Esta tarde sujetos armados dispararon contra el periodista Rubén Darío Cruz, reportero del periódico Por Esto, en Cancún, Quintana Roo, aunque resultó ileso, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

El reporte estatal reveló que el comunicado salió de su fuente de trabajo para dirigirse a bordo de un automóvil y sujetos en otra unidad se acercaron y dispararon en varias ocasiones en su contra para posteriormente huir del sitio.

La fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que el comunicador cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, logró resguardarse y mantenerse a salvo.

El periodista atribuyó el ataque a un grupo de delincuentes de tarjetahabientes, pues había visto a esos sujetos en varias ocasiones cerca de un cajero automático que se encuentra cerca de las instalaciones del medio de comunicación local donde labora.

El diario digital refirió que al sitio arribaron elementos de la policía estatal a resguardar el lugar, pero ninguno de los agresores fue detenido, aunque anteriormente el periodista había recibido distintos atentados en su contra.

México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha referido que se mantiene la elevada impunidad contra los profesionales de la información en reiteradas ocasiones.

La legisladora federal del PRI por Sinaloa denunció que está siendo afectada la actividad de los pescadores y hay un riesgo para la salud de los habitantes

Por Elena Barrios

La diputada federal del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, demandó a las autoridades estatales y federales su intervención para frenar la contaminación del estero «El Infiernillo» en Mazatlán, que además de representar un riesgo a la salud de los habitantes de las comunidades aledañas, ha afectado la actividad de los pescadores de la región.

La legisladora del tricolor advirtió que es urgente sanear el estero, donde antes abundaban los peces y manglares. Ahora, explicó, debido a las descargas de aguas negras, se ha convertido en un lodazal y ha perdido más del 90% de su tamaño original.

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Dio a conocer que los propios pescadores han pagado estudios del agua, y se han encontrado restos de petróleo, aceites y otras sustancias dañinas para el medio ambiente.

Informó que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) sólo multó una vez al ayuntamiento de Mazatlán, pero no hay una respuesta a la crisis ambiental que vive el estero.

La diputada Paloma Sánchez expuso que no sirve de nada que el gobierno municipal culpe a las administraciones pasadas, sino que debe trabajar para resolver el problema, pues el costo económico de no atenderlo sería de hasta 30 mil millones de pesos para Mazatlán.

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Además, agregó que se desconoce el paradero de 120 millones de pesos que se presupuestaron en 2022 a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), por lo que resulta evidente que hay un abandono a este problema que ya causa afectaciones económicas, sociales y ambientales.

Finalizó exigiendo priorizar el trabajo de los más de mil pescadores ribereños que dependen del estero y de las familias que todos los días padecen los efectos de la contaminación.

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El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al gobierno de México revelar el informe que la administración de Estados Unidos compartió sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar el informe que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le compartió en una reunión virtual en mayo de 2021 sobre el caso Ayotzinapa.

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La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que como parte de la reparación integral del daño se debe garantizar el principio de máxima publicidad como parte del acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica.

La investigación del gobierno de Estados Unidos reunió intervenciones telefónicas realizadas en la Unión Americana por el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario mexicano solicitó al gobierno estadounidense el expediente de la investigación, debido a que era necesario para la Comisión de la Verdad que en agosto pasado determinó que hubo un crimen de Estado con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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Asimismo, el INAI sostuvo que el caso es emblemático de la crisis en violaciones graves de derechos humanos que se presentó en México, por lo cual pugna por la apertura de la información general pública sobre el caso Ayotzinapa acontecido el 26 de septiembre de 2014.

Sobre este mismo caso, el pasado 21 de diciembre, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Eutimio Ordoñez Gutiérrez, declaró improcedentes los amparos interpuestos por el general José Rodríguez Pérez, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, presos por el caso Ayotzinapa.

El juzgador consideró que no existían elementos para atraer los amparos interpuestos por los militares contra la orden de aprehensión que recibieron en septiembre pasado, así como a la negativa de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y mandamiento judicial.