Policía comunitaria de La Cañada, resistencia organizada en Guerrero

Policía comunitaria se cruza con el ejército mexicano. Foto: Sergio Ferrer
Policía comunitaria se cruza con el ejército mexicano. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- A mediados de 2012, la privación de libertad de 17 personas durante varias horas, perpetrada por individuos armados, en la carretera que recorre La Cañada, además de robos y amenazas de la delincuencia organizada, obligó a un sector de la población de Huamuxtitlán a enfrentar esta violencia. Enfurecida la población quemó patrullas y la oficina de la policía ministerial. También detuvieron y golpearon al alcalde suplente, desarmaron a los policías municipales y capturaron a todos sospechosos de delitos con el apoyo de otras comunidades aledañas a la cabecera.

De la situación se gestó el Frente Ciudadano de Huamuxtitlán, dándose orden a los rondines que efectuaban ciudadanos que tomaron sus escopetas, pistolas y palos para defender a su población. En la cabecera municipal de Olinalá el momento estalló el 27 de octubre de 2012 cuando después de encontrarse el cuerpo sin vida de un chofer y el estado de alerta, ciudadanos se levantaron en armas.

Con el rostro cubierto y con armas de diversos calibres, los olinaltecos señalarían en un retén que esperaban a la Marina para que protegiera a los ciudadanos puesto que, varios de ellos habían hecho partir a criminales y destapado situaciones de drogadicción, lista de secuestrados o narcomenudeo.

En tanto en otra parte de Olinalá, específicamente en el área comunal de Temalacatzingo, comuneros denunciaban el hostigamiento de grupos de Antorcha Campesina. Para el 2 de diciembre en Temalacatzingo, nahuas celebraron la fundación de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) a la cual, en enero se unirían comunidades del municipio colindante, Cualac.

Este año la cabecera municipal de Olinalá se acercó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), respondiendo la Casa de Justicia de El Paraíso al llamamiento para la conformación de una Policía Ciudadana de Olinalá, sin capuchas.

Con las policías del pueblo, ya en funciones, la presencia del Ejército y la Marina derivaron en una serie de denuncias por parte de comisarios de comunidades afines a la PCP. Fue entonces que surgió el hostigamiento a policías comunitarios por parte de la Marina.

Además, en el caso de Olinalá donde hace algunas semanas fueron detenidos tres comunitarios por portación de arma de fuego por efectivos castrenses, se emprendió una campaña de desprestigio. El presidente municipal, por su parte, y un sector allegado al edil, ha mostrado su animadversión a la Policía Comunitaria.

Cuando fueron retenidos policías municipales, el director de seguridad pública, que se encontraba en estado de ebriedad, así como un servidor público del Ministerio Público, en respuesta a la detención de comunitarios, a través de una bocina la PCO convocó a la población para que acudieran y les comunicaran información sobre lo ocurrido.

En ese momento, un hombre, ahora con uniforme de policía comunitario, que fue secuestrado durante un mes, relató brevemente lo que le ocurrió en Tlatlauquitepec y le pidió a la población no dejar que ocurrieran hechos como los que él le habían sucedido.

Medios de comunicación, gobiernos, han tratado de generalizar, tergiversar o invisibilizar lo que esta ocurriendo en las comunidades y la necesidad de seguridad desde el mismo pueblo y por la que están reclamando fijando postura de alto a la represión y hostigamiento.

En el caso de la PCP recientemente emitó un comunicado público, por parte de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP). En éste se señaló que su sistema de justicia no tiene nada que ver, ni con el dirigente Bruno Plácido Valerio ni con las autodefensas, por lo que llamaron a la sociedad a no caer en el juego de la confusión que promueven líderes e incluso el propio gobierno usando sus siglas para confundir a la población.

El el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nahuas de Temalacatzingo y Cualac llamaron al gobierno a no discriminar a los pueblos y por otra parte le exigen reconocer en la constitución de Guerrero su Sistema de Seguridad y Justicia Indígena (SSJI).

La PCP atajó en su comunicado 14 que no tienen ningún acuerdo ni convenio con el gobierno tachando de “jueguito de berrinche político y parte de la estrategia gubernamental” el aparente rompimiento de diálogo entre el gobierno y la UPOEG de la Costa Chica. Del asesinato reciente de luchadores sociales en Guerrero la PCP señala que el gobierno podría estar usando grupos de sicarios o paramilitares o las llamadas autodefensas, para crear el terror contra la población, y para eliminar a sus opositores.

La CRSJ-PCP propone al gobierno, un acercamiento político y humano con las comunidades en vez de despreciarlas, intimidarlas o reprimirlas, que detenga los asesinatos de líderes sociales, que se use el recurso del diálogo para cualquier situación, incluyendo el asunto de las mineras, aunque primero aseguran que éstas traerían devastación natural, destrucción de la vida y la salud de la población.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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