Policía comunitaria exige reconocimiento legal al gobierno mexicano

Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.
Asamblea de la CRAC, Horcasitas, San Luis Acatlán. Foto: El Sur Acapulco.

Por Sergio Ferrer

HORCASITAS, San Luis Acatlán, Guerrero.-Al finalizar el evento por el 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), consejeros exigieron a los representantes del gobierno estatal quienes acudieron en helicóptero al evento, César Flores Maldonado, asesor del gobernador Astudillo, y Tulio Pérez Calvo, subsecretario de Administración y Finanzas, crear una consulta adecuada sobre la reforma a la Ley 701, emplazar al Congreso a generar un presupuesto no discrecional para el funcionamiento de la Comunitaria y liberar a los presos políticos de esta organización como parte del reconocimiento legal del gobierno.

Pablo Guzmán, consejero de la CRAC-PC, quien tomó el micrófono durante el pleno de la asamblea el segundo día después de un desfile en el cual participaron los funcionarios públicos, pidió al gobierno respeto para la Policía Comunitaria y escuchar sus demandas. A la mitad del discurso, el asesor del gobernador, Flores Maldonado, dejó de escribir las peticiones y se le notó incómodo. Cuando concluyó el consejero Guzmán, fue abordado por Maldonado y le cuestionó “si ellos habían estado desde las 8:30 para escucharlos por qué ahora decía estos puntos que podían ser tratados antes¨. Abundó el funcionario que ya había escuchado las palabras de tres consejeros, tras afirmar que él -atendiera o no la CRAC- le pagaban su salario, por lo que no tenía ningún interés particular en esta, sino sólo quería estabilidad para la región por medio de “llevar la fiesta en paz”.

Después de acordar con los consejeros que se enviarían las peticiones oficialmente y se buscaría un diálogo, Maldonado fue abordado por algunos reporteros para preguntarle sobre la situación de los presos políticos de la Comunitaria, y tras contestar algunas palabras decidió tomar el micrófono. Reiteró que el gobierno está abierto al diálogo con los presos políticos, además de que el gobernador tiene interés en que haya estabilidad política en la región por lo que solicitaría su permiso para establecer  una ruta de trabajo institucional con la Fiscalía y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respetando los poderes y la autonomía de la Fiscalía, para esperar resultados para los detenidos.

Apuntó que se buscará la revisión de un presupuesto para la CRAC-PC, para que sea analizado en el Congreso del Estado. Y de la Ley 701 sólo dijo que coincide en que sea consultada, y reconoció a la Policía Comunitaria porque “mientras en otras regiones hay asesinatos y una efervescencia de quienes quieren delinquir, en las áreas de la Comunitaria los delitos son muy pocos”.

Los planteamientos se hicieron luego de que los funcionarios arribaran a la comisaría y se reunieran en privado por la mañana con unas 20 personas, entre las cuales estaban los coordinadores de la Casa de Justicia de Colombia de Guadalupe (antes Espino Blanco), así como comisarios municipales de algunas localidades a los cuales los escucharon mientras pedían obras de infraestructura específicas para sus comunidades. Una de las autoridades comunitarias señaló que anunciaría cuánto dinero fue otorgado por el gobierno para la celebración, pero llegó el momento del desayuno y se abstuvo de dar la información.

Pablo Guzmán, resumió en su participación varios temas tratados por las mesas de trabajo y cuestiones del actual funcionamiento de la Comunitaria. Enfatizó en sus demandas al gobierno del Estado la libertad de los presos políticos, así como el pronunciamiento por el apoyo real a la Policía Comunitaria -que en vía del 15 de marzo fecha en que se busca reformar a Ley 701- sea una reforma progresista y favorable, que adicione más derechos. El consejero destacó que el gobierno había tenido tres años para generar las etapas de una consulta sobre la reforma, pero no lo había hecho, incluso al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, el pleno le negó la realización de tres foros.

Guzmán acotó que no quieren confrontación con el gobierno federal, sino un diálogo de respeto. En referencia al gobierno, dijo que ellos “no les dan armas ni uniformes ni pagan salarios para que los repriman o los dejen transitar”. En el mismo sentido pidió un diálogo abierto con el gobierno del Estado, para que dejen de “comprar por unos cuantos pesos a algunas personas, ya que la situación de seguridad y justicia va más allá de las alianzas convenidas”.

Señaló que son 1 500 millones de pesos que tiene de presupuesto la Secretaría de Seguridad Pública, en San Luis Acatlán. Mensualmente tienen presupuestado un millón y medio de pesos, pero el gobierno sólo le da 100 mil pesos a la CRAC-PC. Se posicionó para que las gestiones no sólo sean con coordinadores o discrecionales, sino abiertas a que toda la Comunitaria sepa que sucede.

Representantes de tres casas de justicia y siete comités de enlaces de la CRAC-PC; policías comunitarios, consejeros regionales, coordinadores, autoridades comunitarias, se reunieron durante dos días para dialogar acerca de aspectos como la defensa del territorio, reformas al reglamento interno, la situación de la reforma en marzo de la Ley 701, así como la articulación de luchas sociales en la comunidad de Horcasitas.

Después de este aniversario, la Policía Comunitaria coordinará su propia consulta a las comunidades en sus lenguas originales respecto a la reforma de la Ley 701, ya que incluso las propias asambleas de la CRAC pueden hacer la función de consulta. Se habló que se debe considerar la voz, no a modo de los pueblos na savi, nahuas, me´phaa, nancue, y afromexicanos. Se comentó que existen protocolos de consulta establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajos para los Pueblos Originarios y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CRAC-PC, buscará que lo mínimo a aceptar sea que se amplíen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para lo cual solicitarán acompañamiento y observación de organismos internacionales y abogados solidarios como los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuyo director Abel Barrera asistió a las mesas de trabajo.

Otras tareas son la generación de un mejor reglamento interno que defina qué es un Territorio comunitario, que contenga tres niveles de organización, y la atención de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear un catálogo de delitos y sanciones en términos de re-educación y no de castigo.

Al acto acudieron integrantes de diversas organizaciones, así como activistas de Xochicuautla, Estado de México, quienes en defensa de su territorio solicitaron a la Policía Comunitaria hacer frente conjunto contra el despojo y los abusos.

En el pueblo de Horcasitas, asentado entre cerros en la Costa Chica, las señoras cocinaron en el atrio de la iglesia, hubo un baile popular y venta de café y productos elaborados en Territorio Comunitario así como vendedores de artesanía de Tlapa.

Entre otros funcionarios que acudieron al aniversario fueron los alcaldes de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, Tlacoachistlahuaca, Javier Muñoz y al final el de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández.

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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