Justicia pendiente
Policía comunitaria de Olinalá ayuda a damnificados de Tlacoapa
Familias de Tlacoapa, una de las comunidades más afectadas por la creciente de los ríos, son socorridos por la Policía comunitaria de Olinalá Guerrero

**No llegan las despensas del gobierno a todas las afectadas, reclaman
Por Sergio Ferrer
TLACOAPA, Guerrero.- La Policía Comunitaria de Olinalá, repartió víveres donados por habitantes de dicho municipio en dos lugares de La Montaña de Guerrero. Primero, acudieron a un campamento en un cerro de Tlatlauquitepec, Atlixtac, al que ninguna autoridad se ha acercado, allí están cerca de 30 familias que tuvieron que dejar sus hogares por deslaves de cerros.
Después se dirigieron a Tlacoapa. La carretera presenta deslaves y aunque ha sido parcialmente rastreada hay tramos destruídos o hundidos y en la parte de terracería que conduce a la cabecera el lodo permite acceso con camionetas 4×4 o con el apoyo de habitantes son empujados vehículos para que avancen y no se queden atascados en la tierra húmeda.
Aún se registran lluvias y a la entrada del poblado un cauce deja ver árboles que arrastró junto al único muro que quedó de una casa. No hay luz y la gente permanece a la espectativa de quien llega para apoyarlos. Momentos antes de llegar al puente junto a las casas que se destruyeron, se observó a familiares que llevaban el féretro de un niño que murió un día antes al caerse su casa.
La madre del niño sobrevivió pero tenía fractura de tobillo por lo cual fue trasladada por un enfermero especial en helicóptero de la Policía Federal que llegó exclusivamente para eso con reporteros de Excelsior y otros medios.
La Policía Comunitaria de Olinalá pidió apoyo a la Policía Municipal para avisar a las personas afectadas que acudieran al puente por despensa o ropa. La gente comenzó a llegar, los primeros en la fila fueron los de la calle Hidalgo de donde fueron arrastradas casas por el afluente que no había crecido así en 100 años mencionó una habitante.
Atrás de la fila quedaron mujeres de El Paraíso o Aviación que reclamaron ante la falta de apoyo, “el alimento falta y el alcalde no ayuda a todos, sí tenemos casa pero no alimento ni trabajo” reclamó una mujer me´phaa. Hubo momento de esparcimiento cuando se repartió la ropa, aunque se notó la presencia de algunos hombres que se alcoholizaban.
Las voces de afectadas fueron diversas, “Yo soy viuda no hay trabajo y tengo que pagar renta y las cosas de la escuela de mis hijos, no han censado hoy anduvo uno de Sedeso federal pero no fueron los perjudicados que el gobierno vea eso” continuó una señora, no están pendientes hay varios que perdimos siembra ahora estoy viviendo arrimado dijo un campesino, “el ayuntamiento esta en contra de nosotros, ese día no estuvo presente, nada hizo”, reprocharon tres voces.
Elena, habitante de Aviación, colonia que esta en la parte alta, se quejó que cuando llegan los apoyos no les avisan o solo llegan a los albergues, “dicen que no somos afectados, si tenemos casa no lo perdimos todo pero necesitamos alimento no hay que comer más que tenemos hijos chiquitos”.
Las despensas fueron recolectadas por la comunitaria, locutores de radio Linaloe Olinalá, y más habitantes de Olinalá a pesar del hostigamiento del Ejército que les dijeron los estaban resguardando pero solo les tomaban video y fotos a las caras, informó un policía comunitario. “Llegó gente de algunos pueblos cercanos a la cabecera con su kilo de arroz o su aceite, ellos que no tienen mucho han apoyado aunque no les sobre”, reconoció uno de los voluntarios al hablar de la colecta.
Protección Civil no ha llegado y las personas formadas en su mayoría mostraron su descontento con el alcalde.
Justicia pendiente
Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.
Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.
De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.
El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.
Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.
El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.
Justicia pendiente
Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.
Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.
En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.
Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.
Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.
Con información de la CoIDH.
Fabricación de culpables
George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

Por Guadalupe Lizárraga
George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.
De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.
Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.
George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.
Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.
Denuncias por tortura en el Cefereso #17
12 de abril de 2021
19 de julio de 2020
22 de julio de 2020
28 de julio de 2019
28 de mayo de 2019
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