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Mexico Violento

Policía comunitaria actuará contra coordinador por confabulación

La Policía comunitaria de Tototepec y la Casa de Justicia Espino Blanco tomarán medidas contra el coordinador Eliseo Villar por contubernio con el gobierno

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Por Sergio Ferrer

Foto: Coordinador de la Policía comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar, acusado de negociar con el gobierno en contra de la CRAC-PC. Crédito: Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- La Policía comunitaria de Totepec propuso en asamblea regional la revocación de mandato, expulsión y reeducación del coordinador Eliseo Villar Castillo, por pactar con autoridades estatales a espaldas de la asamblea regional.

Fernando Montalvo, consejero de la Policía Comunitaria en Tototepec, informó también que por mayoría de votos de las autoridades asistentes se determinó que las comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de Espino Blanco rechazaran la credencialización de las policías comunitarias al no ser acuerdo de la asamblea regional.

Lo anterior fue determinado por los pueblos que conforman la Casa de Justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) efectuada el 13 de septiembre.

En la reunión, se discutió el tema de la credencialización y registro de armas, surgiendo inconformidades de comisarios, delegados consejeros y policías comunitarios asistentes en contra de la credencialización acordada sólo entre coordinadores y el gobierno estatal. “Sin que este asunto que trastoca la vida interna y de organización del sistema comunitario haya sido consultado en asamblea en las cuatro casas de justicia, violentando el reglamento interno de la institución comunitaria”, indicó Montalvo.

A decir del asistente, se recriminó a los coordinadores por su urgencia de negociar la credencialización con el gobierno del estado, en especial a Eliseo Villar Castillo que actuó sin tomar en cuenta a la asamblea regional, máxima autoridad de la Policía Comunitaria.

Lo anterior, señaló la fuente, fue visto por varios asistentes como una limitación para que las policías comunitarias puedan salir afuera de sus comunidades aún en territorio comunitario. Se renegó de la reglamentación de armas de bajo calibre, así como la ofensiva del gobierno federal en la detención de comunitarios y coordinadores, la militarización del territorio de influencia de la CRAC-PC y la eventual llegada de las empresas mineras para el saqueo de los recursos naturales, por la negociación unilateral de Villar Castillo.

El consejero señaló que Villar Castillo, coordinador en San Luis Acatlán, acudió a la reunión de Espino Blanco una hora después de iniciada la asamblea, cuando se trataba el asunto de la credencialización. Escuchó los primeros cuestionamientos e interrumpió de manera autoritaria: “permítanme contestarle a este señor, me tienes que comprobar lo que me estás señalando”, pero las autoridades comunitarias lo conminaron a esperar su turno para hablar.

Los cuestionamientos que le hicieron a Villar consistieron en una traición a los pueblos, porque entre otras cosas, la asamblea determinó el 31 de agosto que la Casa de Justicia de El Paraíso seguía siendo parte de la CRAC-PC y que así mismo se acordó solicitar la liberación de todos los detenidos incluída Nestora Salgado y Bernardino García. Sin embargo, recordó el ta savi, que el 2 de septiembre Villar Castillo declaró todo lo contrario durante una mesa de negociación con el gobierno.

Por lo anterior, hubo voces que pidieron su expulsión y reeducación por actuar en contra de los principios del sistema básico comunitario. Montalvo refirió que el coordinador había dicho que la credencialización era para diferenciar a la CRAC de otros grupos, sobre todo de la autodefensa, en cuanto a las armas, argumentó que una vez que se envíe la iniciativa de reformas a la Ley 701 se agregaría un artículo en referencia al calibre de las armas.

Autoridades comunitarias dan por hecho que ya tiene negociación con el gobierno a espaldas de los pueblos, las reformas a la Ley 701 sin hablar de una consulta a través de foros en los pueblos indígenas.

Villar Castillo repitió lo dicho por el gobierno estatal, de que la Casa de Justicia de El Paraíso estaba expulsada y reiteró la acusación de que Nestora Salgado “era secuestradora”. Tras su participación comisarios, delegados, consejeros y policías intervinieron con réplicas.

Fue acusado de traicionar al sistema comunitario por no consultar a los pueblos, siendo un ejemplo de la violación al reglamento interno de la CRAC, la credencialización del estado porque el documento señala que las identificaciones serán dadas por la propia CRAC a través de sus coordinadores regionales.

Hubo también el reclamo que antes el Ejército y policías respetaban a los comunitarios, pero ahora ya no. Y por último, Montalvo conminó a exponer el 22 de septiembre, las voces que se sumaban a la revocación de mandato y reeducación de Eliseo Villar.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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