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Justicia pendiente

«Policía comunitaria en Guerrero es legal»: abodado de ddhh

En Guerrero, la Policía comunitaria y popular creada por las comunidades indígenas es legal y constitucional de acuerdo a los derechos indígenas

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Abogado de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra. Foto: red

Abogado de derechos humanos denuncia al gobernador de Guerrero por ignorar al Congreso y a la Ley 701, además de acuerdos internacionales al pretender decreto para «legalizar» Policía comunitaria. 

Por Sergio Ferrer 

TLAPA, Guerrero.- En entrevista en la sede del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en Tlapa, el abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló en entrevista para Los Ángeles Press que el decreto planteado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero es inconstitucional y se salta al Congreso del estado de Guerrero que avaló en 2011 la Ley 701 en la cual claramente quedan estipulados los derechos indígenas en materia de justicia.

El abogado puntualizó en la contrariedad de sacar un decreto para supuestamente legalizar la policía comunitaria, “cuando creemos que la Policía Comunitaria no es ilegal, la realidad es que dejó de serlo desde hace un tiempo; lo tienen que valorar, dimensionarlo por parte del gobierno federal y del estado, dimensionar que la policía comunitaria y los sistemas normativos de los pueblos indígenas ya no son ilegales a la fecha”, afirmó.

El abogado señaló que existe un corpus juris, un cuerpo normativo legal muy amplio en el tema que va desde el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el artículo 2 de la Constitución Mexicana hasta la Ley 701 vigente para Guerrero que establece expresamente el derecho de los pueblos indígenas para hacer actividades de prevención, justicia y actividades de readaptación de los transgresores.

“Sí los artículos de la Ley 701: 35, 36 y 37 son claros, porqué sacar un decreto en el que ahora se contrapone totalmente a lo que establece estos artículos de la ley, es decir el ejecutivo antepone su voluntad ante la soberanía del congreso del Estado de Guerrero”, reprochó Rosales Sierra.

La pasada legislatura promulgó la ley después de un proceso legislativo reflexivo, dialogado aprobándose la ley 701 pero ahora el ejecutivo sobreponiéndose a la voluntad del poder legislativo, habla de emitir un decreto que contradice totalmente los derechos de los pueblos indígenas” lamentó el abogado.

Esto es que el derecho a prevenir, administrar justicia y reeducar a transgresores se quita de tajo diciéndoles a los pueblos y a los órganos de Justicia de la Policía Comunitaria que no están facultados para hacer esa actividad, lo único que pueden hacer los pueblos es ser auxiliares de los cuerpos de seguridad en Guerrero.

De concretarse el decreto, se entendería que el reconocimiento de la diversidad, pluriculturalidad y de los sistemas normativos propios de los pueblos, los convenios la propia ley que deviene de proceso legislativo, no sirven.

El decreto del gobernador pretende anteponerse a la voluntad del Congreso del Estado donde están los diputados representantes del pueblo electos democráticamente que decidieron en 2001 crear una Ley 701 de reconocimiento a los pueblos indígenas que reconoce expresamente los derechos de los pueblos indígenas a sus sistemas normativos, tiene plena vigencia además de que otorga la facultad para que tengan sus propios sistemas de justicia, de seguridad y reeducación de los transgresores, apuntó Rosales Sierra.

Es decir que en la Ley 701 ya se abarca el marco legal de toda la actividad de prevención de justicia y readaptación pero con el decreto nada de eso hay solo es auxiliar y ya.

Un foco de atención para Tlachinollan es que la situación del movimiento de Ayutla dio como consecuencia la creación de este decreto que ahora representa una regresión de 10 años en cuanto a derechos ganados de los pueblos indígenas.

El decreto que pretender anteponerse a la voluntad del Congreso que expidió la Ley 701 además de a los acuerdos internacionales no cubre los requisitos de una ley; existen dos razones fundamentales.

Una es material porque debe de venir de un proceso deliberativo reflexivo, y de un órgano legislativo electo por un pueblo, otro es que la ley debe ser abstracta general impersonal, no dirigido a un actor social, a una persona en particular, por lo que los decretos por antonomasia no tiene el primero de los requisitos al no devenir de un proceso deliberativo ni órgano legislativo.

En otra pregunta, con el ejemplo de Ayutla de los Libres, las autoridades le dicen a la sociedad que la creación de un tribunal popular es una situación ilegal en materia de justicia y se alarma sobre esto en diversos medios de comunicación comentó:

Tlachinollan no entrará a discusión del tribunal popular, esperamos, ya dimos una postura pública, que se debe respetar el derecho de los pueblos indígenas. Debe reconocerse ese derecho como una forma diferente de hacer justicia, alternativa, y que no es justicia privada sino de ellos, de los pueblos indígenas, así que tiene que respetarse.

Del tribunal esperan que las comunidades, en este caso Ayutla y Tecoanapa, pueblos que se levantaron en armas resuelvan ellos, decidan si continuarán con la integración del tribunal o van a tomar una decisión diversa.

Tras comentar este punto, hizo un llamado de atención a la dirigencia para que esté a la altura de las circunstancias, a la altura de la combatividad que demandan los pueblos indígenas, los pueblos organizados de Ayutla y que no se dejen llevar por el canto de las sirenas y de las dobleces del gobierno de Ángel Aguirre Rivero que por un lado ofrece diálogo, instaura comisión y por otro fija posturas políticas y de confrontación y desligitimización de los derechos de los pueblos indígenas en un no reconocimiento de los derechos de los pueblos instruyendo el gobierno averiguaciones previas contra el movimiento.

Policía Ciudadana y Popular Foto: Sergio Ferrer

Movimiento indígena adormecido

Otra preocupación de Tlachinollan es que se aprecia un movimiento indígena adormecido, desarticulado, sin perspectiva, que no enfoca cual es el peligro que representa este decreto, “las organizaciones indígenas debieran estar alzando la voz ya protestando por este decreto y la regresión en derechos ganados de los pueblos” afirmó preocupado Rosales Sierra, originario de La Montaña de Guerrero.

Lo anterior porque el decreto viola derechos y es anticonstitucional para los pueblos indígenas dejando en entredicho el Convenio 169 y la Constitución Política de México, la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas.

El abogado indicó que la prioridad de los pueblos originarios debe ser acorparse y no permitir el decreto, no pelear por puestos si los derechos han sido conculcados y desconocidos por la autoridad así como de nada servirán las carreteras y los millones dados para atención a pueblos si la comisión, que se le olvidó el nombre porque al ser producto de improvisación le han cambiado tres veces el nombre, sea tendiente a carreteras, infraestructura para pueblos indígenas si los puntos neurálgicos del derecho indígena no están siendo respetados.

Estos que comprenden principalmente el Territorio, los sistemas normativos, sistemas de justicia no se están respetando, entonces se pisotea a los pueblos indígenas y quizá en seis años estén llenos de carreteras y los territorios ocupados por las mineras, ¿para qué las carreteras?, cuestionó.

Vidulfo Rosales Sierra señala que lo futuro dependerá de la articulación de los pueblos indígenas por lo que “dirigentes, líderes de los movimientos tiene la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias que demandan los pueblos indígenas para defender el territorio, los sistemas normativos de los pueblos, los derechos ganados porque si no seremos responsable de haber claudicado y entregado y permitido la conculcación y el desconocimiento de nuestros derechos que con trabajos se ganaron”.

En pregunta sobre la sugerencia de líderes indígenas de que exista jurisprudencia indígena o Ministerios Públicos de los pueblos originarios, el jurista aseguró que el problema es más amplio, estructural, “el derecho es un problema de reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a un ente que de manera autónoma pueda organizarse socialmente, políticamente y en términos jurídicos”.

Históricamente, se habla de que los pueblos indígenas son pueblos originarios que habitaron estas tierras, este país antes de la conformación del estado nacional, ya tenían instituciones jurídicas propias, formas de organización social, cultural, ya tenían sus propias instituciones, cuando llega el Estado colonial se conforma un nuevo estado y se trata de incorporar por la fuerza a estos pueblos indígenas a otro tipo de instituciones incluidas las instituciones de justicia.

Rosales Sierra mencionó que sin embargo a lo largo de los años los pueblos se han dado cuenta que tienen que respetar esa diversidad cultural organizacional jurídica en la que los pueblos se les tiene que permitir que tengan su propia cosmovisión, su propia forma sus propios métodos, sus propios mecanismos de resolver sus conflictos internos, “es parte del derecho de la autonomía de los pueblos indígenas el tener una justicia propia, el que ellos puedan resolver sus conflictos de acuerdo a sus propios sistemas normativos sus tribunales, sus mecanismos de reeducación de los delincuentes”.

Esta afirmación de los sistemas de justicia indígena se enmarca en la lucha que los pueblos indígenas iniciaron en 1990 en el marco del quinto centenario de la invasión de los españoles, europeos a América”.

Fue una lucha de América Latina la que detonó como consecuencia la formulación del Convenio 169 de la OIT, convenio el cual se establece todos los derechos de los pueblos indígenas en el aspecto de organización cultural, de su desarrollo de tierras, territorios, como conservar recursos naturales y el derecho a la consulta.

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas normativos

El abogado reiteró que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas normativos para regular sus propios conflictos, lo claro es que los pueblos indígenas tienen una visión, cosmovisión del mundo y dentro de esas cosmovisión tienen una propia forma de resolver sus conflictos la cual no debe pugnar con los derechos universalmente reconocidos como la libertad o la integridad física, planteó.

Agregó que hasta estos momentos los sistemas de justicia de los pueblos indígenas tutelan esos derechos; la integridad física, la libertad. Justamente cuando surgió la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, se tuteló el derecho a la integridad física, al patrimonio, al que la gente no fuera asaltada, no fuera asesinada, mujeres que no fueran violadas, hacia allá se encamino el sistema de justicia y revirtió el problema, dijo.

La Policía Comunitaria, mostraría una forma eficaz, transparente de la selección de los policías, coordinadores, jueces. El sistema de reeducación también funciona más claramente con la vigilancia de los pueblos al ser un sistema abierto de reeducación con poca privación de la libertad personal; en suma son derechos propios de los pueblos indígenas que deben ser respetados, reconocidos en las leyes.

El abogado afirmó que no resuelve el problema de justicia el que se pusieran ministerios públicos o jueces indígenas porque sería enquistarlos en un sistema de justicia occidental corrupto, ineficaz que no ha funcionado ante el problema de la delincuencia organizada y es un sistema mercantilista no para los pobres sino se debe pagar, siendo para quien tenga dinero.

Lo mejor, será permitir, reconocer que los pueblos indígenas tienen una forma diferente de hacer justicia alternativa y reconocer que “vivimos en una sociedad plural multicultural, democrática y en este tipo de sociedades se debe respetar la multiculturalidad”, enfatizó.

Derecho a la Consulta

Sobre el tema, asintió que ha sido discutido, y existen estándares internacionales los cuales el gobierno se podría apoyar, los asesores del gobierno deberían trabajar en rescatar todo el cuerpo de normas, jurisprudencia, opiniones y directrices que a nivel internacional ya se han establecido,

Aseguró que lo más interesante viene a su parecer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

a raíz de varios casos, el último el caso del pueblo Zarayaco contra Ecuador que fija bases claras de cuales deben ser los mecanismos para una consulta adecuada,

Uno es que debe estar precedida de amplia información sobre todo de las desventajas y ventajas de un proyecto, una ley, programa, susceptible de afectar a los pueblos indígenas.

Otro es un diálogo permanente con las comunidades indígenas entendido que la consulta no es solo un foro de discusión no se agota en uno solo, va precedida de actos de diálogo, con miras a un consenso, otro elemento es que la consulta la deben realizar los pueblos no el Estado sino los pueblos a través de sus mecanismos tradicionales de decisión como asambleas reuniones, reuniones de principales…

El abogado concluyó preguntando antes a reporteros su opinión, que es grave que se quiera ejecutar un decreto en dos semanas sin someterlo a la consulta. Sobre el caso Zarayaco del año pasado, la Corte que manda circulares a todos los estados americanos, todos incluido México por lo cual tendrían que estar vigilantes de esa resolución que salió en Zarayaco, conocer cuales son las dimensiones de esta sentencia y no cometer cosas que contravengan como el decreto.

 

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Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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