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Estados Unidos

Pfizer, entre corporaciones donantes a legisladores que promovieron el asalto al Capitolio en EEUU

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Por Guadalupe Lizárraga

El informe Accountable elaborado por la organización de supervisión sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos señaló que 20 de las 500 empresas más grandes del país donaron más de 8 millones de dólares a legisladores republicanos que votaron el año pasado para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Entre las empresas, Pfizer destaca con un historial de apoyo a los sedicionistas, pese a haber sido una de las primeras corporaciones signatarias de la ONU comprometiéndose a respetar el Estado de derecho.

Los datos compilados por la organización especifican que las empresas donantes incluso lo siguieron haciendo después de los disturbios violentos y las acusaciones infundadas de que se había cometido fraude en las elecciones de 2020. El informe reveló que las corporaciones y diez grupos industriales más aparecen en la lista de la revista Fortune, entre los que destacan Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Chevron, ExxonMobil, Merck y Pfizer.

En el comunicado, Accountable dijo: “Las grandes corporaciones no perdieron tiempo en condenar la insurrección y promocionar su apoyo a la democracia, y casi con la misma rapidez, muchas abandonaron esos supuestos valores haciendo grandes donaciones a los mismos políticos que ayudaron a instigar el frustrado intento de golpe de Estado”.

La información se da a conocer al tiempo que se han programado más de 200 vigilias para mañana 6 de enero, en ciudades y localidades de Estados Unidos para conmemorar el primer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio.

Las juegos de Pfizer

La corporación Pfizer dio $ 49,500 al Comité de Sedición a pesar de suspender las contribuciones a los objetores electorales luego de la insurrección del 6 de enero de 2021. Sin embargo, Pfizer recuperó una contribución de marzo de 2021 al miembro del Comité de Sedición, el legislador republicano Adrian Smith (R-PA), cuando la compañía enfrentó una controversia sobre el incumplimiento de su compromiso de pausar las contribuciones, lo que afirmó que se hizo «por error».

El apoyo de Pfizer a los legisladores que intentaron revocar las elecciones de 2020 se complica aún más por su historial mixto de mantener vínculos con fuerzas antidemocráticas y aliados de Donald Trump en algunos casos, y al mismo tiempo de mantener vínculos y posturas pro democráticos en otros lugares:

  • Pfizer retrocedió al unirse a una declaración que «criticó» las restricciones de votación de 2021 de Georgia, incluso cuando su director ejecutivo afirmó que «el acceso al voto es muy importante para la democracia», mientras tanto, Pfizer había dado
    $ 6,850 para el gobernador de Georgia. Brian Kemp fue quien firmó el proyecto de ley «Jim Crow 2.0».
  • La junta de Pfizer incluye al Dr. Scott Gottlieb, cuyo mandato al frente de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estuvo plagado de controversias sobre sus «innumerables conflictos de intereses» con los intereses de la industria y que está vinculado al movimiento conservador.
  • Pfizer está representado en el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes, que condenó enérgicamente la insurrección y pidió la destitución del presidente Trump a través de la 25 enmienda constitucional.
  • Pfizer fue uno de los primeros signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que orienta a las empresas en
    respetar el Estado de derecho, e incluso destaca como un ejemplo de caso de una empresa que ayuda a prevenir
    «violencia» y «promover la estabilidad durante las elecciones».

El Pacto de Pfizer con Naciones Unidas

En el informe se especifica que la corporación que ha liderado las vacunas contra el Covid 19 en el mundo, y en Estados Unidos, fue una de las primeras firmantes del compromiso con la ONU para fortalecer el Estado de derecho. El compromiso supranacional establece que:

Las empresas pueden apoyar el Estado de derecho a través del negocio principal, la inversión social estratégica, el compromiso con las políticas públicas y la acción colectiva. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha recopilado más de 100 ejemplos de casos de acción empresarial en apoyo del Estado de derecho, que incluyen una red móvil operadora, con el apoyo del gobierno, desarrollando pautas para prevenir mensajes electrónicos masivos que inciten a la violencia y el envío de mensajes de paz para promover la estabilidad durante las elecciones «. [Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el 21 de noviembre de 2001].

Lista de los legisladores sedicionistas que recibieron donaciones de Pfizer

Ducmento: 2021-12-22-Pfizer-Profile.pdf (accountable.us)

Estados Unidos

Gobierno de EEUU anuncia cierre del centro de detención a migrantes del Condado de Berks, Pensilvania

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En centro de detención de Berks fungía para detener sólo a mujeres migrantes

Como una gran victoria para los activistas por los derechos de las personas migrantes, el Gobierno federal de Estados Unidos anunció que cerrará el Centro de Detención del Condado de Berks, situado en el estado de Pensilvania, que durante mucho tiempo se usó para encarcelar a familias que solicitaban asilo. Más recientemente, la instalación se ha utilizado como prisión para mujeres migrantes.

El Centro Residencial del Condado de Berks, es una instalación del municipio de Berna, donde se ha retenido a los solicitantes de asilo y que ha sido objeto de protestas durante años. Los funcionarios del condado anunciaron el miércoles que el gobierno federal les informó que finalizará su contrato con el condado el 31 de enero.

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Stephanie Weaver, oficial de Relaciones Públicas del condado, emitió un comunicado diciendo que los funcionarios de Berks se reunieron con la gerencia y el personal del centro para informarles sobre la decisión del gobierno federal.

“El condado de Berks desea agradecer al personal, los empleados y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales de BCRC por su servicio y compromiso con este programa”, dice el comunicado. “Los funcionarios del condado también están comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a estos empleados durante esta transición”.

La declaración no especificó si los empleados del condado perderían sus trabajos debido a la decisión de cerrar las instalaciones. Weaver dijo que unas 60 personas actualmente trabajan en el centro.

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El centro, que opera desde 2001, había sido en algún momento uno de los tres lugares de Estados Unidos donde se retenía a las familias que buscaban asilo. A principios de 2022, se convirtió en una instalación que albergaba sólo a mujeres.

El condado de Berks administra la instalación y el gobierno federal le reembolsa. A cambio, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) alquila espacio para oficinas y proporciona alrededor de $1 millón en ingresos anuales al condado.

Durante la última década, la instalación se convirtió en un imán para las protestas, con una variedad de grupos de defensa que han pedido su cierre. Sostienen que la detención de niños es inhumana e hicieron acusaciones sobre el maltrato de los detenidos y las malas condiciones de vida en el centro. Los funcionarios federales y del condado han negado sistemáticamente esas afirmaciones.

El centro permaneció vacío durante la mayor parte del año pasado después de que la administración del presidente Joe Biden decidió que ya no estaba interesado en detener a las familias solicitantes de asilo.

 

En cambio, ICE y los funcionarios del condado forjaron un nuevo contrato para el sitio que lo convirtió en una instalación de albergue a mujeres migrantes. Los comisionados del condado aprobaron el nuevo contrato en el verano de 2021.

Ante la noticia del cierre, la organización Coalición Shut Down Berks dijo ser una gran victoria para la comunidad y una prueba de que la organización y la colaboración pueden generar cambios.

“Ha sido un largo viaje de organización desde 2015 para llegar aquí”, se lee en el comunicado. “Estamos más que emocionados de escuchar esta noticia y esperamos ver a todos liberados a sus familias y comunidades. También nos mantendremos atentos para que este sitio nunca más se use para infligir más violencia contra los inmigrantes o encarcelar a más personas a medida que pasa a un nuevo propósito”.

 

 

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Estados Unidos

En Arkansas, un pollo con sangre de explotación laboral

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La pollería Tyson en Arkansas explota a los migrantes y los trata con esclavos

 

En el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las empresas polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados

Por Kau Sirenio

@Kausirenio 

El estado de Arkansas era de los estados confederados que se oponían a la abolición de esclavitud. De ahí que las calles de la ciudad de Springdale tengan nombres de supremacistas blancos como: Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Halleck, Ulysses S. Grant. O de los dueños de los fundadores de las trasnacionales como la pollería Tyson y Walmart: John W. Tyson y Sam Walton.

La historia de discriminación y explotación no termina ahí, sino que se extiende en la universidad de Arkansas, donde el departamento de ciencia avícola es el principal referente de la pollería Tyson, que tienen el mayor número de trabajadores migrantes con problemas de movilidad de sus extremidades y en algunos casos de trombosis cerebral.

El rechazo a los otros en esta ciudad se percibe en sus panteones, donde cada población tiene su propio cementerio. El de los negros o esclavos se encuentra en un terreno baldío, unas piedras puntiagudas sirven de lápida. Luego sigue una barda de azulejos que lo divide con la de los blancos, ahí, las tumbas cuentan con cruces de mármol. Al noroeste de la ciudad se encuentra la sepultura exclusiva para militares y miembros del Ejército Confederado. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son repatriados a sus países de origen.

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Con una población de 69 mil 797 habitantes, Springdale es la ciudad donde llegan los migrantes mexicanos y centroamericanos. A pesar de la política antimigrantes, en esta ciudad es común encontrar comercios con productos mexicanos y centroamericanos. De comida hay de todos los sabores y sazones.

La política migratoria es estandarizada con la Ley federal de Migración en el noroeste de Arkansas. Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que las policías locales colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés.

Esta relación antimigrantes permitió que la policía local colaborara con el ICE para detener a 680 trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi el 8 de agosto en 2018. La mayoría de los detenidos son latinos.

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En mayo de 2018, la fundadora y directora de la organización comunitaria Venceremos Magali Licolli, describió la condición en que trabajaban los migrantes: “Cuando vi lo jodido de la situación de los trabajadores de la pollería El Tyson me di cuenta de lo complicado que es la vida de los migrantes indocumentados Arkansas, Estados Unidos”.

Las activista hacía énfasis sobre la explotación de los migrantes en el noroeste de Arkansas. “Venían pacientes a la clínica comunitaria a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades físicas a causa de los accidentes laborales. Era tal la crueldad en que trabajaban que no les permitía ir al baño, tenían que usar pañales desechables porque no se podían mover la cadena de producción”.

Las personas migrantes que trabajan en Tyson cada día están en peligro de perder la movilidad de sus cuerpos debido al trabajo que realizan en la pollería, lo triste de este caso es que los cónsules y el embajador de México en Estados Unidos poco hace por investigar el ambiente laboral en que se encuentran los connacionales.

Mientras que el salario de los migrantes no les alcanza para la renta, alimentación y medicinas. Y lo que es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a causa de la presión en las bandas de destazar pollos.

Así las cosas, en el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados, porque el Tyson tiene una plantilla de capellanes que persuade a los trabajadores a no quejarse de la situación en que trabajan.

Magali Licolli puso al tanto en la entrevista en mayo de 2018 lo que sucedía en Springdale,  por ejemplo, los trabajadores no podía pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones a las empresas polleras, porque eso era condenarse a ser despedido.

“Ellos ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas”.

La situación de los migrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja y nadie hace por revisar estos abusos en las empresas transnacionales. Las organizaciones sociales y religiosas en esta región están más apegadas al poder económico que a la vida humana.

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Lo que duele en esta historia es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presume las remesas que los paisanos que trabajan en el estado de Arkansas envían a México, pero poco hace por acompañar a los migrantes abandonados por la pollería el Tyson.

Mientras usted siga degustando una alita o pierna de una marca transnacional de comida rápida, la situación de los trabajadores del Tyson no cambiará.

 

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Estados Unidos

Gobierno de Biden mantiene postura de deportar sólo a inmigrantes con récord criminal por ‘recursos insuficientes’

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El gobierno de Joe Biden sólo deportará migrantes con historial criminal por falta de recursos

El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.

Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.

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El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.

Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.

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Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.

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Con información de La Opinión.

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