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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia interpone amparo contra Comisión de Amnistía del Congreso de EdoMex por omisiones

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Por Ignacio García

La organización no gubernamental Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) interpuso un recurso de amparo administrativo contra la comisión especial en materia de Amnistía del Congreso del Estado de México por las omisiones que se presentaron desde su constitución el pasado 26 de marzo y por la expedición extemporánea de lineamientos hasta el pasado 1 de julio.

Por medio de un comunicado, la organización defensora de los derechos de las personas privadas de libertad liderada por José Humbertus Pérez Espinoza, ex preso político, señaló que la comisión especial en materia de Amnistía no dio respuesta durante más de 150 días ni tampoco notificaron los turnos a la organización Presunción de Inocencia sobre las solicitudes que dirigieron para obtener la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y del gobierno estatal.

De acuerdo con el amparo, la sexagésima primera legislatura del Congreso local debe dar continuidad a la comisión especial en materia de Amnistía y el órgano jurisdiccional en materia administrativa debe conocer el juicio de garantías o amparo que se pronuncie por el artículo quinto transitorio de la Ley de Amnistía del Estado de México, se especifica en el documento.

La PIDH refirió que en tanto no se resuelva el amparo, la denominación de la comisión especial tendrá que formar parte de la legislatura del Estado de México y el juez en turno tendrá que resolver sobre su continuidad y el amparo defenderá la continuidad de la comisión especial para que atienda los casos relevantes que no sean delitos de alto impacto.

Según la PIDH, la violación del amparo es por el primer artículo de la comisión especial en materia de Amnistía de la sexagésima legislatura, ya que los diputados no se pronunciaron por las solicitudes, aunque cumplen con los estándares de derechos humanos y el control de convencionalidad difuso que obliga a cualquier autoridad aplicarlo cuando se violan los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que la comisión especial despreció la defensa de los derechos humanos, por lo que también interpusieron un recurso de amparo por la violación del artículo 8 constitucional que también viola la comisión especial el derecho de petición al no responder el pasado 17 de agosto.

Por ello, PIDH propuso que la comisión especial de Amnistía sea permanente y se le dote facultades de investigación, así como presupuesto suficiente para revisar los casos y la iniciativa ciudadana de la Ley de Amnistía del Estado de México propuso la integración de una comisión especial de investigación para supervisar y evaluar el sistema de justicia penal acusatorio.

Además, propuso cumplir el Acuerdo por la Seguridad Integral de los Mexiquenses para supervisar las acciones de los tres poderes en la capacitación y certificación de los operadores de justicia del sistema penal acusatorio.

De la misma manera, propuso que la comisión especial investigará las asignaciones e incrementos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, aunado a que solicitará el apoyo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que conozca cuántos operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de México están capacitados y certificados.

También la comisión especial deberá estar integrada por expertos de otros países en donde el sistema penal acusatorio haya sido exitoso y una vez que realice las investigaciones de las carpetas de los falsos culpables o inocentes que no cometieron delitos deberán dirigirse al Poder Judicial para que los magistrados del Consejo de la Judicatura evalúen el estudio por los investigadores de la comisión especial.

Además, la comisión especial deberá solicitar una partida presupuestal a la Cámara de Diputados para que las investigaciones de las carpetas de delitos de falsos culpables puedan realizarse sin ninguna presión económica o política y que ese presupuesto se incremente en cada ejercicio fiscal.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

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Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

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Justicia pendiente

Jose Humbertus Pérez Espinoza, defensor de falsos culpables, denuncia amenazas del fiscal de Edomex

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Por Ignacio García

El defensor de derechos humanos y falsos culpables, José Humbertus Pérez, denunció que ha recibido diferentes amenazas de muerte y represalias a sus defendidos en prisión por parte del fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, por su labor en la defensa de falsos culpables en esa entidad.

El defensor de derechos humanos dijo que buscará una audiencia con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, debido a la persecución que han realizado las autoridades judiciales del estado en contra del movimiento de Presunción de Inocencia, que encabeza a favor de los falsos culpables y sobrevivientes de tortura en las cárceles del Estado de México.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos, los jueces de ejecución actuaron de forma ilegal al realizar traslados de internos de los penales mexiquenses sin obtener la sentencia de los jueces de control, por lo que también acudieron al penal de Otumba por las violaciones de derechos humanos.

Asimismo, acudieron al penal de Chiconautla por los traslados ilegales de los presos que fueron acusados de delitos que no cometieron, por lo que enfatizó la existencia de la fabricación de carpetas de investigación por parte de la fiscalía del Estado de México.

De la misma manera, han atendido casos de otros presos que podrían ser trasladados de forma ilegal a otros centros de reclusión en el Estado de México, lo cual implica también riesgos por la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad que están siendo defendidas por Presunción de Inocencia.

José Humbertus se ha destacado por estudio y la propuesta de una ley de amnistía para delitos de alto impacto en el Congreso del Estado de México y ha sustentado jurídicamente la propuesta de ley que podría poner en libertad a más de 15 mil personas que sufrido irregularidades en sus procesos, desde estar sin sentencia por más de dos años hasta la tortura para incriminarse o incriminar a otros.

Debido a las amenazas recibidas, Humbertus señaló que buscará la protección del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, que junto con las amenazas también se han desplegado campañas mediáticas en su contra por parte de las autoridades estatales para afectar su imagen como defensor de derechos humanos.

Señaló que han sido periodistas que lo han alertado de estas campañas de desprestigio y de un posible atentado en su contra por su movimiento de Presunción de Inocencia que tendrá su próxima marcha sobre la Avenida Reforma, de la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Senado de la república.

En esta marcha se exigirá que la Comisión especial de investigación del Senado para el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico y amigo del senador Ricardo Monreal, quien enfrenta un proceso por cargos de homicidio en Veracruz, sea una comisión ordinaria, con facultades de investigación para todos los casos de falsos culpables y tortura en México.

 

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