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Mexico Violento

Policía comunitaria actuará contra coordinador por confabulación

La Policía comunitaria de Tototepec y la Casa de Justicia Espino Blanco tomarán medidas contra el coordinador Eliseo Villar por contubernio con el gobierno

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Por Sergio Ferrer

Foto: Coordinador de la Policía comunitaria de San Luis Acatlán, Eliseo Villar, acusado de negociar con el gobierno en contra de la CRAC-PC. Crédito: Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- La Policía comunitaria de Totepec propuso en asamblea regional la revocación de mandato, expulsión y reeducación del coordinador Eliseo Villar Castillo, por pactar con autoridades estatales a espaldas de la asamblea regional.

Fernando Montalvo, consejero de la Policía Comunitaria en Tototepec, informó también que por mayoría de votos de las autoridades asistentes se determinó que las comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de Espino Blanco rechazaran la credencialización de las policías comunitarias al no ser acuerdo de la asamblea regional.

Lo anterior fue determinado por los pueblos que conforman la Casa de Justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) efectuada el 13 de septiembre.

En la reunión, se discutió el tema de la credencialización y registro de armas, surgiendo inconformidades de comisarios, delegados consejeros y policías comunitarios asistentes en contra de la credencialización acordada sólo entre coordinadores y el gobierno estatal. “Sin que este asunto que trastoca la vida interna y de organización del sistema comunitario haya sido consultado en asamblea en las cuatro casas de justicia, violentando el reglamento interno de la institución comunitaria”, indicó Montalvo.

A decir del asistente, se recriminó a los coordinadores por su urgencia de negociar la credencialización con el gobierno del estado, en especial a Eliseo Villar Castillo que actuó sin tomar en cuenta a la asamblea regional, máxima autoridad de la Policía Comunitaria.

Lo anterior, señaló la fuente, fue visto por varios asistentes como una limitación para que las policías comunitarias puedan salir afuera de sus comunidades aún en territorio comunitario. Se renegó de la reglamentación de armas de bajo calibre, así como la ofensiva del gobierno federal en la detención de comunitarios y coordinadores, la militarización del territorio de influencia de la CRAC-PC y la eventual llegada de las empresas mineras para el saqueo de los recursos naturales, por la negociación unilateral de Villar Castillo.

El consejero señaló que Villar Castillo, coordinador en San Luis Acatlán, acudió a la reunión de Espino Blanco una hora después de iniciada la asamblea, cuando se trataba el asunto de la credencialización. Escuchó los primeros cuestionamientos e interrumpió de manera autoritaria: “permítanme contestarle a este señor, me tienes que comprobar lo que me estás señalando”, pero las autoridades comunitarias lo conminaron a esperar su turno para hablar.

Los cuestionamientos que le hicieron a Villar consistieron en una traición a los pueblos, porque entre otras cosas, la asamblea determinó el 31 de agosto que la Casa de Justicia de El Paraíso seguía siendo parte de la CRAC-PC y que así mismo se acordó solicitar la liberación de todos los detenidos incluída Nestora Salgado y Bernardino García. Sin embargo, recordó el ta savi, que el 2 de septiembre Villar Castillo declaró todo lo contrario durante una mesa de negociación con el gobierno.

Por lo anterior, hubo voces que pidieron su expulsión y reeducación por actuar en contra de los principios del sistema básico comunitario. Montalvo refirió que el coordinador había dicho que la credencialización era para diferenciar a la CRAC de otros grupos, sobre todo de la autodefensa, en cuanto a las armas, argumentó que una vez que se envíe la iniciativa de reformas a la Ley 701 se agregaría un artículo en referencia al calibre de las armas.

Autoridades comunitarias dan por hecho que ya tiene negociación con el gobierno a espaldas de los pueblos, las reformas a la Ley 701 sin hablar de una consulta a través de foros en los pueblos indígenas.

Villar Castillo repitió lo dicho por el gobierno estatal, de que la Casa de Justicia de El Paraíso estaba expulsada y reiteró la acusación de que Nestora Salgado “era secuestradora”. Tras su participación comisarios, delegados, consejeros y policías intervinieron con réplicas.

Fue acusado de traicionar al sistema comunitario por no consultar a los pueblos, siendo un ejemplo de la violación al reglamento interno de la CRAC, la credencialización del estado porque el documento señala que las identificaciones serán dadas por la propia CRAC a través de sus coordinadores regionales.

Hubo también el reclamo que antes el Ejército y policías respetaban a los comunitarios, pero ahora ya no. Y por último, Montalvo conminó a exponer el 22 de septiembre, las voces que se sumaban a la revocación de mandato y reeducación de Eliseo Villar.

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Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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