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Mexico Violento

Policía de Tijuana golpea a defensor de migrantes por protestar

Policía de Tijuana agrede a Hugo Castro, activista de derechos de migrantes, quien comanda un frente de resistencia por maltrato policial en la frontera

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Hugo Castro, de la organización pro derechos de migrantes deportados detenido y golpeado por agentes del grupo K9. Foto: José Pedro Martínez

Hugo Castro, de la organización pro derechos de migrantes deportados detenido y golpeado por agentes del grupo K9. Foto: José Pedro Martínez

Por José Pedro Martínez

TIJUANA, Baja California.- Hugo Castro, Coordinador Internacional de la organización pro derechos de los migrantes deportados Ángeles Sin Fronteras, fue detenido y golpeado por agentes del grupo “K9” de la Policía Municipal. El arresto se produjo alrededor de las dos de la tarde del lunes en las inmediaciones de la calle Constitución, cerca del campamento que la asociación mantiene en la Plaza Constitución de la zona norte de la ciudad. Entrada la noche y tras el pago de la multa correspondiente, Castro fue puesto en libertad después de sufrir y presenciar numerosos abusos de autoridad por parte de los agentes municipales.

Es la tercera vez que la Policía detiene a Hugo Castro, aunque ésta ha sido especialmente violenta. Como cabeza visible de la organización que está en las calles de la ciudad dando soporte a los miles de migrantes del centro, recibe habitualmente las reprimendas policiales. Y es que en el macabro juego del ratón y el gato que policías y deportados mantienen a diario en la zona norte de Tijuana, Hugo está comandando el frente migrante. Siguiendo los principios de Ángeles Sin Fronteras, coordina el campamento en el que convive con unas 600 personas deportadas y llegadas del sur, un campo de refugiados que crece cada dia y que se está convirtiendo en un verdadero problema para las autoridades.

Por un lado, las decenas de casitas de campaña y la cantidad de gente que habita la Plaza Constitución evidencia la magnitud de las deportaciones ante la ciudadanía. Por otro, el campamento se ha convertido en un nuevo refugio para los migrantes que son recién deportados o que abandonan el bordo huyendo de las mafias y los operativos policíacos. Un punto de referencia para todas las personas en situación de calle de la ciudad, pero también para los malandros que cometen sus fechorías en la zona histórica, quienes tratan de esconderse entre los habitantes de las casitas de campaña. En la Plaza la organización se ha hecho fuerte gracias a un buen control de seguridad y el establecimiento de unas normas que tratan de hacer cumplir, aunque no por ello deja de ser un punto caliente para las fuerzas del orden al que no pierden de vista en ningún momento.

“Fui arrestado injustamente después de decirle a un policía que no había necesidad de golpear a un migrante deportado. Eran agentes del grupo especial K9 de la Delegación Regional Sur, conocida como la 5 y 10. Nos tuvieron dentro de la caja del pick up a un grupo de 12 personas con las esposas sumamente apretadas y cuando pedí que me soltaran un poco los grilletes, se burlaron y me amenazaron”. Castro relata cómo empezaron los malos tratos al llegar a la Comandancia Regional: “al ayudar a un migrante deportado que había sido detenido a bajar del carro, ya que estaba lastimado de una pierna, los policías le empujaron y gritaron. Les pregunté que por qué nos trataban así y su respuesta fue un fortísimo golpe en el pecho. Me dolió mucho, pero no le di el gusto de verme tirado en el suelo. Me dolió más darme cuenta que todos los agentes estaban coludidos. Se burlaron todos, y uno por la bocina, dijo, “compañero, dice que no le dolió, dele otros”.

Dentro del penal. Foto: Hugo Castro

Dentro del penal. Foto: Cortesía de Hugo Castro

Abusos en el interior de la Comandancia

Dentro de la celda las agresiones siguieron, “pero fueron peor para otros migrantes. A cuatro de ellos les golpearon brutalmente y el mismo oficial que me golpeó a mi, tomó su pistola y se la puso al lado a otro. Los otros agentes le tranquilizaron y todo quedó en una amenaza. En frente, unos agentes supuestamente ministeriales, golpeaban fuertemente a unos encapuchados”.

Castro trató de tranquilizar a los compañeros de celda, a los que acababan de detener junto a él por no portar identificaciones. Trató de animarles a que presentaran ante el juez sus quejas por maltrato, aunque solo dos se armaron de valor. “Al vernos de pie a tres, otros 6 se animaron a ver al juez calificador. Éste nos escuchó solamente a medias. Le dije que nos golpearon y que era defensor de los Derechos Humanos. Ellos tenian mis tarjetas de presentación, mis identificaciones, y mis gafetes. Le informé sobre la Coalición Humanitaria Internacional Promigrante de la que soy parte, sobre la lucha en Estados Unidos y México para garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. Me identifiqué como coordinador Internacional de Ángeles Sin Fronteras y de que me golpearon a mi y a otros dentro de la celda. Pero no me escuchó y dio instrucciones para que nos encerraran de nuevo”.

A los compañeros de celda de Hugo les siguieron pegando por haberse atrevido ver al juez. “El juez, sin inmutarse, dijo que ya era su hora de comida. Nosotros, en cambio, después de horas de sed, hambre y humillaciones, después de presenciar docenas de casos de abusos, pedí un teléfono para comunicarme con Sergio Tamai, fundador y director general de Ángeles Sin Fronteras. Como respuesta me desnudaron y encerraron en una celda con 75 personas más. Las ofensas nunca pararon. Fui enviado a la Comandancia 20 de Noviembre donde también fui testigo de cómo los policías golpearon brutalmente a otros dos personas enfrente del comandante a cargo. Hago responsable al licenciado Alberto Capella Ibarra de lo que me pase”.

Fuente: Tijuana Digital

 

El encierro. Foto: Cortesía de Hugo Castro

El encierro. Foto: Cortesía de Hugo Castro

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Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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