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Mexico Violento

De los ejecutados en Iguala, seis no eran normalistas de Ayotzinapa

Estudiantes de Ayotzinapa y jugadores de futbol del equipo Los Avispones fueron agredidos por la Policía municipal y un grupo de sicarios, dejando 9 muertos

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El primer ejecutado por la Policía municipal yace en el suelo. Foto: Flor Miranda

El primer ejecutado por la Policía municipal yace en el suelo. Foto: Flor Miranda

***Cacería de normalistas deja 9 muertos en Iguala; 6 nada tenían que ver con Ayotzinapa

*** Maestros de la CETEG, líderes del SUTCOBACH y reporteros son sorprendidos al ser atacados de forma directa

*** Sin cuantificar el número de heridos y desaparecidos

Por Flor Miranda

IGUALA, Guerrero.- Diversos ataques cometidos por policías del municipio y civiles armados dejaron como saldo al menos nueve personas muertas en la ciudad de Iguala de la Independencia, mientras que existe un número indeterminado de heridos, detenidos y desaparecidos. Todo esto enmarcado en agresiones contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y el informe de la primera dama, María de los Ángeles Pineda de Abarca.

Las personas que murieron, de acuerdo a versiones de testigos y familiares, son oficialmente tres normalistas de primer año de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como tres jugadores de futbol del equipo “Los Avispones” que habían acudido a esa ciudad a realizar un partido contra el equipo igualteco en la tercera división profesional.

Además perdieron la vida el chofer del autobús que trasladaba a los jugadores del equipo capitalino, un taxista y una de sus pasajeras que se vieron involucrados en el fuego cruzado. Se habla que entre las víctimas mortales está un cómico personaje y bastante conocido en Chilpancingo apodado como “el pañañas”, quien iba como parte de la porra oficial del equipo.

La camioneta donde iban algunos estudiantes rafagueada por los policías y sicarios. Foto: Flor Miranda

La camioneta donde iban los jugadores del equipo Los Avispones rafagueada por los policías y sicarios. Foto: Flor Miranda

Terror en Iguala…

El camino que conduce de la capital del Estado a la ciudad del oro se mostró deslucido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Sobre la tamarindera había lluvia y los relámpagos hacían ver macabro el momento.

En todos los accesos a la ciudad fueron reforzados los retenes de la policía municipal. En la entrada sur había 5 patrullas oficiales y unos 15 elementos vigilando y revisando persona por persona de forma minuciosa, al igual que a cada vehículo que cruzaba por ahí.

Ya dentro de la ciudad las avenidas y las calles se notaban desérticas. En el periférico pasaba lo mismo, solo había unos cuantos taxis transitando. Ahí se pudo notar también la presencia de militares, policías del estado y del municipio, así como ministeriales.

El miedo de los ciudadanos se podía palpar con tanta soledad en la calle. Así se sentía y miraba la ciudad siendo aproximadamente la una de la madrugada de este 27 de septiembre del 2014.

Antes, la tarde-noche del día anterior se reunió la clase política más reconocida de este municipio. Funcionarios y aspirantes a cargos públicos se dieron cita en la plaza cívica de Las Tres Garantías para ser testigos del informe de María de los Ángeles Pineda de Abarca, primera dama del municipio, presidenta del DIF y una de las aspirantes más fuertes a la alcaldía.

Minutos después de haber concluido el informe se registró un fuerte enfrentamiento entre grupos armados en pleno centro de la ciudad que se prolongó al menos dos horas y se dispersó por diferentes puntos de la ciudad llegando incluso a los alrededores de la planta regional de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

De acuerdo a testigos de los hechos, el informe terminó apenas unos minutos antes de las 8:00 de la noche y enseguida subió un grupo musical para amenizar el ambiente, por lo que mucha de la gente que asistió al acto político, permaneció en la plaza cívica de las Tres Garantías

Sin embargo, hora y media después se empezaron a escuchar detonaciones de arma de fuego sobre las principales avenidas de la ciudad que son Bandera Nacional y Vicente Guerrero. Los ciudadanos reportaron que las detonaciones se hicieron desde vehículos en movimiento a dos cuadras del Ayuntamiento y de la plaza donde tocaba un grupo música contratado por la esposa del alcalde.

En ese momento todos los asistentes al evento oficial empezaron a correr llenos de pánico buscando refugiarse o salir del zócalo. Los vehículos circulaban por donde podían e incluso se metían en sentidos contrarios. Los comerciantes que permanecían con negocios abiertos bajaron sus cortinas y los ambulantes también huyeron.

En tanto, la persecución entre grupos armados se inició corriéndose hacia las calles Álvarez, Juárez y el periférico norte llegando hasta la colonia PPG, a un costado de la planta regional de PEMEX.

Los reportes ciudadanos de balaceras se empezaron a correr desde diversos puntos y colonias periféricas de la ciudad. Casi a las once de la noche fue atacada la base de bomberos y, poco antes se reportó un enfrentamiento cerca de la zona de tolerancia o “los chocolines”.

Estos hechos según reportes de testigos, fueron protagonizados por grupos de civiles armados.

Mientras todo esto pasaba, la Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, Estatal y Municipal armaron impresionantes operativos bloqueando todos los accesos a la ciudad y sitiando totalmente el centro. Los ciudadanos reportaron por redes sociales que la ciudad parecía fantasma mientras que en el centro no había gente.

Hasta altas horas de la madrugada los ciudadanos continuaron reportando detonaciones de armas de grueso calibre en diversos puntos de la ciudad, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantuvieron totalmente herméticas y no ofrecieron una postura oficial hasta la mañana siguiente.

Otro aspecto de la agresión a estudiantes. Foto: Flor Miranda

Otro aspecto de la agresión a estudiantes. Foto: Flor Miranda

Cacería de normalistas…

Durante toda la noche hubo confusión entre los pobladores de Iguala puesto que muchas versiones involucraban a normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en los violentos hechos que se estaban registrando.

Los reportes indicaban que después del informe de la presidenta del DIF, un grupo de al menos 60 normalistas se movilizaron en la entrada sur de Iguala dirigiéndose a la terminal de autobuses de donde intentaron llevarse tres unidades, sin embargo, la policía del Estado y municipal frustraron el acto realizando detonaciones de arma de fuego.

La mayoría de los estudiantes lograron huir pero al menos 20 de ellos fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal donde presuntamente fueron torturados e investigados por los enfrentamientos armados que se habían registrado en diversos puntos de la ciudad. Ahí según versiones de sus compañeros normalistas, se les intentaron sembrar armas de fuego y hasta una granada.

En la agresión registrada cerca de las 21:00 horas, varios estudiantes resultaron heridos y otros permanecieron desaparecidos. En este primer atentado contra los estudiantes de Ayotzinapa resultó muerto un joven por un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Los normalistas se replegaron y, montados en tres autobuses de la empresa Futura que ya traían consigo, se concentraron en el cruce de la calle Álvarez con el periférico norte. Hasta ahí llegaron a auxiliarlos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y, algunos reporteros locales de la fuente arribaron para recabar datos.

Cerca de las 10:30 de la noche se desarrollaba una entrevista en ese sitio cuando inesperadamente un grupo de civiles armados se colocó estratégicamente del lado contrario de la vía carretera (periférico) y, apuntando sus armas directamente contra los estudiantes y quienes se encontraban con ellos, empezaron a rafaguear.

El ataque duró varios minutos según los testigos y, reporteros, maestros y normalistas por igual corrieron a refugiarse a donde estuvieran a salvo de las balas pero dos estudiantes de Ayotzinapa de primer grado, fueron alcanzados.

Los dos cayeron inertes sobre la calle a un costado del periférico y, bocabajo se desangraron hasta dejar de respirar. Los cadáveres fueron resguardados por el Ejército Mexicano hasta cerca de las cuatro de la mañana cuando fueron recogidos y llevados a la morgue.

Pero de este atentado resultaron varias personas lesionadas por arma de fuego, entre ellas otro normalista que resultó con el labio destrozado; el dirigente del SUTCOBACH Alfredo Ramírez y una maestra de la CETEG que recibió el proyectil en su espalda.

De aquellos estudiantes que corrieron para salvar su vida, se supo que al menos 30 no aparecían hasta la mañana de este 27 de septiembre, por lo que fueron declarados como “desaparecidos”.

Más tarde, los sobrevivientes acudieron a declarar al Ministerio Público y hasta ahí llegaron al menos 20 jóvenes de los que habían escapado de la balacera, pero varios de ellos presentaban lesiones en el cuerpo.

Hasta ese momento los líderes de Ayotzinapa desconocían cuántos de sus compañeros estaban desaparecidos o heridos, pero aseguraban que había 20 detenidos en la barandilla municipal y, tres de los estudiantes de primer año habían perdido la vida.

Uno de los caídos abatidos por la policía municipal y sicarios Avispones. Foto: Flor MIranda

Uno de los caídos abatidos por la policía municipal y sicarios. Foto: Flor MIranda

Avispones…

Siendo aproximadamente las 11:00 de la noche, un autobús de la empresa Castro-Films fue atacado por civiles armados en la carretera Iguala Chilpancingo a la altura del crucero al poblado de Santa Teresa.

En la unidad viajaba el equipo de futbol oficial de Chilpancingo que juega en tercera división profesional. Había acudido a un encuentro donde enfrentó a su similar de Iguala.

Al retornar el camino en el punto ya mencionado, los deportistas que eran acompañados por entrenadores y porristas, fueron atacados con armas de grueso calibre provocando que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera de la cinta asfáltica estrellándose contra algunos árboles.

En este hecho quedó en involucrado un taxi tipo Tsuru de Iguala que llevaba a una pasajera que resultó privada de la vida, al igual que el conductor.

En el momento ningún futbolista perdió la vida, pero debido a la gravedad de sus lesiones, tres dejaron de respirar de camino al hospital igual que el chofer del autobús quien recibió un impacto de bala en la cabeza.

En total por este hecho resultaron seis muertos que se sumaron a los tres normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo a las autoridades estatales en Salud, fueron contabilizados 25 lesionados y una persona más murió en el hospital general de Iguala la mañana de este sábado 27, sin que se diera a conocer su identidad.

Sobre este ataque existen dos versiones que las autoridades correspondientes no han querido aclarar. Una indica que el autobús de deportistas fue confundido con una unidad de los normalistas y, como parte de la cacería que se llevaba a cabo en contra de Ayotzinapa. Otro rumor es que en ese vehículo viajaban también algunos normalistas y maestros de la CETEG que fueron seguidos por los victimarios.

La normal rural de Ayotzinapa y la CETEG responsabilizaron al gobierno del Estado y al municipal de haber provocado esta noche sangrienta a través de la persecución y ejecución extrajudicial de otros tres normalistas cuyos nombres no eran revelados hasta la mañana de este sábado.

Afirmaron que se trató de un ataque directo, primero cometido por policías municipales y luego por presuntos sicarios.

Ante estas situaciones, el FUNPEG que aglutina a las nueve normales públicas del Estado y la CETEG que encabeza al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), empezaron a llamar a sus bases como un asunto “urgente” para concentrarse e iniciar las movilizaciones correspondientes en repudio al crimen del que fueron víctimas tres estudiantes, tres futbolistas profesionales y, al menos otras tres personas más.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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