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Justicia pendiente

Policía comunitaria de Guerrero destituye a confabulados con gobierno

En asamblea, coordinadores e integrantes de la Policía Comunitaria acordaron destitución de coordinadores confabulados con el gobierno a cambio de dinero

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Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Una asamblea efectuada en Espino Blanco sede de una de las Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), acordó la destitución de los actuales coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, así como comandantes regionales y una secretaria.

En la asamblea que tuvo como punto nodal revisar la situación de la institución comunitaria después del fraude contra la Policía Comunitaria por supuestos 740 mil pesos (aunque hay versiones de que la cantidad podría haber sido de hasta 8 millones de pesos). El ex coordinador Raúl Cabrera –quien entregó dinero a Eduardo Lemus Justo, alias el ‘Wadi’ antes de dejar sus funciones– así como los comandantes regionales Vicente Lauro Valdez, Pedro Valdez Mozo y el coordinador Abad García García, señalaron directamente a Eliseo Villar y a su equipo de cometer el fraude contra los comunitarios, por lo que los asambleístas votaron para desconocerlos como coordinadores y miembros de la policía.

Estas acusaciones darían pie a una votación con la cual la asamblea votó para desconocer a los coordinadores, Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava, Tiburcio Lorenzo Regino, la secretaria Adriana Domínguez, cuatro comandantes regionales y el cuerpo de policía permanente.

La asamblea regional contó con la presencia de 26 comisarios municipales de la sede de Espino Blanco, 25 consejeros, 25 grupos de policía comunitaria y dos comisariados de bienes comunales en tanto que por San Luis Acatlán 14 comisarios, 14 consejeros, siete grupos de comunitarios y seis comisarios de bienes comunales.

Dichas autoridades acordaron restructurar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y convocar para este lunes a una próxima asamblea microregional para determinar el probable proceso de reeducación de Villar Castillo así como ratificar el nombramiento de cuatro nuevos coordinadores y cuatro nuevos comandantes regionales que cuenten con el respaldo de su comunidad y no tengan antecedentes penales.

En reunión regional los coordinadores de Espino Blanco convocaron a las casas de Justicia de El Paraíso, Zitlaltepec, San Luis Acatlán, incluidos los propios coordinadores de San Luis los cuales no acudieron. Tampoco estuvieron presentes los coordinadores de la sede de Cochoapa, quienes son cercanos al grupo de Villar Castillo.

La mesa de debates propuso el nombramiento de nuevos coordinadores por lo que en votación mayoritaria quedaron elegido para San Luis Acatlán, Abad García García de Tuxtepec quien fue ratificado, Alberto Margarito Porfirio de Cuanacaxtitlan, Martin Encarnación de la Cruz de Jolotichan, Jesús Carranza Rojas de San José Vista Hermosa y los comandantes regionales, Vicente Lauro Valdez, Pedro Valdez Mozo, Fulgencio Díaz Sánchez y Gaudencio Jiménez Toribio tomándoles protesta Juan González Rojas, primer presidente del comité de policía comunitaria generado en 1995.

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Votación para destituir de la CRAC a coordinadores acusados de fraude y retuvieron con delitos fabricados a otros comunitarios. Foto: Sergio Ferrer

Valentín Hernández Chapa, consejero integrante de la comisión de investigación del fraude, presentó su denuncia por escrito ante la asamblea en contra de los coordinadores acusados y la de otros dos consejeros, la cual se analizará en la próxima reunión regional.

En la asamblea se acordó la liberación de los detenidos que habían sido falsamente acusados por el grupo de Eliseo Villar en representación de la CRAC-PC de San Luis Acatlán. Así mismo, Eduardo Lemus Busto, Esperanza Lemus Busto, Uri Álvarez Pacheco y Luis Vargas acusados de participar y cometer el fraude, siendo convocados a un careo con Eliseo Villar Castillo a quien según la asamblea se le investigará junto con su equipo de trabajo por violar el reglamento interno al involucrarse con la delincuencia sin consultar a la asamblea general.

A la asamblea también asistieron organizaciones cafetaleras, productoras de maíz de la Costa Chica así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Antecedentes de Eliseo Villar Castillo

Desde el 18 de septiembre de 2013, Eliseo Villar Castillo había sido acusado de confabulación con el gobierno en contra de la Asamblea regional de las Policías comunitarias para credencializar a los policías comunitarios y desconocer a la Casa de Justicia El Paraíso en contra de su coordinadora regional Nestora Salgado.

En esa reunión, Eliseo Villar fue acusado de traición a los pueblos por negociar con el gobierno a espaldas de la asamblea e incriminar a otros coordinadores. Por lo que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) ratificó su respaldo a la Casa de Justicia de El Paraíso el 31 de agosto de 2013, y así mismo acordó solicitar la liberación de todos los detenidos, incluída la de Nestora Salgado y Bernardino García, presos políticos desde el 21 de agosto, y aprehendidos contra derecho por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el 2 de septiembre, Villar Castillo declaró lo contrario en una mesa de negociación con el gobierno del Estado y con funcionarios federales, en la que incriminó a Nestora Salgado y demás comunitarios.

Pocos tiempo después, a finales de octubre, Gonzalo Molina González, coordinador regional de Tixtla, ahora preso político, en entrevista a Los Ángeles Press denunció que a raíz de esa mesa de negociación con el gobierno, Eliseo Villar habría recibido la cantidad de 8 millones de pesos (630 mil dlls) para operar las Casas de Justicia creadas sin la autorización de la CRAC ni respaldo de la Asamblea regional. “Un dinero, además, que no se sabe en qué ha gastado”, señaló el coordinador.

Sin embargo, Gonzalo Molina fue detenido bajo el cargo de terrorismo el 6 de noviembre y recluido sin juicio en un penal federal de Oaxaca.

Confabulaciones del gobierno contra comunitarios

Desde que funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero negociaran con Eliseo Villar fueron encarcelados con delitos fabricados Nestora Salgado, Bernardino García, Arturo Campos, Gonzalo Molina, y doce policías comunitarios más en 2013. En el caso de Nestora Salgado, el gobierno federal intervino con la detención por parte de las Fuerzas Armadas, y hasta la fecha no se le ha permitido entrevistarse con un abogado, y se le han imputado tres calses de delitos, pese a que las supuestas víctimas no han declarado o interpuesto una denuncia en su contra.

El 20 de marco de 2014, también las autoridades del gobierno guerrerense detuvieron con delitos fabricados a Aurora Molina González, hermana de Gonzalo Molina, coordinador regional de Tixtla, bajo cargos de terrorismo, secuestro, robo y delincuencia organizada. Para el 26 de marzo, el juez Abimael Rodríguez dictaminó su auto de libertad, no obstante las autoridades judiciales retrasaron su salida hasta que llegó el secretario de Acuerdos del juzgado de Tixtla con nuevas acusaciones de robo específico y lesiones, y aún se encuentra privada de su libertad.

Para su abogado, Hegel Mariano, es parte de la “confabulación de las autoridades de la Procuraduría con el Poder Judicial para impedir la excarcelación de Aurora Molina”, integrante de la Policía Comunitaria.

Foto principal: Asamblea de la CRAC en la que se argumentó y votó la destitución de Eliseo Villar por fraude contra la policía comunitaria. Crédito: Sergio Ferrer

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Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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