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Justicia pendiente

Policía comunitaria de Guerrero destituye a confabulados con gobierno

En asamblea, coordinadores e integrantes de la Policía Comunitaria acordaron destitución de coordinadores confabulados con el gobierno a cambio de dinero

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Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Una asamblea efectuada en Espino Blanco sede de una de las Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), acordó la destitución de los actuales coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, así como comandantes regionales y una secretaria.

En la asamblea que tuvo como punto nodal revisar la situación de la institución comunitaria después del fraude contra la Policía Comunitaria por supuestos 740 mil pesos (aunque hay versiones de que la cantidad podría haber sido de hasta 8 millones de pesos). El ex coordinador Raúl Cabrera –quien entregó dinero a Eduardo Lemus Justo, alias el ‘Wadi’ antes de dejar sus funciones– así como los comandantes regionales Vicente Lauro Valdez, Pedro Valdez Mozo y el coordinador Abad García García, señalaron directamente a Eliseo Villar y a su equipo de cometer el fraude contra los comunitarios, por lo que los asambleístas votaron para desconocerlos como coordinadores y miembros de la policía.

Estas acusaciones darían pie a una votación con la cual la asamblea votó para desconocer a los coordinadores, Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava, Tiburcio Lorenzo Regino, la secretaria Adriana Domínguez, cuatro comandantes regionales y el cuerpo de policía permanente.

La asamblea regional contó con la presencia de 26 comisarios municipales de la sede de Espino Blanco, 25 consejeros, 25 grupos de policía comunitaria y dos comisariados de bienes comunales en tanto que por San Luis Acatlán 14 comisarios, 14 consejeros, siete grupos de comunitarios y seis comisarios de bienes comunales.

Dichas autoridades acordaron restructurar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y convocar para este lunes a una próxima asamblea microregional para determinar el probable proceso de reeducación de Villar Castillo así como ratificar el nombramiento de cuatro nuevos coordinadores y cuatro nuevos comandantes regionales que cuenten con el respaldo de su comunidad y no tengan antecedentes penales.

En reunión regional los coordinadores de Espino Blanco convocaron a las casas de Justicia de El Paraíso, Zitlaltepec, San Luis Acatlán, incluidos los propios coordinadores de San Luis los cuales no acudieron. Tampoco estuvieron presentes los coordinadores de la sede de Cochoapa, quienes son cercanos al grupo de Villar Castillo.

La mesa de debates propuso el nombramiento de nuevos coordinadores por lo que en votación mayoritaria quedaron elegido para San Luis Acatlán, Abad García García de Tuxtepec quien fue ratificado, Alberto Margarito Porfirio de Cuanacaxtitlan, Martin Encarnación de la Cruz de Jolotichan, Jesús Carranza Rojas de San José Vista Hermosa y los comandantes regionales, Vicente Lauro Valdez, Pedro Valdez Mozo, Fulgencio Díaz Sánchez y Gaudencio Jiménez Toribio tomándoles protesta Juan González Rojas, primer presidente del comité de policía comunitaria generado en 1995.

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Votación para destituir de la CRAC a coordinadores acusados de fraude y retuvieron con delitos fabricados a otros comunitarios. Foto: Sergio Ferrer

Valentín Hernández Chapa, consejero integrante de la comisión de investigación del fraude, presentó su denuncia por escrito ante la asamblea en contra de los coordinadores acusados y la de otros dos consejeros, la cual se analizará en la próxima reunión regional.

En la asamblea se acordó la liberación de los detenidos que habían sido falsamente acusados por el grupo de Eliseo Villar en representación de la CRAC-PC de San Luis Acatlán. Así mismo, Eduardo Lemus Busto, Esperanza Lemus Busto, Uri Álvarez Pacheco y Luis Vargas acusados de participar y cometer el fraude, siendo convocados a un careo con Eliseo Villar Castillo a quien según la asamblea se le investigará junto con su equipo de trabajo por violar el reglamento interno al involucrarse con la delincuencia sin consultar a la asamblea general.

A la asamblea también asistieron organizaciones cafetaleras, productoras de maíz de la Costa Chica así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Antecedentes de Eliseo Villar Castillo

Desde el 18 de septiembre de 2013, Eliseo Villar Castillo había sido acusado de confabulación con el gobierno en contra de la Asamblea regional de las Policías comunitarias para credencializar a los policías comunitarios y desconocer a la Casa de Justicia El Paraíso en contra de su coordinadora regional Nestora Salgado.

En esa reunión, Eliseo Villar fue acusado de traición a los pueblos por negociar con el gobierno a espaldas de la asamblea e incriminar a otros coordinadores. Por lo que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) ratificó su respaldo a la Casa de Justicia de El Paraíso el 31 de agosto de 2013, y así mismo acordó solicitar la liberación de todos los detenidos, incluída la de Nestora Salgado y Bernardino García, presos políticos desde el 21 de agosto, y aprehendidos contra derecho por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el 2 de septiembre, Villar Castillo declaró lo contrario en una mesa de negociación con el gobierno del Estado y con funcionarios federales, en la que incriminó a Nestora Salgado y demás comunitarios.

Pocos tiempo después, a finales de octubre, Gonzalo Molina González, coordinador regional de Tixtla, ahora preso político, en entrevista a Los Ángeles Press denunció que a raíz de esa mesa de negociación con el gobierno, Eliseo Villar habría recibido la cantidad de 8 millones de pesos (630 mil dlls) para operar las Casas de Justicia creadas sin la autorización de la CRAC ni respaldo de la Asamblea regional. «Un dinero, además, que no se sabe en qué ha gastado», señaló el coordinador.

Sin embargo, Gonzalo Molina fue detenido bajo el cargo de terrorismo el 6 de noviembre y recluido sin juicio en un penal federal de Oaxaca.

Confabulaciones del gobierno contra comunitarios

Desde que funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero negociaran con Eliseo Villar fueron encarcelados con delitos fabricados Nestora Salgado, Bernardino García, Arturo Campos, Gonzalo Molina, y doce policías comunitarios más en 2013. En el caso de Nestora Salgado, el gobierno federal intervino con la detención por parte de las Fuerzas Armadas, y hasta la fecha no se le ha permitido entrevistarse con un abogado, y se le han imputado tres calses de delitos, pese a que las supuestas víctimas no han declarado o interpuesto una denuncia en su contra.

El 20 de marco de 2014, también las autoridades del gobierno guerrerense detuvieron con delitos fabricados a Aurora Molina González, hermana de Gonzalo Molina, coordinador regional de Tixtla, bajo cargos de terrorismo, secuestro, robo y delincuencia organizada. Para el 26 de marzo, el juez Abimael Rodríguez dictaminó su auto de libertad, no obstante las autoridades judiciales retrasaron su salida hasta que llegó el secretario de Acuerdos del juzgado de Tixtla con nuevas acusaciones de robo específico y lesiones, y aún se encuentra privada de su libertad.

Para su abogado, Hegel Mariano, es parte de la «confabulación de las autoridades de la Procuraduría con el Poder Judicial para impedir la excarcelación de Aurora Molina», integrante de la Policía Comunitaria.

Foto principal: Asamblea de la CRAC en la que se argumentó y votó la destitución de Eliseo Villar por fraude contra la policía comunitaria. Crédito: Sergio Ferrer

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Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

No te pierdas: Murillo Karam fue trasladado al Hospital Balbuena por revisión médica

También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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La cobertura de la narcopolítica en México, un enorme riesgo para periodistas: Héctor Valdez, desde prisión

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Hector Valdez, periodista preso por delitos fabricados, explica cómo lo dejaron

 

Ponencia en el Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche España, Los Ángeles Press y el Gobierno del estado de Chihuahua

Por Héctor Valdez Hernández

A la obligada distancia, pero, por fortuna, aún con vida. Les saluda un servidor, Héctor Valdez, periodista de Quintana Roo, una entidad fronteriza con Guatemala y Belice, y la única con costa al Caribe Mexicano.

Les saludo a todos los participantes y asistentes a este décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras. Les saludo no desde aquella entidad, Quintana Roo, sino desde la penitenciaría de la Ciudad de México, donde estoy encarcelado desde hace dos años por un crimen que jamás cometí, pues fue fabricado por los grupos de poder que pretendieron acallarme quitándome la vida. No lo consiguieron, pero sí lograron privarme de la libertad con una falsa acusación y con jueces de consigna, en lo que también se constituyó como un intento de asesinato civil, al que me resisto y contra el que lucho y seguiré luchando.

En principio, como dijera Kapuscinski, siendo un buen ser humano, un periodista digno, como trato de serlo desde hace más de 40 años, incluso ahora y desde la prisión en 2019, una serie de amenazas, agresiones y atentados me obligaron al desplazamiento forzado para refugiarme en la Ciudad de México, desde donde seguí mi labor periodística de denuncia puntual y sustentada, de lo que fue el más trágico y ominoso gobierno de aquella entidad, Quintana Roo, el del ahora exgobernador Carlos Joaquín.

Al llegar a Ciudad de México, busqué y conseguí estar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para exponer la situación en que se encontraba Quintana Roo, en el que existían y existen muy fuertes evidencias de colusión entre el narco y grupos delincuenciales con el gobierno de ese momento.

Vínculos incluso familiares y de dirección. En el caso del ex presidente municipal de Tulum, la ciudad donde yo residía y trabajaba, una ciudad pequeña pero muy turística, que llegó a tener la nada honrosa distinción de ser en ese momento una de los más letales del país, en términos per cápita, pues con sólo 32 mil habitantes oficiales, tuvo la friolera de más de 50 asesinatos a balazos.

Para leer más del autor: ¿Quiénes fabricaron los delitos? Desde la prisión Santa Martha Acatitla, la columna del periodista Héctor Valdez

Es decir, que extrapolando las cifras, debió contar ese pequeño municipio con alrededor de 180 asesinatos con sicarios, y en las calles, 180 por cada 100 mil habitantes.

La cobertura de la narcopolítica en el periodismo es un asunto de enorme riesgo, pero es necesario llevarla a cabo si queremos cumplir con el precepto de informar y de alumbrar para que la sociedad observe, analice reflexione. Aunque en el caso de la narcopolítica, las cucarachas no corran a esconderse, sino incluso envalentonadas, quieran pisarnos, callarnos, vigilarnos, destruirnos, encarcelarlos, matarnos.

En el estado de Quintana Roo, la actividad del narcotráfico tiene una historia mucho más larga que en el resto del país, al menos con las llamadas drogas duras o sintéticas, pues desde finales de los años 70, del siglo pasado, el estado se erigió apenas en 1974, cuando tuvo la figura legal del territorio. Y entonces los pobladores sabían del tráfico de estupefacientes por las costas del Mar Caribe.

Lo mismo como trasiego de una ruta por mar a una terrestre o por el reabastecimiento de las lanchas con dos o tres motores fuera de borda, bien conocidos como las lanchas rápidas del narco.

Las costas del sur de Quintana Roo y del actual municipio de Tulum fueron escenario de la incesante actividad del narcotráfico, que desde el principio se vinculó con las familias más poderosas, económica y políticamente de ese estado, precisamente en esa zona en las primeras décadas en que se integró como estado, del que forma parte Cozumel, donde la actividad fue más visible, aunque todavía discreta.

Precisamente en Cozumel es donde nació el poder político y económico de una familia que cuenta con dos hermanos exgobernadores, una senadora, diputados, varios presidentes municipales, todos ellos ascendidos al poder político de manera directa, como un núcleo familiar, pero también como una familia que decidió la mayor parte de los candidatos que luego fueron gobernadores, senadores, diputados federales y locales y por supuesto, presidentes municipales.

Se trata de la familia Joaquín, con un patriarca fallecido en el 2016 a la cabeza, donde Nassim Joaquín, padre del exgobernador Carlos Joaquín González, apenas afuera de la gubernatura hace poco más de un mes; pero también padre del gobernador Pedro Joaquín, en los años ochenta, que después en el sexenio de Enrique Peña, se desempeñó como Secretario de Energía y antes, incluso, había sido uno de los aspirantes por el PRI a la candidatura para la Presidencia de la República.

En Quintana Roo, en el último tercio del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XXI, era bien conocida la premisa de que nada podía hacerse sin la venia de los Joaquín, incluyendo el narcotráfico, cómo nació, creció y se fortaleció. Tanto así que en Tulum, mucho antes que fuera paraíso del turismo, un desarrollo mundial, Pablo Escobar, la figura histórica del narco en Colombia, eligió una de las zonas de playas más bellas de Tulum para construirse una residencia, un búnker con extensas fachadas de cristal blindado.

No te pierdas: Periodista preso Héctor Valdez, trasladado con tratos crueles y aislado en Santa Martha Acatitla por revelar corrupción

Todo ello sobre unas costeras colindantes con la Reserva Natural de Sian Ka’an, patrimonio mundial de la humanidad, y a fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuenta incluso de red eléctrica, cuando hasta cinco años atrás, oficialmente, estuvo prohibida esa infraestructura en una zona que se supone de preservación y amortiguamiento natural.

Esa residencia, Casa Magna, se volvió emblema y estandarte del narco y a la muerte del colombiano y el posterior crecimiento y control de los cárteles mexicanos, pasó a la posesión de distintos y sucesivos grupos delincuenciales.

A mí, en 2009 y desde entonces, muchas veces me tocó escribir esa historia que entonces los medios locales evitaban publicar y los medios nacionales e internacionales todavía ni siquiera la mencionaban. Pero después de varios años, puede leerse tal historia, aunque, por supuesto, no se ahonda en detalles.

La narcopolítica de Quintana Roo fue siempre la constante. Incluso un exgobernador que tuvo sentencia en México fue extraditado a los Estados Unidos y luego de regreso a nuestro país. Pero el caso del exgobernador Mario Villanueva no hubiese sido distinto de ninguno de sus antecesores o sucesores de no ser, precisamente, porque ese gobernador entró en pugna con la familia Joaquín al oponerse a que una hermana del clan llegara a gobernadora, algo en lo que el expresidente de la república de aquel entonces, Ernesto Zedillo, estaba de acuerdo.

Oponerse al poder real es peligroso, incluso para políticos. Ventilar las verdades de acción, publicar los intereses y las complicidades es un riesgo extremo para cualquier periodista.

Durante muchos años mi trabajo en los medios de comunicación se limitó a la radio en temas culturales y a la conducción noticiosa en medios públicos locales, en una etapa social en la que los medios de comunicación estaban totalmente bajo el control gubernamental.

 

Y cuando parecía que el control social lo mantenía el gobierno con relativa tranquilidad, como en la capital del estado desde los años ochenta y hasta poco antes de concluir la primera década de este siglo.

En 2007-2008 trasladé mi residencia al naciente municipio de Tulum. Venía de otro municipio, Solidaridad, que antes también formaba parte de Cozumel, que por cierto fue un centro turístico y económico aún antes de la existencia de Cancún, al norte de Quintana.

El motor económico y turístico del estado se volvió pronto en un polo de desarrollo económico enorme, con desarrollos turísticos inmobiliarios extensos y con un incremento verdaderamente exponencial de flujos turísticos y poblacionales.

Quintana Roo, desde los años 90, dejó de ser zona de trabajo y traslado para el negocio del narcotráfico y se volvió también en una zona de mercadeo para el consumo. Pero el crecimiento también llevó problemas de enorme violencia y descontrol, sobre todo porque pronto también tuvieron presencia, no unos cuantos, sino varios cárteles del narco que comenzaron su lucha por el control de territorios.

La violencia criminal que durante varios años permaneció relativamente discreta, estalló de pronto, justo a la llegada del exgobernador Carlos Joaquín, que además de manera personal, alentó y promovió las invasiones de terrenos urbanos en municipios como Solidaridad y Tulum, con el argumento de que su antecesor, Roberto Borge, por cierto familiar político, había vendido irregularmente buena parte de reservas territoriales urbanas.

En realidad, las invasiones de millones de metros cuadrados con valor de al menos dos mil pesos cada metro, Carlos Joaquín como un medio clientelar de base social, pero no en la organización de esas invasiones. Los líderes de ellos, muchos, estaban vinculados en varios casos con células criminales. Y justo por eso, de pronto, en las extensas zonas, habitaciones, tierra de nadie, a los pocos meses se aplicaron y operaron varias células locales de otros cárteles nacionales

El Cártel Jalisco Nueva Generación, por esos años justamente, llegó a Quintana Roo, coincidiendo con la llegada del gobernador Carlos Joaquín González, que en apenas un par de años, de 2016 a 2018, se volvió en el más fuerte en el norte de Quintana Roo. De todo ello y de manera cotidiana, ya para entonces me tocó referirlo y publicarlo en un medio digital propio Tulum en Red, que por cierto fue fundado desde el año 2008 y que entonces, ya con casi 10 años de presencia y conocido, gozaba de una buena credibilidad.

Pero a los gobiernos autoritarios no les gusta la libertad de expresión y por eso fui despedido por esos años de una labor de más de una década en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, de corte oficialista, donde yo ganaba dinero para vivir.

Lee más: Precisiones sobre la situación de Héctor Valdez, periodista preso en CDMX por revelar corrupción

Por ese tiempo vi que desapareció otro medio de comunicación en el que yo entonces trabajaba, Diario Respuesta. Los periodistas, sobre todo los reporteros en México, a veces necesitamos de tres o hasta cuatro trabajos distintos, al menos dos trabajos para subsanar los gastos cotidianos para subsistir junto con nuestras familias.

La parte económica, entonces, fue el primer ataque, la primera arremetida del poder a mi persona. Por fortuna, en ese tiempo, la Agencia Quadratín Quintana Roo me tendió la mano y confió en mi trabajo y profesionalismo, pues mi medio propio Tulum en Red siempre ha sido un medio informativo, independiente de esfuerzo propio, pero de ganancias económicas nulas.

La vorágine de violencia y asesinatos extrajudiciales que desde 2016 fueron multiplicándose cada año, ocupó de pronto casi toda mi actividad periodística y hasta el silenciamiento voluntario ordenado desde el gobierno de la mayoría de los medios formales.

‘Yo opté por una cobertura más completa que procesar, incluyendo una gran cantidad de transmisiones en vivo sobre hechos delictivos que incluyeron balaceras, que narré en video o en el momento mismo en que ocurrían.

En 2018, la situación se tornó incluso más complicada, pues un presidente municipal del equipo del gobernador logró ser electo, pero ese presidente municipal era líder, al mismo tiempo, de una banda criminal fundada por sus familiares desde muchos años atrás, algo que se conocía en voz baja por casi todos los pobladores.

Yo decidí hablar públicamente del tema y contextualizar la cobertura informativa con datos ampliamente conocidos, pero también responsablemente corroborados. Ya para ese tiempo también un personaje controversial.

Se había hecho cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Alberto Capella, como titular de la Policía, consiguió tener el mando único de todas las corporaciones del estado, pero era previsible que ello no remediaría y al final, incrementaría la violencia, pues al llegar Capella a Quintana Roo, era conocido porque tenía al menos dos demandas por posible colaboración con grupos delictivos de Guerrero y de Morelos, donde antes tuvo también el cargo de secretario de Seguridad, y cuyo estado dejó hecho un mar de muerte.

Otra coincidencia ocurrió entonces, pues, que ha fortalecido el Cártel, a principios de 2018, con la llegada de Alberto Capella, llegaron también los del grupo delincuencial Los Rojos, que se instalaron con fuerza en la llamada Riviera Maya.

Para 2019, el clima de violencia era insostenible para que se pretendiera informar, tres amigos de los medios, periodistas, habían sido asesinados a balazos, uno en Solidaridad, en Playa del Carmen, y uno más en el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún.

Un supuesto amigo, dirigente local de un partido político y colaborador del Gobernador y del presidente municipal, me había advertido a principios de 2019 que a mí podría pasarme lo mismo que a mis amigos periodistas acallados a balazos, pues directamente me dijo que el Gobernador y el presidente municipal estaban hartos de mí.

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Después de esa advertencia, que traté de minimizar, aunque con muchas precauciones, vino un atentado con bombas molotov a mi domicilio y vehículo, una emboscada en una madrugada de la que escapé milagrosamente, una golpiza multitudinaria propinada a mi persona por una decena de policías y finalmente, amenazas demasiado claras de delincuentes, como esos policías que me golpearon.

En muchas ocasiones denuncié formalmente las amenazas, las agresiones, los atentados, denuncié en el ámbito estatal, pero también en el federal, ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por sus siglas, pero ninguna de las muchas demandas avanzó en investigaciones.

Algunos ataques, como la golpiza de policías, fueron negadas por el entonces secretario de Seguridad Pública, aunque los grabé en video, e irónicamente, apenas el año pasado, en la cárcel por un delito fabricado, fui notificado de que en una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se reconocían los hechos, e incluso se me daba la característica de víctima, característica que también antes ya me había otorgado la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Salí de Quintana Roo el 15 de mayo de 2019 y dos días después mataron, también en Playa del Carmen a otro amigo periodista. Ese año, 2019, Quintana Roo fue el estado que más periodistas asesinados, contó.

Apenas a unas semanas de que yo llegué a Ciudad de México y de que el Mecanismo de Protección a Periodistas me incluyera en su programa, una conocida de Tulum, me habló por teléfono para decirme que viajaría por unos días a Ciudad de México, y que le gustaría saludarme al llegar.

Días después me pidió alojamiento por poco tiempo, el mismo día en que me otorgaron un departamento de refugio. Debo decir que para mí no es extraño recibir huéspedes o invitados, de hecho, pertenezco a dos plataformas de viajeros en el mundo, Hospitality Club y Couchsurfing, y ahí consta que por casi 20 años he recibido cálida y respetuosamente a hombres y mujeres de todo el mundo, algunos por varias semanas. Nunca fui desconfiado y menos falté al respeto a alguien, y mis amigos, hombres, pero también mujeres, pueden confirmarlo.

Sin embargo, la persona que recibí esos días realizó una falsa acusación de violación, sin pruebas e incluso con pruebas en contra, como una pretensión de su parte de comprar testigos, avanzó de pronto, coincidentemente después de que Tulum en Red, y mi persona difundieron profusamente con videos que me hicieron llegar, y testimonios, el ataque a balazos por parte de la policía de Quintana Roo de una manifestación feminista ocurrida en Cancún en noviembre de 2020, ataque que el propio Gobernador y su secretario de Seguridad negaron inicialmente, aunque había incluso dos mujeres heridas por arma de fuego, mujeres periodistas, por cierto, menos de 15 días después de que yo difundiera la noticia y se hiciera eco internacional.

 

El caso en mi contra fue reactivado y yo soy aprehendido. El Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal hacía meses que pretendía quitarme los apoyos en Ciudad de México y, por supuesto, que no me otorgó ni el menor apoyo legal, pese a que desde meses atrás yo les había expuesto que era víctima de la falsa acusación.

Hace casi dos años que estoy en prisión. Ingresé un 30 de noviembre de 2020. Sostengo que mi encarcelamiento responde al afán de callarme, de matar a un periodista con la impunidad que caracteriza a los hombres del poder en nuestro país.

Aún en prisión, he sido testigo directo de una podredumbre y una impunidad aún más grande del sistema policial y de justicia de Ciudad de México.

Sigo siendo periodista.

He recabado testimonios sobre el modo en que decenas de millones de pesos mensuales son extraídos de las cárceles de la ciudad y usados para fines de enriquecimiento personal ilícito de varios jefes policíacos, o para financiar actividades proselitistas de algunos políticos de esta ciudad.

En la cárcel he sido torturado de muy diversos modos y advertido de otras tantas maneras de que aquí, en cualquier momento, puedo perder la vida sin que a nadie le interese.

He sido amenazado directamente por el subsecretario del Sistema Penitenciario de Ciudad de México y por varios altos jefes policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo para Prevenir y Erradicar la Tortura, salvó mi vida una ocasión al adelantarse a solicitar medidas precautorias a mi favor, después de que comencé a publicar testimonios de la corrupción y de los negocios millonarios al interior de los reclusorios.

El mismo mecanismo de la CNDH interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por tortura en mi contra ordenada por altos mandos policiacos, y solicitó también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ser de su esfera de competencia, una investigación por tortura continuada.

La denuncia ante la Fiscalía General simplemente fue recibida, pero no avanzó ni un ápice. No hasta ahora. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México me ha dado a conocer que ellos han optado por, entre comillas, proteger mi vida de ahora en adelante, sin indagar las torturas anteriores que quedaron en constancia del mecanismo de la CNDH.

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Nada de esto me sorprende. La vida de los periodistas en México, sobre todo la de los periodistas críticos, no importa a las personas el poder. Incluso si esos hombres y mujeres del poder se dicen progresistas o precursores de transformaciones que solo lo son simuladas, Kapuscinski y otros referentes del periodismo nos han dejado claro que quienes decidimos informar debemos hacerlo con dignidad y con responsabilidad. No importan las circunstancias.

Un periodista por sí solo, nada cambiará en una sociedad, pero se puede aportar un poco a alumbrar la realidad a todos los asistentes a este Décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos y Frontera.

Les pido su esfuerzo, su entereza e investigación, su solidaridad humana para avanzar por una sociedad más justa.

Desde la Penitenciaría de la Ciudad de México, en la que permanezco por un proceso fabricado desde el poder, pero en la que lucho por seguir siendo un buen ser humano que ejerce el periodismo incluso en prisión, les saluda, Héctor Valdez.

 

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Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

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Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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