El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

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Esta madrugada se produjo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías municipales y estatales durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de El Salto, Jalisco, donde murieron 12 personas, de las cuales ocho fueron civiles y cuatro uniformados.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que anunció que apoyarán a las familias de los efectivos abatidos.

El mandatario estatal señaló que los policías realizaban un operativo en una casa de seguridad, donde presuntos delincuentes mantenían secuestradas a personas, por lo que se produjo un enfrentamiento armado, ya que en el interior del inmueble localizaron armamento oculto y cuatro policías municipales de El Salto fallecieron.

Por su parte, el fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, sostuvo que la policía municipal recibió el reporte de sujetos armados que ingresaban a dos personas esposadas en una vivienda en la colonia San Lorenzo, por lo que los policías acudieron a verificar el lugar y fueron agredidos por los presuntos delincuentes.

En la refriega fallecieron los cuatro policías municipales, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía municipal y estatal, por lo que en el sitio fallecieron ocho presuntos delincuentes, cuyos cuerpos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía estatal que acordonaron la zona, por lo que después del enfrentamiento que duró más de una hora se localizaron los cuerpos de los presuntos delincuentes, aunado a que se liberaron a dos personas que habían sido reportadas como secuestradas.