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Justicia pendiente

Policía comunitaria exige reconocimiento legal al gobierno mexicano

La Policía comunitaria de la Montaña Guerrero exigió al gobierno mexicano se concrete su reconocimiento legal a través de una serie de reformas y la liberación de los presos políticos.

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Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Por Sergio Ferrer

HORCASITAS, San Luis Acatlán, Guerrero.-Al finalizar el evento por el 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), consejeros exigieron a los representantes del gobierno estatal quienes acudieron en helicóptero al evento, César Flores Maldonado, asesor del gobernador Astudillo, y Tulio Pérez Calvo, subsecretario de Administración y Finanzas, crear una consulta adecuada sobre la reforma a la Ley 701, emplazar al Congreso a generar un presupuesto no discrecional para el funcionamiento de la Comunitaria y liberar a los presos políticos de esta organización como parte del reconocimiento legal del gobierno.

Pablo Guzmán, consejero de la CRAC-PC, quien tomó el micrófono durante el pleno de la asamblea el segundo día después de un desfile en el cual participaron los funcionarios públicos, pidió al gobierno respeto para la Policía Comunitaria y escuchar sus demandas. A la mitad del discurso, el asesor del gobernador, Flores Maldonado, dejó de escribir las peticiones y se le notó incómodo. Cuando concluyó el consejero Guzmán, fue abordado por Maldonado y le cuestionó «si ellos habían estado desde las 8:30 para escucharlos por qué ahora decía estos puntos que podían ser tratados antes¨. Abundó el funcionario que ya había escuchado las palabras de tres consejeros, tras afirmar que él -atendiera o no la CRAC- le pagaban su salario, por lo que no tenía ningún interés particular en esta, sino sólo quería estabilidad para la región por medio de “llevar la fiesta en paz”.

Después de acordar con los consejeros que se enviarían las peticiones oficialmente y se buscaría un diálogo, Maldonado fue abordado por algunos reporteros para preguntarle sobre la situación de los presos políticos de la Comunitaria, y tras contestar algunas palabras decidió tomar el micrófono. Reiteró que el gobierno está abierto al diálogo con los presos políticos, además de que el gobernador tiene interés en que haya estabilidad política en la región por lo que solicitaría su permiso para establecer  una ruta de trabajo institucional con la Fiscalía y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respetando los poderes y la autonomía de la Fiscalía, para esperar resultados para los detenidos.

Apuntó que se buscará la revisión de un presupuesto para la CRAC-PC, para que sea analizado en el Congreso del Estado. Y de la Ley 701 sólo dijo que coincide en que sea consultada, y reconoció a la Policía Comunitaria porque «mientras en otras regiones hay asesinatos y una efervescencia de quienes quieren delinquir, en las áreas de la Comunitaria los delitos son muy pocos».

Los planteamientos se hicieron luego de que los funcionarios arribaran a la comisaría y se reunieran en privado por la mañana con unas 20 personas, entre las cuales estaban los coordinadores de la Casa de Justicia de Colombia de Guadalupe (antes Espino Blanco), así como comisarios municipales de algunas localidades a los cuales los escucharon mientras pedían obras de infraestructura específicas para sus comunidades. Una de las autoridades comunitarias señaló que anunciaría cuánto dinero fue otorgado por el gobierno para la celebración, pero llegó el momento del desayuno y se abstuvo de dar la información.

Pablo Guzmán, resumió en su participación varios temas tratados por las mesas de trabajo y cuestiones del actual funcionamiento de la Comunitaria. Enfatizó en sus demandas al gobierno del Estado la libertad de los presos políticos, así como el pronunciamiento por el apoyo real a la Policía Comunitaria -que en vía del 15 de marzo fecha en que se busca reformar a Ley 701- sea una reforma progresista y favorable, que adicione más derechos. El consejero destacó que el gobierno había tenido tres años para generar las etapas de una consulta sobre la reforma, pero no lo había hecho, incluso al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, el pleno le negó la realización de tres foros.

Guzmán acotó que no quieren confrontación con el gobierno federal, sino un diálogo de respeto. En referencia al gobierno, dijo que ellos «no les dan armas ni uniformes ni pagan salarios para que los repriman o los dejen transitar». En el mismo sentido pidió un diálogo abierto con el gobierno del Estado, para que dejen de «comprar por unos cuantos pesos a algunas personas, ya que la situación de seguridad y justicia va más allá de las alianzas convenidas».

Señaló que son 1 500 millones de pesos que tiene de presupuesto la Secretaría de Seguridad Pública, en San Luis Acatlán. Mensualmente tienen presupuestado un millón y medio de pesos, pero el gobierno sólo le da 100 mil pesos a la CRAC-PC. Se posicionó para que las gestiones no sólo sean con coordinadores o discrecionales, sino abiertas a que toda la Comunitaria sepa que sucede.

Representantes de tres casas de justicia y siete comités de enlaces de la CRAC-PC; policías comunitarios, consejeros regionales, coordinadores, autoridades comunitarias, se reunieron durante dos días para dialogar acerca de aspectos como la defensa del territorio, reformas al reglamento interno, la situación de la reforma en marzo de la Ley 701, así como la articulación de luchas sociales en la comunidad de Horcasitas.

Después de este aniversario, la Policía Comunitaria coordinará su propia consulta a las comunidades en sus lenguas originales respecto a la reforma de la Ley 701, ya que incluso las propias asambleas de la CRAC pueden hacer la función de consulta. Se habló que se debe considerar la voz, no a modo de los pueblos na savi, nahuas, me´phaa, nancue, y afromexicanos. Se comentó que existen protocolos de consulta establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajos para los Pueblos Originarios y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CRAC-PC, buscará que lo mínimo a aceptar sea que se amplíen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para lo cual solicitarán acompañamiento y observación de organismos internacionales y abogados solidarios como los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuyo director Abel Barrera asistió a las mesas de trabajo.

Otras tareas son la generación de un mejor reglamento interno que defina qué es un Territorio comunitario, que contenga tres niveles de organización, y la atención de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear un catálogo de delitos y sanciones en términos de re-educación y no de castigo.

Al acto acudieron integrantes de diversas organizaciones, así como activistas de Xochicuautla, Estado de México, quienes en defensa de su territorio solicitaron a la Policía Comunitaria hacer frente conjunto contra el despojo y los abusos.

En el pueblo de Horcasitas, asentado entre cerros en la Costa Chica, las señoras cocinaron en el atrio de la iglesia, hubo un baile popular y venta de café y productos elaborados en Territorio Comunitario así como vendedores de artesanía de Tlapa.

Entre otros funcionarios que acudieron al aniversario fueron los alcaldes de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, Tlacoachistlahuaca, Javier Muñoz y al final el de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández.

 

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

Lee más: La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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