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Justicia pendiente

«Policía comunitaria en Guerrero es legal»: abodado de ddhh

En Guerrero, la Policía comunitaria y popular creada por las comunidades indígenas es legal y constitucional de acuerdo a los derechos indígenas

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Abogado de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra. Foto: red

Abogado de derechos humanos denuncia al gobernador de Guerrero por ignorar al Congreso y a la Ley 701, además de acuerdos internacionales al pretender decreto para «legalizar» Policía comunitaria. 

Por Sergio Ferrer 

TLAPA, Guerrero.- En entrevista en la sede del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en Tlapa, el abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló en entrevista para Los Ángeles Press que el decreto planteado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero es inconstitucional y se salta al Congreso del estado de Guerrero que avaló en 2011 la Ley 701 en la cual claramente quedan estipulados los derechos indígenas en materia de justicia.

El abogado puntualizó en la contrariedad de sacar un decreto para supuestamente legalizar la policía comunitaria, “cuando creemos que la Policía Comunitaria no es ilegal, la realidad es que dejó de serlo desde hace un tiempo; lo tienen que valorar, dimensionarlo por parte del gobierno federal y del estado, dimensionar que la policía comunitaria y los sistemas normativos de los pueblos indígenas ya no son ilegales a la fecha”, afirmó.

El abogado señaló que existe un corpus juris, un cuerpo normativo legal muy amplio en el tema que va desde el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el artículo 2 de la Constitución Mexicana hasta la Ley 701 vigente para Guerrero que establece expresamente el derecho de los pueblos indígenas para hacer actividades de prevención, justicia y actividades de readaptación de los transgresores.

“Sí los artículos de la Ley 701: 35, 36 y 37 son claros, porqué sacar un decreto en el que ahora se contrapone totalmente a lo que establece estos artículos de la ley, es decir el ejecutivo antepone su voluntad ante la soberanía del congreso del Estado de Guerrero”, reprochó Rosales Sierra.

La pasada legislatura promulgó la ley después de un proceso legislativo reflexivo, dialogado aprobándose la ley 701 pero ahora el ejecutivo sobreponiéndose a la voluntad del poder legislativo, habla de emitir un decreto que contradice totalmente los derechos de los pueblos indígenas” lamentó el abogado.

Esto es que el derecho a prevenir, administrar justicia y reeducar a transgresores se quita de tajo diciéndoles a los pueblos y a los órganos de Justicia de la Policía Comunitaria que no están facultados para hacer esa actividad, lo único que pueden hacer los pueblos es ser auxiliares de los cuerpos de seguridad en Guerrero.

De concretarse el decreto, se entendería que el reconocimiento de la diversidad, pluriculturalidad y de los sistemas normativos propios de los pueblos, los convenios la propia ley que deviene de proceso legislativo, no sirven.

El decreto del gobernador pretende anteponerse a la voluntad del Congreso del Estado donde están los diputados representantes del pueblo electos democráticamente que decidieron en 2001 crear una Ley 701 de reconocimiento a los pueblos indígenas que reconoce expresamente los derechos de los pueblos indígenas a sus sistemas normativos, tiene plena vigencia además de que otorga la facultad para que tengan sus propios sistemas de justicia, de seguridad y reeducación de los transgresores, apuntó Rosales Sierra.

Es decir que en la Ley 701 ya se abarca el marco legal de toda la actividad de prevención de justicia y readaptación pero con el decreto nada de eso hay solo es auxiliar y ya.

Un foco de atención para Tlachinollan es que la situación del movimiento de Ayutla dio como consecuencia la creación de este decreto que ahora representa una regresión de 10 años en cuanto a derechos ganados de los pueblos indígenas.

El decreto que pretender anteponerse a la voluntad del Congreso que expidió la Ley 701 además de a los acuerdos internacionales no cubre los requisitos de una ley; existen dos razones fundamentales.

Una es material porque debe de venir de un proceso deliberativo reflexivo, y de un órgano legislativo electo por un pueblo, otro es que la ley debe ser abstracta general impersonal, no dirigido a un actor social, a una persona en particular, por lo que los decretos por antonomasia no tiene el primero de los requisitos al no devenir de un proceso deliberativo ni órgano legislativo.

En otra pregunta, con el ejemplo de Ayutla de los Libres, las autoridades le dicen a la sociedad que la creación de un tribunal popular es una situación ilegal en materia de justicia y se alarma sobre esto en diversos medios de comunicación comentó:

Tlachinollan no entrará a discusión del tribunal popular, esperamos, ya dimos una postura pública, que se debe respetar el derecho de los pueblos indígenas. Debe reconocerse ese derecho como una forma diferente de hacer justicia, alternativa, y que no es justicia privada sino de ellos, de los pueblos indígenas, así que tiene que respetarse.

Del tribunal esperan que las comunidades, en este caso Ayutla y Tecoanapa, pueblos que se levantaron en armas resuelvan ellos, decidan si continuarán con la integración del tribunal o van a tomar una decisión diversa.

Tras comentar este punto, hizo un llamado de atención a la dirigencia para que esté a la altura de las circunstancias, a la altura de la combatividad que demandan los pueblos indígenas, los pueblos organizados de Ayutla y que no se dejen llevar por el canto de las sirenas y de las dobleces del gobierno de Ángel Aguirre Rivero que por un lado ofrece diálogo, instaura comisión y por otro fija posturas políticas y de confrontación y desligitimización de los derechos de los pueblos indígenas en un no reconocimiento de los derechos de los pueblos instruyendo el gobierno averiguaciones previas contra el movimiento.

Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

Movimiento indígena adormecido

Otra preocupación de Tlachinollan es que se aprecia un movimiento indígena adormecido, desarticulado, sin perspectiva, que no enfoca cual es el peligro que representa este decreto, “las organizaciones indígenas debieran estar alzando la voz ya protestando por este decreto y la regresión en derechos ganados de los pueblos” afirmó preocupado Rosales Sierra, originario de La Montaña de Guerrero.

Lo anterior porque el decreto viola derechos y es anticonstitucional para los pueblos indígenas dejando en entredicho el Convenio 169 y la Constitución Política de México, la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas.

El abogado indicó que la prioridad de los pueblos originarios debe ser acorparse y no permitir el decreto, no pelear por puestos si los derechos han sido conculcados y desconocidos por la autoridad así como de nada servirán las carreteras y los millones dados para atención a pueblos si la comisión, que se le olvidó el nombre porque al ser producto de improvisación le han cambiado tres veces el nombre, sea tendiente a carreteras, infraestructura para pueblos indígenas si los puntos neurálgicos del derecho indígena no están siendo respetados.

Estos que comprenden principalmente el Territorio, los sistemas normativos, sistemas de justicia no se están respetando, entonces se pisotea a los pueblos indígenas y quizá en seis años estén llenos de carreteras y los territorios ocupados por las mineras, ¿para qué las carreteras?, cuestionó.

Vidulfo Rosales Sierra señala que lo futuro dependerá de la articulación de los pueblos indígenas por lo que “dirigentes, líderes de los movimientos tiene la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias que demandan los pueblos indígenas para defender el territorio, los sistemas normativos de los pueblos, los derechos ganados porque si no seremos responsable de haber claudicado y entregado y permitido la conculcación y el desconocimiento de nuestros derechos que con trabajos se ganaron”.

En pregunta sobre la sugerencia de líderes indígenas de que exista jurisprudencia indígena o Ministerios Públicos de los pueblos originarios, el jurista aseguró que el problema es más amplio, estructural, “el derecho es un problema de reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a un ente que de manera autónoma pueda organizarse socialmente, políticamente y en términos jurídicos”.

Históricamente, se habla de que los pueblos indígenas son pueblos originarios que habitaron estas tierras, este país antes de la conformación del estado nacional, ya tenían instituciones jurídicas propias, formas de organización social, cultural, ya tenían sus propias instituciones, cuando llega el Estado colonial se conforma un nuevo estado y se trata de incorporar por la fuerza a estos pueblos indígenas a otro tipo de instituciones incluidas las instituciones de justicia.

Rosales Sierra mencionó que sin embargo a lo largo de los años los pueblos se han dado cuenta que tienen que respetar esa diversidad cultural organizacional jurídica en la que los pueblos se les tiene que permitir que tengan su propia cosmovisión, su propia forma sus propios métodos, sus propios mecanismos de resolver sus conflictos internos, “es parte del derecho de la autonomía de los pueblos indígenas el tener una justicia propia, el que ellos puedan resolver sus conflictos de acuerdo a sus propios sistemas normativos sus tribunales, sus mecanismos de reeducación de los delincuentes”.

Esta afirmación de los sistemas de justicia indígena se enmarca en la lucha que los pueblos indígenas iniciaron en 1990 en el marco del quinto centenario de la invasión de los españoles, europeos a América”.

Fue una lucha de América Latina la que detonó como consecuencia la formulación del Convenio 169 de la OIT, convenio el cual se establece todos los derechos de los pueblos indígenas en el aspecto de organización cultural, de su desarrollo de tierras, territorios, como conservar recursos naturales y el derecho a la consulta.

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas normativos

El abogado reiteró que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas normativos para regular sus propios conflictos, lo claro es que los pueblos indígenas tienen una visión, cosmovisión del mundo y dentro de esas cosmovisión tienen una propia forma de resolver sus conflictos la cual no debe pugnar con los derechos universalmente reconocidos como la libertad o la integridad física, planteó.

Agregó que hasta estos momentos los sistemas de justicia de los pueblos indígenas tutelan esos derechos; la integridad física, la libertad. Justamente cuando surgió la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, se tuteló el derecho a la integridad física, al patrimonio, al que la gente no fuera asaltada, no fuera asesinada, mujeres que no fueran violadas, hacia allá se encamino el sistema de justicia y revirtió el problema, dijo.

La Policía Comunitaria, mostraría una forma eficaz, transparente de la selección de los policías, coordinadores, jueces. El sistema de reeducación también funciona más claramente con la vigilancia de los pueblos al ser un sistema abierto de reeducación con poca privación de la libertad personal; en suma son derechos propios de los pueblos indígenas que deben ser respetados, reconocidos en las leyes.

El abogado afirmó que no resuelve el problema de justicia el que se pusieran ministerios públicos o jueces indígenas porque sería enquistarlos en un sistema de justicia occidental corrupto, ineficaz que no ha funcionado ante el problema de la delincuencia organizada y es un sistema mercantilista no para los pobres sino se debe pagar, siendo para quien tenga dinero.

Lo mejor, será permitir, reconocer que los pueblos indígenas tienen una forma diferente de hacer justicia alternativa y reconocer que “vivimos en una sociedad plural multicultural, democrática y en este tipo de sociedades se debe respetar la multiculturalidad”, enfatizó.

Derecho a la Consulta

Sobre el tema, asintió que ha sido discutido, y existen estándares internacionales los cuales el gobierno se podría apoyar, los asesores del gobierno deberían trabajar en rescatar todo el cuerpo de normas, jurisprudencia, opiniones y directrices que a nivel internacional ya se han establecido,

Aseguró que lo más interesante viene a su parecer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

a raíz de varios casos, el último el caso del pueblo Zarayaco contra Ecuador que fija bases claras de cuales deben ser los mecanismos para una consulta adecuada,

Uno es que debe estar precedida de amplia información sobre todo de las desventajas y ventajas de un proyecto, una ley, programa, susceptible de afectar a los pueblos indígenas.

Otro es un diálogo permanente con las comunidades indígenas entendido que la consulta no es solo un foro de discusión no se agota en uno solo, va precedida de actos de diálogo, con miras a un consenso, otro elemento es que la consulta la deben realizar los pueblos no el Estado sino los pueblos a través de sus mecanismos tradicionales de decisión como asambleas reuniones, reuniones de principales…

El abogado concluyó preguntando antes a reporteros su opinión, que es grave que se quiera ejecutar un decreto en dos semanas sin someterlo a la consulta. Sobre el caso Zarayaco del año pasado, la Corte que manda circulares a todos los estados americanos, todos incluido México por lo cual tendrían que estar vigilantes de esa resolución que salió en Zarayaco, conocer cuales son las dimensiones de esta sentencia y no cometer cosas que contravengan como el decreto.

 

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Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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INAI ordena a gobierno de México revelar informe de EUA sobre caso Ayotzinapa

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El INAI ordenó que AMLO publicara el informe que le entregó Kamala Harris sobre los Guerreros Unidos

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al gobierno de México revelar el informe que la administración de Estados Unidos compartió sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar el informe que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le compartió en una reunión virtual en mayo de 2021 sobre el caso Ayotzinapa.

No te pierdas: INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que como parte de la reparación integral del daño se debe garantizar el principio de máxima publicidad como parte del acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica.

La investigación del gobierno de Estados Unidos reunió intervenciones telefónicas realizadas en la Unión Americana por el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario mexicano solicitó al gobierno estadounidense el expediente de la investigación, debido a que era necesario para la Comisión de la Verdad que en agosto pasado determinó que hubo un crimen de Estado con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee también: Juez desecha amparos interpuestos por tres militares presos por caso Ayotzinapa

Asimismo, el INAI sostuvo que el caso es emblemático de la crisis en violaciones graves de derechos humanos que se presentó en México, por lo cual pugna por la apertura de la información general pública sobre el caso Ayotzinapa acontecido el 26 de septiembre de 2014.

Sobre este mismo caso, el pasado 21 de diciembre, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de MéxicoEutimio Ordoñez Gutiérrez, declaró improcedentes los amparos interpuestos por el general José Rodríguez Pérez, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, presos por el caso Ayotzinapa.

El juzgador consideró que no existían elementos para atraer los amparos interpuestos por los militares contra la orden de aprehensión que recibieron en septiembre pasado, así como a la negativa de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y mandamiento judicial.

 

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