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Feminicidios y trata sexual

Policía de Cancún reprime y agrede a periodistas y activistas durante protesta por feminicidio

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Por Ignacio García 

Elementos de la policía de Cancún, Quintana Roo, reprimieron con balazos una manifestación de activistas feministas que protestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, por lo que resultaron dos periodistas que cubrían la movilización.

Alrededor de 400 mujeres activistas que se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron repelidas por parte de elementos de la policía de Cancún, por lo que la periodista Cecilia Solís y el reportero Roberto Becerril resultaron lesionados.

La comunicadora fue herida en el pie izquierdo, mientras que Roberto Becerril fue lesionado en el hombro, aunque también la reportera Selene Hidrogo fue agredida, por lo que los tres periodistas fueron trasladados a la Cruz Roja mexicana, pero las dos primeras fueron internadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las manifestantes exigían justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana, cuyo cuerpo descuartizado fue localizado en un basurero, por lo que pintaron algunas paredes del ayuntamiento de Cancún, situación que provocó que los policías dispersaran la protesta con balas.

Los policías locales detuvieron a 20 personas supuestamente involucradas con las pintas al ayuntamiento y a la fiscalía estatal, mientras que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se comprometió a esclarecer el feminicidio de Bianca Alejandrina, pese a las acciones de violencia contra las manifestantes.

Tras las agresiones contra los periodistas que cubrían la movilización, alrededor de cien comunicadores de distintas regiones de esa entidad se manifestaron sobre la Glorieta de Ceviche para exigir justicia por la violencia que sufren los reporteros en México diariamente.

Según las autoridades estatales, el director la Policía Municipal de Benito Juárez en Cancún, Eduardo Santamaría, ordenó disparar a los manifestantes, pese a que los uniformados no portaban armas de salva, por lo que este día fue destituido por su responsabilidad en las agresiones a los periodistas y manifestantes.

 

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Feminicidios y trata sexual

Poder Judicial suspende nuevamente a jueces del caso Abril por liberar a presunto feminicida

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Por Ignacio García

CDMX.- El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México suspendió temporalmente a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, investigados por conceder la libertad al ex esposo y principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el 29 de noviembre de 2019.

El poder Judicial de la capital del país señaló que para no transgredir la imparcialidad con la que se deben conducir mientras tenga vigencia la indagatoria administrativa en su contra, por lo que pretende que se agilice el proceso de investigación en torno a la actuación de los juzgadores en la sentencia de liberación del presunto feminicida.

Aunque hasta el momento el Poder Judicial capitalino no ha referido si existe algún tipo de responsabilidad en el caso Abril, se determinó que al ser figuras públicas están sujetas al escrutinio público por su actuación en la impartición de justicia en la Ciudad de México.

Una vez que se reanuden las actividades presenciales en el Poder Judicial de la Ciudad de México continuarán las investigaciones en torno a los dos juzgadores para determinar su responsabilidad en dichos incidentes.

El pasado 16 de abril el Consejo de la Judicatura ordenó que ambos jueces fueran reincorporados pero en esta ocasión como juzgadores de trámite, por lo que únicamente se encargarían organizar documentos, pero no de la toma de decisiones, sin embargo, ante la presión ciudadana, por medio de la platafora Change.org, con la que se obtuvieron casi 34 mil firmas, volvieron a suspenderlos.

Los juzgadores son acusados de haber permitido la liberación de Juan Carlos “N”, ex esposo de la víctima, quien previamente había sido señalado de intento de feminicidio, por lo que a las tres semanas de haber sido liberado, Abril fue asesinada en la vía pública.

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Con voz propia

El abominable asesinato de Ingrid Escamilla

Un nuevo feminicidio cimbra la consciencia en CDMX, el de Ingrid Escamilla

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Enrique Domínguez Gutiérrez

Ni la letrina más asquerosa que hayamos visto en nuestra vida merece la deposición de un individuo que asesina a sangre fría y comete un acto tan repulsivo como asesinar a su mujer a puñaladas y desollarla. Una realidad en el que una vez más otra joven mujer es víctima por parte de su pareja, un energúmeno, loco, sádico y desquiciado personaje.

El 8 de febrero, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue privada de su vida por su propio esposo de la manera más artera y vil que se tenga memoria en los últimos años. Apuñalada, desollada, desmembrada. Una gran consternación e indignación en muchos ámbitos de la sociedad mexicana se manifiestan y piden castigo a Eric Francisco Robledo Rosas, aunque, sea cual fuere la justicia aplicada, nada reparará el daño acontecido tanto para la víctima como para sus familiares.

El problema es muy serio y merece gran notoriedad por tratarse nuevamente de un acto misógino, pues un crimen así no tiene por qué volver a ocurrir. No se trata solo de Ingrid, hay cientos de mujeres que son asesinadas años tras año por el hecho de ser mujeres. Algo que nos debe llevar a plantearnos el papel que tenemos en esta sociedad.

Es de ofrecer una disculpa post mortem a las víctimas por parte de una sociedad que no ha sido capaz de frenar esta situación tan dolorosa que deja a las mujeres viviendo en un mundo de terror e incertidumbre, al tener que cuidarse en todo momento de la violencia, atacantes, violadores y en el peor de los casos; carniceros deshumanizados.

Desollar, desmembrar, descuartizar, arrojar las vísceras por el drenaje y odiar de esa manera no es concebible y resulta increíble en un mundo aparentemente civilizado donde el infierno está más cerca de lo que imaginamos o simplemente estamos inmersos ya en él.

Existe aún el prejuicio y el machismo latente que se mantiene en la sangre como un modo de atentar contra la integridad de una mujer y descargar la ira irracional de psicópatas que no se detienen ante nada. El odio es parte de ellos y establecen como premisa su propio egoísmo para sentirse superiores y enarbolar carencias propias de una mentalidad retrógrada que son desquitadas por decenas de formas en perjuicio de la mujer.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 se registraron 411 feminicidios, en 2016, 600; en 2017, 736; en 2018, 861 y en 2019, 940, es decir, de 4 años a la fecha el aumento fue del 128 por ciento.

Rabia, encabronamiento e incluso impotencia es un claro ejemplo de justos reclamos para que se tomen acciones inmediatas dejando a un lado la tibieza de las autoridades. Como reacción, la digna manifestación de mujeres tiene que ser mediática.

Es urgente enfocar los reflectores y emprender de inmediato leyes que promuevan la denuncia rápida sin burocratismos ni trabas para la atención efectiva a mujeres que sufren de cualquier tipo de maltrato.

Denunciar y señalar al agresor no es una tarea fácil, sobre todo, si se trata de efectuar dicho trámite en alguna agencia del ministerio público o en una alcaldía. Es necesario que se presenten pruebas físicas de maltrato, en la mayoría de los casos no existe la atención psicológica a la mano y las penurias de una mujer al hacer señalamientos. No es precisamente algo que se caracterice por ser algo sencillo pues la vulnerabilidad, el agobio psicológico y el abatimiento generan la indefensión al aportar datos y sacar a la luz una serie de vejaciones que en ocasiones resultan indignas para la denunciante, ya sea por pena o por temor a actos pendencieros del agresor.

No dejemos que un acto deshumanizado se normalice en nuestras vidas. El juicio ligero a las mujeres que protestan es una mera reacción de insensibilidad. Pero el silencio profundo ante el fenómeno de los feminicidios, es algo que no podemos perdonarnos como sociedad.

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Fabricación de culpables

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, culpable fabricada, pide intervención de López Obrador

El caso de Claudia Sánchez Mayorga, inculpada falsamente por trata sexual en CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue recluida en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, de Ciudad de México, desde el 5 de septiembre de 2013, víctima de fabricación de culpables, fue golpeada en su detención con cinco meses de embarazo y le retiraron sin consentimiento la matriz y su proceso ha tenido irregularidades violatorias de derechos humanos, por lo que pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de una carta dirigida al mandatario federal, Sánchez Mayorga relató cómo fue detenida en un cateo ilegal a su domicilio, sin que se cumplieran las formalidades del Código Federal de Procedimientos Penales. Durante el cateo de ocho horas fue agredida física y verbalmente por los agentes, estando embarazada de cinco meses.

De acuerdo con la acusada, a su vivienda ingresaron elementos de la Policía Federal y peritos del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), y le impidieron comunicarse con su defensa legal. Expuso que fue trasladada a la SEIDO, sin contar con una orden de aprehensión o de presentación y durante otras ocho horas estuvo aprehendida en dichas instalaciones, ya que los agentes del Ministerio Público dijeron que se trataba de un “caso urgente”.

Agregó que no le permitieron la participación de sus familiares como testigos, ni tampoco le informaron sobre los bienes que extrajeron de su domicilio durante el cateo. Recordó que fue arraigada durante 50 días por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y beneficio de la explotación sexual ajena, aunado a que la orden de aprehensión que le giraron después fue hecha en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, aunque los hechos por los que se le acusan ocurrieron en la Ciudad de México.

Afirmó que ante las irregularidades cometidas en su caso, debe concederse el auto de libertad absolutoria, aunado a que tampoco presentaron pruebas de su supuesta responsabilidad en la comisión de los delitos de fuero federal y ninguno de los acusantes la señala como responsable de esos ilícitos. Incluso, Sánchez Mayorga cuestiona por qué después de estar detenida, una jueza del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, fue quien giró su orden de aprehensión, si lo supuestos hechos que le imputan fueron en la Ciudad de México y ella es originaria y radicaba en esta ciudad.

También enfatizó que ninguna de las supuestas víctimas precisa que fuera ella, no dan su media filiación, ni proporciona datos que acrediten su responsabilidad. Además hubo inclusión de averiguaciones previas que no correspondían al caso por el que se le acusa y no ha sido sometida a ningún juicio conforme a Derecho, y durante su traslado al penal de Nayarit sufrió torturas y distintas agresiones cometidas en su contra y su bebé, a quien además le ponían el número de presidiaria en su ropita.

En 2016, fue trasladada al penal de Morelos con más agresiones, por lo que pidió la intervención del presidente de México para que fuera juzgada conforme a Derecho con las debidas pruebas, pero fue ignorada durante la administración de Enrique Peña Nieto. Dos asociaciones civiles, una bajo la dirección de Rosi Orozco y otra dirigida por Teresa Ulloa, las cuales recibían presupuesto público, les pagaban a las supuestas víctimas de trata 50 mil pesos para que declararan en contra de los acusados, además de las visas humanitarias para internarse en Estados Unidos tramitadas por la SEIDO.

Sánchez Mayorga señaló también que una de las supuestas activistas de acompañamiento a víctimas, Teresa Ulloa, le pidió la cantidad de $4 millones de pesos, para que declarara en su favor, y 418 mil pesos para la representación de Asociación civil Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dirigida por Teresa Ulloa. 

Carta al presidente López Obrador de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga:

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