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Justicia pendiente

Policía comunitaria exige reconocimiento legal al gobierno mexicano

La Policía comunitaria de la Montaña Guerrero exigió al gobierno mexicano se concrete su reconocimiento legal a través de una serie de reformas y la liberación de los presos políticos.

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Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Por Sergio Ferrer

HORCASITAS, San Luis Acatlán, Guerrero.-Al finalizar el evento por el 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), consejeros exigieron a los representantes del gobierno estatal quienes acudieron en helicóptero al evento, César Flores Maldonado, asesor del gobernador Astudillo, y Tulio Pérez Calvo, subsecretario de Administración y Finanzas, crear una consulta adecuada sobre la reforma a la Ley 701, emplazar al Congreso a generar un presupuesto no discrecional para el funcionamiento de la Comunitaria y liberar a los presos políticos de esta organización como parte del reconocimiento legal del gobierno.

Pablo Guzmán, consejero de la CRAC-PC, quien tomó el micrófono durante el pleno de la asamblea el segundo día después de un desfile en el cual participaron los funcionarios públicos, pidió al gobierno respeto para la Policía Comunitaria y escuchar sus demandas. A la mitad del discurso, el asesor del gobernador, Flores Maldonado, dejó de escribir las peticiones y se le notó incómodo. Cuando concluyó el consejero Guzmán, fue abordado por Maldonado y le cuestionó «si ellos habían estado desde las 8:30 para escucharlos por qué ahora decía estos puntos que podían ser tratados antes¨. Abundó el funcionario que ya había escuchado las palabras de tres consejeros, tras afirmar que él -atendiera o no la CRAC- le pagaban su salario, por lo que no tenía ningún interés particular en esta, sino sólo quería estabilidad para la región por medio de “llevar la fiesta en paz”.

Después de acordar con los consejeros que se enviarían las peticiones oficialmente y se buscaría un diálogo, Maldonado fue abordado por algunos reporteros para preguntarle sobre la situación de los presos políticos de la Comunitaria, y tras contestar algunas palabras decidió tomar el micrófono. Reiteró que el gobierno está abierto al diálogo con los presos políticos, además de que el gobernador tiene interés en que haya estabilidad política en la región por lo que solicitaría su permiso para establecer  una ruta de trabajo institucional con la Fiscalía y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respetando los poderes y la autonomía de la Fiscalía, para esperar resultados para los detenidos.

Apuntó que se buscará la revisión de un presupuesto para la CRAC-PC, para que sea analizado en el Congreso del Estado. Y de la Ley 701 sólo dijo que coincide en que sea consultada, y reconoció a la Policía Comunitaria porque «mientras en otras regiones hay asesinatos y una efervescencia de quienes quieren delinquir, en las áreas de la Comunitaria los delitos son muy pocos».

Los planteamientos se hicieron luego de que los funcionarios arribaran a la comisaría y se reunieran en privado por la mañana con unas 20 personas, entre las cuales estaban los coordinadores de la Casa de Justicia de Colombia de Guadalupe (antes Espino Blanco), así como comisarios municipales de algunas localidades a los cuales los escucharon mientras pedían obras de infraestructura específicas para sus comunidades. Una de las autoridades comunitarias señaló que anunciaría cuánto dinero fue otorgado por el gobierno para la celebración, pero llegó el momento del desayuno y se abstuvo de dar la información.

Pablo Guzmán, resumió en su participación varios temas tratados por las mesas de trabajo y cuestiones del actual funcionamiento de la Comunitaria. Enfatizó en sus demandas al gobierno del Estado la libertad de los presos políticos, así como el pronunciamiento por el apoyo real a la Policía Comunitaria -que en vía del 15 de marzo fecha en que se busca reformar a Ley 701- sea una reforma progresista y favorable, que adicione más derechos. El consejero destacó que el gobierno había tenido tres años para generar las etapas de una consulta sobre la reforma, pero no lo había hecho, incluso al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, el pleno le negó la realización de tres foros.

Guzmán acotó que no quieren confrontación con el gobierno federal, sino un diálogo de respeto. En referencia al gobierno, dijo que ellos «no les dan armas ni uniformes ni pagan salarios para que los repriman o los dejen transitar». En el mismo sentido pidió un diálogo abierto con el gobierno del Estado, para que dejen de «comprar por unos cuantos pesos a algunas personas, ya que la situación de seguridad y justicia va más allá de las alianzas convenidas».

Señaló que son 1 500 millones de pesos que tiene de presupuesto la Secretaría de Seguridad Pública, en San Luis Acatlán. Mensualmente tienen presupuestado un millón y medio de pesos, pero el gobierno sólo le da 100 mil pesos a la CRAC-PC. Se posicionó para que las gestiones no sólo sean con coordinadores o discrecionales, sino abiertas a que toda la Comunitaria sepa que sucede.

Representantes de tres casas de justicia y siete comités de enlaces de la CRAC-PC; policías comunitarios, consejeros regionales, coordinadores, autoridades comunitarias, se reunieron durante dos días para dialogar acerca de aspectos como la defensa del territorio, reformas al reglamento interno, la situación de la reforma en marzo de la Ley 701, así como la articulación de luchas sociales en la comunidad de Horcasitas.

Después de este aniversario, la Policía Comunitaria coordinará su propia consulta a las comunidades en sus lenguas originales respecto a la reforma de la Ley 701, ya que incluso las propias asambleas de la CRAC pueden hacer la función de consulta. Se habló que se debe considerar la voz, no a modo de los pueblos na savi, nahuas, me´phaa, nancue, y afromexicanos. Se comentó que existen protocolos de consulta establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajos para los Pueblos Originarios y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CRAC-PC, buscará que lo mínimo a aceptar sea que se amplíen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para lo cual solicitarán acompañamiento y observación de organismos internacionales y abogados solidarios como los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuyo director Abel Barrera asistió a las mesas de trabajo.

Otras tareas son la generación de un mejor reglamento interno que defina qué es un Territorio comunitario, que contenga tres niveles de organización, y la atención de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear un catálogo de delitos y sanciones en términos de re-educación y no de castigo.

Al acto acudieron integrantes de diversas organizaciones, así como activistas de Xochicuautla, Estado de México, quienes en defensa de su territorio solicitaron a la Policía Comunitaria hacer frente conjunto contra el despojo y los abusos.

En el pueblo de Horcasitas, asentado entre cerros en la Costa Chica, las señoras cocinaron en el atrio de la iglesia, hubo un baile popular y venta de café y productos elaborados en Territorio Comunitario así como vendedores de artesanía de Tlapa.

Entre otros funcionarios que acudieron al aniversario fueron los alcaldes de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, Tlacoachistlahuaca, Javier Muñoz y al final el de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández.

 

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Justicia pendiente

Comisión de la Verdad investiga a responsables de la “Guerra Sucia”

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La Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió la convocatoria para investigar a los responsables de la “Guerra Sucia” que emprendió el gobierno federal contra guerrilleros y grupos insurgentes en la década de los setenta.

El organismo de investigación pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se comprometa a investigar con detalle los casos de tortura, desaparición y asesinatos que se presentaron durante la denominada guerra sucia, para que este suceso no se mantenga en impunidad.

Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión, refirió que pasaron de 13 a dos ministerios públicos que se encuentran trabajando en el caso de la desaparición de las víctimas de los ataques armados protagonizados por el gobierno federal.

La Comisión de la Verdad supuso que existen alrededor de mil víctimas relacionadas con el incidente, pero a ello se suman cuatro personas por cada víctima moirtal contabilizada, y se estiman que cerca de 800 personas del Frente Nacional democrático (FND) fallecieron por este fenómeno.

De la misma manera, la Comisión de la Verdad ha contabilizado víctimas fatales relacionadas con masacres ocurridas en esta temporalidad en las sierras de Puebla e Hidalgo, mismas que no se documentaron en un inicio por parte de las autoridades federales.

Asimismo, el organismo señaló que el Estado mexicano castigaba y aniquilaba a los disidentes del régimen, administraba el crimen y perseguía a los opositores políticos que pudieran representar una amenaza a la estabilidad social, por lo cual estas acciones se implementaron principalmente en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

 

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SutNotimex legitima su Contrato Colectivo de Trabajo y ratifica Huelga de casi tres años

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Redacción

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que ya legitimó su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), con una participación de 89 por ciento de afiliados con derecho a voto, quienes en su totalidad votaron a favor.

Esto ratifica y fortalece la defensa de los derechos laborales y colectivos que llevan a cabo con la huelga que cumplirá tres años el próximo 21 de febrero. Este fin de semana, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió la Constancia de Legitimiación del CCT celebrado entre el SutNotimex y Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, tras la votación que se realizó el pasado 7 de enero, con base en lo estipulado en el nuevo modelo laboral, derivado de la reforma de 2019.

La constancia fue emitida “en virtud de que en la consulta que se realizó el pasado 7 de enero del 2023, en el estado de la Ciudad de México, las y los trabajadores, mediante voto personal, libre, directo y secreto, otorgaron el respaldo mayoritario al Contrato Colectivo de Trabajo que los rige, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos y normas previstas por la Ley Federal del Trabajo y el Protocolo de Legitimación establecido para tal efecto”, indica el documento.

Leer más: Notimex: SutNotimex pide intervención de la OIT para solucionar huelga que cumple mil días (losangelespress.org)

 

Durante el proceso de votación se contó con personal de verificación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como observadores externos con la debida acreditación ante la autoridad correspondiente, y observadores de organizaciones solidarias.

Con este proceso, además de cumplir con la obligatoriedad establecida para los sindicatos con la reforma laboral, se confirma una vez más la voluntad de las y los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano para defender sus derechos laborales y su Contrato Colectivo de Trabajo, motivo de fondo por el que estalló la huelga en Notimex, el 21 de febrero de 2020.

El SutNotimex destaca la gran resistencia y unidad que mantienen los y las trabajadoras en huelga de Notimex (80 por ciento son mujeres), y demuestran que este movimiento es legítimo y reconocido por las autoridades en materia laboral.

Esta organización sindical reitera su voluntad de diálogo y conciliación para encontrar una solución a la huelga, tal como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder levantar a la agencia de noticias de los mexicanos.

Exhortamos a la dirección de Notimex y a los funcionarios encargados del tema a que muestren voluntad para ello, y atendamos la instrucción reiterada del primer mandatario.

Por último, el SutNotimex agradece a todas las organizaciones sindicales, obreras, campesinas y sociales, así como a la población en general, que han manifestado su solidaridad, apoyo y respaldo a esta huelga que ya es la más larga de un organismo de gobierno en nuestro país.

Entérate: Sanjuana Martínez erogó total del presupuesto 2020 de Notimex, en huelga: 222 mdp sin transparentar – (losangelespress.org)

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Segob rechaza sentencia de la CIDH sobre eliminación de arraigo y prisión preventiva

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Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado mexicano para eliminar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, rechazó que este organismo pueda estar por encima de la constitución política mexicana que validó estos mecanismos.

El encargado de la política interna del país refirió que la sentencia de la CIDH pretende faltarle el respeto al Estado mexicano, ya que la constitución política mexicana es la encargada de garantizar estabilidad social, política y económica del país.

De acuerdo con el ex gobernador de Tabasco, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la constitución mexicana para avalar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa a excepción de los delitos de defraudación fiscal.

Adán Augusto López mencionó que la carta magna es uno de los orgullos de los mexicanos, por lo cual no se modificará para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa en el país y se mantendrá como un mecanismo privatorio de la libertad a una persona que no ha sido sentenciada.

La CIDH sentenció que el Estado mexicano es el responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías individuales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López que fueron detenidos de forma ilegal por la policía por delitos que no realizaron.

En la sentencia de la Corte se ordenaron adecuar el ordenamiento jurídico sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo, así como un reconocimiento público del Estado mexicano sobre la violación de derechos humanos y brindar el tratamiento médico, psicológico psioquiátrico y psicosocial a las víctimas.

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