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La red en lucha

Petroleras incurren en grandes costos por movilizaciones indígenas

Empresas mineras y petroleras han incurrido en millonarios gastos ante las movilizaciones de protesta indígenas en las comunidades

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La quichua Rosa Tanguila limpia la contaminación petrolera que dejó Texaco en un arroyo de su comunidad, Rumipamba, en la Amazonia ecuatoriana. Foto: Gonzalo Ortiz/IPS

La quichua Rosa Tanguila limpia la contaminación petrolera que dejó Texaco en un arroyo de su comunidad, Rumipamba, en la Amazonia ecuatoriana. Foto: Gonzalo Ortiz/IPS

UXBRIDGE, Canadá, (IPS).– Los conflictos sociales por la explotación minera, petrolera y gasífera le están costando a las empresas miles de millones de dólares por año. Una única compañía reportó costos de más de 6.000 millones de dólares en dos años, señala la primera investigación arbitrada sobre el peso económico de estos enfrentamientos para las industrias extractivas.

El proyecto aurífero de Pascua Lama, en la frontera entre Chile y Argentina, insumió 5.400 millones de dólares durante 10 años de protestas e irregularidades. Pero la empresa canadiense Barrick Gold no ha extraído ni una onza de oro y la obra fue suspendida en abril del año pasado por orden de la justicia chilena.

En Perú, el proyecto minero Conga, valuado en 2.000 millones de dólares, debió suspenderse en 2011 por las protestas sociales que estallaron ante el peligro de que desaparecieran cuatro lagunas de agua dulce. A partir de entonces, la empresa Yanacocha debió abocarse a construir cuatro reservorios de agua que, de acuerdo a su plan, reemplazarían las lagunas afectadas.

“Las comunidades no están impotentes. Nuestro estudio muestra que logran organizarse y movilizarse, lo que lleva a las empresas a incurrir en grandes gastos”, dijo el coautor de la investigación, Daniel Franks, de la Universidad de Queensland, en Australia, y subdirector del Centre for Social Responsibility in Mining.

“Lamentablemente, estos enfrentamientos también conducen a derramamientos de sangre y pérdida de vidas”, dijo Franks a Tierramérica.

La investigación, publicada el lunes 12 de mayo en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se basó en 45 entrevistas confidenciales y en profundidad a ejecutivos de alto nivel de industrias extractivas (mineras y energéticas) que operan en todo el mundo.

También está disponible un informe especial, basado en la investigación, sobre los costos de los conflictos entre comunidades y empresas del sector extractivo.

“Queríamos documentar los costos del mal relacionamiento con las comunidades. Las empresas no están completamente conscientes del problema, y solo algunos inversores conocen el alcance de este riesgo”, dijo Franks.

“Si a las compañías les interesa asegurar sus ganancias, deben adoptar estándares ambientales y sociales de excelencia y colaborar con las poblaciones”, añadió.

La inversión en construir un buen relacionamiento con las comunidades es mucho menor que el enfrentamiento. La gente no se opone al desarrollo en general. A lo que se opone es a tener muy poca participación y control en la forma que adopte ese desarrollo, argumentó el investigador.

“Buscamos un desarrollo que beneficie a los pueblos indígenas y no solo al cuñado de alguien”, dijo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 1.350 comunidades indígenas de la Amazonia de Perú.

El dirigente indígena peruano Alberto Pizango, que enfrenta un proceso judicial por la masacre de Bagua y es a la vez consultado por el gobierno para organizar la próxima cumbre climática. Foto: Coimbra Sirica/BurnessGlobal

El dirigente indígena peruano Alberto Pizango, que enfrenta un proceso judicial por la masacre de Bagua y es a la vez consultado por el gobierno para organizar la próxima cumbre climática. Foto: Coimbra Sirica/BurnessGlobal

“Los indígenas tienen algo que decir sobre el desarrollo armonioso con la naturaleza. No queremos un desarrollo que destruya nuestra amada Amazonia”, dijo Pizango a Tierramérica desde Lima.

Pizango ha resistido activamente la concesión, efectuada por el gobierno a empresas extranjeras, de tierras ancestrales de los pueblos nativos.

Esa lucha se volvió violenta el 5 de junio de 2009, cuando el desalojo policial de una vía bloqueada terminó con 24 policías y 10 civiles muertos en la selvática localidad norteña de Bagua.

Los indígenas se habían movilizado para protestar contra 10 decretos legislativos, considerados inconstitucionales, promulgados por el gobierno para promover la inversión privada en territorios aborígenes.

El miércoles 14 comenzó en Bagua un juicio contra Pizango y otras 53 personas por incitación a la violencia y otros 18 delitos relacionados con esa masacre.

“No teníamos opción y pensamos que nuestras protestas fueron justas. Pero el precio fue muy alto. No queremos que esto se repita. Queremos pasar de la gran protesta a la gran propuesta”, dijo Pizango, quien puede enfrentar cadena perpetua si resulta condenado.

La investigación publicada en Proceedings muestra que la violencia que estalló en Bagua pudo haberse evitado si las autoridades y las empresas hubieran reconocido los derechos indígenas y trabajado con ellos.

“Con gran pena debo decir que eso todavía no sucede en Perú”, añadió Pizango, quien ni siquiera estaba en Bagua cuando se desencadenó la violencia.

Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente ha solicitado al dirigente y a la Aidesep que colaboren con la planificación de la cumbre de cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se celebrará en Lima a fines de este año. Pizango espera que esa conferencia permita mostrar al mundo que los pueblos indígenas pueden proteger los bosques y el clima.

Reparar las relaciones entre las comunidades y las empresas y los gobiernos es difícil, dijo Rachel Davis, integrante de la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de la estadounidense Universidad de Harvard.

“Es mucho más complicado reconstruir un vínculo destruido con una población local; las relaciones no pueden ‘retroajustarse’”, dijo Davis, coautora de la investigación.

Franks compara la situación con un divorcio. Muy raramente las parejas divorciadas vuelven a contraer matrimonio.

Las principales corporaciones mineras parecen estar entendiendo este asunto y están aplicando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU y adoptando el Marco de Desarrollo Sustentable delConsejo Internacional de Minería y Metales, dijo Davis en un comunicado.

Pero este no es el caso del sector de hidrocarburos. “Tienen una cultura muy diferente. No están acostumbrados a tratar con las comunidades”, dijo Franks.

El estudio muestra que el ambiente y el agua son los grandes disparadores de tensiones y enfrentamientos.

Y ya que actividades como la fractura hidráulica para extraer gas y petróleo no convencionales están en aumento y afectan las existencias de agua, se puede predecir que nos esperan grandes conflictos, sostuvo Franks.

“Es un buen informe, pero no aborda un aspecto más amplio, las presiones económicas y políticas para impulsar rápidamente los proyectos”, opinó el activista Jamie Kneen, de la organización no gubernamental canadienseMiningWatch Canada.

Los accionistas quieren grandes retornos para sus inversiones y los gobiernos quieren sus regalías e impuestos lo antes posible. Todo eso hace que las corporaciones tengan menos interés en hacer concesiones o en tomarse tiempo para hallar alternativas que resulten aceptables para las poblaciones locales, dijo Kneen a Tierramérica.

“Las empresas ya saben que va a haber problemas. Por lo general se juegan a que ningún conflicto llegue a ser notorio e intentan ocultar este riesgo a los inversores”, indicó.

Además, no todos los conflictos son evitables, añadió. “Algunas comunidades no aceptarán jamás ningún tipo de riesgo de contaminación de su agua”.

Artículo publicado por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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Europa

OMS advierte sobre crecimiento de la cuarta ola de Covid-19

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el crecimiento de la cuarta ola de contagios de Covid-19 en Europa a consecuencia del incremento de la movilidad en diferentes países de la región.

El director de la OMS, Hans Kluge, consideró que es preocupante el ritmo de crecimientos de contagios de coronavirus en 53 países de Europa, lo que podría provocar cerca de medio millón de muertos por esta enfermedad.

El representante de la OMS sostuvo que las autoridades sanitarias tienen mayor conocimiento sobre el comportamiento epidemiológico del virus, por lo que reconoció que nuevamente el mundo se encuentra en otro momento crítico ocasionado por la pandemia a consecuencia del crecimiento de los casos.

De acuerdo con Kluge, no se ha garantizado la cobertura universal de la vacunación y se han relajado las medidas sanitarias en los países afectados, por lo que consideró que esta situación impactará de forma más severa en las naciones con un avance más lento en la vacunación como en América Latina y en África.

Dijo que en Europa sólo el 47 por ciento de la población ha sido vacunada, por lo que es menos de la mitad de los habitantes que han sido inoculados, mientras que sólo ocho países han cumplido con una vacunación superior al 70 por ciento de la inoculación.

Indicó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento del 55 por ciento de casos de Covid-19 en Europa, pese a que se trata de una de las regiones con mayor avance en la campaña de vacunación para la población más vulnerable, y por ello indicó que en el cierre de este año podría llegar al punto más álgido.

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Europa

Líderes mundiales asisten a Glasgow para la COP26 por efectos catastróficos del cambio climático

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Líderes mundiales y activistas han viajado a la ciudad escocesa de Glasgow para asistir a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, una cumbre crítica destinada a prevenir los efectos más catastróficos de la crisis del cambio climático.

El reciente Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021 de Naciones Unidas reveló que las contribuciones y los compromisos actuales que asumieron los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero están lejos de ser suficientes para evitar un desastre planetario. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres.

Secretario general António Guterres: “Existe un grave riesgo de que Glasgow no alcance su objetivo. Varios anuncios de medidas contra el cambio climático que se hicieron de forma reciente podrían dar la impresión de que el panorama es más optimista. Por desgracia, esto es una ilusión. Las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional, los compromisos formales asumidos por los Gobiernos, todavía condenan al mundo a un calamitoso aumento de la temperatura global de 2,7 grados Celsius. […] Hay serios problemas de credibilidad. Vemos niveles peligrosos de desconfianza entre las grandes potencias, entre los miembros del G20, entre países desarrolla

dos y países en desarrollo”.

Se espera que unas 30.000 personas participen en la cumbre de dos semanas de duración, que fue aplazada por un año debido a la pandemia. Activistas contra el cambio climático se han estado congregando en Glasgow para presionar a líderes mundiales a que tomen medidas más radicales, como poner fin a los subsidios gubernamentales para la industria de los combustibles fósiles y dejar de invertir en carbón, petróleo y gas.

Lewis Coenen-Rowe: “Sabemos que todo nuestro sistema financiero en este momento está inmerso en la industria de los combustibles fósiles, y necesitamos encontrar una manera de salir de esta situación y destinar dinero a soluciones climáticas en lugar de a las causas del cambio climático”.

Información: Democracy Now!

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Con voz propia

Los 330 mil casos de abuso sexual de menores por miembros de la Iglesia católica en Francia

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Por Alberto Farfán

Noticia atroz fue dada a conocer este cinco de octubre del año en curso por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales relativa al abuso sexual que padecieron miles de menores de edad por parte de miembros de la Iglesia católica en Francia por alrededor de 70 años.

Cabe señalar que esta información tuvo su origen en el escándalo que giró en torno al sacerdote Bernard Preynat ─afortunadamente ya depuesto de su cargo─, que colapsó a la institución católica francesa. Y debido a ello, el año pasado Preynat fue imputado por abusar sexualmente de niños y niñas, alcanzando una absurda y patética sentencia de cinco años de cárcel, no obstante que este sujeto deleznable asumió haber violado a más de 75 niños durante décadas.

A raíz de este hecho, se conformó un grupo de trabajo para el esclarecimiento de estos crímenes, dando lugar a la constitución de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase, por sus siglas en francés), cuyo cargo como jefe de la investigación recayó en un alto funcionario público, Jean-Marc Sauvé, quien junto con su equipo se dedicó por más de dos años y medio a revisar registros judiciales, policiales, eclesiásticos y testimonios tanto de víctimas como de testigos, tomando como marco de referencia los años de 1950 a 2020.

El informe de Suavé contiene más de 2,500 páginas, en las cuales se abunda en detalle sobre diversas aristas, haciendo énfasis en que la gran mayoría de las víctimas eran niños preadolescentes de un rango amplio en términos de género, edad, condición económica, social y cultural. Observando que fueron cerca de 216,000 menores quienes padecieron las abominaciones directamente del clero francés, que sumando a los legos ofensores que colaboraban en instituciones religiosas, catequesis o centros educativos católicos, la suma alcanza niveles de 330,000 afectados.

Asimismo, el presidente de la comisión destacó que la cifra dada a conocer incluye las aberraciones cometidas por unos 3 mil sacerdotes, pero sin omitir ─lo reiteramos─ a aquellas otras personas relacionadas con la Iglesia en su calidad de laicos que también violaron a los menores. Ilícitos sobre los cuales las autoridades católicas tenían pleno conocimiento y que, no obstante, encubrieron durante años sistemáticamente como política institucional.

Suavé también resaltó que aproximadamente el 80% de las víctimas eran adolescentes hombres. Y a su vez, que en términos generales el 60% de los hombres y mujeres que fueron hostilizados sexualmente desde aquel momento en que fueron objetos de la agresión han presentado problemas trascendentales en su vida personal e íntima, tanto con sus vínculos sociales, sentimentales y sexuales, máxime en este último.

Lamentablemente, Jean-Marc Sauvé considera que la gran mayoría de los casos investigados y analizados por la comisión jamás llegarán a cristalizar favorablemente para las víctimas. Debido a que bajo la ley francesa dichos ilícitos por su antigüedad se tomarán como prescritos y por ello no podrán ser procesados los responsables de tan ominosos actos, aunque algunos de estos aún vivan y paseen por donde quieran con total libertad.

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