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Justicia pendiente

Ilegal crear comisión del Senado para investigar detención de colaborador de Monreal: PIDH

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Por Ignacio García

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC (PIDH), bajo el liderazgo de José Humbertus Pérez Espinoza, denunció diferentes irregularidades e ilegalidades en la conformación de la comisión especial del Senado de la república para investigar la detención arbitraria del ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, colaborador del senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.

Por medio de un comunicado de prensa, la organización de los derechos humanos señaló que la creación de una comisión especial es inconstitucional, debido a que la Jucopo carece de facultades para la creación de este tipo de órganos legislativos, pues únicamente corresponde al pleno de la Cámara de Senadores, según la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con Pérez Espinoza, la comisión especial -integrada por Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano (MC); Eduardo Ramírez, de Morena; Julen Rentería, del Partido Acción Nacional (PAN); Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Sasil de León, del Partido Encuentro Social (PES)- carece de facultades para solicitar a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz la carpeta de investigación contra el secretario técnico de la Jucopo.

El organismo defensor de los derechos humanos enfatizó que la comisión especial es elitista y discriminatoria, debido a que atiende intereses políticos pero no sociales, pues no se encarga de atraer a las víctimas de detenciones arbitrarias cometidas en el país por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, recordó los casos de detenciones arbitrarias e ilegales cometidos en el Estado de México y los cuales no fueron atendidos por los senadores que integran el nuevo órgano legislativo, aunado a que han guardado silencio con todas las violaciones graves de derechos humanos ocurridas en otras entidades del país.

Además, recordó que el Senado de la República omitió atender los casos revisados por el sistema de Justicia Penal Acusatoria, en la que se encontraban falsos culpables de delitos fabricados.

Por ello, el siguiente año, PIDH propondrá diferentes reformas a la Ley de Amnistía Federal para que se retome el modelo de la Ley de Amnistía del Estado de México, así como modificaciones al Código Penal Federal para que atienda los casos de falsos culpables que son inocentes de los delitos que se les acusan.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

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Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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