Connect with us

Justicia pendiente

Presunción de Inocencia interpone amparo contra Comisión de Amnistía del Congreso de EdoMex por omisiones

Published

on

 

Por Ignacio García

La organización no gubernamental Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) interpuso un recurso de amparo administrativo contra la comisión especial en materia de Amnistía del Congreso del Estado de México por las omisiones que se presentaron desde su constitución el pasado 26 de marzo y por la expedición extemporánea de lineamientos hasta el pasado 1 de julio.

Por medio de un comunicado, la organización defensora de los derechos de las personas privadas de libertad liderada por José Humbertus Pérez Espinoza, ex preso político, señaló que la comisión especial en materia de Amnistía no dio respuesta durante más de 150 días ni tampoco notificaron los turnos a la organización Presunción de Inocencia sobre las solicitudes que dirigieron para obtener la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y del gobierno estatal.

De acuerdo con el amparo, la sexagésima primera legislatura del Congreso local debe dar continuidad a la comisión especial en materia de Amnistía y el órgano jurisdiccional en materia administrativa debe conocer el juicio de garantías o amparo que se pronuncie por el artículo quinto transitorio de la Ley de Amnistía del Estado de México, se especifica en el documento.

La PIDH refirió que en tanto no se resuelva el amparo, la denominación de la comisión especial tendrá que formar parte de la legislatura del Estado de México y el juez en turno tendrá que resolver sobre su continuidad y el amparo defenderá la continuidad de la comisión especial para que atienda los casos relevantes que no sean delitos de alto impacto.

Según la PIDH, la violación del amparo es por el primer artículo de la comisión especial en materia de Amnistía de la sexagésima legislatura, ya que los diputados no se pronunciaron por las solicitudes, aunque cumplen con los estándares de derechos humanos y el control de convencionalidad difuso que obliga a cualquier autoridad aplicarlo cuando se violan los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que la comisión especial despreció la defensa de los derechos humanos, por lo que también interpusieron un recurso de amparo por la violación del artículo 8 constitucional que también viola la comisión especial el derecho de petición al no responder el pasado 17 de agosto.

Por ello, PIDH propuso que la comisión especial de Amnistía sea permanente y se le dote facultades de investigación, así como presupuesto suficiente para revisar los casos y la iniciativa ciudadana de la Ley de Amnistía del Estado de México propuso la integración de una comisión especial de investigación para supervisar y evaluar el sistema de justicia penal acusatorio.

Además, propuso cumplir el Acuerdo por la Seguridad Integral de los Mexiquenses para supervisar las acciones de los tres poderes en la capacitación y certificación de los operadores de justicia del sistema penal acusatorio.

De la misma manera, propuso que la comisión especial investigará las asignaciones e incrementos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, aunado a que solicitará el apoyo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que conozca cuántos operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de México están capacitados y certificados.

También la comisión especial deberá estar integrada por expertos de otros países en donde el sistema penal acusatorio haya sido exitoso y una vez que realice las investigaciones de las carpetas de los falsos culpables o inocentes que no cometieron delitos deberán dirigirse al Poder Judicial para que los magistrados del Consejo de la Judicatura evalúen el estudio por los investigadores de la comisión especial.

Además, la comisión especial deberá solicitar una partida presupuestal a la Cámara de Diputados para que las investigaciones de las carpetas de delitos de falsos culpables puedan realizarse sin ninguna presión económica o política y que ese presupuesto se incremente en cada ejercicio fiscal.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

Published

on

Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

Continue Reading

Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

Published

on

By

cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Continue Reading

Justicia pendiente

INAI ordena a gobierno de México revelar informe de EUA sobre caso Ayotzinapa

Published

on

El INAI ordenó que AMLO publicara el informe que le entregó Kamala Harris sobre los Guerreros Unidos

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al gobierno de México revelar el informe que la administración de Estados Unidos compartió sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar el informe que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le compartió en una reunión virtual en mayo de 2021 sobre el caso Ayotzinapa.

No te pierdas: INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que como parte de la reparación integral del daño se debe garantizar el principio de máxima publicidad como parte del acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica.

La investigación del gobierno de Estados Unidos reunió intervenciones telefónicas realizadas en la Unión Americana por el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario mexicano solicitó al gobierno estadounidense el expediente de la investigación, debido a que era necesario para la Comisión de la Verdad que en agosto pasado determinó que hubo un crimen de Estado con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee también: Juez desecha amparos interpuestos por tres militares presos por caso Ayotzinapa

Asimismo, el INAI sostuvo que el caso es emblemático de la crisis en violaciones graves de derechos humanos que se presentó en México, por lo cual pugna por la apertura de la información general pública sobre el caso Ayotzinapa acontecido el 26 de septiembre de 2014.

Sobre este mismo caso, el pasado 21 de diciembre, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de MéxicoEutimio Ordoñez Gutiérrez, declaró improcedentes los amparos interpuestos por el general José Rodríguez Pérez, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, presos por el caso Ayotzinapa.

El juzgador consideró que no existían elementos para atraer los amparos interpuestos por los militares contra la orden de aprehensión que recibieron en septiembre pasado, así como a la negativa de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y mandamiento judicial.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: