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Justicia pendiente

Policía comunitaria exige reconocimiento legal al gobierno mexicano

La Policía comunitaria de la Montaña Guerrero exigió al gobierno mexicano se concrete su reconocimiento legal a través de una serie de reformas y la liberación de los presos políticos.

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Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Por Sergio Ferrer

HORCASITAS, San Luis Acatlán, Guerrero.-Al finalizar el evento por el 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), consejeros exigieron a los representantes del gobierno estatal quienes acudieron en helicóptero al evento, César Flores Maldonado, asesor del gobernador Astudillo, y Tulio Pérez Calvo, subsecretario de Administración y Finanzas, crear una consulta adecuada sobre la reforma a la Ley 701, emplazar al Congreso a generar un presupuesto no discrecional para el funcionamiento de la Comunitaria y liberar a los presos políticos de esta organización como parte del reconocimiento legal del gobierno.

Pablo Guzmán, consejero de la CRAC-PC, quien tomó el micrófono durante el pleno de la asamblea el segundo día después de un desfile en el cual participaron los funcionarios públicos, pidió al gobierno respeto para la Policía Comunitaria y escuchar sus demandas. A la mitad del discurso, el asesor del gobernador, Flores Maldonado, dejó de escribir las peticiones y se le notó incómodo. Cuando concluyó el consejero Guzmán, fue abordado por Maldonado y le cuestionó «si ellos habían estado desde las 8:30 para escucharlos por qué ahora decía estos puntos que podían ser tratados antes¨. Abundó el funcionario que ya había escuchado las palabras de tres consejeros, tras afirmar que él -atendiera o no la CRAC- le pagaban su salario, por lo que no tenía ningún interés particular en esta, sino sólo quería estabilidad para la región por medio de “llevar la fiesta en paz”.

Después de acordar con los consejeros que se enviarían las peticiones oficialmente y se buscaría un diálogo, Maldonado fue abordado por algunos reporteros para preguntarle sobre la situación de los presos políticos de la Comunitaria, y tras contestar algunas palabras decidió tomar el micrófono. Reiteró que el gobierno está abierto al diálogo con los presos políticos, además de que el gobernador tiene interés en que haya estabilidad política en la región por lo que solicitaría su permiso para establecer  una ruta de trabajo institucional con la Fiscalía y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respetando los poderes y la autonomía de la Fiscalía, para esperar resultados para los detenidos.

Apuntó que se buscará la revisión de un presupuesto para la CRAC-PC, para que sea analizado en el Congreso del Estado. Y de la Ley 701 sólo dijo que coincide en que sea consultada, y reconoció a la Policía Comunitaria porque «mientras en otras regiones hay asesinatos y una efervescencia de quienes quieren delinquir, en las áreas de la Comunitaria los delitos son muy pocos».

Los planteamientos se hicieron luego de que los funcionarios arribaran a la comisaría y se reunieran en privado por la mañana con unas 20 personas, entre las cuales estaban los coordinadores de la Casa de Justicia de Colombia de Guadalupe (antes Espino Blanco), así como comisarios municipales de algunas localidades a los cuales los escucharon mientras pedían obras de infraestructura específicas para sus comunidades. Una de las autoridades comunitarias señaló que anunciaría cuánto dinero fue otorgado por el gobierno para la celebración, pero llegó el momento del desayuno y se abstuvo de dar la información.

Pablo Guzmán, resumió en su participación varios temas tratados por las mesas de trabajo y cuestiones del actual funcionamiento de la Comunitaria. Enfatizó en sus demandas al gobierno del Estado la libertad de los presos políticos, así como el pronunciamiento por el apoyo real a la Policía Comunitaria -que en vía del 15 de marzo fecha en que se busca reformar a Ley 701- sea una reforma progresista y favorable, que adicione más derechos. El consejero destacó que el gobierno había tenido tres años para generar las etapas de una consulta sobre la reforma, pero no lo había hecho, incluso al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, el pleno le negó la realización de tres foros.

Guzmán acotó que no quieren confrontación con el gobierno federal, sino un diálogo de respeto. En referencia al gobierno, dijo que ellos «no les dan armas ni uniformes ni pagan salarios para que los repriman o los dejen transitar». En el mismo sentido pidió un diálogo abierto con el gobierno del Estado, para que dejen de «comprar por unos cuantos pesos a algunas personas, ya que la situación de seguridad y justicia va más allá de las alianzas convenidas».

Señaló que son 1 500 millones de pesos que tiene de presupuesto la Secretaría de Seguridad Pública, en San Luis Acatlán. Mensualmente tienen presupuestado un millón y medio de pesos, pero el gobierno sólo le da 100 mil pesos a la CRAC-PC. Se posicionó para que las gestiones no sólo sean con coordinadores o discrecionales, sino abiertas a que toda la Comunitaria sepa que sucede.

Representantes de tres casas de justicia y siete comités de enlaces de la CRAC-PC; policías comunitarios, consejeros regionales, coordinadores, autoridades comunitarias, se reunieron durante dos días para dialogar acerca de aspectos como la defensa del territorio, reformas al reglamento interno, la situación de la reforma en marzo de la Ley 701, así como la articulación de luchas sociales en la comunidad de Horcasitas.

Después de este aniversario, la Policía Comunitaria coordinará su propia consulta a las comunidades en sus lenguas originales respecto a la reforma de la Ley 701, ya que incluso las propias asambleas de la CRAC pueden hacer la función de consulta. Se habló que se debe considerar la voz, no a modo de los pueblos na savi, nahuas, me´phaa, nancue, y afromexicanos. Se comentó que existen protocolos de consulta establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajos para los Pueblos Originarios y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CRAC-PC, buscará que lo mínimo a aceptar sea que se amplíen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para lo cual solicitarán acompañamiento y observación de organismos internacionales y abogados solidarios como los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuyo director Abel Barrera asistió a las mesas de trabajo.

Otras tareas son la generación de un mejor reglamento interno que defina qué es un Territorio comunitario, que contenga tres niveles de organización, y la atención de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear un catálogo de delitos y sanciones en términos de re-educación y no de castigo.

Al acto acudieron integrantes de diversas organizaciones, así como activistas de Xochicuautla, Estado de México, quienes en defensa de su territorio solicitaron a la Policía Comunitaria hacer frente conjunto contra el despojo y los abusos.

En el pueblo de Horcasitas, asentado entre cerros en la Costa Chica, las señoras cocinaron en el atrio de la iglesia, hubo un baile popular y venta de café y productos elaborados en Territorio Comunitario así como vendedores de artesanía de Tlapa.

Entre otros funcionarios que acudieron al aniversario fueron los alcaldes de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, Tlacoachistlahuaca, Javier Muñoz y al final el de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández.

 

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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