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Fabricación de culpables

Periodistas sabían de la complicidad de Javier Lozano con el Cártel de Sinaloa y de torturas al militar denunciante

Periodistas que sabían de la corrupción del exsecretario Javier Lozano y de la SEDENA y no publicaron nada

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2019, y primeros meses de 2020, medios y periodistas mexicanos sabían de la complicidad de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa, durante el gobierno de Felipe Calderón, de acuerdo con las revelaciones del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, sobreviviente de tortura y encarcelamiento. Las torturas fueron perpetradas por la Policía Judicial Militar, en junio de 2010, para acallar las denuncias del capitán, mismas por las que habrían asesinado al General Jorge Juárez Loera, un año después.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán de Infantería Malagón Rendón reveló que siendo jefe de la célula de Contrainteligencia de la Oficialía Mayor de la SEDENA, fue testigo de conversación entre un superior suyo y un narcotraficante, y miembros del Estado Mayor de Presidencia extraían información de manera ilegal para compartirla con el Cártel de Sinaloa. “Por eso masacraban a nuestras tropas, sabían de los operativos, incluso donde vivían”, afirmó el militar, quien en aquel entonces hizo las denuncias a su superior inmediato, el General Jorge Juárez Loera, y éste fue asesinado, en mayo de 2011. 

Parte de esta información fue entregada –en diferentes formatos, digital e impresa– de mano de un exmiembro del ejército, a diferentes periodistas para que hicieran público el testimonio del capitán Malagón. Con la información, se incluía los resultados positivos del Protocolo de Estambul practicado en 2016, copia de la queja que ignoró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2015, y otros documentos que acreditan la agresión del Estado mexicano al militar en 2010 al experto en prácticas de Contrainteligencia de la SEDENA.

En la revista Proceso, el valor de una dirección

Uno de los primeros periodistas que recibió la información fue Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, a quien se le contactó en junio de 2019, para que entrevistara en persona al capitán Malagón.

El periodista acordó con el contacto del capitán Malagón una visita carcelaria al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, y fue acompañado desde una estación del Metro. Para evadir el registro regular como periodista al que estaría sujeto a autorización y tiempo, el contacto del capitán pagó mil pesos a los custodios de la prisión para que dejaran pasar al periodista al área de población, donde se acuden las visitas de amistades y familiares. Una vez dentro, la entrevista se realizó en presencia del contacto, y el capitán dio una hoja al periodista para que hiciera sus notas. La conversación duró unas tres horas, enfocándose en el tema del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón, las torturas al capitán, y la corrupción de algunos altos mandos de la SEDENA. Posteriormente, se le llevó a la revista copia de documentos con información sensible que sustentaban los dichos del capitán.

Seis meses después, debido a que la revista Proceso no había publicado nada del testimonio del capitán Malagón, su contacto se comunicó de nuevo con el periodista Jorge Carrasco para preguntarle sobre la información que había recibido. A lo que contestó el periodista:

–Va a haber movimientos dentro de la revista y, como ya habrá sabido, voy a ser el director.

–¿Pero eso qué tiene que ver con la información que se le dio? –reviró el contacto del capitán.

–Le voy a pasar la información a otro compañero –justificó Carrasco.

–No quiero que le dé la información a otro compañero, se la dimos a usted, es información muy sensible.

–Le prometo que en febrero se va a publicar su información.

Sin embargo, pasó febrero y la revista Proceso no publicó nada sobre el caso ni Carrasco volvió a contestar las llamadas del contacto del capitán.

Sin Censura, diez mil por entrevista

Un segundo periodista al que buscaron para hacer pública la denuncia sobre las torturas del militar y la complicidad de Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa fue a Vicente Serrano, de Sin Censura, en diciembre de 2019. En esa fecha, Serrano recién había sido contratado por La Octava. Sin embargo, por la temporada navideña, se le pidió al contacto del capitán que esperara hasta enero.

El encuentro fue directamente con Serrano en una de sus transmisiones nocturnas, en el centro de la Ciudad de México. El contacto del capitán le pidió cinco minutos después de la transmisión para explicarle el asunto, pero para entonces ya había mucha gente a su alrededor. Se acercó el asistente de Serrano, Gunter Castillo, y el contacto del capitán le explicó parcialmente el asunto. Fue un viernes de principios de enero de 2020, cuando Serrano recibió los documentos en sobre cerrado.

Al día siguiente, Gunter Castillo citó en una cafetería al contacto del capitán y mientras el asistente desayunaba, el contacto del capitán iba narrando algunos de los hechos. Allí mismo, enlazó al capitán vía telefónica para que hablara con Castillo. El asistente de Serrano quedó formalmente de hablar con éste, para darle seguimiento a la denuncia.

Al poco tiempo, Castillo se comunicó con el contacto y le dijo que iban a necesitar diez mil pesos (455 dlls) para sobornar a los custodios del reclusorio y pedir que les dieran un lugar para entrevistar al capitán. El contacto, de inmediato, rechazó la petición, diciendo que no podía pagar esa cantidad. Castillo respondió que Vicente Serrano tenía empresarios que lo apoyaban y que podían hablar con ellos para solicitarles el dinero.

Pasando mediados de enero, el contacto del capitán volvió a llamar al asistente de Serrano para preguntar si le iban a dar seguimiento a la información, ante el silencio de éste. Castillo, de mal modo, le respondió que no lo podían estar presionando, que hacer el trabajo llevaba tiempo, por el tipo de información que era.

El contacto del capitán le dijo que si no iban a hacer nada, le regresara los documentos de 96 páginas, porque la vida de ellos estaba en riesgo. Y si no se los regresaba, le iba a hacer un escándalo en medio de una transmisión de su programa. Algunos excolaboradores de Serrano, también confirmaron que no era la primera vez que pedía dinero para “sacar” entrevistas, por lo que insistió el contacto del capitán en que se le regresaran los documentos, y así lo hizo el colaborador de Sin Censura.

Gunter Castillo, Vicente Serrano y Rafael Herrera, de Sin Censura.

La Octava, con cambios que impedían publicar la información

Daniel Rosas, de La Octava, enterado de la información, ofreció pagar todas las copias para que se le diera acceso al expediente del capitán Malagón Rendón, pero dijo que en ese momento iba a haber muchos cambios en La Octava, que si después podía retomar el caso del capitán. Sin embargo, tampoco se le dio seguimiento.

Los escamoteos de Anabel Hernández

Por un tercero, obtuvieron el contacto de la periodista Anabel Hernández, a quien también se le dio parte de la información, en mayo de 2020, aunque la periodista ya tenía información de la corrupción de la SEDENA, y de la complicidad de Felipe Calderón y sus secretarios de Estado con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en estas denuncias eludía mencionar al exsecretario Javier Lozano.

Ya en conversación con el contacto del capitán Malagón, la periodista Anabel Hernández recibió la información de manera digital,  a su número de celular de la Ciudad de México, y respondió que se encontraba en Italia, pero que podía hacer la entrevista al capitán vía telefónica. No obstante, dejó pasar el tiempo, sin realizar la entrevista, mientras seguía dando su opinión a los medios sobre los nexos de Calderón y García Luna con el narcotráfico, sin mencionar a Lozano, ni el caso del capitán Malagón. El 25 de junio, el contacto del capitán envió un mensaje a la periodista para decirle que ya no estaba autorizada para difundir esa información.

FGR y Gobernación, enterados

Desde el 8 de agosto de 2019, pese a que la denuncia se puso formalmente ante la Unidad Especializada contra la Tortura, de la Fiscalía General de la República, y fue atendida por el Ministerio Público Jaime Hernández Ponce, la investigación judicial no ha avanzado. La información –con documentos que sustentan los hechos– también se encuentra en la Secretaría de Gobernación, en la Unidad para el Apoyo del Sistema de Justicia, y fue entregado a la licenciada Sandra Macías, una de las asistentes responsables del organismo.

El capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón cumple una condena de 27 años, acusado de homicidio, después de haber sido torturado por la Policía Judicial Militar de la SEDENA, para obligarlo a revelar quién más sabía de complicidad del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa.

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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Fabricación de culpables

Padre de culpable fabricado logra la libertad de su hijo después de cinco años de lucha

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Por Guadalupe Lizárraga

La lucha de Luis Castillo García por la libertad de su hijo Erick Onésimo Castillo Adame llegó al éxito, después de cinco años de prisión injusta y de haber sufrido tortura y acoso. Con una documental de 140 páginas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero emitió el exhorto judicial con carácter urgente.

 “Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina (…) no son culpables ni penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Mario César Ríos Vázquez”, así lo resolvió la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Amelia Gama Pérez, con fecha del 18 de diciembre de 2020, por lo que ordenó “la inmediata y absoluta libertad”.

Con tres sentencias absolutorias en la causa penal 19/2016-II-3, Erick Onésimo Castillo Adame y José Roberto Pedraza Molina obtuvieron su libertad la madrugada de ayer, después de haber estado cinco años en prisión por tres responsabilidades fabricadas, además de haber sido señalados en los medios de pertenecer a un grupo delictivo de Guerrero.

Luis Castillo, en su activismo por la libertad y el respeto a los derechos humanos de su hijo, logró que en febrero de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconociera que Castillo Adame había sido víctima de tortura y detención arbitraria por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y su expediente fue integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Sin embargo, pese a las evidencias y la violación a la presunción de inocencia por una intensa campaña mediática en el que se le exhibía como responsable de homicidio y de pertenecer al crimen organizado, Erick pagó por un crimen que no cometió y sus familiares fueron acosados debido al activismo por su liberación, incluso en medio del riesgo de la pandemia del covid 19.

Castillo Adame y Pedraza Molina sufrieron el patrón de hostilidad que consistió en la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento, implementado durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto para simular eficiencia policial en el combate al narcotráfico.

 

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