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Fabricación de culpables

Periodistas sabían de la complicidad de Javier Lozano con el Cártel de Sinaloa y de torturas al militar denunciante

Periodistas que sabían de la corrupción del exsecretario Javier Lozano y de la SEDENA y no publicaron nada

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2019, y primeros meses de 2020, medios y periodistas mexicanos sabían de la complicidad de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa, durante el gobierno de Felipe Calderón, de acuerdo con las revelaciones del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, sobreviviente de tortura y encarcelamiento. Las torturas fueron perpetradas por la Policía Judicial Militar, en junio de 2010, para acallar las denuncias del capitán, mismas por las que habrían asesinado al General Jorge Juárez Loera, un año después.

En entrevista para Los Ángeles Press, el capitán de Infantería Malagón Rendón reveló que siendo jefe de la célula de Contrainteligencia de la Oficialía Mayor de la SEDENA, fue testigo de conversación entre un superior suyo y un narcotraficante, y miembros del Estado Mayor de Presidencia extraían información de manera ilegal para compartirla con el Cártel de Sinaloa. “Por eso masacraban a nuestras tropas, sabían de los operativos, incluso donde vivían”, afirmó el militar, quien en aquel entonces hizo las denuncias a su superior inmediato, el General Jorge Juárez Loera, y éste fue asesinado, en mayo de 2011. 

Parte de esta información fue entregada –en diferentes formatos, digital e impresa– de mano de un exmiembro del ejército, a diferentes periodistas para que hicieran público el testimonio del capitán Malagón. Con la información, se incluía los resultados positivos del Protocolo de Estambul practicado en 2016, copia de la queja que ignoró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2015, y otros documentos que acreditan la agresión del Estado mexicano al militar en 2010 al experto en prácticas de Contrainteligencia de la SEDENA.

En la revista Proceso, el valor de una dirección

Uno de los primeros periodistas que recibió la información fue Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, a quien se le contactó en junio de 2019, para que entrevistara en persona al capitán Malagón.

El periodista acordó con el contacto del capitán Malagón una visita carcelaria al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, y fue acompañado desde una estación del Metro. Para evadir el registro regular como periodista al que estaría sujeto a autorización y tiempo, el contacto del capitán pagó mil pesos a los custodios de la prisión para que dejaran pasar al periodista al área de población, donde se acuden las visitas de amistades y familiares. Una vez dentro, la entrevista se realizó en presencia del contacto, y el capitán dio una hoja al periodista para que hiciera sus notas. La conversación duró unas tres horas, enfocándose en el tema del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón, las torturas al capitán, y la corrupción de algunos altos mandos de la SEDENA. Posteriormente, se le llevó a la revista copia de documentos con información sensible que sustentaban los dichos del capitán.

Seis meses después, debido a que la revista Proceso no había publicado nada del testimonio del capitán Malagón, su contacto se comunicó de nuevo con el periodista Jorge Carrasco para preguntarle sobre la información que había recibido. A lo que contestó el periodista:

–Va a haber movimientos dentro de la revista y, como ya habrá sabido, voy a ser el director.

–¿Pero eso qué tiene que ver con la información que se le dio? –reviró el contacto del capitán.

–Le voy a pasar la información a otro compañero –justificó Carrasco.

–No quiero que le dé la información a otro compañero, se la dimos a usted, es información muy sensible.

–Le prometo que en febrero se va a publicar su información.

Sin embargo, pasó febrero y la revista Proceso no publicó nada sobre el caso ni Carrasco volvió a contestar las llamadas del contacto del capitán.

Sin Censura, diez mil por entrevista

Un segundo periodista al que buscaron para hacer pública la denuncia sobre las torturas del militar y la complicidad de Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa fue a Vicente Serrano, de Sin Censura, en diciembre de 2019. En esa fecha, Serrano recién había sido contratado por La Octava. Sin embargo, por la temporada navideña, se le pidió al contacto del capitán que esperara hasta enero.

El encuentro fue directamente con Serrano en una de sus transmisiones nocturnas, en el centro de la Ciudad de México. El contacto del capitán le pidió cinco minutos después de la transmisión para explicarle el asunto, pero para entonces ya había mucha gente a su alrededor. Se acercó el asistente de Serrano, Gunter Castillo, y el contacto del capitán le explicó parcialmente el asunto. Fue un viernes de principios de enero de 2020, cuando Serrano recibió los documentos en sobre cerrado.

Al día siguiente, Gunter Castillo citó en una cafetería al contacto del capitán y mientras el asistente desayunaba, el contacto del capitán iba narrando algunos de los hechos. Allí mismo, enlazó al capitán vía telefónica para que hablara con Castillo. El asistente de Serrano quedó formalmente de hablar con éste, para darle seguimiento a la denuncia.

Al poco tiempo, Castillo se comunicó con el contacto y le dijo que iban a necesitar diez mil pesos (455 dlls) para sobornar a los custodios del reclusorio y pedir que les dieran un lugar para entrevistar al capitán. El contacto, de inmediato, rechazó la petición, diciendo que no podía pagar esa cantidad. Castillo respondió que Vicente Serrano tenía empresarios que lo apoyaban y que podían hablar con ellos para solicitarles el dinero.

Pasando mediados de enero, el contacto del capitán volvió a llamar al asistente de Serrano para preguntar si le iban a dar seguimiento a la información, ante el silencio de éste. Castillo, de mal modo, le respondió que no lo podían estar presionando, que hacer el trabajo llevaba tiempo, por el tipo de información que era.

El contacto del capitán le dijo que si no iban a hacer nada, le regresara los documentos de 96 páginas, porque la vida de ellos estaba en riesgo. Y si no se los regresaba, le iba a hacer un escándalo en medio de una transmisión de su programa. Algunos excolaboradores de Serrano, también confirmaron que no era la primera vez que pedía dinero para “sacar” entrevistas, por lo que insistió el contacto del capitán en que se le regresaran los documentos, y así lo hizo el colaborador de Sin Censura.

Gunter Castillo, Vicente Serrano y Rafael Herrera, de Sin Censura.

La Octava, con cambios que impedían publicar la información

Daniel Rosas, de La Octava, enterado de la información, ofreció pagar todas las copias para que se le diera acceso al expediente del capitán Malagón Rendón, pero dijo que en ese momento iba a haber muchos cambios en La Octava, que si después podía retomar el caso del capitán. Sin embargo, tampoco se le dio seguimiento.

Los escamoteos de Anabel Hernández

Por un tercero, obtuvieron el contacto de la periodista Anabel Hernández, a quien también se le dio parte de la información, en mayo de 2020, aunque la periodista ya tenía información de la corrupción de la SEDENA, y de la complicidad de Felipe Calderón y sus secretarios de Estado con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en estas denuncias eludía mencionar al exsecretario Javier Lozano.

Ya en conversación con el contacto del capitán Malagón, la periodista Anabel Hernández recibió la información de manera digital,  a su número de celular de la Ciudad de México, y respondió que se encontraba en Italia, pero que podía hacer la entrevista al capitán vía telefónica. No obstante, dejó pasar el tiempo, sin realizar la entrevista, mientras seguía dando su opinión a los medios sobre los nexos de Calderón y García Luna con el narcotráfico, sin mencionar a Lozano, ni el caso del capitán Malagón. El 25 de junio, el contacto del capitán envió un mensaje a la periodista para decirle que ya no estaba autorizada para difundir esa información.

FGR y Gobernación, enterados

Desde el 8 de agosto de 2019, pese a que la denuncia se puso formalmente ante la Unidad Especializada contra la Tortura, de la Fiscalía General de la República, y fue atendida por el Ministerio Público Jaime Hernández Ponce, la investigación judicial no ha avanzado. La información –con documentos que sustentan los hechos– también se encuentra en la Secretaría de Gobernación, en la Unidad para el Apoyo del Sistema de Justicia, y fue entregado a la licenciada Sandra Macías, una de las asistentes responsables del organismo.

El capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón cumple una condena de 27 años, acusado de homicidio, después de haber sido torturado por la Policía Judicial Militar de la SEDENA, para obligarlo a revelar quién más sabía de complicidad del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa.

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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