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Feminicidios y trata sexual

Poder Judicial suspende nuevamente a jueces del caso Abril por liberar a presunto feminicida

Ignacio García

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Por Ignacio García

CDMX.- El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México suspendió temporalmente a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, investigados por conceder la libertad al ex esposo y principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el 29 de noviembre de 2019.

El poder Judicial de la capital del país señaló que para no transgredir la imparcialidad con la que se deben conducir mientras tenga vigencia la indagatoria administrativa en su contra, por lo que pretende que se agilice el proceso de investigación en torno a la actuación de los juzgadores en la sentencia de liberación del presunto feminicida.

Aunque hasta el momento el Poder Judicial capitalino no ha referido si existe algún tipo de responsabilidad en el caso Abril, se determinó que al ser figuras públicas están sujetas al escrutinio público por su actuación en la impartición de justicia en la Ciudad de México.

Una vez que se reanuden las actividades presenciales en el Poder Judicial de la Ciudad de México continuarán las investigaciones en torno a los dos juzgadores para determinar su responsabilidad en dichos incidentes.

El pasado 16 de abril el Consejo de la Judicatura ordenó que ambos jueces fueran reincorporados pero en esta ocasión como juzgadores de trámite, por lo que únicamente se encargarían organizar documentos, pero no de la toma de decisiones, sin embargo, ante la presión ciudadana, por medio de la platafora Change.org, con la que se obtuvieron casi 34 mil firmas, volvieron a suspenderlos.

Los juzgadores son acusados de haber permitido la liberación de Juan Carlos “N”, ex esposo de la víctima, quien previamente había sido señalado de intento de feminicidio, por lo que a las tres semanas de haber sido liberado, Abril fue asesinada en la vía pública.

Feminicidios y trata sexual

Policía de Cancún reprime y agrede a periodistas y activistas durante protesta por feminicidio

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Por Ignacio García 

Elementos de la policía de Cancún, Quintana Roo, reprimieron con balazos una manifestación de activistas feministas que protestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, por lo que resultaron dos periodistas que cubrían la movilización.

Alrededor de 400 mujeres activistas que se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron repelidas por parte de elementos de la policía de Cancún, por lo que la periodista Cecilia Solís y el reportero Roberto Becerril resultaron lesionados.

La comunicadora fue herida en el pie izquierdo, mientras que Roberto Becerril fue lesionado en el hombro, aunque también la reportera Selene Hidrogo fue agredida, por lo que los tres periodistas fueron trasladados a la Cruz Roja mexicana, pero las dos primeras fueron internadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las manifestantes exigían justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana, cuyo cuerpo descuartizado fue localizado en un basurero, por lo que pintaron algunas paredes del ayuntamiento de Cancún, situación que provocó que los policías dispersaran la protesta con balas.

Los policías locales detuvieron a 20 personas supuestamente involucradas con las pintas al ayuntamiento y a la fiscalía estatal, mientras que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se comprometió a esclarecer el feminicidio de Bianca Alejandrina, pese a las acciones de violencia contra las manifestantes.

Tras las agresiones contra los periodistas que cubrían la movilización, alrededor de cien comunicadores de distintas regiones de esa entidad se manifestaron sobre la Glorieta de Ceviche para exigir justicia por la violencia que sufren los reporteros en México diariamente.

Según las autoridades estatales, el director la Policía Municipal de Benito Juárez en Cancún, Eduardo Santamaría, ordenó disparar a los manifestantes, pese a que los uniformados no portaban armas de salva, por lo que este día fue destituido por su responsabilidad en las agresiones a los periodistas y manifestantes.

 

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Con voz propia

El abominable asesinato de Ingrid Escamilla

Un nuevo feminicidio cimbra la consciencia en CDMX, el de Ingrid Escamilla

Enrique Dominguez Gutierrez

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Enrique Domínguez Gutiérrez

Ni la letrina más asquerosa que hayamos visto en nuestra vida merece la deposición de un individuo que asesina a sangre fría y comete un acto tan repulsivo como asesinar a su mujer a puñaladas y desollarla. Una realidad en el que una vez más otra joven mujer es víctima por parte de su pareja, un energúmeno, loco, sádico y desquiciado personaje.

El 8 de febrero, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue privada de su vida por su propio esposo de la manera más artera y vil que se tenga memoria en los últimos años. Apuñalada, desollada, desmembrada. Una gran consternación e indignación en muchos ámbitos de la sociedad mexicana se manifiestan y piden castigo a Eric Francisco Robledo Rosas, aunque, sea cual fuere la justicia aplicada, nada reparará el daño acontecido tanto para la víctima como para sus familiares.

El problema es muy serio y merece gran notoriedad por tratarse nuevamente de un acto misógino, pues un crimen así no tiene por qué volver a ocurrir. No se trata solo de Ingrid, hay cientos de mujeres que son asesinadas años tras año por el hecho de ser mujeres. Algo que nos debe llevar a plantearnos el papel que tenemos en esta sociedad.

Es de ofrecer una disculpa post mortem a las víctimas por parte de una sociedad que no ha sido capaz de frenar esta situación tan dolorosa que deja a las mujeres viviendo en un mundo de terror e incertidumbre, al tener que cuidarse en todo momento de la violencia, atacantes, violadores y en el peor de los casos; carniceros deshumanizados.

Desollar, desmembrar, descuartizar, arrojar las vísceras por el drenaje y odiar de esa manera no es concebible y resulta increíble en un mundo aparentemente civilizado donde el infierno está más cerca de lo que imaginamos o simplemente estamos inmersos ya en él.

Existe aún el prejuicio y el machismo latente que se mantiene en la sangre como un modo de atentar contra la integridad de una mujer y descargar la ira irracional de psicópatas que no se detienen ante nada. El odio es parte de ellos y establecen como premisa su propio egoísmo para sentirse superiores y enarbolar carencias propias de una mentalidad retrógrada que son desquitadas por decenas de formas en perjuicio de la mujer.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 se registraron 411 feminicidios, en 2016, 600; en 2017, 736; en 2018, 861 y en 2019, 940, es decir, de 4 años a la fecha el aumento fue del 128 por ciento.

Rabia, encabronamiento e incluso impotencia es un claro ejemplo de justos reclamos para que se tomen acciones inmediatas dejando a un lado la tibieza de las autoridades. Como reacción, la digna manifestación de mujeres tiene que ser mediática.

Es urgente enfocar los reflectores y emprender de inmediato leyes que promuevan la denuncia rápida sin burocratismos ni trabas para la atención efectiva a mujeres que sufren de cualquier tipo de maltrato.

Denunciar y señalar al agresor no es una tarea fácil, sobre todo, si se trata de efectuar dicho trámite en alguna agencia del ministerio público o en una alcaldía. Es necesario que se presenten pruebas físicas de maltrato, en la mayoría de los casos no existe la atención psicológica a la mano y las penurias de una mujer al hacer señalamientos. No es precisamente algo que se caracterice por ser algo sencillo pues la vulnerabilidad, el agobio psicológico y el abatimiento generan la indefensión al aportar datos y sacar a la luz una serie de vejaciones que en ocasiones resultan indignas para la denunciante, ya sea por pena o por temor a actos pendencieros del agresor.

No dejemos que un acto deshumanizado se normalice en nuestras vidas. El juicio ligero a las mujeres que protestan es una mera reacción de insensibilidad. Pero el silencio profundo ante el fenómeno de los feminicidios, es algo que no podemos perdonarnos como sociedad.

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Feminicidios y trata sexual

Asesinan a Marielle Franco, política y activista brasileña crítica con la intervención militar en Río de Janeiro

Activista de DDHH y concejala del Partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco era crítica de la intervención del ejército en Río de Janeiro

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Desalambre

La activista de los derechos humanos y concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, oposición) Marielle Franco, convertida en una dura crítica de la intervención del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro, fue asesinada a balazos este miércoles en el centro de esta ciudad brasileña, informaron fuentes oficiales.

Marielle Franco, conocida activista de los derechos humanos que fue la quinta más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo de Río de Janeiro, regresaba anoche del acto político “Jóvenes negras: moviendo las estructuras”, centrado en la lucha afrofeminista, cuando fue tiroteada mientras transitaba en su vehículo por una calle del centro de la ciudad.

En el ataque también murió el conductor de su vehículo mientras que una asesora de la política identificada como Fernanda Chaves sufrió heridas sin gravedad.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó de que el ataque lo efectuaron pistoleros que estaban en otro vehículo y que, tras disparar, huyeron sin robar nada.

El ataque se produjo un día después de que la concejala volviera a criticar la intervención en la seguridad de Río de Janeiro en un mensaje en las redes sociales. “¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?”, se preguntó Franco.

Franco, que se caracterizó en la carrera política por su trabajo en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres negras como ella, ya había publicado otros mensajes cuestionando la violencia de la Policía en Río de Janeiro.

La legisladora, una socióloga de 38 años procedente de las favelas de Maré, una de las áreas más violentas de Río de Janeiro, era la relatora de la comisión del Concejo creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar.

El crimen ocurrió casi un mes después de que el presidente brasileño, Michel Temer, decretara una intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro para combatir la ola de violencia que afecta al estado más emblemático de Brasil desde los Juegos Olímpicos de 2016.

La decisión cede a los militares el control de la seguridad en Río hasta finales de 2018 tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por “balas perdidas”.

El PSOL, uno de los partidos más críticos de la intervención, presentó esta semana un recurso en el que le solicitó a la Corte Suprema que declare la medida como inconstitucional.

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