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México de conciencia

Policía comunitaria podría desconocer a alcalde del PRI en Olinalá

La Policía comunitaria de Temacalatzingo, municipio de Olinalá, analiza con asambleas si se desconoce al alcalde priista Eusebio González por complot y agresiones

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Arribo de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) al municipio de Tototepec por una gestión de seguridad. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TEMALACATZINGO, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) anunció que convocará a asambleas comunitarias para determinar si desconocen al presidente municipal priísta de Olinalá Eusebio González Rodríguez por “prestarse torpemente a agresiones y chantajes formando parte del complot contra la PCP de Temalacatzingo.

Dicha postura, se da luego de que durante una reunión convocada por el edil fue detenido el comisario municipal de Zontecomatlán, José Luis Refugio Pareja, sin que policías estatales presentaran orden de aprehensión por “órdenes de arriba”.

En un comunicado la Policía Ciudadana afirma que el alcalde juega un doble papel al decir que por un lado apoya y está de acuerdo con la PCP y, por otro, le tiende una trampa al comisario.

Los Consejos de Gobierno Seguridad y Justicia de la PCP, presentes en Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán, señalaron en el documento que antes no habían cuestionado la función del alcalde, el síndico procurador y el director de Seguridad pública de facilitar la violencia y conductas antisociales, pero ahora públicamente les piden una explicación del cambio de actitud.

Signada en Temalacatzingo, la carta denuncia la detención arbitaria y violencia sicológica perpetrada semanas antes, primero contra el comisario de Chiaucingo, municipio de Cualac, y ahora en contra del comisario de Zontecomatlán, Olinalá, José Luis Refugio Pareja, cuya comunidad está adscrita a la PCP.

La detención se ejecutó el 14 de abril a las diez y media de la mañana cuando el comisario acudió al llamado del presidente municipal priísta Eusebio González Rodríguez para presuntamente tratar asuntos de interés para la comunidad, lo cual fue falso, denunció la PCP.

A decir de la Policía Ciudadana y Popular, el alcalde les indicó a comisarios que él está de acuerdo con la reforma educativa y les pidió a las autoridades oponerse a los maestros que están en contra de la reforma para que éstos sean cesados.

Después, les pidió pasar a una sala de sus oficinas y cuando se trasladaban, la autoridad municipal de Zontecomatlán fue detenida por la Policía estatal. En su hipótesis, la PCP afirma que el comisario fue “puesto” por el edil para poder ser levantado por la policía.

La institución de seguridad comunitaria reclama que nunca lo presentaron al MP de Olinalá. En cambio, lo llevaron a Tlapa, torturándolo sicológicamente y cuando preguntó la causa de su detención le dijeron que no sabían, que la orden fue dada desde la capital del Estado y que «gente de la SAI ya sabía del caso».

La PCP repudia el hecho y lo califica como una muestra más de la violencia institucional que existen en el país y el Estado al estar empeñado el gobierno en destruir la organización de los pueblos indígenas.

La Policía Ciudadana y Popular está consultando a las comunidades para tener un protocolo cuando ocurran estas situaciones, porque “no permitiremos más atropellos e injusticias de los que supuestamente envían para brindar seguridad a la población (policía estatal, policía municipal, marina, ejercito)”, atajaron.

La Policía Ciudadana y Popular reprueba que integrantes de las fuerzas de seguridad actúen diciendo, “en nombre de la ley nosotros actuamos, porque tenemos órdenes desde arriba” como lo han pronunciado diversos elementos de seguridad durante las detenciones arbitrarias.

Los Consejos de Gobierno Seguridad y Justicia afirman que el comisario municipal miembro de la PCP no tiene antecedentes penales ni problemas con la comunidad además de contar con el aval de la asamblea de su pueblo que lo nombró comisario.

La PCP indica en el documento que ante estos hechos de provocación tendrá medidas pacíficas para disuadir a la policía y el ejército de acciones que violan la ley que dicen representar.

Por otra parte, aseguran que con sus acciones han inhibido las operaciones de la delincuencia organizada y con los últimos atentados en su contra están “encontrando el hilo conductor que nos lleva adonde se ocultan los de la delincuencia…”, pero esto deberá ser confirmado, reviran.

La PCP amaga con cerrar el paso a los agresores uniformados y con charola si vuelven a incurrir en ese tipo de acciones y los responsabiliza de lo que ocurra, además de que se movilizarán a donde sea necesario para ir por sus compañeros incluyendo la capital de la República Mexicana.

Por último luego de enfatizar que han gritado que no quieren la guerra ni están contra las instituciones además de estar abiertos al diálogo y al entendimiento al no representar el sistema un riesgo para nadie cuestionan porque los policías y el ejército se conduce de esa manera contra indígenas nahuas, ¿eso es legalidad?, preguntan.

Rondines de la Marina en comunidad donde levantaron y torturaron a un joven nahua

Se conoció por otra parte, que en Nuevo Paraíso municipio de Cualac, lugar donde presuntos miembros de la Marina que vestían uniforme militar e iban en dos camionetas una gris y otra al parecer particular, se llevaron a un joven de 20 años, lo torturaron preguntándole por las armas, encintándolo para después soltarlo en un pueblo cercano. Este lunes pasado hubo rondines durante la tarde por parte de la Marina.

A decir de un testigo, ese mismo día alrededor de las diez de la mañana, marinos a bordo de una camioneta gris anduvieron por el pueblo e hicieron algunos cuestionamientos a vecinos del lugar.

Los familiares de la víctima, el joven nahua Leonardo Pérez Guzmán han manifestado que no quieren que se vuelvan a repetir las agresiones en contra de su hijo y están recibiendo asesoría del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

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INE multa a partidos políticos con más de 673 mdp por irregularidades en proceso electoral 2021

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El INE multó a los partidos políticos por más de 600 millones de pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 673 millones de pesos a los partidos políticos por diferentes irregularidades detectadas en el proceso electoral de 2021 por ingresos y gastos que ejercieron en los comicios federales intermedios. Los institutos políticos que tuvieron multan más cuantiosas fue Morena, PRI y el PAN.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con el 82 por ciento del total de los recursos cobrados, ya que el organismo autónomo independiente identificó egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, y registro extemporáneos de operaciones.

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El consejero electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez, dijo que originalmente se contemplaba una sanción de 900 millones de pesos a los partidos políticos, pero después de las modificaciones en la fiscalización se redujeron casi una tercera parte de las multas, a 673 millones de pesos, aunque Morena recibirá una multa superior a los 300 millones de pesos.

Sin embargo, el representante de Morena ante el INE, Euripides Flores Pacheco, consideró que se trata de una inquisición electoral en contra del partido guinda y que se trata de una revancha contra el instituto político por la reforma electoral.

Por su parte, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, expuso que los partidos políticos deben cumplir con la entrega de los documentos necesarios para la fiscalización de los documentos necesarios, debido a que se han incumplido con los requerimientos establecidos en el Código Electoral.

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Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció en contra de estas modificaciones, al considerar que le cobran más recursos económicos que los que les corresponden, por lo cual iniciarán acciones legales al respecto. Otros partidos, como Movimiento Ciudadano o PRD, no se han pronunciado respecto a estas multas.

 

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Comerciantes ambulantes de Tepito son obligados a participar en marcha de AMLO

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Julieta cornejo, lider de tianguistas de Tepito, obliga a los comerciantes a ir a la marcha de amlo

 

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes Tianguistas del Barrio de Tepito, Julieta Cornejo Campos, obligó a los comerciantes ambulantes de la zona participar en la marcha de este domingo a favor del cuarto aniversario del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un documento oficial, la dirigente de los comerciantes pidió el apoyo de todos los agremiados para participar en la marcha de este domingo a partir de las 07:00 horas en la calle Misisipi, y en la avenida Reforma, acompañados de otras dos personas.

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La representante de los ambulantes de Tepito solicitó que todos los comerciantes del barrio participen de forma obligatoria y por ello no aceptará excusas ni pretextos para ausentarse de la movilización.

En caso de que los comerciantes no acudan a la marcha serán suspendidos durante toda la temporada 2022-2023, por lo cual aseveró pasarán lista de asistencia en el punto de encuentro para que se cercioren de la participación de los comerciantes en la movilización que se desarrollará por las principales calles de la Ciudad de México.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se obliguen a las personas a participar en la marcha, en diferentes espacios públicos como el Metro de la capital del país se han colocado anuncios para pedir la asistencia de la ciudadanía en las movilizaciones.

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López Obrador anunció una marcha con motivo del cuarto aniversario de su gobierno, después de la marcha que se realizó el pasado 13 de noviembre por distintos puntos del país en contra de la reforma electoral que propuso para eliminar la figura del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

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TEPJF determina que Layda Sansores incurrió en violencia política de género

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Layda Sansores, gobernadora de Campeche, incurrió en violencia política de género en contra de las diputadas del PRI

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, incurrió en violencia política de género al asegurar que diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enviaron fotografías íntimas al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Los togados señalaron que la mandataria estatal afectó los derechos políticos electorales de las legisladoras federales priístas y por ello le ordenaron eliminar las publicaciones en las que se difundan esos mensajes referidos y emitir una disculpa pública.

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De acuerdo con el TEPJF, las diferentes redes sociales como Facebook, Whatsapp e Instagram deben asegurarse de no dar a conocer actos que constituyan posibles actos de violencia política de género.

Por ello, exhortó a Meta ampliar sus políticas para que se detecten y reporten los casos de violencia política de género, con la finalidad de denunciar cualquier tipo de agresiones contra las mujeres con violencia política de género.

La diputada federal Paloma Sánchez interpuso la queja ante el TEPJF por las declaraciones de la gobernadora emanada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunado a que también el coordinador del grupo parlamentario del Senado, Ricardo Monreal, promovió un incidente de violación por la difusión de mensajes promovidos en su contra.

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La gobernadora de Campeche expresó que seguirá dando a conocer información relacionada con diferentes servidores públicos, por lo cual aseveraron que se han cometido distintos actos de corrupción.

Por su parte, la propia diputada del PRI Paloma Sánchez compartió las notas de medios de comunicación que notificaban la determinación del TEPJF, en el que recalcaban que Layda Sansores sí había cometido violencia política de género en contra de las legisladoras del tricolor.

 

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