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Justicia pendiente

Policía comunitaria exige reconocimiento legal al gobierno mexicano

La Policía comunitaria de la Montaña Guerrero exigió al gobierno mexicano se concrete su reconocimiento legal a través de una serie de reformas y la liberación de los presos políticos.

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Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Por Sergio Ferrer

HORCASITAS, San Luis Acatlán, Guerrero.-Al finalizar el evento por el 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), consejeros exigieron a los representantes del gobierno estatal quienes acudieron en helicóptero al evento, César Flores Maldonado, asesor del gobernador Astudillo, y Tulio Pérez Calvo, subsecretario de Administración y Finanzas, crear una consulta adecuada sobre la reforma a la Ley 701, emplazar al Congreso a generar un presupuesto no discrecional para el funcionamiento de la Comunitaria y liberar a los presos políticos de esta organización como parte del reconocimiento legal del gobierno.

Pablo Guzmán, consejero de la CRAC-PC, quien tomó el micrófono durante el pleno de la asamblea el segundo día después de un desfile en el cual participaron los funcionarios públicos, pidió al gobierno respeto para la Policía Comunitaria y escuchar sus demandas. A la mitad del discurso, el asesor del gobernador, Flores Maldonado, dejó de escribir las peticiones y se le notó incómodo. Cuando concluyó el consejero Guzmán, fue abordado por Maldonado y le cuestionó «si ellos habían estado desde las 8:30 para escucharlos por qué ahora decía estos puntos que podían ser tratados antes¨. Abundó el funcionario que ya había escuchado las palabras de tres consejeros, tras afirmar que él -atendiera o no la CRAC- le pagaban su salario, por lo que no tenía ningún interés particular en esta, sino sólo quería estabilidad para la región por medio de “llevar la fiesta en paz”.

Después de acordar con los consejeros que se enviarían las peticiones oficialmente y se buscaría un diálogo, Maldonado fue abordado por algunos reporteros para preguntarle sobre la situación de los presos políticos de la Comunitaria, y tras contestar algunas palabras decidió tomar el micrófono. Reiteró que el gobierno está abierto al diálogo con los presos políticos, además de que el gobernador tiene interés en que haya estabilidad política en la región por lo que solicitaría su permiso para establecer  una ruta de trabajo institucional con la Fiscalía y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respetando los poderes y la autonomía de la Fiscalía, para esperar resultados para los detenidos.

Apuntó que se buscará la revisión de un presupuesto para la CRAC-PC, para que sea analizado en el Congreso del Estado. Y de la Ley 701 sólo dijo que coincide en que sea consultada, y reconoció a la Policía Comunitaria porque «mientras en otras regiones hay asesinatos y una efervescencia de quienes quieren delinquir, en las áreas de la Comunitaria los delitos son muy pocos».

Los planteamientos se hicieron luego de que los funcionarios arribaran a la comisaría y se reunieran en privado por la mañana con unas 20 personas, entre las cuales estaban los coordinadores de la Casa de Justicia de Colombia de Guadalupe (antes Espino Blanco), así como comisarios municipales de algunas localidades a los cuales los escucharon mientras pedían obras de infraestructura específicas para sus comunidades. Una de las autoridades comunitarias señaló que anunciaría cuánto dinero fue otorgado por el gobierno para la celebración, pero llegó el momento del desayuno y se abstuvo de dar la información.

Pablo Guzmán, resumió en su participación varios temas tratados por las mesas de trabajo y cuestiones del actual funcionamiento de la Comunitaria. Enfatizó en sus demandas al gobierno del Estado la libertad de los presos políticos, así como el pronunciamiento por el apoyo real a la Policía Comunitaria -que en vía del 15 de marzo fecha en que se busca reformar a Ley 701- sea una reforma progresista y favorable, que adicione más derechos. El consejero destacó que el gobierno había tenido tres años para generar las etapas de una consulta sobre la reforma, pero no lo había hecho, incluso al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, el pleno le negó la realización de tres foros.

Guzmán acotó que no quieren confrontación con el gobierno federal, sino un diálogo de respeto. En referencia al gobierno, dijo que ellos «no les dan armas ni uniformes ni pagan salarios para que los repriman o los dejen transitar». En el mismo sentido pidió un diálogo abierto con el gobierno del Estado, para que dejen de «comprar por unos cuantos pesos a algunas personas, ya que la situación de seguridad y justicia va más allá de las alianzas convenidas».

Señaló que son 1 500 millones de pesos que tiene de presupuesto la Secretaría de Seguridad Pública, en San Luis Acatlán. Mensualmente tienen presupuestado un millón y medio de pesos, pero el gobierno sólo le da 100 mil pesos a la CRAC-PC. Se posicionó para que las gestiones no sólo sean con coordinadores o discrecionales, sino abiertas a que toda la Comunitaria sepa que sucede.

Representantes de tres casas de justicia y siete comités de enlaces de la CRAC-PC; policías comunitarios, consejeros regionales, coordinadores, autoridades comunitarias, se reunieron durante dos días para dialogar acerca de aspectos como la defensa del territorio, reformas al reglamento interno, la situación de la reforma en marzo de la Ley 701, así como la articulación de luchas sociales en la comunidad de Horcasitas.

Después de este aniversario, la Policía Comunitaria coordinará su propia consulta a las comunidades en sus lenguas originales respecto a la reforma de la Ley 701, ya que incluso las propias asambleas de la CRAC pueden hacer la función de consulta. Se habló que se debe considerar la voz, no a modo de los pueblos na savi, nahuas, me´phaa, nancue, y afromexicanos. Se comentó que existen protocolos de consulta establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajos para los Pueblos Originarios y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CRAC-PC, buscará que lo mínimo a aceptar sea que se amplíen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para lo cual solicitarán acompañamiento y observación de organismos internacionales y abogados solidarios como los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuyo director Abel Barrera asistió a las mesas de trabajo.

Otras tareas son la generación de un mejor reglamento interno que defina qué es un Territorio comunitario, que contenga tres niveles de organización, y la atención de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear un catálogo de delitos y sanciones en términos de re-educación y no de castigo.

Al acto acudieron integrantes de diversas organizaciones, así como activistas de Xochicuautla, Estado de México, quienes en defensa de su territorio solicitaron a la Policía Comunitaria hacer frente conjunto contra el despojo y los abusos.

En el pueblo de Horcasitas, asentado entre cerros en la Costa Chica, las señoras cocinaron en el atrio de la iglesia, hubo un baile popular y venta de café y productos elaborados en Territorio Comunitario así como vendedores de artesanía de Tlapa.

Entre otros funcionarios que acudieron al aniversario fueron los alcaldes de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, Tlacoachistlahuaca, Javier Muñoz y al final el de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández.

 

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Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Justicia pendiente

CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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