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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia interpone amparo contra Comisión de Amnistía del Congreso de EdoMex por omisiones

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Por Ignacio García

La organización no gubernamental Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) interpuso un recurso de amparo administrativo contra la comisión especial en materia de Amnistía del Congreso del Estado de México por las omisiones que se presentaron desde su constitución el pasado 26 de marzo y por la expedición extemporánea de lineamientos hasta el pasado 1 de julio.

Por medio de un comunicado, la organización defensora de los derechos de las personas privadas de libertad liderada por José Humbertus Pérez Espinoza, ex preso político, señaló que la comisión especial en materia de Amnistía no dio respuesta durante más de 150 días ni tampoco notificaron los turnos a la organización Presunción de Inocencia sobre las solicitudes que dirigieron para obtener la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y del gobierno estatal.

De acuerdo con el amparo, la sexagésima primera legislatura del Congreso local debe dar continuidad a la comisión especial en materia de Amnistía y el órgano jurisdiccional en materia administrativa debe conocer el juicio de garantías o amparo que se pronuncie por el artículo quinto transitorio de la Ley de Amnistía del Estado de México, se especifica en el documento.

La PIDH refirió que en tanto no se resuelva el amparo, la denominación de la comisión especial tendrá que formar parte de la legislatura del Estado de México y el juez en turno tendrá que resolver sobre su continuidad y el amparo defenderá la continuidad de la comisión especial para que atienda los casos relevantes que no sean delitos de alto impacto.

Según la PIDH, la violación del amparo es por el primer artículo de la comisión especial en materia de Amnistía de la sexagésima legislatura, ya que los diputados no se pronunciaron por las solicitudes, aunque cumplen con los estándares de derechos humanos y el control de convencionalidad difuso que obliga a cualquier autoridad aplicarlo cuando se violan los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que la comisión especial despreció la defensa de los derechos humanos, por lo que también interpusieron un recurso de amparo por la violación del artículo 8 constitucional que también viola la comisión especial el derecho de petición al no responder el pasado 17 de agosto.

Por ello, PIDH propuso que la comisión especial de Amnistía sea permanente y se le dote facultades de investigación, así como presupuesto suficiente para revisar los casos y la iniciativa ciudadana de la Ley de Amnistía del Estado de México propuso la integración de una comisión especial de investigación para supervisar y evaluar el sistema de justicia penal acusatorio.

Además, propuso cumplir el Acuerdo por la Seguridad Integral de los Mexiquenses para supervisar las acciones de los tres poderes en la capacitación y certificación de los operadores de justicia del sistema penal acusatorio.

De la misma manera, propuso que la comisión especial investigará las asignaciones e incrementos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, aunado a que solicitará el apoyo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que conozca cuántos operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de México están capacitados y certificados.

También la comisión especial deberá estar integrada por expertos de otros países en donde el sistema penal acusatorio haya sido exitoso y una vez que realice las investigaciones de las carpetas de los falsos culpables o inocentes que no cometieron delitos deberán dirigirse al Poder Judicial para que los magistrados del Consejo de la Judicatura evalúen el estudio por los investigadores de la comisión especial.

Además, la comisión especial deberá solicitar una partida presupuestal a la Cámara de Diputados para que las investigaciones de las carpetas de delitos de falsos culpables puedan realizarse sin ninguna presión económica o política y que ese presupuesto se incremente en cada ejercicio fiscal.

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Justicia pendiente

FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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