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La red en lucha

Policía de Baja California detiene arbitrariamente a líder de #MexicaliResiste

Líder del Movimiento #MexicaliResiste por el derecho al agua, León Fierro, fue detenido arbitrariamente por ministeriales en Mexicali por segunda vez

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, Baja California.- Esta mañana, supuestos policías vestidos de civil detuvieron de manera arbitraria, sin orden de aprehensión, al activista por el derecho al agua y líder del movimiento #MexicaliResiste, León Fierro, en la colonia Vallarta de la ciudad de Mexicali en Baja California, después de dejar a su hijo en la secundaria.

Los hechos sucedieron a las 7:15 horas, según los testigos vecinos de la zona, cuando el activista regresaba de dejar a su hijo en la escuela, y vio un auto estacionado frente a su inmueble con el cofre abierto, con dos hombres quienes aparentemente fingían la avería del auto. León, al acercarse para ver si necesitaban ayuda, fue sorprendido por otros hombres también vestidos de civiles que se bajaron de inmediato de otra camioneta pick up blanca y lo subieron a la fuerza al automóvil.

Después de la detención, empezaron a circular varias camionetas blancas del mismo tipo que utilizan los agentes ministeriales en sus operativos, para seguir a la camioneta en la iba recluido el activista.
León Fierro ha sido uno de los impulsores del movimiento #MexicaliResiste que lucha contra la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands por el nivel de consumo de agua que desviaría para su beneficio, poniendo en riesgo el agua potable para la comunidad tratándose de una zona desértica.

Es la segunda vez que el gobierno de Francisco Vega usa la fuerza para la detención arbitraria del activista. La ocasión anterior fue el 14 de marzo de 2018, en un evento organizado por el Ayuntamiento de Mexicali en celebración del aniversario de la ciudad, en el que fue detenido después de gritar “ratero” al funcionario público Francisco Rueda, bajo el argumento de “alterar el orden público”.

Detenido el 14 de marzo 2018 por gritar “ratero” a funcionario público. Foto: sintesistv.com

Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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España

Autoritarismo del Estado español reprime la libertad de expresión: caso Hásel

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

En definitiva, el ominoso encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél por sus canciones críticas al régimen de su país y por las que fue acusado de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, nos obliga a entender por mínimo que sea qué ocurre al respecto en suelo ibérico.

Y para ello, es importante revisar la información que nos proporciona Amnistía Internacional en su sitio web de España (nota del 10/02/21). En dicho sitio nos enteramos de que el Estado español ha firmado diversos tratados internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión, tanto para buscar o recibir como para difundir información o ideas. 

No obstante, en el Código Penal español existe el artículo 578, que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo, sin cumplir con normas internacionales en su formulación, y que permite múltiples interpretaciones dependiendo de quién es el sujeto que acusa y quién es la persona acusada. Por ejemplo: en tanto que Hasél es encarcelado, una manifestación pronazi y abiertamente antijudía transcurrió sin mayor problema por esos días.

Más aún, es relevante señalar que ha habido alrededor de 82 españoles condenados por enaltecimiento del terrorismo en el lapso de 2016 a 2020, sobre todo por expresarse en redes sociales a través de mensajes, imágenes, videos, canciones u otros medios propios de ese tipo de formas de comunicación.

Cabe agregar que dentro de los compromisos signados por España con respecto al ejercicio de la libertad de expresión existen algunas limitaciones, considerando el derecho internacional, las cuales deben ser establecidas en la ley de una manera absolutamente clara y accesible, con la única condición de perseguir fines legítimos específicos, como la preservación de la seguridad nacional y el orden público, y proteger los derechos de otras personas en los casos de apología del odio. Además de cumplir con ser manifiestamente necesarias y proporcionales.

En suma, que no se respetan dichas limitaciones, y que fundamentalmente deberían esgrimir los encargados de la administración de la justicia que sólo se penalizará la incitación directa a la violencia. Por esto y lo anterior referido,  “Amnistía Internacional considera que usar el Código Penal (español actual) con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima viola la libertad de expresión”.

Por otro lado, es necesario añadir que España ha sido condenada en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2011, 2016 y 2018, por aplicar y sentenciar a sus ciudadanos en términos del numeral correspondiente al delito de injurias a la Corona, lo cual se traduce en flagrante violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Como bien se desprende, el autoritarismo del Estado español es innegable. Prácticamente no se puede realizar crítica alguna a través de redes sociales o por otros medios a las instituciones gubernamentales, sobre todo por personas y grupos de filiación de izquierda, o por gente común, como tampoco por artistas, cantantes, actores y periodistas. Y todo esto es sumamente cuestionable e inadmisible.

Mientras tanto, Pablo Hasél se encuentra preso. Y ahora le han imputado un nuevo delito, el de obstrucción a la justicia y amenazas, por el cual tendrá que purgar una pena de dos años y medio, que se suma a los nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de 30,000 euros de multa por los delitos arriba señalados. En medio de una serie de muestras de protesta por varias ciudades de España por jóvenes que exigen su libertad inmediata, quienes han sido objeto de violencia desproporcionada por parte de los cuerpos policiacos.

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La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

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La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

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