Un grupo armado emboscó a la alcaldesa de Juan R. Escudero, Guerrero, Diana Carolina Costilla Villanueva, cuando viajaba por el puente de Omitlán cuando se dirigía a la cabecera municipal, donde dos policías municipales resultaron lesionados.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJEG), los hechos ocurrieron en la carretera estatal Ayutla de los Libres Tierra Colorada, donde sujetos desconocidos les dispararon y Janet “N” y Alejandro “N”, escoltas principales de la edil, fueron lesionados.

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Los uniformados locales fueron trasladados al Hospital General de Chilpancingo, por lo que en el sitio se encontraron 30 casquillos en contra de la munícipe, y uno de los vehículos que escoltaba a la presidenta municipal presentó ocho impactos de bala y otra unidad con tres.

Al sitio arribaron elementos de la policía estatal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que implementaron un operativo de búsqueda de los responsables de la emboscada contra Costilla Villanueva, pero hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

La presidenta municipal no resultó lesionada, pero la fiscalía capitalina abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, aunado a que se reforzará la seguridad en la demarcación.

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Guerrero es uno de los estados más violentos del país, en donde convergen diferentes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de las drogas, por lo cual también se han confirmado diferentes ataques contra autoridades municipales.

Apenas el 4 de octubre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

Cientos de familiares de personas privadas de libertad con delitos fabricados y víctimas de tortura en prisiones mexicanas se concentraron ayer en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, de la Ciudad de México, para marchar hacia el Senado de la república y exigir libertad y respeto a sus derechos humanos.

De diferentes estados, viajaron familiares de internos en los Centros federales de readaptación social (CEFERESOS) y de algunos estatales (CERESO) para exponer los casos de graves violaciones de derechos humanos, desde el aislamiento total hasta brutales golpizas, amenazas a sus familias, falta de atención médica y de alimentos saludables.

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En el penal de Puebla, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el interno Jens Herrera Guzmán, en un módulo de 85 personas, hay 17 que ingresaron con delitos fabricados, y 27 personas siguen sin sentencia. Tirzo Zúniga Vargas y el mismo Jens Herrera llevan 26 años sin sentencia acusados de secuestro en 1996 sin víctima ni pruebas.

Tras revelar en esta estadística además internos con enfermedades terminales, enfermos de Covid sin atención médica, fallecimientos sin explicación y adultos mayores de hasta 88 años que han compurgado 31 años de cárcel con 33 de sentencia, Herrera Guzmán fue trasladado a otro penal sin notificación a sus familiares y le expropiaron sus pertenencias.

Durante la marcha, varios familiares de internos con procesos en el fuero común denunciaron estos traslados arbitrarios a penales federales, sin la notificación a sus abogados o familiares, y aislándolos a los internos por varias semanas. También se denunció que en esos traslados son torturados o sometidos a maltrato y les niegan el agua potable por días.

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En los penales del Estado de México, Barrientos, Otumba, Tenancingo Centro, Chiconautla, entre otros, denunciaron plagas de chinches y piojos, maltrato, falta de higiene en los alimentos que dan en bolsas de plástico, además de la extorsión de las autoridades de los penales que trabajan con grupos delictivos de internos para obligar a otros a que consuman drogas o paguen por uso de electrodomésticos, cobijas, comida o seguridad.

De los Ceferesos mencionados Almoloya de Juárez, Tapachula, Michoacán y Durango, coincidieron en su denuncia docenas de familiares cómo fabricaron carpetas a sus PPL, torturaron a los inculpados en detenciones arbitrarias y los acusaron de delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Los familiares en la marcha mostraron fotografías de los internos torturados, con heridas graves, algunos desnudos atados a una mesa dentro de las celdas, y otros mostraron documentos de instancias de derechos humanos.

Incluso se informó durante la marcha que en Perote Veracruz había fallecido un interno, y se les avisó a la familia que había sido por Covid, al igual que hace tres semanas en el penal de Tapachula, donde la directora del penal Ericka Tecnopala entregó el cuerpo cremado a los familiares alegando que lo tuvieron que cremar para evitar contagios, sin embargo, los mismos internos dieron otra versión a la familia del fallecido, que había sido golpeado brutalmente dentro de su celda y había muerto por los golpes.

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La marcha dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza concluyó en el Senado de la república, donde una comitiva ingresó al edificio para entregar sus demandas a los representantes de los senadores.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

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El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

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Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.