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Fabricación de culpables

Periodistas sabían de la complicidad de Javier Lozano con el Cártel de Sinaloa y de torturas al militar denunciante

Periodistas que sabían de la corrupción del exsecretario Javier Lozano y de la SEDENA y no publicaron nada

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2019, y primeros meses de 2020, medios y periodistas mexicanos sabían de la complicidad de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa, durante el gobierno de Felipe Calderón, de acuerdo con las revelaciones del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, sobreviviente de tortura y encarcelamiento. Las torturas fueron perpetradas por la Policía Judicial Militar, en junio de 2010, para acallar las denuncias del capitán, mismas por las que habrían asesinado al General Jorge Juárez Loera, un año después.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán de Infantería Malagón Rendón reveló que siendo jefe de la célula de Contrainteligencia de la Oficialía Mayor de la SEDENA, fue testigo de conversación entre un superior suyo y un narcotraficante, y miembros del Estado Mayor de Presidencia extraían información de manera ilegal para compartirla con el Cártel de Sinaloa. «Por eso masacraban a nuestras tropas, sabían de los operativos, incluso donde vivían», afirmó el militar, quien en aquel entonces hizo las denuncias a su superior inmediato, el General Jorge Juárez Loera, y éste fue asesinado, en mayo de 2011. 

Parte de esta información fue entregada –en diferentes formatos, digital e impresa– de mano de un exmiembro del ejército, a diferentes periodistas para que hicieran público el testimonio del capitán Malagón. Con la información, se incluía los resultados positivos del Protocolo de Estambul practicado en 2016, copia de la queja que ignoró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2015, y otros documentos que acreditan la agresión del Estado mexicano al militar en 2010 al experto en prácticas de Contrainteligencia de la SEDENA.

En la revista Proceso, el valor de una dirección

Uno de los primeros periodistas que recibió la información fue Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, a quien se le contactó en junio de 2019, para que entrevistara en persona al capitán Malagón.

El periodista acordó con el contacto del capitán Malagón una visita carcelaria al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, y fue acompañado desde una estación del Metro. Para evadir el registro regular como periodista al que estaría sujeto a autorización y tiempo, el contacto del capitán pagó mil pesos a los custodios de la prisión para que dejaran pasar al periodista al área de población, donde se acuden las visitas de amistades y familiares. Una vez dentro, la entrevista se realizó en presencia del contacto, y el capitán dio una hoja al periodista para que hiciera sus notas. La conversación duró unas tres horas, enfocándose en el tema del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón, las torturas al capitán, y la corrupción de algunos altos mandos de la SEDENA. Posteriormente, se le llevó a la revista copia de documentos con información sensible que sustentaban los dichos del capitán.

Seis meses después, debido a que la revista Proceso no había publicado nada del testimonio del capitán Malagón, su contacto se comunicó de nuevo con el periodista Jorge Carrasco para preguntarle sobre la información que había recibido. A lo que contestó el periodista:

–Va a haber movimientos dentro de la revista y, como ya habrá sabido, voy a ser el director.

–¿Pero eso qué tiene que ver con la información que se le dio? –reviró el contacto del capitán.

–Le voy a pasar la información a otro compañero –justificó Carrasco.

–No quiero que le dé la información a otro compañero, se la dimos a usted, es información muy sensible.

–Le prometo que en febrero se va a publicar su información.

Sin embargo, pasó febrero y la revista Proceso no publicó nada sobre el caso ni Carrasco volvió a contestar las llamadas del contacto del capitán.

Sin Censura, diez mil por entrevista

Un segundo periodista al que buscaron para hacer pública la denuncia sobre las torturas del militar y la complicidad de Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa fue a Vicente Serrano, de Sin Censura, en diciembre de 2019. En esa fecha, Serrano recién había sido contratado por La Octava. Sin embargo, por la temporada navideña, se le pidió al contacto del capitán que esperara hasta enero.

El encuentro fue directamente con Serrano en una de sus transmisiones nocturnas, en el centro de la Ciudad de México. El contacto del capitán le pidió cinco minutos después de la transmisión para explicarle el asunto, pero para entonces ya había mucha gente a su alrededor. Se acercó el asistente de Serrano, Gunter Castillo, y el contacto del capitán le explicó parcialmente el asunto. Fue un viernes de principios de enero de 2020, cuando Serrano recibió los documentos en sobre cerrado.

Al día siguiente, Gunter Castillo citó en una cafetería al contacto del capitán y mientras el asistente desayunaba, el contacto del capitán iba narrando algunos de los hechos. Allí mismo, enlazó al capitán vía telefónica para que hablara con Castillo. El asistente de Serrano quedó formalmente de hablar con éste, para darle seguimiento a la denuncia.

Al poco tiempo, Castillo se comunicó con el contacto y le dijo que iban a necesitar diez mil pesos (455 dlls) para sobornar a los custodios del reclusorio y pedir que les dieran un lugar para entrevistar al capitán. El contacto, de inmediato, rechazó la petición, diciendo que no podía pagar esa cantidad. Castillo respondió que Vicente Serrano tenía empresarios que lo apoyaban y que podían hablar con ellos para solicitarles el dinero.

Pasando mediados de enero, el contacto del capitán volvió a llamar al asistente de Serrano para preguntar si le iban a dar seguimiento a la información, ante el silencio de éste. Castillo, de mal modo, le respondió que no lo podían estar presionando, que hacer el trabajo llevaba tiempo, por el tipo de información que era.

El contacto del capitán le dijo que si no iban a hacer nada, le regresara los documentos de 96 páginas, porque la vida de ellos estaba en riesgo. Y si no se los regresaba, le iba a hacer un escándalo en medio de una transmisión de su programa. Algunos excolaboradores de Serrano, también confirmaron que no era la primera vez que pedía dinero para “sacar” entrevistas, por lo que insistió el contacto del capitán en que se le regresaran los documentos, y así lo hizo el colaborador de Sin Censura.

Gunter Castillo, Vicente Serrano y Rafael Herrera, de Sin Censura.

La Octava, con cambios que impedían publicar la información

Daniel Rosas, de La Octava, enterado de la información, ofreció pagar todas las copias para que se le diera acceso al expediente del capitán Malagón Rendón, pero dijo que en ese momento iba a haber muchos cambios en La Octava, que si después podía retomar el caso del capitán. Sin embargo, tampoco se le dio seguimiento.

Los escamoteos de Anabel Hernández

Por un tercero, obtuvieron el contacto de la periodista Anabel Hernández, a quien también se le dio parte de la información, en mayo de 2020, aunque la periodista ya tenía información de la corrupción de la SEDENA, y de la complicidad de Felipe Calderón y sus secretarios de Estado con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en estas denuncias eludía mencionar al exsecretario Javier Lozano.

Ya en conversación con el contacto del capitán Malagón, la periodista Anabel Hernández recibió la información de manera digital,  a su número de celular de la Ciudad de México, y respondió que se encontraba en Italia, pero que podía hacer la entrevista al capitán vía telefónica. No obstante, dejó pasar el tiempo, sin realizar la entrevista, mientras seguía dando su opinión a los medios sobre los nexos de Calderón y García Luna con el narcotráfico, sin mencionar a Lozano, ni el caso del capitán Malagón. El 25 de junio, el contacto del capitán envió un mensaje a la periodista para decirle que ya no estaba autorizada para difundir esa información.

FGR y Gobernación, enterados

Desde el 8 de agosto de 2019, pese a que la denuncia se puso formalmente ante la Unidad Especializada contra la Tortura, de la Fiscalía General de la República, y fue atendida por el Ministerio Público Jaime Hernández Ponce, la investigación judicial no ha avanzado. La información –con documentos que sustentan los hechos– también se encuentra en la Secretaría de Gobernación, en la Unidad para el Apoyo del Sistema de Justicia, y fue entregado a la licenciada Sandra Macías, una de las asistentes responsables del organismo.

El capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón cumple una condena de 27 años, acusado de homicidio, después de haber sido torturado por la Policía Judicial Militar de la SEDENA, para obligarlo a revelar quién más sabía de complicidad del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa.

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Fabricación de culpables

‘Se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables’: Abogado Gerardo Manrique sobre caso Solid Gold

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  • Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, sentenciada a 22 años de prisión

  • Por violaciones al debido proceso debía tener sentencia absolutoria, dice abogado

Por Guadalupe Lizárraga

Tras la noticia de la sentencia condenatoria a 22 años de prisión a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, acusada por el delito de obtener beneficio de la explotación sexual ajena, el abogado Gerardo Augusto Manrique señaló las faltas al debido proceso y el problema estructural del sistema que permite la impunidad de los verdaderos responsables del delito.

Para Manrique, quien estuvo en la última fase de su defensa, la conclusión acusatoria de la Fiscalía General de la República presentó “bastante problemáticas técnicas y de investigación del propio delito, por lo que el Órgano jurisdiccional debía haber resuelto una sentencia absolutoria”.

El abogado explicó que cuando una persona es acusada de un delito, no se puede realmente saber materialmente lo que pasó, entonces el procesamiento de la información tiene ciertas reglas; esas reglas es lo que se llama el debido proceso, y uno de los pilares fundamentales del debido proceso es que el Estado tiene que demostrar la culpabilidad.

En el caso de Claudia  Ivonne Sánchez Mayorga, el abogado enfatizó que no existen elementos suficientes para acreditarse ese beneficio económico del cual habla la acusación. “Si el delito es el beneficio de la explotación sexual ajena tiene que haber víctimas de explotación sexual, tiene que haber el acto de explotación, pero también tiene que haber el beneficio económico, y este elemento no está claro en la acusación”.

El defensor señaló que el Ministerio Público tenía que acreditar la culpabilidad, y que en lo personal él está convencido de la inocencia de Claudia Ivonne, pero en el procesamiento de cómo se presenta la acusación derivado de la investigación que tenía que ser seria, tenía que ser profesional, tenía que ser exhaustiva, todo eso no sucedió, por lo tanto, más allá de mi opinión personal -señaló el abogado-, el hecho de que la investigación presente tantas deficiencias nos tenía que llevar a que se le dictara una sentencia absolutoria.

El tema del supuesto beneficio económico queda completamente oscuro, especificó Manrique, “no hay una forma clara en que el órgano jurisdiccional pueda decir que está justificado con las constancias del expediente”, y abundó que en el caso de Claudia “se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables”.

Señaló que sí existió una red de explotación sexual, pero que Claudia Ivonne claramente no estaba involucrada. “Y nosotros creemos que esto tiene más con el encubrir a los verdaderos responsables de esos hechos, generando la culpabilidad artificial de Claudia”.

El abogado apuntó que ya “el sólo hecho de que el proceso se haya tardado ocho años en decidir si era culpable o inocente es ya de por sí una violación a sus derechos, y a la lógica misma, no puedes tardarte tanto en juzgar a una persona. Si te tardas tanto es porque hay un problema estructural del propio sistema, y un segundo punto es que el ente de investigación de delitos y de acusación no se está llevando a cabo de manera correcta, ahí pues también tenemos un problema estructural”.

Concluyó Gerardo Manrique que ambas situaciones generadas en del poder judicial sobrepasa el caso de Claudia Ivonne, “esto lo vemos en muchos casos y eso es en realidad en lo que se debía estar más preocupado, no tanto en si Claudia cometió o no el delito que le atribuyen, el tema más allá de su caso, es que estructuralmente está mal diseñado el sistema y ello termina impactando en los derechos de cada una de las personas involucradas, sobre todo en los acusados”.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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