abogado me dice que, si vuelvo a Rusia, tengo la cadena perpetua asegurada. Pero yo sigo hablando, es mi deber hablar, porque nos están matando. Cada día meten a gente en la cárcel por decir la verdad y, mientras viva, no callaré.

 

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Fuente: eldiario.es

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España

Congreso de España aprueba Ley de Memoria Democrática que declara ilegal el régimen franquista

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Congreso España

La ley ha sido aprobada con 166 votos a favor, 153 votos en contra y 14 abstenciones

Por Isabel García

«Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática».

Así reza el artículo 1.3 del Título Preliminar de la Ley de Memoria Democrática.

El texto fue aprobado este jueves, 14 de julio, por el pleno del Congreso de los Diputados. La ley obtuvo 166 votos a favor, 153 votos en contra de las derechas y 14 abstenciones del grupo de ERC.

Condena al franquismo

La nueva ley condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura declarando ilegal el régimen franquista.

También refleja de manera explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas y en consecuencia declara la nulidad de todas sus resoluciones y condenas.

Asimismo retira 33 títulos nobiliarios otorgados por el régimen franquista.

El periodo temporal que abarca la norma va desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución española. Pero gracias al acuerdo alcanzado con Bildu se ha incluido en la disposición adicional la ampliación del periodo hasta el 31 de diciembre de 1983, que posibilitará el “reconocimiento y reparación de trabajadores y estudiantes que lucharon por la consolidación de la democracia” según ha recordado el diputado socialista Valentín García Gómez durante su intervención en el pleno del Congreso.

Derecho internacional

Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la ley recoge los principios del derecho humanitario internacional en base a una enmienda del PSOE y Unidas Podemos señalando que:

«Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Fosas franquistas

La norma mandata el deber del Estado en la exhumación de las fosas franquistas. España sigue siendo el país europeo con mayor número de desaparecidos por actos de violencia. Se creará un censo de víctimas, un banco de ADN para las identificaciones y un plan anual de exhumaciones. Además se garantiza el acceso a los archivos públicos y privados.

El Valle de los Caídos pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros como lugar de recuerdo y se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. También extinguirá a fundaciones que ensalcen el franquismo y humillen a las víctimas.

Día de las víctimas

La ley declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio.

El texto hace una mención especial a la memoria democrática de las mujeres, al reconocer el “papel activo” de las mismas “como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad”.

La ley otorga la nacionalidad a los hijos de mujeres españolas que perdieron la suya, a los hijos de quienes hoy son españoles por la ‘ley de Memoria’ de 2007, en base a una iniciativa promovida por la senadora Sara Vila.

En su trámite parlamentario se han incorporado a la ley un total de55 enmiendas, de Bildu, el PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

La norma que debe pasar ahora su trámite en el Senado sale adelante un año después de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros con la ya exvicepresidenta Carmen Calvo como su principal impulsora. En octubre de 2021, la cámara baja aprobó su toma en consideración, pero quedó aparcada ante la falta de apoyos.

Texto completo de la ley

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Fuente: nuevatribuna.es

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